LLAMAMIENTO DEL SERPAJ «LA PEOR VIOLENCIA ES EL HAMBRE»
Por Ana Belén Marrello
Organizaciones sociales, sindicales, políticas, académicas, científicas, estudiantiles, indígenas, de DDHH, referentes del movimiento campesino, empresarios y representantes de todas las religiones acompañaron en Plaza de Mayo la convocatoria de Adolfo Pérez Esquivel, fundador del Servicio Paz y Justicia y Premio Nobel de la Paz, a un llamamiento nacional para denunciar el hambre producto del brutal ajuste del gobierno de Javier Milei y de las políticas recesivas que abandonan a los sectores más vulnerados.
“Esta campaña nace en todo el país, por la grave situación de emergencia alimentaria. Se están cerrando las fuentes de trabajo y se está marginando al pueblo. El pueblo argentino está atravesando por una situación de emergencia alimentaria, debido a las políticas neoliberales impuestas por el gobierno nacional”, leyó Adolfo Pérez Esquivel, titular del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) y Premio Nobel de la Paz, el documento de la convocatoria.
Y continuó: “No es posible que en nuestro país, productor de alimentos, haya niños, niñas, jubiladxs sufriendo hambre. Sumado a esto, el incremento de los despidos producto de la suspensión de obras públicas, el cierre de programas del Estado como el ProHuerta, el programa de la Agricultura Familiar, el alimento de los pueblos originarios y de muchos comedores comunitarios, así como el cierre de fábricas y pymes, que se ven agobiadas por políticas que no sólo no las protegen, sino que, muy por el contrario, alientan la concentración de la riqueza en unos pocos, que hace que la situación lleve al aumento de la pobreza, la indigencia y el hambre, y a muchas familias, que tengan que vivir en la calle, lo que provoca el aumento de las enfermedades físicas y psicológicas. La falta de respuestas del Estado induce al incremento y dependencia a las drogas con graves consecuencias para la población, y muy en particular afecta a lxs jóvenes”, remarcó.
“El gobierno se niega a distribuir las miles de toneladas de alimentos que guarda en galpones, diciendo que son para emergencia de catástrofes. Lo cierto es que el país atraviesa la catástrofe del hambre y aún así se niega a distribuirlos a los comedores comunitarios y a organizaciones solidarias. Los alimentos son del pueblo y no del gobierno”, aseguró, en otro fragmento, Pérez Esquivel.
Luego de la actividad, donde se compartió el pan bendecido, como símbolo de solidaridad y resistencia, y hubo circo y merienda para niñxs y jóvenes, se entregó un documento ante las autoridades de la Casa de Gobierno. Desde el llamamiento se exige a los poderes de la Nación “que asuman sus responsabilidades”, piden al Congreso que se declare de manera urgente la emergencia alimentaria en el marco de la soberanía alimentaria, al Poder Ejecutivo que cumpla con la obligación de garantizar todos los derechos que le corresponden y a la Corte Suprema de Justicia que provea los mecanismos necesarios para que el derecho humano a la alimentación se efectivice.
También instan a organizaciones internacionales como la FAO, ONU, OEA, UNICEF y UNESCO a contribuir significativamente en esta lucha contra el hambre.
Desde una radio abierta, a metros de la Casa de Gobierno, Carlos Carballo González, coordinador de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) llevó un saludo fraterno de lxs compañerxs de todas las universidades públicas, “desde Ushuaia hasta Misiones y Jujuy, que comparten esta propuesta y la construcción de una soberanía alimentaria argentina, que no es distinta a las otras soberanías. Tiene que ver con el derecho del pueblo a decidir cómo se produce, distribuye y consumen los alimentos. Ese proceso, de abajo hacia arriba, en todos los territorios, tiene un compromiso fuerte de la universidad con el pueblo, de la universidad que apoya a la ciencia digna, de la universidad que todavía sigue diciendo ‘los mayores dolores, o los dolores que nos quedan son los derechos que nos faltan’. Porque el derecho a la alimentación es un derecho que nos falta. Es un derecho que le abre la puerta a los otros derechos. Porque si no tenemos una alimentación saludable, no podemos pensar en educación, en vivienda, en democracia, en participación. Y eso se construye de muchas formas en todos los lugares. Estamos construyendo la semilla viajera, que está presente hoy acá. Es una señal de que seguimos sembrando vida, que sigue creciendo vida a pesar de todo”.
En relación al 9 de Julio, Día de la Independencia, manifestó: “Es el Día de la Patria. Propongo un primer grito: ¡Viva la Patria! Pero, ¡Viva la Patria para Todos! ¡Viva la Patria, compañeras, compañeros! Una Patria sin hambre, una Patria con dignidad, una Patria soberana, más justa. Una Patria para todos”.
