Datos, algoritmos y políticas:

EL CIBERPATRULLAJE DE BULLRICH

Por Alfredo Moreno*

La flamante Unidad de Inteligencia Artificial del Ministerio de Seguridad, potencia las acciones antidemocráticas de Patricia Bullrich y amplía sus dominios en un campo en disputa con la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) por competencias en labores de «inteligencia».

Destinada a «patrullar las redes sociales abiertas, —aplicaciones y sitios de Internet», así como la llamada «Internet profunda»—, «utilizar algoritmos de aprendizaje automático a fin de analizar datos históricos de crímenes y de ese modo predecir futuros delitos», «crear perfiles de sospechosos», «analizar actividades en redes sociales para detectar amenazas potenciales» y «detectar transacciones financieras sospechosas o comportamientos anómalos que podrían indicar actividades ilegales», la nueva dependencia gubernamental contradice principios constitucionales y leyes vigentes.

Ahora podemos entender mejor el porqué del viaje en el mes de junio de 2024 del presidente Milei al Silicon Valley, donde desarrolló una nutrida agenda y acuerdos con «los dueños de los datos en Internet», desde el CEO de Open AI, Sam Altman, empresarios, inversores y dueños de start ups vinculados a la inteligencia artificial hasta dos de los gigantes de Silicon Valley: el jefe de Google, Sundar Pichai, y el director ejecutivo de Apple, Timothy Cook. La frutilla del postre fue el encuentro con el CEO de Meta (Facebook, WhatsApp e Instagram), el multimillonario Mark Zuckerberg.

Lo que sigue a continuación está basado en el detallado análisis que realizó en Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE).

El Ministerio de Seguridad mediante la Resolución 428, una vez más, vuelve a instalar la figura del ciberpatrullaje. La Resolución potencia las aspiraciones de la ministra Bullrich dando vía libre a las autoridades de investigación criminal para la persecución de ciertos cibercrímenes a partir de la explotación de las denominadas «fuentes públicas y abiertas» en el territorio Internet. Entre los elementos novedosos se encuentra la posibilidad de emplear de medios automatizados para dicho fin y la aplicación de procesos basados en inteligencia artificial.

La Resolución 428 justifica su formulación en la persecución de cibercrímenes, para lo cual se referencia en la Convención de Budapest a la que adhirió Argentina. Esta convención, versa precisamente sobre esa materia y permite a las autoridades argentinas disponer acuerdos para obligar a proveedores de servicios de Internet a la entrega de los datos que necesiten para su investigación. La Resolución se justifica en la persecución de cibercrimenes. De su redacción, se entiende que dicha resolución convierte a la Argentina en una autopista jurídica y política que comunica directamente a las autoridades argentinas con plataformas como X o Meta, para que estas últimas entreguen los datos de sus usuarios para la investigación de cualquier delito.

La Resolución expresa en forma vaga y abierta «que no se perseguirá a personas que estén haciendo un uso regular, usual o inherente de Internet», esta afirmación solo puede dar paso a la discrecionalidad y el abuso. Esta expresión tiene como efecto inmediato amenazar el ejercicio de la libertad de expresión en especial en las ocasiones en que la manifestación de una opinión sea considerada incómoda, molesta, chocante y, por tanto, «inusual» o «poco inherente» al uso de Internet.

Para determinar la normalidad en el uso de Internet se convertirá a la policía en jueces de lo que investigan, lo que deterioraría aún más la división de poderes en la investigación y persecución criminal de delitos que delega en los jueces y juezas ese tipo de juicios de valor.

Con frecuencia, se advierte que el ciberpatrullaje apunta al monitoreo, investigación y obtención de información disponible en las fuentes públicas y abiertas en Internet. Ahora bien, ¿qué es lo público y abierto y qué queda excluido de ese conjunto de información?

La respuesta depende en buena medida de la fuente de consulta. La literatura especializada en inteligencia en fuentes abiertas en línea (ver por ejemplo Hassan – 2019 – Gathering Evidence from OSINT Sources), señala con algo de consenso, que en esa categoría se encuentra todo lo que está publicado en Internet y que no tenga restricciones de privacidad o de derechos de autor.

