El Poder Judicial decidió restituir a Arcoíris a su padre

“REVINCULACIONES FORZADAS SON TORTURAS”

Por PPV

Tenía apenas dos años cuando Arcoíris lloraba cada vez que iba a quedarse con su papá, el motivo de su negación tenía que ver con el abuso a la que era sometida por su abuelo paterno, un funcionario del Poder Judicial de La Rioja. “Fue el Lelo” contó Arcoíris a su mamá, sin dudarlo, con contundencia.

La madre, Delfina Zarranz, lleva radicadas cinco denuncias en la Justicia riojana contra el abusador. La primera fue en el año 2018 cuando con dos años y ocho meses y sin importarle las amenazas, su pequeña hija le contó que el abuelo la había tocado.  En ese momento, se dispuso que el abusador no podía acercarse a la nena, sin embargo, Arcoíris denunciaba que veía a su abuelo cada vez que iba a visitar a su papá.

En nota de María Quintero en este mismo medio nos referimos a la intervención de la entonces ministra de la Mujer, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, en este caso que lejos está de defender el Interés Supremo del Niño, Niña y Adolescente, el cual establece que la medida judicial que se tome debe ser en base a lo que es más beneficioso para ellxs.

Cuatro años después de esa primera denuncia, la jueza de la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas Carla Menem ordenó la restitución de la niña a su padre.

Delfina ha sido acusada por el padre en reiteradas oportunidades, incluso denunciada ante el Poder Judicial, la última se realizó cuando desesperada por la decisión de la Justicia de revincular a la nena con la parte agresora, decidió irse con su hija de la provincia de la Rioja motivo por el cual se le inició un expediente en el Juzgado de Violencia de Género y Protección Integral de Menores Nº2 por “Desobediencia a la autoridad”. De hecho, ya se vio obligada a sacar a la niña de la escuela porque el padre la iba a buscar allí, e incluso, casi mata a su abuela al momento de intentar arrebatar a Arcoíris de sus brazos.

La insistencia de parte de la Justicia por restituir la niña a su padre es permanente, ya el año pasado Delfina no vio a su hija por seis meses debido a la resolución que establecía que el hogar permanente de Arcoíris debía ser la casa de su padre. Gracias a las apelaciones de su abogada, la mamá pudo comunicarse con la niña a través de videollamadas primero y presencialmente luego.

Sobre la nueva decisión del Poder Judicial, la cual no está firme aún, conversaron con Delfina Zarranz, Beatriz Chisleanschi y Silvio Vallejos en el programa “El dedo en la llaga” que se transmite por FM Bunker-Merlo 94.9. La mamá manifestó allí su preocupación porque “nuevamente el poder judicial pone en riesgo a mi hija (…) siempre el poder judicial está del lado de violentos y abusadores cuando debería protegernos.” 

“Nosotros presentamos nuestra apelación en Casación ya que no está firme la sentencia”. –explicó y agregó luego “Es importante poder concientizar que esto es más común de lo que sabemos. Cuando las madres denunciamos abusos sobre nuestros hijos somos criminalizadas y lxs niñxs restituidxs a sus abusadorxs. Abusos e infancias es tortura. Revinculaciones forzadas son tortura”.

El pasado 30 de septiembre, el Movimiento Justicia por Arcoíris, con apoyo de Actrices Argentinas, organizó una concentración en la Casa de La Rioja cita en Buenos Aires para decirle a la (In) Justicia de esa provincia ¡Basta de torturar a Arcoíris! ¡No permitamos que alejen a la niña de su madre protectora! ¡Nunca Más!

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Abuso sexual y torturas a mujeres detenidas

INTERVIENEN COMISARÍA DE LA TABLADA POR GRAVES DENUNCIAS CONTRA POLICÍAS

Las mujeres alojadas en la Comisaría tercera de La Tablada -La Matanza-, padecieron aislamiento extremo, abusos sexuales y prácticas de tortura de manera reiterada. La Comisión por la Memoria (CPM), en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura bonaerense, realizó una inspección sorpresiva, dónde se relevaron estos hechos aberrantes. El organismo interpuso un habeas corpus colectivo ante el Juzgado de garantías 2 de La Matanza que ordenó la inmediata clausura de los calabozos, después de constatar las condiciones del lugar y los episodios padecidos por las detenidas.
Además, se realizó la denuncia penal ante la ayudantía de delitos de gravedad institucional de La Matanza y ante la Auditoria General de Asuntos Internos. En una reunión mantenida ayer con la CPM, el ministro de seguridad bonaerense Sergio Berni, informó que la comisaría fue intervenida y se avanza con la sanción de los responsables.

