LA VICEPRESIDENTA PRESENTÓ EL PEDIDO PARA RECUSAR A LA JUEZA CAPUCHETTI

Atentado contra CFK

LA VICEPRESIDENTA PRESENTÓ EL PEDIDO PARA RECUSAR A LA JUEZA CAPUCHETTI

Por PPV

La presidenta de la cámara de senadores de la Nación – y ex presidenta de la nación en dos ocasiones consecutivas- publicó en sus redes sociales digitales el pedido de recusación de la jueza María Eugenia Capuchetti.

El texto esgrime que la «querella detectó actuaciones, como mínimo, negligentes por parte de la jueza desde, literalmente, el primer día de investigación. Estas situaciones ya hubieran sido suficientes para que la instrucción fuese remitida a otro juez».

También indica que a pesar de que en los hechos nada avanzaba s había decidido confiar en la imparcialidad de la jueza.
Sin embargo, expresa que «a casi dos meses y medio del atentado, una serie de resoluciones netamente arbitrarias y la total parálisis investigativa nos han convencido de una manifiesta parcialidad» contra CFK.

Además señala que Cauchetti «no realizó preguntas a los testigos y bloqueó toda hipótesis que vaya más allá de Brenda Uliarte, Fernando André Sabag Montiel y Gabriel Nicolás Carrizo. Esto, aun cuando hay numerosa prueba que señala otros caminos».

En los fundamentos para solicitar la recusación, la querella referencia fallos y sentencias de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual esgrimía la imparcialidad como una condición innegociable a la hora de celebrar un juicio: «Como ha dicho nuestro máximo tribunal: “…no es dudoso que las cuestiones de recusación se vinculan con la mejor administración de justicia, cuyo ejercicio imparcial es uno de los elementos de la defensa en juicio…”.

Concluyendo que «es, entonces, la falta genérica de imparcialidad lo que motiva esta presentación».

La investigación, sus irregularidades y sus arbitrariedades

En otro tramo del escrito presentado, indica: «Tras el intento de asesinato contra Cristina Fernández, Sabag Montiel fue reducido por militantes que lo entregaron inmediatamente a la Policía Federal  Argentina (PFA). Entre los elementos que tenía encima, además del arma con la que quiso disparar, el más valioso probatoriamente era el celular».

Como es de público conocimiento, el celular de Sabag Montiel fue reseteado y devuelto en un sobre abierto, algo que el escrito remarca: «El problema no fue solo que el sobre llegó abierto cuando, siempre, el objeto debe mantenerse dentro de un paquete que garantice su cadena de custodia (por ejemplo, si se practica una primera pericia, luego debe volver a guardarse hasta el próximo acto en que se disponga algo acerca del objeto). Lo más grave fue que llegó reseteado a cero».

Y agrega: «Nunca se supo qué fue concretamente lo que pasó y el juzgado no hizo nada por aclararlo. De hecho, en los procesamientos, la situación está completamente omitida».

Respecto a la tardía detención de Brenda Uliarte, señalada como cómplice de Sabag Montiel a las pocas horas del atentado, el texto señala: «Una llamada de la DAJuDeCO que advirtió acerca de lo sucedido -en referencia a la fuga de Uliarte que contaba, aparentemente, con una custodia y vigiladora permanente de la PFA fuera del domicilio-, sumada a la presteza del secretario del juzgado, evitaron que Uliarte consume su fuga».

Indica que la jueza no investigó a la PFA dada su vinculación directa en los 3 casos sino que direccionaba la investigación a la seguridad de la vicepresidenta de la nación.

La posible vinculación de Gerardo Milman con el atentado

En el texto, luego de mencionar las presentaciones de la querella, hace referencia al hecho que tomó estado público cuando surgió la preentación vinculados con el testimonio prestado por Jorge Abello el 23 de septiembre pasado, cuando se conoció que Milman había estado en el bar «Casablanca», si había estado acompañado de dos mujeres y si había viajado a la costa ese día o uno cercano.

Sobre el hecho expresa que habían sido los abogados los que tras visualizar horas y horas de video pudieron constatar los dichos del testigo: «Se comprobaban, entonces, las presencias tanto del testigo Abello como de Milman y de sus asesoras en los horarios y el lugar que Abello había señalado. Aun así, la jueza siguió sin averiguar si Milman había viajado».