Esa definición incluiría de hecho información almacenada en bases de datos con datos robados o filtrados, sitios web ilegales, bases de datos del Estado que son de acceso público, como las de empadronamiento electoral o de registros de instrumentos públicos que son de consulta abierta en ciertos países. En esa categoría se incluyen las redes sociales y las publicaciones que no tengan restricciones de visualización o candados que recibe el nombre de inteligencia en redes sociales, Socmint (por sus siglas en inglés).

La Resolución de ciberpatrullaje da dos pistas clave sobre lo que está dentro de esas dos categorías de lo «público» y lo «abierto». La primera está en la justificación, que menciona a «las redes sociales de cualquier índole, fuentes, bases de datos públicas y abiertas, páginas de Internet, dark-web y espacios de relevancia de acceso público»; y la segunda, en el articulado, que agrega a los «medios de carácter no sensible y sin clasificación de seguridad». No define el almacenamiento de los datos públicos o privados. ¿Dónde están almacenados los datos que fluyen en Internet? ¿Quién garantiza su seguridad?

Bajo esta visión, las redes sociales con o sin restricción de privacidad, como los candados de X (que simulan privacidad), o las configuraciones de audiencia o cuentas en las publicaciones de Instagram o Facebook estarían incluidas en tanto que no son medios que puedan considerarse sensibles o con clasificación de seguridad.

Las fronteras de lo público y lo abierto en el territorio digital son muy finitas, se diferencian por una simple autorización de acceso a datos privados. La mayor cantidad de datos que generamos en Internet es público es decir un bien público.

Desde este lugar son muy cuestionables las actividades de inteligencia masiva en fuentes abiertas, dado el impacto que esta intromisión significa en términos de privacidad y para la libertad de expresión, particularmente cuando se la emplea por el Estado sin controles, supervisión, ni contrapesos.

Cuando publicamos información sobre nuestros gustos, hábitos o tendencias sociales o políticas lo hacemos pensando en conectar con otros o hacer parte del debate público, y no en ofrecer información que pueda ser explotada por el Estado para ser eventualmente empleada en nuestra contra. Al tiempo, la sensación de que nuestra actividad en línea pueda ser usada para generar inteligencia estatal accionable, trae como efectos asociados la autocensura ante el miedo de que un tuit se pueda traducir en el futuro en una orden de captura.

Los representes del pueblo en el Congreso de la Nación Argentina, no deberían preguntarse ¿qué limites conviene imaginar para la inteligencia estatal en fuentes públicas y abiertas para que su despliegue sea compatible con los derechos humanos?,  ¿cómo imaginar límites que al tiempo no entorpezcan su uso por otros actores que persiguen finalidades que sirven a la búsqueda de la verdad judicial, la generación de información de interés público, el acceso a la información y la libertad de expresión?

Apoyada en tecnologías y métodos de Inteligencia Artificial que, en otras regiones, como en la Unión Europea, demandan consensos y regulaciones construidas durante años con la participación de múltiples actores políticos y sociales, la oficina creada por resolución de Bullrich puede invadir la privacidad de millones de personas internautas sin orden judicial.

Datos y Algoritmos: ciencia de datos

La predicción de futuros delitos en base a datos que seleccionará el Ministerio de Seguridad para entrenar herramientas de inteligencia artificial anula el principio de inocencia. Sumado a que el software que se implementa en relación con la inteligencia artificial suelen ser una caja negra que pone en tensión la fiabilidad pública de estos procesos, dejando a la población internauta a expensas de las grandes corporaciones y sus posibles acuerdos para la entrega o apertura de los datos que almacenan.

La sociología algorítmica tiene la probabilidad cierta de concluir en resultados sesgados que sostiene acciones de riego democrático. Un caso puede ser, la de una persona que vive en un barrio donde las estadísticas de Bullrich presuponen que hay más delito, esta persona, tendrá más probabilidades de ser fichada como blanco de un turbio monitoreo oficial que un residente de otros barrios.

