CONDENAS DE ENTRE 4 Y 5 AÑOS PARA LOS PREFECTOS QUE ASESINARON A RAFAEL NAHUEL

Por PPV
Ph portada Juan Thomes

El Tribunal Federal (TOF) de General Roca, compuesto por los jueces federales Alejandro Silva, Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava, dictó una sentencia vergonzosa luego de señalar que los integrantes de la Agrupación Albatros de la Prefectura Naval Argentina -responsables por el crimen de Rafael Nahuel- cometieron un «exceso en legítima defensa».

De los cinco prefectos acusados: Sergio Cavia, recibió una pena de 5 años por ser considerado autor del hecho en tanto que Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio García solo recibieron de 4 años y 6 meses.

Las tres querellas participantes del juicio solicitaron una condena de prisión perpetua por considerarlos coautores funcionales del delito de homicidio doblemente calificado en concurso ideal con homicidio agravado en grado de tentativa; en tanto que la Fiscalía requirió cinco años de prisión para cada uno de ellos, por la aplicación del atenuante de «exceso en legítima defensa», ya que dio por acreditado que en el hecho existió un enfrentamiento con armas de fuego, y que los uniformados, en ese contexto, accionaron protegiéndose aunque más allá de lo que establecen los protocolos de actuación.

De esta manera, el fallo avala la teoría de un enfrentamiento pese a que quedó acreditado que no existió tal sino una persecución más allá del predio de la comunidad, en la cual los efectivos dispararon en 151 oportunidades con munición de plomo.

Cabe recordar que el 25 de noviembre de 2017 un operativo del Grupo Albatros – ordenado por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich – buscó desalojar por la fuerza un predio en disputa entre la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu y la Dirección de Parques Nacionales en Villa Mascardi, Bariloche.
La represión terminó con la muerte de Rafael Nahuel.

El juicio comenzó el pasado 15 de agosto, y durante más de 20 audiencias declararon 63 testigos, se incorporó prueba, analizaron pericias y se realizó una inspección ocular en el lugar del hecho.

El pasado 7 de noviembre, la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, encabezada por el abogado Mariano Przybylski, solicitó prisión perpetua para los cinco prefectos.

Sin embargo, y pese a la cantidad de pruebas que determinaron que no hubo enfrentamiento, el TOF de General Roca entendió que sí.

Participaron de la audiencia el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, cuya cartera es querellante en la causa, y familiares de víctimas de violencia institucional, como Alberto Santillán, papá de Darío, uno de los militantes asesinados en el 2002 en las inmediaciones del Puente Pueyrredón junto a Maximiliano Kosteki.

La lectura del fallo se realizó pocos días después de que se cumplieran seis años del homicidio y a pocos días de que desde el espacio del presidente electo, Javier Milei, se señalase que su ministra de Seguridad será Patricia Bullrich, la misma que ordenó la represión de Prefectura.

Bullrich también había ordenado en agosto de 2017, junto a Pablo Nocetti, reprimir una protesta que la comunidad mapuche del Pu Lof de Cushamen realizaba cerca de la localidad de Esquel con un corte de la Ruta 40 por un conflicto con Benetton.

La represión que terminó con la desaparición, por 78 días, y muerte de Santiago Maldonado.

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Un fallo polémico y a favor de la impunidad:

FALTA DE MÉRITO PARA EL ASESINO DE RAFAEL NAHUEL

Por PPV

La Cámara Federal de Apelaciones de General Roca -Rio Negro- dictó la falta de mérito del prefecto Francisco Pinto, principal acusado del asesinato de Rafael Nahuel.

Los jueces Orlando Arcángel Coscia, Marcelo Grosso y Alejandro Cabral entendieron que había “dos pericias absolutamente contradictorias entres sí” y en consecuencia dictó la falta de mérito del cabo primero Pintos. El fallo se basa en las dos pericias que se ordenaron en 2018, una en junio y la otra en noviembre.

El primer peritaje estuvo a cargo de Roberto Nigris, Karina Uribe y la experta en criminalística, Silvia Bufalini, integrantes del MInisterio Público Fiscal. En el informe final se indicó que la bala que se halló en el cuerpo de Rafael coincidió con el arma que tenía en su poder Pintos el 25 noviembre de 2017 cuando asesinaron al joven mapuche por la espalda.

Sin embargo, en el segundo peritaje, directamente se niega tal conclusión y descarta que la bala sea como las que utiliza el subfusil marca H&K, modelo MP5, calibre 9×19 entregado por Pintos. Cabe resaltar que el segundo peritaje estuvo a cargo de la Dirección de Criminalística de Gendarmería Nacional -Jorge Norberto Delgado, María Silvina Lastretti y Martín Javier Moreno-, cuando aún Patricia Bullrich era ministra de Seguridad.

