SE DETERIORA LA SALUD DE JONES HUALA
Por Daniel Bello
El lonko Facundo Jones Huala está preso hace casi un año en la Unidad Penitenciaria 14 de Esquel.
En estos días espera que la Corte Suprema de Justicia se expida sobre el pedido de extradición a Chile por una causa que tiene a todos los acusados libres.
Por esa causa, en 2016, fue liberado por el juez Guido Otranto, quien determinó la nulidad del proceso.
Otranto es el juez que fue apartado de la causa que investigaba la desaparición de Santiago Maldonado tras la feroz represión de Gendarmería que ordenaron Pablo Nocetti y Patricia Bullrich, ex Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad y ministra de Seguridad respectivamente.
Mientras Clarín continua una estigmatización que roza el rídiculo y aprovecha para seguir instalando que la RAM es un grupo terrorista y que Santiago Maldonado murió por su culpa, Jones Huala sigue luchando porque su cultura, derechos y garantías se respeten.
Hace 4 días, la familia publicó un comunicado en el que informaba que el lonko Facundo Jones Huala sumaba a la huelga de hambre, que viene sosteniendo desde hace 2 semanas, dejar de ingerir líquidos.
La medida fue la respuesta a la negativa de que se permita el ingreso a la cantidad necesaria de personas (12 hombres y 12 mujeres, pero sólo dejan entrar a 15) para que se pueda realizar correctamente el ritual del Wiñoy Tripantu – año nuevo mapuche –, que se lleva acabo en el solsticio de invierno que es entre el 21 y el 24 de junio.
El sábado se presentó un habeas corpus para que se pueda realizar la ceremonia como había sucedido en 2016, cuando la justicia federal había permitido que se realice el ritual sin mayores inconvenientes .
Sin embargo, mientras la familia emitía el comunicado, en el que además contaba la crítica situación de salud por la que atravesaba Jones Huala – bajó 13 kilos y tendría un tumor en el riñon, razón por la cual ayer casi fue trasladado al hospital-, el juez rechazó “in limine” (de plano) el pedido de habeas corpus.
Ante esta situación, la familia indicó: “hacemos responsables al juez Villanueva, a todos los jueces que tienen y tuvieron injerencia en las distintas causas que involucran a miembros del pueblo Mapuche y del Lonko, al ministerio de seguridad comandado por Patricia Bullrich, al presidente Mauricio Macri y a los responsables del servicio penitenciario, dirigido por el sr Gustavo Blanco, de la vida y la integridad física del Lonko, su familia y su comunidad”.
También exigió la devolución del territorio Mapuche y el fin de la persecución y represión a los miembros de la comunidad mapuche.
PPV pudo dialogar con Sonia Ivanoff, abogada defensora de Jones Huala, quien viajó a Esquel para presentar una apelación : “La situación no es muy buena, recién llegamos y en horas de la mañana vamos a comenzar las gestiones para destrabar la situación porque lo que se aplicó no es criterio cultural sino administrativa. Queremos saber por qué toman este número arbitrario de 15. Sabén que necesitan un número par, tanto de mujeres como de hombres, que ya fue explicado por la machi (figura religiosa y protectora del pueblo mapuche). No es como una misa que se puede hacer con un número x de gente”.
Pese a la situación que atraviesa, Jones Huala pudo manifestar a través de un audio que circuló por las redes sociales que “fue muy fuerte lo que pasó primero con Santiago (Maldonado) y después con Rafa (Nahuel). Dos muertos al hilo. Esa política de terrorismo de Estado que se utiliza con nosotros se quiere también utilizar con el resto del pueblo trabajador”. Hay que recordar que tanto Nahuel como Santiago fueron víctimas de la represión por parte de fuerzas de seguridad que dirige Patricia Bullrich cuando estaban reclamando por la restitución de los territorios que pertenecen a la comunidad mapuche y por la libertad del Lonko Jones Huala, respectivamente.
Hasta el momento se pudo determinar que el prefecto e integrante del grupo Albatros, Francisco Javier Pintos, fue quien disparó 40 veces -sobre un total de 114 – y terminó asesinando por la espalda a Rafael Nahuel.
En tanto que en el caso de Maldonado, mientras el gobierno persiste en instalar la idea de que se ahogó solo, se supo que se realizaron escuchas ilegales sobre la familia y, ayer, el juez federal de Rawson, Gustavo Lleral, rechazó apartar de la investigación a la fiscal federal de Esquel, Silvina Ávila, por falta de objetividad.
La familia y la APDH cuentan con tres días para apelar la decisión de Lleral. Respecto a su integridad física, esta mañana ingresará un grupo médico de la Cruz Roja que evaluará el crítico estado de salud de Huala.