RECHAZO AL EVENTUAL CIERRE DE LA DEFENSORÍA DEL PÚBLICO
Por Daniel Bello
Cuando se habla de la Defensoría del Público hay que tener en cuenta dos cuestiones fundamentales que giran en torno al organismo.
La primera es su origen. Creada el 14 de noviembre de 2012 -como consecuencia de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley 26522) – tuvo desde sus inicios como función contribuir, desde su especificidad, a la profundización de un nuevo mapa comunicacional desde el paradigma de Derechos Humanos y los valores democráticos.
Sus acciones y definiciones no tienen carácter punitivo o sancionatorio dado que el organismo carece de tal función. Sin embargo, desde los medios de comunicación hegemónicos a lo largo de los años se han dedicado a reforzar este estigma.
Por ejemplo, en 2014, el periodista Jorge Lanata, en su programa de radio que se emitía por Radio Mitre, desplegó una batería de dichos que discriminaban al colectivo trans en general, y Florencia de la V en particular.
Lo que se acordó finalmente entre la Defensoría del Público y las autoridades de Radio fue que se difundieran contenidos sobre la Ley de Identidad de Género en la programación de la Emisora.
Si simplificamos, el que organismo junto a la radio acordaron brindar y difundir información para evitar que las audiencias repitan acciones y discursos estigmatizantes.
En segundo término, podemos remarcar sus funciones: el organismo sí recibe y canaliza las consultas, reclamos y denuncias del público para que sus derechos ciudadanos como receptores de medios sean respetados.
Es decir, defiende el derecho de las audiencias.
Acaso en ese sentido, es pertinente señalar la creación en 2020 del Observatorio NODIO, cuyo fin era el de abordar la problemática de la proliferación de las fake news, una cuestión que aún preocupa mundialmente y que se encuentra en el eje del debate público, académico y periodístico.
Los medios hegemónicos, delatando acaso sus intereses en defender una herramienta que facilita la estigmatización y la persecución, descargaron una operación de desprestigio, vaya paradoja, en base a fake news que terminaron clausurando el debate de una herramienta creada para fortalecer la democracia.
No es la primera
El 27 de septiembre de 2018, sin cumplir con los pasos legales, la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización, por medio del acta N°23, informó el cese de autoridad y funciones de la ex Directora de Protección de Derechos y Asuntos Jurídicos, Dra. María José Guembe, y designó al Dr. Emilio Jesús Alonso como interventor.
Bajo la paupérrima gestión de Alonso se «discontinuó las líneas de trabajo, paralizó el despliegue territorial, separó de sus cargos al director Ernesto Lamas en un acto de persecución política, provocó la renuncia de la directora María José Guembe», a quien la propia Comisión Bicameral había encargado de la DPSCA durante la acefalía, y «tras una larga persecución y censura» generó la renuncia del director de Análisis, Investigación y Monitoreo, Santiago Marino.
Además, Alonso impulsó catorce designaciones en la planta jerárquica y como asesores, con las más altas remuneraciones, lo que generó un problema presupuestario en el organismo y puso en peligro el pago de sueldos de los trabajadores. Problema que Alonso quiso solucionar en base a despidos.
De esta manera, si tomamos las recientes declaraciones -en su cuenta de twitter- de Silvana Guidici, que el 22 de este mes emitió información falsa cuando afirmó: «La Defensoría requería 1500 millones anuales para sostener 140 empleados, entre parientes y amigos de su titular + 5 cargos de alta dirección para perseguir opiniones distintas, dictar manuales de estilo e intentar sancionar periodistas a través de NODIO».
Basados en ntro. proy. 4900/23, de disolución de la Defensoría, y la sugerencia de eliminar los millonarios fondos asignados a 1/2s comunitarios y de pueblos originarios podrá mantenerse el financiamiento del INCAA, el FNA y el INT. Celebramos q se hayan tomado estas sugerencias.
— Silvana Giudici (@SilvanaGiudici) January 22, 2024
No solo, como ya señalamos, la Defensoría no tiene capacidad punitiva ni sancionatoria sino que Giudici en base a esa fake news propone la «disolución de la Defensoría» e impulsa la eliminación de «los millonarios fondos asignados a 1/2s comunitarios y de pueblos originarios podrá mantenerse el financiamiento del INCAA, el FNA y el INT. Celebramos q se hayan tomado estas sugerencias«.
Cabe recordar que los FOMECAS son un fondo, concursable, auditado y constituido con los gravámenes que deben pagar los servicios de comunicación audiovisual, que brinda fondos para equipamiento, adecuación edilicia, producción de contenidos y gestión, entre otras líneas, a medios de comunicación sin fines de lucro.
Como su partenaire durante el gobierno de Mauricio Macri, el vaciador de Medios Públicos, Hernán Lombardi, quien celebró el despido de 357 trabajadores de la Agencia de Noticias Télam en 2018, Giudici celebró que se impulse el cierre de la Defensoría, que es ni más ni menos la pérdida de derechos por parte de las audiencias y la severa afectación del derecho y acceso a la información por parte de la misma.
Uno afirmó que el periodismo gana con menos trabajadores de prensa que garanticen la pluralidad de voces, afectando claramente el derecho humano a la comunicación, y otra celebra que se cercene el pluralismo informativo y la diversidad cultural en base al cierre de la Defensoría y los FOMECAS.
En definitiva, ambos, demuestran la clara intención que tienen los representantes de los medios hegemónicos, entre otros, detrás de despedir, cerrar la Defensoría y dictar el final de los FOMECAS.
O sea, un nuevo intento de destruir todo aquello que nació al calor de la sanción en 2009 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que aunque muchos tilden de caduca u obsoleta permitió poner de relieve la disputa de la construcción de nuevo sentido común, que impulsan los grupos económicos detrás de los medios, que afirme que mientras menos derechos y garantías se vive mejor.
Como parte de la lucha por mantener vigente a la Defensoría del Público, se lanzó una campaña para juntar firmas en defensa del organismo.
¡NO A LA ELIMINACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PÚBLICO!
El Gobierno busca derogar los artículos 19 y 20, que crean la Defensoría del Público, organismo dependiente del Congreso de la Nación. Lo quiere hacer en el marco de la Ley Ómnibus, que ataca el derecho humano a la comunicación consagrado en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Así, las audiencias de radio y televisión de todo el territorio nacional pierden su derecho a reclamar y expresarse.
Solicitamos la continuidad de la Defensoría del Público porque creemos que su presencia y trabajo resulta fundamental para garantizar el derecho humano a la comunicación.
🖊️ Sumá tu apoyo: https://forms.gle/fUqZHwVPZGtekgbTA