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LENÍN MORENO CENSURA RADIO POR INFORMAR SOBRE LAS PROTESTAS EN 2019

Persecución a medios en Ecuador

LENÍN MORENO CENSURA RADIO POR INFORMAR SOBRE LAS PROTESTAS EN 2019

Por PPV

El gobierno de Lenín Moreno, a través de la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicación (ARCOTEL), dispuso la extinción del título habilitante de Radio Pichincha Universal.

La justificación que esgrimió el ente para censurar la radio se basó en una situación anterior, por la cual ARCOTEL había iniciado un proceso administrativo para sancionar a la radio con motivo de la cobertura que realizó de las movilizaciones populares contra el gobierno por su acuerdo con el FMI. También, acusó a un programa de incitar a la violencia entre ciudadanxs.

La radio, ubicada en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, a raíz de ese proceso, estuvo fuera aire desde el 9 al 25 de octubre. Recién pudo volver a emitir luego de que el juez, Mario Cadena, reconociese que hubo una vulneración del derecho al debido proceso y al derecho de libertad de expresión por parte de la ARCOTEL.

Pichincha Universal también vio afectada su web mediante acciones de entes gubernamentales que adujeron que la radio utilizaba fotografías, entre otros elementos, que presuntamente  violaban los derechos de autor. Situación que la radio se encargó de desmentir al informar que el material provenía de boletines oficiales e incluso del propio gobierno.

La Prefecta de Pichincha, Paola Pabón, a través de su cuenta de twitter indicó: “En democracia, debe haber libertad de expresión. Interpondremos una acción de protección con petición de medidas cautelares e informaremos a los órganos del sistema interamericano de derechos humanos”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el pasado 14 de enero de este año un informe de su misión en Ecuador en 2019.

En dicha presentación (http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/008.asp) instó al Estado a que garantice el derecho a la seguridad, integridad y debido proceso de todas las personas detenidas, incluso por medio del acompañamiento de abogados particulares y de la Defensoría del Pueblo.

También solicitó respetar y garantizar el derecho a la protesta, libertad de expresión, reunión pacífica y participación política.

En su misión, la CIDH entrevistó a 439 personas y registró 380 testimonios de personas víctimas de violaciones a sus derechos humanos o de otras afectaciones en el contexto de las protestas.
También dejó constancia de más de un centenar de ataques contra periodistas, comunicadores/as comunitarios, fotógrafos, camarógrafos y medios de comunicación.

La extinción de la licencia significa, directamente, un ataque a la libertad de expresión, al derecho humano a la comunicación y al derecho a la información.

Por otra parte, esta decisión no puede verse ajena a un proceso de persecución a opositores políticos y a la violación de los derechos humanos por parte del gobierno de Lenín Moreno.
Una muestra de ello es lo que sucedió con la propia Prefecta  Paola Pabón, quien fue arrestada de madrugada y en su domicilio cuando la policía irrumpió violentamente.

Pabón, detenida durante 71 días, fue acusada del delito de rebelión durante las protestas de octubre de 2019 y fue liberada junto al ex legislador Virgilio Hernández y el activista Christian González -ambos integrantes del partido de Rafael Correa, Revolución Ciudadana (RC)- al revocarse su prisión preventiva.

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