YA NO SOS MI TELEFÓNICA, AHORA SOS MI TELECOM

Por PPV

El Grupo Clarín, a través de Telecom, concretó este martes la compra de las operaciones argentinas de Telefónica por un monto de 1250 millones de dólares. Así lo confirmaron fuentes empresariales desde Madrid a medios locales.

La compañía española decidió desprenderse de su filial argentina para concentrarse en mercados europeos, estrategia que generó interés en múltiples grupos inversores internacionales.

«Telefónica Hispanoamérica acuerda vender a Telecom Argentina su operación en Argentina» titula la información el portal telefónica.com.ar y explica que “la transacción valorada en 1.245 millones de dólares se inscribe en la estrategia del Grupo de reducir la exposición a la región y continuar operando de forma sostenible para construir valor para sus accionistas. La firma y cierre de la transacción ha tenido lugar simultáneamente en el día de hoy.”

La adquisición generó inmediata reacción del Gobierno Nacional. El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) advirtió sobre el potencial riesgo de concentración monopólica que puede afectar al sector de telecomunicaciones. Frente a esto, el organismo resaltó que el marco regulatorio actual prevé estrictos controles en transferencias y adquisiciones de licencias de servicios TIC.

ENACOM informó que, junto con la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), evaluará la operación minuciosamente. Ambas instituciones tienen la responsabilidad de proteger la elección de los usuarios, la libre competencia, la asequibilidad y accesibilidad de los servicios de telecomunicaciones en todo el territorio nacional.

De concretarse la compra, Telecom tendría la marca Movistar, Movistar TV, Tuenti y Telefónica. Sumarían a Personal (que brinda telefonía celular e Internet hogareña en lo que era Fibertel) y Flow que ofrece TV por cable y streaming.

“El sistema vigente de controles evita posiciones oligopólicas y garantiza los derechos ciudadanos a la comunicación, información y libertad de expresión”, remarcó ENACOM mediante un comunicado oficial.

El anuncio formal del acuerdo está previsto para este martes a las 18, hora local (22 horas en España).

Comunicado de ENACOM

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ADIÓS A CONSIDERAR LAS TELECOMUNICACIONES COMO SERVICIO PÚBLICO

Por PPV

La Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal declaró la «nulidad» del decreto de necesidad y urgencia (DNU), que firmara oportunamente el presidente Alberto Fernández y que establecía el carácter de servicio público a las telecomunicaciones. En su fundamentación, al hacer lugar a una demanda de la empresa Telecom, la sentencia firmada por la jueza Cecilia De Negre, y que contó con voto mayoritario de los jueces José Luis López Castiñeira y Luis María Márquez concluye que debería haberse dictado una «ley formal».

El fallo fue en respuesta a un recurso de apelación que elevase Telecom Argentina que devino en una medida cautelar en su favor al suspender los artículos 1 al 6 del DNU 690/2020 (que declaró servicio público a las telecomunicaciones) y  tres resoluciones reglamentarias del Ente Nacional de Telecomunicaciones (1466/2020, 1467/2020 y 204/2021).

«Disponer que una actividad económica se declare como servicio público, también requiere del dictado de una ley formal emitida por el Congreso, quedando vedado al Poder Ejecutivo la utilización de un DNU a ese fin», sostuvo la jueza Cecilia De Negre, en el fallo.

Se trata de una sentencia de primera instancia que podría ser apelada ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.

La magistrada dispuso la nulidad del decreto 690/2020 y de las resoluciones emitidas al respecto por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) 1466-20 y 1467-2020.

La jueza sostuvo que el Estado Nacional «cuenta con los medios y con la posibilidad jurídica y técnica de implementar sistemas de prestación básica y universal, a los fines de consecución de los objetivos propuestos, disponiendo de medios existentes como el Fondo Fiduciario del Servicio Universal aportado por los prestadores de servicios TIC; el sistema Arsat; programas de acceso a conectividad llevados a cabo por el Ministerio de Educación, Secretaría de Innovación y el Enacom, o implementando nuevos emprendimientos», para garantizar el acceso al servicio de toda la población.

«Es decir, frente a la existencia de medidas alternativas ya implementadas, el aumento de los costos para las licenciatarias que deriva de la implementación del PBU, conjuntamente con el congelamiento de precios que el DNU dispone, resultan medidas gravosas para las licenciatarias», señala la sentencia.

También podrían ser “potencialmente dañinas para los usuarios que, a contrario del fin que la norma busca, se traduciría en menor inversión y menor calidad del servicio, vulnerando derechos constitucionalmente protegidos”.

Al contestar y pedir el rechazo de la demanda, la Jefatura de Gabinete en representación del Estado Nacional argumentó que Telecom no demostró «daño patrimonial» ni «afectación a la obtención de créditos, a pesar de los efectos de la pandemia» y que en ese marco «la empresa tuvo un crecimiento considerable».

«La regulación de los TICS, no constituye un régimen inmutable y muchos países han variado el régimen jurídico de las concesiones, para garantizar el acceso universal y la razonabilidad de los precios», agregó.

También se remarcó que el DNU se dictó «en el marco de la emergencia sanitaria, producto de la pandemia y el congelamiento de precios que dispuso ya no está vigente».

Los «TICS son servicio público esencial y estratégico del siglo XXI, debiendo satisfacer las notas típicas de continuidad, regularidad, igualdad, generalidad, obligatoriedad, universalidad y accesibilidad», fundamenta, entre otros, la contestación de demanda.

