AMPARO EN RECHAZO A LA ELIMINACIÓN
DEL MONOTRIBUTO SOCIAL AGROPECUARIO
Por Amarú Varela
El Ministerio de Agroindustria de la Nación anunció el viernes pasado la desaparición del Monotributo Social Agropecuario (MSA), una herramienta gratuita para aquellos productores que registraban un monto de venta o facturación menor a $ 72.000 anuales, cuya protección significaba que esas familias podían contar con obra social y aportes jubilatorios.
El beneficio fue lanzado en 2009 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y, hasta el día de hoy, era el Estado Nacional quien se hacía cargo del valor total del monotributo agrario. Sus principales beneficiarios eran pequeños productores caprinos, porcinos, huerteros, apicultores y ganaderos de muy baja escala. Al momento de su lanzamiento se puso como meta que el beneficiario pudiera vender su producción en forma directa, sin pasar por los intermediarios que, históricamente, se quedaron con la mayor parte de las ganancias de los productos adquiridos de manera informal en los campos.
En la actualidad, alcanzaba a más de 50 mil productores que estaban inscriptos en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF), lo que repercute directamente en la pérdida de los beneficios de la seguridad social de aproximadamente 100.000 personas.
Desde la cartera nacional informaron que, a partir del año próximo, cada productor deberá estar reempadronado en el Monotributo Social (ya no Agropecuario) y pagar el 25 por ciento restante del impuesto, unos $268 más el aporte a la obra social por cada miembro de la familia menor de 18 años. A tal efecto, comunicaron que el reempadronamiento será desde, hoy lunes 2 de julio, hasta el 10 de agosto próximo.
Santiago Hardie, Secretario de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial de la Nación, recalcó que los productores tendrán que realizar la actualización de sus datos en las oficinas de Agricultura Familiar en su zona y que la medida tiene como objetivo “fortalecer la transparencia y la organización en todas las cadenas de valor”.
Rechazo Al Ajuste
Integrantes de la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (ACINA), Unión de Trabajadores de la Tierra, Agrupación Grito de Alcorta (AGA), Asociación de Mujeres Rurales Argentinas Federales (AMRAF), Federación Nacional Campesina (FNC), y hasta la Federación Agraria Argentina (FAA), entre otras, firmaron un documento en el cual defendieron el régimen del MSA por considerar que «es una herramienta fundamental para regularizar las condiciones mínimas y dignas de nuestro trabajo: esto da un marco regulatorio y tiende la formalización de la Agricultura Familiar».
El presidente del Partido Agrario y Social de Misiones, Héctor Bárbaro, explicó que “una familia con tres hijos tendrá que pagar alrededor de $1.500, lo que es imposible para miles” y además “pierden las posibilidad de jubilarse”. También remarcó que esos colonos quedan afuera de la economía formal, ya que no pueden facturar por la venta de sus productos.
Agustín Suárez, referente de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), dijo que si bien parece un monto bajo, muchas familias no estarían en condiciones de abonarlo. Además denunciaron que desde el año pasado, desde el Ministerio de Agroindustria, se negaban a entregar las planillas de adhesión al régimen del monotributo social agrario, como tampoco inscribían a los familiares de los ya inscriptos, vulnerando así los derechos de los agricultores.
Por ello, es que uno de los abogados de la UTT, Francisco Caputo, presentó una acción de amparo en la Justicia Federal en lo Contencioso Administrativo para frenar la medida y que se reabran las inscripciones al RENAF. Paola Ramos, la integrante de la UTT que se presentó ante la justicia, declaró: “El MSA se trata de un derecho social básico al que cualquier trabajador o trabajadora debería poder acceder, pero hace más de un año que no podemos hacerlo”. Zulma Mayoja, miembro de la UTT, también forma parte de la presentación judicial e indicó que “le fue muy difícil inscribirse en el RENAF, y cuando le pidieron que actualice los datos para hacerse el monotributo social agrario nunca la aceptaron”.
Más pobreza, menos trabajo
Además de lo que significa el recorte en la economía de la agricultura familiar, la medida tiene un gran contenido simbólico: el Gobierno traspasa las políticas destinadas a la agricultura familiar al ámbito de Desarrollo Social en vez de considerarlas parte de la economía productiva. “Queremos que nos tengan en cuenta como un actor activo dentro del desarrollo productivo de la economía argentina no un como beneficiarios sociales”, se quejó Suárez, quien recordó que el 60 por ciento de los alimentos que se consumen en el mercado interno son producidos por los pequeños productores.
Todo esto hará que la pobreza rural crezca de manera considerable. El ajuste no tiene límites, y desde el Gobierno Nacional sólo se dan excusas y ninguna solución para los agricultores familiares, que caen así en el limbo de la informalidad y la desocupación.