«Las ollas populares son la multiplicación de panes. Eso es lo que significa una olla popular en mi país hoy. Es la multiplicación de panes, es la fe, es la comida puesta a disposición del otro, que es lo que nos enseñaron toda la vida, a compartir, a ser buenos”, expresó al micrófono un referente de la agrupación Misioneros de Francisco de Luján y de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), quien llevaba sobre su poncho oscuro, junto a otra persona, ambxs sobre sus hombros, una Virgen de Luján. Y agregó: “No sé qué está pasando con esta sociedad, o parte de esta sociedad, que no puede ver que su hermano tiene hambre, que su hermano no tiene dónde vivir, que no tiene tierra. Soy una persona que por suerte viene viajando muchísimos kilómetros, varios de ellos caminando, miles de kilómetros caminando he hecho en los últimos años, les puedo decir que lo único que sobra en este país es tierra, agua y vacas. Sin embargo la gente no tiene ni qué comer ni dónde hacerse una casa».
La trabajadora del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) y referenta de ATE San Luis, Pamela Mackey, señaló que el INAFCI es “una política pública que tiene más de 30 años de antigüedad”. Y detalló: “Nació como programa social agropecuario. Una política pública que está en todo el territorio nacional y que acompaña a las familias campesinas e indígenas en todo el país, garantizando la soberanía alimentaria. Esta política pública, que el 19 de marzo, (Manuel) Adorni, el vocero presidencial, dijo muy livianamente que se iba a cerrar porque éramos ‘900 no trabajadores y trabajadoras’ y una cantidad de mentiras que tuvo que instalar para justificar que hasta ahora estemos sin cobrar desde hace tres meses, 900 trabajadores y trabajadoras de todo el país, muchos de ellos, la mayoría, somos profesionales agrónomos, sociólogos, trabajadores sociales, veterinarios y venimos trabajando por la soberanía alimentaria, por la soberanía de los territorios, en contra del modelo extractivista, y es por eso que también quieren cerrar este Instituto y por eso nos despiden. Así que nos sumamos a esta campaña porque creemos que también el hambre es un crimen y sin soberanía alimentaria, sin agricultura familiar campesina indígena no podemos garantizar ni las semillas, ni los alimentos, ni el agua, ni la preservación de los territorios».
Con una bandera de la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá, donde pertenece Melina Zocchi, también trabajadora del INAFCI y referenta de ATE Catamarca, denunció que “donde hay minería a cielo abierto, donde hay extractivismo no hay estado de derecho. En las comunidades como en las nuestras, como en Andalgalá, Chubut, Mendoza y en un montón de lugares, la dictadura minera y la vulneración de derechos humanos los venimos sufriendo hace muchos años. Para quieres habitamos estos territorios es una constante. En Andalgalá ya tenemos más de 90 personas judicializadas y algunos tienen 10 o 20 causas. Vamos a seguir resistiendo. Decimos no al RIGI y decimos que el agua es el pilar de la soberanía alimentaria de los pueblos, junto con la agricultura familiar y las economías regionales, que estas políticas de muerte quieren desbastar. Y decimos una vez más ‘El Aconquija no se toca’. ‘El agua no se vende, el agua se defiende’. ‘Sí a la soberanía alimentaria’, ‘Sí a la agricultura familiar’, ‘sí a los territorios’ y ‘sí a las economías regionales en manos de quieres habitan los territorios y no de las corporaciones asesinas’».
Trabajadorxs de todo el país realizaron el miércoles una radio abierta sobre Avenida Paseo Colón al 900, donde funcionaba el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, para rechazar el cierre del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena.
«Con más organización popular, con más agroecología, con más comercio justo y entendiendo que el alimento no es una mercancía sino que es un derecho, y ahí está nuestra vida, día día, garantizando ese derecho», se sumó al llamamiento Manuel Levaggi, coordinador nacional de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT).
También estuvieron presentes referentes sindicales de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina y de la CTA Autónoma; María Elena Naddeo, vicepresidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH); los Curas en Opción por lxs Pobres, Padre Pancho y Padre Leo; representantes de la Pastoral Social Evangélica, de la comunidad de musulmanes chiítas y de la comunidad budista; Mirta Millán, del pueblo Mapuche de Olavarría, y Enrique Mamani, del pueblo Kolla y referente de ORCOPO (Organización de Comunidades de Pueblos Originarios), entre otras organizaciones.
Enlace para adherir a la campaña: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchNKOQwt_LGsEJXiJs8pzplCqaOIzEzNe7NM4IFOxUsZP0rA/viewform