Según informa  la CPM la situación fue comunicada por el Defensor de Casación de la Provincia, Mario Coriolano, quien solicitó la intervención del organismo en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. A partir de esto, se realizó una inspección sorpresiva al lugar, se entrevistó a las personas detenidas y se constataron todas estas denuncias, tomando nuevos testimonios que permitieron ampliar los hechos sucedidos. Posteriormente se puso en marcha una intervención articulada entre ambos organismos, que forman parte del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura.

Las mujeres detenidas en la comisaría de La Tablada denunciaron graves violaciones a los derechos humanos por parte de agentes policiales. A los dos episodios de abuso sexual sobre varias mujeres, en el marco de requisas vejatorias constitutivas de torturas, se suman el aislamiento extremo y la imposibilidad de comunicarse con el mundo exterior que les provocaba desubicación temporal, cuadros depresivos y de angustia. Las golpizas eran recurrentes así como las amenazas y  humillaciones por cuestiones de género.

Las requisas vejatorias, que constituyen abuso sexual, fueron provocadas por agentes policiales mujeres y varones  del grupo especial GAD o «paleros» que en gran número  presenciaban los actos aberrantes golpeando, amenazando, insultando y burlándose mediante frases estigmatizantes, racistas y prejuiciosas.

Según el relato de las víctimas, los agravamientos se agudizaron desde la asunción del subcomisario Leonel Gómez, hasta llegar a los abusos sexuales perpetrados el 19 de diciembre de 2019 y el 5 de enero de 2020. Durante el primer hecho se alojaban 14 detenidas en el lugar, durante el segundo 15 detenidas, y 4 de ellas estuvieron presentes en ambos.

Luego de padecer los episodios de abusos y torturas descriptas, las detenidas fueron disciplinadas, castigadas y amenazadas. Los oficiales policiales desplegaron un dispositivo para garantizar su impunidad y silenciar a las víctimas, para así evitar que narren las violencias padecidas.  Se les prohibió todo tipo de acceso a medios de comunicación: televisión, radio e incluso relojes, por lo que estaban desorientadas y trataban de calcular el momento del día según la luz del sol. Si preguntaban la hora a los policías recibían burlas como respuesta. Solamente se podían comunicar con sus familiares y amigos a través de cartas que eran leídas por los agentes. Además, los funcionarios policiales no tenían identificación y se llamaban entre ellos por seudónimos o sobrenombres para que se vuelva más difícil reconocerlos.

La violencia sexual tiene consecuencias físicas, emocionales y psicológicas devastadoras para cualquier persona que la padezca y se ve agravada en este caso por tratarse de mujeres detenidas, bajo custodia del estado, cuyos agresores son funcionarios públicos que ejercen violencia sexual bajo la modalidad de violencia estatal y que utilizan el aparato gubernamental para cometer estas graves violaciones a los derechos humanos que configuran tortura. Perpetradores que hasta la denuncia siguieron siendo sus vigiladores en este contexto carcelario y que, paradójicamente,, cometieron delitos mucho más graves y con mayor pena que los cometidos por las mujeres detenidas.

Además las detenidas pasaban hambre: recibían una mínima ración de comida al día y no se les permitía tener conservadoras ni calentadores para la comida que le acercaban sus familiares, cuando les llegaba. En el lugar no tenían agua fría ni siquiera para consumir o hidratarse frente a las fuertes temperaturas de las celdas. Tampoco contaban con acceso a la ducha y cuando podían higienizarse debían hacerlo frente a personal masculino, que estaba siempre presente.  Permanecían alojadas en la oscuridad y al ser aisladas durante varios días, debían orinar en botellas plásticas y defecar en bolsas de nylon. No tenían asistencia médica ni traslados al hospital aunque lo requirieran, y al menos ocho mujeres padecían patologías sin atención, algunas de ellas graves.

Dado el gravísimo cuadro, la CPM  interpuso un habeas corpus colectivo ante el Juzgado de garantías 2 de La Matanza, que rápidamente dispuso la clausura de los calabozos después de constatar las condiciones del lugar y los episodios padecidos por las detenidas. Al mismo tiempo, el Ministerio de Seguridad desde la Auditoria de Asuntos Internos intervino la dependencia y desplazó a los funcionarios a cargo.