Predecir comportamientos futuros, sentenciándolos como delictivos con base en métodos algorítmicos, es una atribución desproporcionada que el gobierno argentino se adjudica sin advertir la contradicción con la protección de los derechos humanos que compromete al Estado en el respeto Constitucional.

La Resolución Bullrich aspira a patrullar todo el territorio digital habitado por internautas argentinos. Patrullar las aplicaciones que, en los términos publicados en el Boletín Oficial, es un objetivo que supone controlar un sinfín de posibilidades en cada uno de los teléfonos móviles, computadoras, televisor inteligente (smart TV) y consolas de los más de cuarenta millones de argentinos. Las aplicaciones abarcan desde envíos de comida, tiendas de comercio electrónico, servicios de salud, de meteorología, transporte y tránsito, videos a demanda, juegos en línea, finanzas, mensajería, calendarios, aprendizaje de idiomas, citas, dieta, Mi Anses, Mi Argentina, etcétera.

Aunque es dudoso que el Estado argentino, fagocitado por Milei y su entorno, posea las calificaciones y recursos necesarios para el inédito ciberpatrullaje de todo Internet que estableció Bullrich, es claro, sin embargo, que las funciones de la Unidad creada por la ministra contrarían los valores democráticos. Los acuerdos firmados en el viaje al Silicon Valley con los «dueños de los datos en Internet» no solamente son una pérdida de soberanía política sino además jurídica, ya que la intromisión de las corporaciones en los datos de bien público de los «usuarios» de sus aplicaciones son la materia prima para los procesos de inteligencia artificial aún desconocidos públicamente.

Milei propuso que Argentina sea polo de inteligencia artificial. Se piensa que Argentina es líder regional hoy en economía del conocimiento, con más de una decena de unicornios tecnológicos. A los veteranos Globant, Mercado Libre, Despegar y Olx se les sumaron hace poco otros como Auth0, Aleph, Vercel, Mural, Bitfarms, Ualá, Tiendanube y Satellogic.

Con la ley de bases y el RIGI el gobierno argentino garantiza el extractivismo de las infraestructuras nacionales y sus recursos naturales. Y con los acuerdos firmados en Silicon Valley completa el modelo de expoliación de los recursos ciudadanos en Internet: nuestros datos.

*Computador Científico. Director de Sistemas de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav) y Profesor TIC en la Universidad Nacional de Moreno (UNM). Integrante de la Red de Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Sociedad (Placts).

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LA SOCIEDAD ALGORÍTMICA: AGENTES INTELIGENTES INVISIBLES

Por Alfredo Moreno*

A medida que los algoritmos son los “agentes inteligentes” invisibles en la redefinición del mundo digital, es urgente hablar de cómo alertar a los ciudadanos de los impactos de sistemas de datos que toman decisiones sobre nuestras oportunidades, derechos y posibilidades vitales. Si un día te niegan la prestación de un empleo, la atención médica, el ingreso al sistema bancario, el acceso a becas de estudio o contratos de tu vida laboral porque lo dicta un algoritmo, ¿a quién podemos acudir?

Un algoritmo al igual que los datos con los que se entrena, pueden estar sesgados desde su propia conceptualización. ¿La sociedad algorítmica reproduce los conceptos del modelo de distribución de la riqueza y la desigualdad en el acceso a los conocimientos?

Varios autores, como Cathy O’ Neil en su libro “Armas de destrucción Matemática”, han denunciado que los desarrollos de estos modelos embebidos en el software no cuentan con regulación de los Estados. Así, van creando una sociedad dual en la que los ricos cuentan con el privilegio de una atención personalizada, humana y regulada mientras que a los grupos vulnerables se les condena a los resultados de “máquinas inteligentes”, en el que no existe transparencia, derechos ni procedimientos claros para apelar las decisiones algorítmicas.

Muchas de estas cuestiones merecen una reflexión social profunda y la articulación de consensos tecno políticos y sociales sobre qué es y qué no es aceptable y deseable. Pero para empezar a articular estos consensos hacen falta herramientas que nos ayuden a entender qué es lo que está ocurriendo. ¿Contar con visibilidad pública sobre los algoritmos y los datos de entrenamiento puede ser esa herramienta?