Basándose en estos informes, la Cámara indicó en su fallo: “(..) Nos encontramos sin elementos de convicción suficientes para que se pueda dictar el procesamiento del nombrado (Pintos)”.

Y además concluye: “Para poder llegar a dictar un procesamiento y poder llegar a juicio, previamente debe dilucidarse si se tiene o no el arma que dio muerte a Nahuel Salvo, cosa que hasta el día de hoy no se sabe, como así también si, efectivamente, esa arma era la asignada a Pintos”.

El fallo, que asegura la impunidad de Pintos, también reafirma que hubo un enfrentamiento, pese a que los peritajes oficiales indican que el grupo Albatros -que pertenece a Prefectura Naval- disparó más de 110 veces contra un grupo desarmado y que la bala que mató a Rafael Nahuel entró por la espalda, cuando este corría a refugiarse de la balacera.

En twitter la ex ministra de seguridad, se regodeó con el fallo al exclamar: “Siempre dijimos la verdad: que había sido un enfrentamiento en el que los miembros de @PrefecturaNaval tuvieron que defenderse. Hoy la Cámara de Roca sobreseyó al único procesado. ¡La verdad y la justicia van de la mano!”.

Con este fallo a medida se asegura la impunidad de una cadena de complicidades entre los ejecutores y quienes impartieron la orden de reprimir a la Comunidad Mapuche desde la conducción del ministerio de Seguridad a cargo, en ese momento, de Patricia Bullrich.

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INCENDIARON LA APDH DE LA MATANZA

Por Revista PPV

“Perdimos todo: las mesas y sillas de lxs pequeñxs palomerxs que vienen los miércoles. Los libros. Cuadros que para nosostrxs tienen mucho valor simbólico y afectivo. También las herramientas de construcción. El baño ya no existe. No caemos todavía.”

Así terminaba uno de los párrafos del comunicado ( https://www.facebook.com/apdhlamatanza/posts/2791349154261328 ) que se publicaba casi a medianoche del domingo 3 de noviembre.
Las fotos daban cuenta de que era literal, no habían quedado más que cenizas.

En ocasiones anteriores, ya habían sufrido  amenazas, agresiones y hostigamientos, hasta una bolsa llena de balas recibieron, todos los hechos fueron denunciados, pero la violencia y odio de este último superó todo.

La APDH de La Matanza tiene una militancia que busca, constantemente, no quedarse al costado del camino siendo indiferente ante las injusticias cometidas contra cualquier ser humano.
Por ello, además de su histórica lucha, en el lugar, desde hace algunos meses, funcionaba el Centro de día La Paloma, que contiene a chicxs en situaciones de exclusión.
La APDH también acompañó a la familia de Luciano Arruga desde el primer día de su desaparición, en enero de 2009.

Todos los sábados había reuniones para realizar jornadas de mantenimiento del espacio, aunque luego, en la semana, todo fuera objetivo de destrozos.

En el mes de junio la APDH Nacional habían denunciado a Patricia Bullrich -y parte de su gabinete- por el espionaje que realizado sobre la Comunidad Mapuche con el objetivo de perseguirla y reprimirla.
El último viernes, el fiscal federal Franco Picardi, emitió un dictamen favorable a dicha denuncia.

Picardi explicitó : “En función de la denuncia de la APDH y los hechos allí plasmados, así como de los elementos colectados hasta el momento, este Ministerio Público considera pertinente iniciar una investigación penal para determinar si la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y funcionarios de esa cartera, se han valido de sus funciones para desarrollar un plan destinado a utilizar fuera del marco legal las atribuciones y funciones a ellos conferidas, dando incluso órdenes operativas a las fuerzas de seguridad bajo su responsabilidad”.

La denuncia de la APDH también alcanzó a Gerardo Milman, quien manifestó haber hablado con los propietarios de Patagonia Norte sobre la problemática de las tomas de campo, el abigeato y los incendios forestales.
La respuesta de Milman fue: «La nación está dispuesta a hacerse cargo y esperamos una respuesta desde la Justicia Federal».

Sin dudas, este hecho forma parte de  la profundización del plan represivo orquestado desde el Ministerio de Seguridad de la Nación.
Según consta en el expediente FCR 8232/2017, la quema y destrucción de pertenencias por parte de Gendarmería dentro del Pu Lof – donde desaparece el 1 de agosto Santiago Maldonado- fueron una forma de amedrentamiento ilegal y, por lo tanto, actos violatorios a la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes.

