Alcanzó a dirigentes de Derechos Humanos, jueces, periodistas y políticos.
CIUDAD BUSCÓ DE MANERA ILEGAL INFORMACIÓN BIOMÉTRICA DE 7 MILLONES DE PERSONAS
Por PPV
El Gobierno de la Ciudad buscó ilegalmente los datos biométricos de más de 7,5 millones de personas en el marco de las tareas de búsqueda de personas solicitadas por la Justicia, a partir de un convenio con el Registro Nacional de las Personas (ReNaPer).
El uso ilegal del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) del ministerio de Seguridad de CABA tuvo por finalidad buscar datos biométricos del presidente Alberto Fernández, de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, dirigentes políticos, sociales, sindicales, jueces, empresarios y periodistas.
Marcelo D’Alessandro, ministro de seguridad de Horacio Rodríguez Larreta, emitió un comunicado desde la cartera de seguridad en el cual se afirmó: «Responden a una pluralidad de trámites habilitados por la Justicia y que no representan ninguna irregularidad».
En este punto cabe destacar que:
-El convenio con el ReNaPer, firmado en 2019 por el Gobierno nacional anterior, a cargo de Mauricio Macri, y el de la Ciudad, habilitó a la Policía de la Ciudad el acceso a los datos biométricos, como las fotos y otra clase de información de personas buscadas. Ese material es incorporado a un software de reconocimiento que puede ser utilizado en las 9.500 cámaras que están en Ciudad cuyas imágenes llegan al Centro de Monitoreo Urbano que el Ministerio de Seguridad y Justicia porteño tiene en el barrio de Chacarita.
– La ley de la Ciudad y la resolución que implementa el mecanismo de reconocimiento facial solo le permite al Ministerio de Justicia y Seguridad cruzar datos de quienes integran la lista de prófugos (CONARC), que en 2019 eran unas 35.000 y el mes pasado llegaron a 40.000.
Sin embargo, se estima que fueron solicitados datos de más de 6.000 personas por día en promedio – lo cual excede ampliamente ese universo – entre abril de 2019 y marzo de 2022.
– En consecuencia, ayer la Justicia porteña suspendió el sistema de reconocimiento facial de prófugos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tras detectar un uso ilegal que permitió acceder a datos biométricos de millones de personas que no estaban siendo buscadas.
Además, el juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, Roberto Gallardo, ordenó varias medidas de prueba que incluyen el secuestro de computadoras y dispositivos por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el Centro de Monitoreo Urbano ubicado en Patricios al 1100, del barrio de Barracas.
En el informe elaborado por el Renaper en respuesta al oficio del juez surge que entre abril de 2019 y marzo de este año fueron migrados -es decir, requeridos y recibidos por el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos de CABA- los datos biométricos del presidente Alberto Fernández (76 veces); la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (225 veces); el diputado Máximo Kirchner (12 veces); el Ministro del Interior Eduardo «Wado» De Pedro (3 veces) y del ministro de Seguridad Aníbal Domingo Fernández (12 veces).
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) indicaron que la información surgió por la investigación judicial a partir de una denuncia del Observatorio de Derecho Informático Argentina (ODIA), de la que el CELS es parte.
La presentación señalaba que ese sistema funciona con programas que realizan una comparación de características biométricas de dos rostros y que la mayoría de ellos “presentan sesgos en cuanto discriminan por raza, color y etnia”.
En febrero de 2022, el juez Gallardo realizó una constatación en el Centro de Monitoreo Urbano donde funciona el sistema, y solicitó a la CONARC el listado de personas buscadas. Luego le solicitó al ReNaPeR la lista de personas, con nombre, apellido y DNI, cuyos datos biométricos hayan migrado desde ese Registro hacia el Gobierno de la Ciudad. En función de este último pedido, se constató que la Policía de la Ciudad hizo casi 10 millones de consultas sobre 7,5 millones de personas.
Desde el Centro de Estudios, solicitaron que el Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA explique públicamente por qué, para qué y cómo la Policía a su cargo realizó búsquedas de datos biométricos de 7,5 millones de personas en los últimos tres años, cuando no existe ninguna normativa o regulación que les permita hacerlo.