La redefinición del mundo digital

Comprender los alcances de los algoritmos y sus contextos de aplicación, nos ayudará a comprender cómo la digitalización de la vida cotidiana y nuestra relación con las plataformas y servicios digitales está orientada por una infraestructura de cómputos que conforman el proceso de los algoritmos. Por ello, se hace necesario comprender, discutir y criticar la manera como los algoritmos, que no conocemos, marcan nuestros días.

Se define algoritmo como «un conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema. Estas acciones se entrenan con datos para obtener conclusiones y conocimientos.

La expansión de los métodos de cálculos expresados como algoritmos, algunos disponibles desde 1950, se debe en gran parte al encuentro con el software (aplicaciones APP), las capacidades de procesamiento a gran escala y el ancho de banda creciente de internet hoy configuran el territorio del Big Data.

Los cálculos penetran tan íntimamente en nuestras vidas, que no logramos percibir con claridad cómo conducen nuestros datos a infraestructuras estadísticas ubicadas en lejanos servidores. Así, un número creciente de dominios de conocimientos como la cultura, el conocer y la información, la salud, la ciudad, el trasporte, el trabajo, las finanzas e incluso el amor y el sexo son mediados por algoritmos.

La primer gran expansión de Facebook coincidió con la primera crisis económica del año 2007, que potenció el desarrollo de servicios de plataformas digitales orientados a la individualización, orientación y guía de cada navegante de internet. En el 2015 Facebook tenía 1.350 millones de usuarios registrados, que se comunicaban en 70 idiomas y utilizaban 50.000 servidores (computadoras de alta capacidades de procesamiento y almacenamiento). Facebook se ha constituido así en uno de los “dueños de Internet” controlando Instagram desde el 2012 y Whatsapp desde el 2014; un enorme negocio que representa más de 25.000 millones de dólares anuales y un volumen de datos muchísimo mayores a los millones de dólares estimados.

El valor político del flujo de datos permanente de esta plataforma digital, fue visible en el 2013 cuando la Agencia de Seguridad Nacional de USA reconoció la utilización de Facebook para el seguimiento de ciudadanos que aportaban sus datos “inocentemente”, información que durante años había sido un objetivo de los trabajos de inteligencia.

Algo similar sucede con los buscadores como Google que llevan invisibles cookies (pequeños softwares con algoritmos) que permite identificar al usuario y trazar un mapa de su navegación por las webs y profundidad de penetración en cada una, estos datos configuran nuevos productos del negocio digital.

Dos dinámicas avanzan para hacernos entrar en una “sociedad del algoritmo”. La primera es la digitalización de la sociedad con demanda creciente de los ciudadanos de ser incluidos; la segunda el desarrollo de los procesos. Estos últimos entregan a las computadoras mediante softwares las instrucciones matemáticas para clasificar, ordenar, agrupar, predecir, tratar, agregar y representar la información por medio de datos cada vez más desapercibidos. Los desplazamientos de personas, los tickets de compras, los clics en Internet, el consumo online, el tiempo de lectura de un libro digital, el tiempo de escucha de música y permanencia en video por demanda; son cifrados por algoritmos, algoritmos que clasifican y predicen nuestro consumo presente y futuro.

Omnipresentes en nuestras vidas, los algoritmos son presentados como “misteriosos” a nuestros conocimientos por no saber de su existencia y funcionalidad. Una nueva religión con nuevos actos de fe. Raramente nos cuestionamos cómo estos procesos de lógica y cálculo se producen y la visión de mundo que conllevan.

La sociedad digital nos ubicó a los ciudadanos en el lugar del consumidor digital, sabemos operar dispositivos y consumimos los contenidos a través de las aplicaciones. No conocemos los procesos y los procedimientos que regulan la sociedad digital. Por ejemplo, que los algoritmos usados por los gigantes tecnológicos, conocidos como GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft), no sean siempre justos en las decisiones que toman.