Además indica que recién cuando cuando la PSA identificó a las dos asesoras de Milman, la jueza decidió tomar cartas en el asunto, y llamó a declarar a Carolina Gómez Mónaco y a Ivana Bohdziewicz.
Sin embargo, no les secuestro los celulares apenas conocidas sus identidades.

También explica que no fue la jueza sino el auxiliar fiscal quien preguntó a Bohdziewicz si había ido a Casablanca el 30 de agosto a lo que Bohdziewicz respondió “no, a Casablanca no voy nunca” y dijo que la última vez que fue había sido en marzo. Algo que también ocurrió con Gómez Mónanco, quien reconoció, al igual que Bohdziewicz, su presencia en el lugar, también, cuando se le mostraron las cámaras.

La Regla Tueller

En este punto surge un dato más que destacado, ya que hace referencia al proyecto presentado por Millman en el que le solicitaba al Poder Ejecutivo que informase aspectos tales como “cuánto es la cantidad de miembros de la división custodias especiales destinados a la vicepresidente y su familia para su estadía en CABA y cuántos para su estadía en su Santa Cruz”. También preguntó la cantidad de vehículos destinada para la custodia o “el domicilio de la dependencia donde los integrantes de la PFA están asentados”.

Indica, además, que el proyecto fue retirado por Milman, sin explicación, el mismo día del atentado.

Más adelante, señala otra llamativa prueba que la jueza también pasó por alto: en el allanamiento al domicilio de Brenda Uliarte se encontró una nota manuscrita que refería a la Regla Tueller.
Se trata de una doctrina vinculada con el tiempo que tiene una persona para sacar un arma sin que se la saquen y que, otra vez “casualmente” fue traída a la Argentina por Patricia Bullrich cuando Gerardo Milman era su viceministro (ver: https://www.tiempoar.com.ar/politica/cual-es-la-doctrinatueller-que-bullrich-quiere-imponer-en-el-pais/), expresa el texto.
Y se pregunta si «¿A la jueza le parece normal que alguien del perfil de Uliarte tuviera una referencia a una técnica tan específica y novedosa? Parece que sí. Esto es llamativo, porque esta querella no conoce una sola persona que conozca esta regla: ni abogados penalistas, ni especialistas en criminalística, ni policías. Sin embargo, que Uliarte tuviese un papel en el que constara el nombre en técnico, sin error alguno, de una estrategia param atar velozmente con un arma de fuego, no generó una sola medida por parte de la jueza».

El financiamiento

En el texto se manfiesta que Capuchetti tiene «la decisión de no ir más allá de las personas hasta ahora procesadas» y que esto «se refleja, también, en la nula investigación de todo aquello relacionado con el financiamiento a Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo».

Rememora uno de los primeros mensajes conocidos en relación a la teoría del financiamiento, ya que no solo surge de declaraciones testimoniales posteriores al hecho.
Joana Colman, amiga de Gabriel Carrizo, advirtió en un grupo de WhatsApp, la misma noche del intento de magnicidio que “por otra fuente se que lo hizo por plata, por acomodo, así que el chabón en cuatro años ponele que sale y sale re acomodado mal eh… a ver como les vuelvo a repetir, uno por plata se vende ¿si?”.

Finalmente, informa que «en las últimas horas, nos dimos de bruces con que la jueza visitaba regularmente la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri. Dicha agencia estaba dirigida por Gustavo Arribas y Silvina Majdalani, quienes tienen un procesamiento firme por espionaje ilegal al Instituto Patria».

Es decir, «Capuchetti visitaba una dependencia que no debía visitar y que, además, estaba comandada por personas que se dedicaban a delinquir contra nuestra poderdante», concluye en el texto.

Finalmente, el texto de 37 páginas extiende el pedido de recusación de la jueza, entendiendo que «así, es imposible seguir. Estamos ante una de las causas más relevantes de nuestra historia democrática, y necesitamos que la investigación esté liderada por alguien voluntarioso/a y que las decisiones las tome un/a juez/a imparcial, comprometido/a con la verdad y la justicia, y no con no molestar a quienes no hay que molestar».

Además, indica que de ser necesario recurrirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y todos los tribunales que la preceden.