También denunciaron que “el plan represivo llevado adelante por los coautores denunciados, utilizó la desaparición de Santiago el 1 de agosto de 2017 para desatar una feroz campaña nacional de demonización de los mapuches. Envalentonados por el éxito electoral de octubre de 2017 la Ministra de Seguridad de la Nación da un nuevo paso para seguir escarmentando a las comunidades».

Por otra parte, cabe recordar que la APDH de Esquel fue el primer organismo en presentar un habeas corpus ante la desaparición de Santiago Maldonado, el 2 de agosto de 2017.

Ante estas denuncias, la Ministra de Seguridad afirmó amenazante desde su cuenta de twitter: “No habrá apriete que me pueda frenar”.

Lo que viene

Finalmente, la APDH emitió un nuevo comunicado durante la noche de este lunes (https://www.facebook.com/notes/apdh-la-matanza/renace-m%C3%A1s-fuerte-lo-que-se-ha-quemado/2793387414057502/) , en el cual anuncia la convocatoria a una conferencia de prensa para el día jueves a las 11 de la mañana en Esnaola 3780, San Justo.
También extendió una invitación para el día sábado a las 9 de la mañana para realizar un abrazo solidario y realizar tareas de limpieza del lugar.

Desde el comunicado, la APDH afirmó: “El afecto, la indignación, y el estado de alerta de todo lo recibido, nos ayuda a tomar dimensión de la gravedad de los hechos. 7 años de Dictadura militar, 30 mil compañerxs detenidxs-desaparecidxs, 36 años de Democracia, Juicios históricos de lesa humanidad, y un organismo de Derechos Humanos con un enorme trabajo territorial, provincial e incluso nacional, se quema como si nada”.

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Persecución judicial

SE CAE OTRA OPERACIÓN JUDICIAL DEL GOBIERNO
SOBRE LOS MAPUCHES

Por PPV

La jueza Karina Estefanía, de la ciudad de Esquel, absolvió a Facundo Jones Huala, Andrea Millañanco, Sergio Ruiz Huenchupan, Matías Santana, Rodrigo Jaramillo y Nicolás Hernández Huala, integrantes de la Pu Lof en Resistencia Cushamen.

Se los acusaba del delito de usurpación y abigeato y era impulsada por Benetton y la provincia de Chubut. En esta causa se basaba la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para acusar a la comunidad de ser terroristas de la RAM; sin embargo, tras el fallo, la teoría que elaboró el gobierno a través de Bullrich quedó sin sustento y exhibe, una vez más, la persecución que realiza el gobierno sobre las comunidades de Pueblos Originarios que reclaman por los territorios.
«Estamos muy agradecidos a todas las personas que nos acompañaron de distintas formas, y que han visibilizado el conflicto territorial de la recuperación ancestral mapuche. Y estamos muy sorprendidos porque quedamos libres de los cargos, y por la actuación de la jueza, que además va a procesar al fiscal Oro, a un comisario y al juez Guido Otranto. También pidió armar en un lapso de 90 días una Mesa de Diálogo para darle una respuesta a este conflicto histórico del Estado con el pueblo nación mapuche», dijo Vanesa Millañanco.

Martiniano Jones expresó que «es un festejo a medias, se hizo justicia a un precio muy alto. Tuvimos que tener dos muertos y de ellos no hay que olvidarse. Justicia por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel».

Rafael Nahuel y Santiago Maldonado

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) – a través de su representante legal, Sebastián Feudal – fue aceptada como querellante en la causa que investiga el asesinato de Rafael Nahuel. La Cámara Federal de Apelaciones de General Roca aceptó el pedido y esto implica el reconocimiento de la responsabilidad del Estado en el crimen.

El pedido de la APDH estaba justificado en “la importancia de la participación de los organismos de derechos humanos, en causas en las que los órganos represivos del Estado son investigados como en el caso de Rafael Nahuel”. El organismo también afirmó: “su muerte (la de Rafael Nahuel) se produce como resultado de un operativo represivo de las fuerzas de seguridad, donde se analiza el contexto de la represión a un grupo mapuche en el marco de una protesta social, el uso desproporcionado de la fuerza y el homicidio por la espalda del joven”.
De esta manera, la APDH de Bariloche se suma a los padres de Rafael como querellantes en la causa.

Por otra parte, Sergio Maldonado se presentó en el Juzgado Federal de Esquel a cargo de Juez Guido Otranto para constituirse como querellante en la causa FCR 16445/ 2017.
Dicha causa tiene como imputado al médico y funcionario de la Policía Federal Argentina, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, Werther Augusto Aguiar, quien fue el responsable de divulgar las fotografías del cuerpo sin vida de Santiago a poco de su hallazgo el 17 de octubre de 2017.

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