Los algoritmos operan dentro de «cajas negras», no conocemos sus funcionalidades. El valor que mueve el cálculo algorítmico no es otro que el de la personalización, el del individualismo. Este sesgo en la confección del software que implementa el algoritmo responde a modelos políticos y culturales de relaciones sociales y distribución del conocimiento y la riqueza. Esos sesgos también pueden afectar a decisiones como el seguro médico u obra social o prepaga, la escolaridad o el registro criminal, la aceptación a una candidatura laboral. Los datos no hablan más que en función de los cuestionamientos e intereses de quienes los interrogan.

En la cultura actual, los cálculos algorítmicos atrapan deseos de libertades y servicios personales; donde los individuos por medio de sus representaciones, ambiciones y proyectos, se piensan como sujetos autónomos, por fuera de modelos políticos incluyentes o excluyentes.

Es necesario construir otras políticas públicas para la sociedad de los algoritmos. Los procesos y sesgos deben estar explicitados para los ciudadanos, como alertas en el mundo de internet y en la Estadística Estatal. El Estado tiene que garantizar a los ciudadanos la visibilidad de los algoritmos y los datos de entrenamiento.

Es necesario conocer la visión política y cultural que se implementa en los procesos algorítmicos y el sesgo de los datos que arrojan resultados como verdades. Hay que instalar una mirada crítica al funcionamiento de los cálculos ocultos. Es necesario conocer qué sentido y objetivo implementan los algoritmos. Estos sentidos configuran un posible mundo donde el reconocimiento de los méritos no encuentra trabas; donde la autoridad se obtiene únicamente en torno a la calidad y a la resiliencia.

Las GAFAM persiguen instalar un ambiente tecnológico invisible que permita a las personas orientarse, sin contrariarlos. Gran parte de nuestras elecciones diarias, son efectuadas por una infraestructura socio-técnica; comprar un pasaje de avión, traducción automática de lenguajes, encontrar el mejor restaurante, conseguir una cita personal, llenar la heladera o cargar la SUBE (tarjeta digital para utilizar transporte público en Argentina).

Con el GPS hemos perdido el paisaje. Los algoritmos guían nuestras preferencias y atan nuestras elecciones. Vuelven realidad el sueño liberal de la elección sin ataduras, pero este sueño esconde también su contracara. Una libertad algorítmicamente pautada.

*Profesor TIC en Universidad Nacional de Moreno, Ingeniero TIC en ARSAT e Integrante de ticdata.com.ar

La nota fue publicada originalmente en https://www.iade.org.ar/noticias/la-sociedad-algoritmica-agentes-inteligentes-invisibles

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DOCENTES Y ALUMNXS DEL LICEO 41 DE URUGUAY RESULTARON VÍCTIMAS DE ESPIONAJE ILEGAL

Por PPV

Un escándalo saltó esta semana en Uruguay cuando gremios docentes de ese país denunciaron prácticas persecutorias y de espionaje a profesores y alumnos del Liceo 41 luego de que saliera a la luz que el exjefe de seguridad del presidente Luis Lacalle Pou, Alejandro Astesiano, accedió a rastrear los teléfonos de los mismos.

Según revela el portal de noticias La Diaria, un tal Marcelo Baiano  habría suministrado a Astesiano datos personales de una docente delegada sindical y de algunos alumnos del Liceo 41, al que concurre o concurría un hijo del excustodio presidencial.  “Quería probar la participación de “docentes comunistas” en un supuesto “escrache” que impulsaban estudiantes de tercer año” a lo que, el excustodio presidencial se comprometió a hacerlo de manera “urgente”.  Esto se desprende de los chats que ya forman parte de la investigación que inició la fiscal Gabriela Fossati.

Astesiano y Lacalle Pou

Los alumnos espiados y a los cuales se les intervino los teléfonos por orden de Astesiano son todos menores de 14 o 15 años. Según alertaba Baiano, estaban inculcados por docentes comunistas y temía que el gobierno de Lacalle Pou sufriera movilizaciones como las realizadas años atrás por los estudiantes en Chile.

El hecho fue deplorado por la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria del Uruguay (Fenapes) quien en un comunicado manifiesta su “preocupación y consternación”, entretanto, solicitó llevar a cabo acciones en conjunto al Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT.