El pasado miércoles,  la CPM a través de su presidenta Dora Barrancos, el vicepresidente Víctor De Gennaro, el Secretario Roberto Cipriano García y la Directora General Sandra Raggio, se reunieron con el Ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, a quien llevaron su preocupación por lo ocurrido y solicitar medidas urgentes para que no se repitan, así como también revertir la sobrepoblación y hacinamiento en las comisarías provinciales. En esa reunión, el Ministro confirmó la intervención de la comisaría y la decisión de desafectar al personal denunciado. Ante el requerimiento de la CPM, el Ministro  acordó con la necesidad de crear un protocolo de intervención policial sobre las mujeres detenidas, con perspectiva de género y derechos humanos para lo cual solicitó colaboración.

La CPM también realizó una presentación al Ministerio de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual de la provincia solicitando su intervención para garantizarlas. Asimismo, notificó los hechos y lo actuado al Comité Nacional de Prevención de la Tortura.

La Comisaría tercera de La Tablada está incluida en las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por las graves condiciones de encierro relevadas que ponían en riesgo la vida y la integridad de las personas allí alojadas. El Estado nunca cumplió con lo dispuesto por el organismo internacional de derechos humanos.

Ahora la justicia debe avanzar investigando y condenando penalmente tanto a los responsables de la dependencia policial como a todos aquellos agentes que cometieron estos delitos. Estos actos deben ser investigados con la debida celeridad,  diligencia y perspectiva de género que la situación amerita.

Desde la CPM también informaron que patrocinarán a las víctimas como particular damnificado para garantizar su pleno acceso a la justicia: «La doctrina y jurisprudencia internacional afirman que la violencia contra las mujeres debe ser considerada una grave violación a los derechos humanos porque vulnera la dignidad, la integridad y la seguridad de las mujeres. Y el estado es el responsable de implementar políticas públicas que prevengan y sancionen estos hechos y reparen a las víctimas». 

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DENUNCIARON AL CANTANTE AXEL POR ABUSO SEXUAL

Por Amarú Varela

Axel Patricio Fernando Witteveen, más conocido como “Axel”, fue denunciado el pasado 15 de octubre en la ciudad de Cipoletti, Río Negro, por abuso sexual simple.

Días atrás, una joven radicó la denuncia por abuso sexual simple en el Ministerio Público Fiscal de Río Negro contra el músico de cuarenta y dos años.

Debido a la repercusión del caso, desde la cartera informaron mediante su sitio web que la investigación está en curso y que se protegerá la identidad de la denunciante.

“En conjunto con el abogado de la querella que representa a la víctima, se está trabajando en la obtención de evidencias de cara a fortalecer la investigación que incluyen recepción de testimonios y la solicitud de informes a distintos organismos”, expresaron desde el organismo.

“Cabe señalar, que los fiscales que intervienen en el caso mantuvieron comunicación con la víctima esta mañana y que la misma manifestó su deseo de no brindar mayor información pública del caso”, dijeron.

“En consecuencia y como es política de este Ministerio Público en pos de la protección de la víctima, de evitar su revictimización y no de no perjudicar el normal avance de la investigación, sólo se informarán de manera oficial los posibles eventos procesales que pudieran darse en el caso (formulación de cargos, control de acusación o juicio), aclarando desde ya que no se brindarán mayores datos del hecho ni de las circunstancias del mismo”, finalizó el comunicado.

Hace algunas  semanas circuló en los medios de comunicación un video donde se ve al cantante junto a Tini Stoessel en España. En él se puede ver a Axel tratando de abrazarla y ella intenta alejarse de él, mostrando claramente un rechazo a su compañero de gira.

Y como si esto fuera poco, previo a eso, la periodista Paula Galloni expresó que tiempo atrás, en una entrevista a solas con Axel, él la había acosado sexualmente. Días después de que esto tomara estado púbico, el denunciado dijo que la gente “hablaba pavadas”.

Hartas del acoso

Hartas del abuso

Hartas de la impunidad machista y patriarcal

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FINOCCHIARO DENUNCIADO POR VIOLACIÓN

El ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, fue denunciado por violación.

Dalia Esther Fernández denunció el abuso  públicamente, luego de haberlo denunciado ante la Justicia en la Unidad Funcional de Instrucción en lo Criminal y Correccional Número 1 de La Matanza. La caratula de la denuncia es abuso sexual agravado con acceso carnal.

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