Asimismo, la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR) emitió un comunicado en el que repudian los hechos y opinan que “todo esto lesiona las garantías ciudadanas y la convivencia democrática en nuestro país, y constituye una práctica absolutamente inaceptable que requiere el más amplio rechazo de nuestra sociedad”.

En tanto, desde el Consejo Directivo Central (CODICEN) afirmaron que no existen antecedentes similares desde el retorno a la democracia mientras destacaron que hay menores involucrados. El representante de los docentes en el Consejo, Julián Mazzoni, señaló que “hay sectores del país que tienen vínculo con el Ministerio de Interior que entienden que su preocupación central es andar atrás de esto que ellos llaman ‘los comunistas’”.

Por su parte, la Asociación de Docentes de Educación Secundaria y el núcleo sindical del liceo 41 de Montevideo denunciaron a través de un comunicado la “práctica antidemocrática” del empleo del aparato estatal para perseguir a quienes consideren como “enemigos”.

Al mismo tiempo, el partido Frente Amplio llamó a esclarecer los hechos mientras aseguró que si bien no se descartan otro tipo de medidas en el seno parlamentario por el “caso Artesiano se pedirán informes dirigidos al ministerio del Interior.

También los docentes de Argentina se hicieron eco de este hecho sin precedentes en la democracia del país hermano. Así es como la Confederación de Trabajadores de la Educación de Argentina (CTERA) repudió enérgicamente lo ocurrido y “exigió el castigo a los responsables de estas acciones antidemocráticas y autoritarias.”

CTERA repudia enérgicamente el espionaje ilegal a los docentes y estudiantes de Uruguay.@FenapesUruguay @intEducacion pic.twitter.com/RXAjo4WdpU

— CTERA (@cteracta) February 6, 2023

Astesiano se encuentra detenido desde septiembre pasado cuando es imputado por más de 20 delitos, entre ellos los de suposición de estado civil en calidad de coautor y falsificar o modificar documentos de pasaportes uruguayos para ciudadanos rusos. Incluso mantenía reuniones vinculadas con las acciones de esta red criminal en la Torre Ejecutiva, la sede de la Presidencia.

También la semana pasada se conoció que el ex custodio presidencial utilizó cámaras del Ministerio del Interior para seguir al titular de la central sindical PIT-CNT, Marcelo Abdala, y compartió esos datos con un secretario de Lacalle Pou, también según información en poder de la fiscalía.

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Comunicación y democracia

ASISTIRÉ

Por Daniel Bello

Es común en estos tiempos asistir a debates y charlas, relatos y opiniones en torno al derecho humano a la comunicación, sobre todo si se tiene en cuenta que dejamos atrás el periodo 2015 – 2019. Corte histórico en el que el gobierno de Mauricio Macri no sólo favoreció la concentración monopólica del grupo Clarín sino también generó un enorme retroceso para el campo popular en lo general y el de la comunicación en lo particular.

Para colmo, las consecuencias de este retroceso, al menos en primera instancia, no se han modificado bajo el actual gobierno de Alberto Fernández.

Es por ello que asistimos a un momento histórico en el que parecen prevalecer -sin resolverse- las tensiones entre los Estados nacionales y las corporaciones tecnológicas transnacionales o sobre qué tan beneficiosas son las nuevas formas de conocimiento que existen en youtube o tik-tok y que han quedado evidencias tras la pandemia de COVID-19.

La foto de este momento indica que no se pudo alcanzar todavía una síntesis sobre cómo resolver los avances tecnológicos y las transformaciones sociales y políticas que se generan y, en consecuencia, hay una disputa que parece que sólo puede plantearse en términos de polarización.

De lo off-line a lo on-line

En enero de este año, y a propósito de la suspensión de las cuentas de twitter de una media docena de periodistas por parte del multimillonario Elon Musk, retomábamos unas palabras de Cristina Fernández de Kirchner en un acto en Avellaneda, en donde expresó: “(…) es necesario que, más allá de que a todos nos gustan las redes, el twitter y demás, también salir a hablar y explicar. Bajar, a tomar contacto con el barrio, con el barro, con la realidad. Hablarle a la gente”.

En segundo término, repasamos –entre tantas- unas de las declaraciones de Máximo Kirchner que se publicaron hace unos días en las que afirmó: “El Indio (Solari) ya lo tenía claro en el ’98, cuando en Alien Duce hablaba del «pequeño gran matón de la Internet». Se genera un submundo ahí que, la verdad, no ha traído resultados positivos. Hay mucha dirigencia política que entra a correr detrás de esas cosas, a buscar votos de cualquiera manera, cambiándose de sombrero para las fotos del nuevo post. Lo cual ocasionalmente genera mayorías, pero de forma artificial, porque después se disuelven, más allá del signo ideológico. Como ocurrió con la Primavera Árabe entre el 2010 y el 2012, un fenómeno alimentado por las redes respecto del cual Cristina dijo en su momento: ‘Esperemos, vamos a ver’, y que en efecto se frustró rápidamente”.

En ambas intervenciones, la invitación a dar el salto de lo digital a lo territorial está hecha, pero ¿se comprende que no se plantea como una dictomia?

Si repasamos, es cierto que aquella primavera árabe fue organizada desde las redes sociales digitales (RDS), y que fueron fundamentales para ello, pero también es cierto que ni Twitter ni Facebook fueron las plazas de Tahrir o Al-Qaied sino que lo fueron los miles y miles que se movilizaron hacia ellas tras darse cuenta que no estaban solos y solas.

Fue la acumulación y la articulación de la militancia territorial que entraba en el juego a lo digital (de lo off-line a lo on-line) la que buscaba organizar el descontento y potenciar la movilización.

Sin embargo, aquella primavera pronto fue inv(f)ierno.

El proceso de consolidar lo que sobrevino luego del impacto del “basta” y que originó un cambio no se pudo traducir en “algo mejor”.
Es necesario marcar algunas cuestiones para al menos tener una idea de qué ocurrió:

• Había una acumulación -y acuerdo- en base al objetivo de frenar a gobiernos autoritarios (Zine el Abidine Ben Ali en Túnez o Hosni Mubarak en Egipto), que generó fuertes vínculos en les movilizades. Tenían una causa común.
  Sin embargo, no había una base o programa consensuado para el después.
• Muchos de les manifestantes encontraron, luego de años de opresión, la oportunidad de saborear la libertad de disentir y de poder expresarse sin represalias entre la multitud, lo cual cargó de coraje a muchos que nunca habían participado de algo colectivamente y de gran convocatoria.
• No existía un movimiento nacional y popular organizado que ordene desde la política y que tercie en favor de la población. Alguno dirá, y con razón, que no existe el peronismo en Túnez ni en Egipto.

Tecnología y deshumanización

Es interesante también rescatar cuando Máximo indica: “Crecimos escuchando aquel tango que nos describía con la ñata contra el vidrio, pero hoy vivimos con la ñata contra la pantalla, viendo un montón de cosas a las que no vas a poder acceder nunca, porque el mundo se está achicando, le rinde a menos personas cada vez. Y en ese contexto fermenta la carga de violencia que hoy vemos: sin contenido, vacía, llena de odio, de desprecio por el otro, la deshumanización de la política y de las personas[1]. Todo eso no puede sino traer consecuencias. Están jugando con cosas que no tienen repuesto”.

Si bien no es menor la mención a que se genera violencia desde la frustración, lo dicho sobre la deshumanización de la política y de las personas toma un particular relieve.
Ese proceso, en el que personas pierden, o son despojadas, de sus características humanas, ha sido parte del mecanismo que la última dictadura genocida utilizó para eliminar sistemáticamente a la resistencia popular para implementar un modelo económico de exclusión, hambre y miseria planificada.

En tecnología, a las personas que se las señala como aisladas y alienadas también se dice que atravesaron ese proceso para explicar cómo terminaron así.
Esto también genera –entre otras cuestiones- lo que suele llamarse tecnofobia.

Sin embargo, en muchos casos, esa fobia se produce, por ejemplo, producto de cómo se afecta el medio ambiente por la extracción de litio para baterías de celulares.
Sin embargo, en muchos casos, la aversión se debe –y fortalece- por un rechazo a todo aquello que en el mundo digital “no se maneja”, que se aleja de “lo que conocemos”, de nuestros hábitos y costumbres y, en definitiva, se opone resistencia a un cambio que ocurre más allá de nuestros deseos; como ocurrió durante la pandemia y la necesidad de aprender a crear charlas virtuales mediante zoom tanto para el trabajo como para el ocio, pese a que hoy parezca que ya sabíamos cómo funcionaba desde siempre.

En este sentido, la tecnobofia puede llevar a autoexcluirnos, a la inmovilización y a alejarnos de procesos y acciones de las que necesariamente deberíamos formar parte.

El filósofo y ensayista surcoreano Byung-Chul, como si de un doctor se tratase, suele brindar algunos diagnósticos en sus escritos[2]:

La comunicación digital supone una considerable merma de las relaciones humanas. Hoy estamos todos en las redes sin estar conectados unos con otros. La comunicación digital es extensiva. Le falta la intensidad. Estar en la red no es sinónimo de estar relacionados. Hoy, el tú es reemplazado por un ello. La comunicación digital elimina el encuentro personal, el rostro, la mirada, la presencia física. De este modo, acelera la desaparición del otro. Los fantasmas habitan el infierno de lo igual. (Chul Han; P. 50).

Aunque es difícil no acordar, en un principio, con este diagnóstico, es difícil encontrar en los textos de Han los argumentos (¿remedios?) para esos males.

Las conclusiones de Han pueden ser utilizados –voluntariamente o no- para alejarse de espacios que necesitan de la participación popular para (re)politizarlos, a la vez que elimina en el mismo movimiento cuestiones como la presencia del Estado para resolver las tensiones que generan “los virus” de sus diagnósticos -a lo que sí le pone nombre: el capitalismo, neoliberalismo, dominación o poder y control-; el rol de los sindicatos que velen, ya no sólo en términos clásicos por los derechos laborales, sino que comenzaron a ocuparse también del terreno digital; o que muchas de las disputas por alcanzar “la esperanza” que “es lo único que nos permitiría recuperar aquella vida que es más que una mísera supervivencia”, también se disputan dentro del mismo espacio que Han primero se encargó de vaciar.

En 2011, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó una resolución para la “promoción, protección y el disfrute de los derechos humanos en Internet”.

Desde ese momento quedó establecido que el derecho de acceso a Internet es fundamental para todes quienes habitan el mundo; que deben tener garantizada la conectividad, el acceso a la infraestructura y a los servicios de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) de manera equitativa, económicamente accesible y con una calidad adecuada.

En junio de 2016, el Consejo de Derechos Humanos indicó mediante una resolución que reconocía “que, para que Internet mantenga su naturaleza mundial, abierta e interoperable, es imperativo que los Estados aborden las preocupaciones relativas a la seguridad de conformidad con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, en particular en lo que se refiere a la libertad de expresión, la libertad de asociación y la privacidad”.

Entonces, “aun cuando simpatice con la crítica de la economía política, según la cual la incautación de privacidad es una consecuencia directa de la comoditización de los medios sociales, a menudo tengo la impresión de que esta confrontación entre usuarios y propietarios resulta poco productiva a la hora de generar explicaciones” (Van Dijck, 2016).

En estos tiempos de plataforma y redes sociales digitales no se puede optar por renunciar o evadirse del terreno digital para defender libertades, derechos y garantías.

La defensa del derecho humano a la comunicación debe plantearse de manera complementaria, no puede plantearse en una polarización sobre el uso de las RDS; en todo caso, “la polarización” puede surgir tras debatir si optamos por un Estado presente y eficaz a la hora de actuar o si éste está ausente.

De si nos ocupamos de los virus que diagnostica Han o si dejamos que avancen y que el daño que generen, repercuta en nuestra democracia y vida cotidiana.

[1] El resaltado es propio.

[2] HAN, Byung-Chul, No cosas. Quiebras del mundo de hoy, traducción de Joaquín Chamorro, Madrid, Taurus, 2021, 139 p.

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