Y en el contexto de una pandemia el Estado debía asegurar que «el servicio se preste obligatoriamente a todos los habitantes».

La demanda fue promovida en abril de 2021 por Telecom para que se declare la nulidad del DNU 690/2020 y de las resoluciones Enacom 1466 y 1467 ambas de 2020.

El DNU congeló precios hasta el 31 de diciembre de 2020 «sin prever compensación económica ni indemnización alguna», remarcó al hacer reserva de una eventual demanda por «daños y perjuicios».

Hasta el dictado de la norma, la empresa era licenciataria de servicios TICS y podía fijar «libremente» sus tarifas.

«La declaración de servicio público impone un absoluto control estatal, afectando el derecho de libertad de expresión, vulnerando el principio de razonabilidad que consagra el artículo 28″ de la Constitución Nacional, argumentó. Y sostuvo que en las licitaciones «se le garantizó la fijación de los precios».

El DNU delegó en el Enacom «la competencia para fijar los precios y para establecer una prestación básica universal obligatoria y declara servicio público a la telefonía móvil». 

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TELECOMUNICACIONES: LA GEOPOLÍTICA AL COMPÁS DE LAS CORPORACIONES

Por Alfredo Moreno*

“La única solución para los países en desarrollo, es recuperar la tecnología como parte realmente integrante de su cultura. Convertirla de elemento exógeno condicionante, en modo legítimo de expresión de sus propios valores y aspiraciones (…) El problema principal es recuperar la capacidad de decisión social del uso y fines de la tecnología” Amílcar Herrera

El 5G en la región fue uno de los temas centrales de la reciente Cumbre de las Américas. El gobierno de Joe Biden definió los ecosistemas digitales y su seguridad como uno de los cinco ejes de la reunión regional de presidentes realizada en Los Ángeles.

Un ecosistema digital es un conjunto de tecnologías de la información y comunicación que se encuentran interconectadas entre sí. Se trata de todas las aplicaciones que utiliza un negocio para gestionar sus actividades.

Estados Unidos presiona a sus socios latinoamericanos como Argentina a no adoptar las redes de 5G de empresas chinas como Huawei, a la que acusa de suponer un peligro para la seguridad nacional.  Repetidas veces, Washington se manifestó a favor de la tecnología de telefonía celular Open RAN para dejar fuera del mercado a Huawei, la empresa china prohibida por varias potencias pero que fue aceptada en Brasil y en Chile en la región.

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Brian Nicholson manifestó que los cinco ejes temáticos a los que su país quiere comprometer a las demás naciones invitadas a la Cumbre son democracia “inclusiva”, salud púbica, energía limpia, cambio climático y transformación digital.

Sobre la transformación digital puntualizó: “Los líderes identificarán prioridades compartidas y se comprometerán con acciones específicas para construir ecosistemas digitales. Esta primera agenda regional para la transformación digital crea un contexto para que los gobiernos y las partes interesadas desarrollen en colaboración los empleos y las industrias del futuro sobre la base de redes de telecomunicaciones interoperables, resilientes, seguras y confiables que impulsarán la innovación y ampliarán el acceso a bienes, servicios, e información de nuevas formas. Estos incluyen: promover políticas para expandir el acceso a Internet, particularmente en comunidades históricamente marginadas, e impulsar la innovación digital y la inclusión social a través de un mayor acceso a los servicios gubernamentales digitales; ampliar el papel de la tecnología digital en la promoción de la educación de calidad, la alfabetización digital y la ciudadanía digital; aumentar la armonización regulatoria en áreas como la gestión del espectro y el comercio digital”.

El debate sobre los estándares sobre tecnología de telefonía celular 5G esta conducido por EE. UU para que la región y sobre todo Argentina se oriente a la tecnología Open RAN de matriz Norteamérica sobe la base de que los estándares para las redes móviles de acceso radioeléctrico conocidos como Open RAN podrían abaratar el despliegue de 5G y otras redes móviles y dar lugar a una innovación más rápida de funciones y servicios.

Al igual que el gobierno de Donald Trump, el de Joe Biden tiene fuertes críticos a la empresa que ha liderado el desarrollo del 5G en el mundo, la china Huawei, argumentando acusaciones de espionaje y falta de seguridad, no sólo en los datos sino en el aprovisionamiento de equipos. Se trata de un negocio donde la empresa norteamericana Cisco y la surcoreana Samsung proveen dispositivos, pero no integran el corazón de la tecnología 5G. A cambio otras empresas brindan soluciones integrales, como las que proveen Huawei, ZTE (China), la finlandesa Nokia o la sueca Ericsson.

Pese a la presión de Estados Unidos sobre Latinoamérica, en 2021 los gobiernos de Chile (entonces en manos Sebastián Piñera) y de Brasil (a cargo de Jair Bolsonaro) organizaron subastas de espectro radioeléctrico para 5G entre las telefónicas sin imponer condicionamientos que dejen al margen a Huawei. Es así que en ambos países los operadores de servicios en telecomunicaciones han contratado a varios proveedores, como Huawei, Nokia y Ericsson. En cambio, Canadá se acaba de sumar al club de países que han prohibido al gigante chino, como Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Japón y Taiwán. Las redes 5G ya funcionan en vastas ciudades de América del Norte, Europa y Asia.

El lobby del Gobierno de Biden continúa en países latinoamericanos que aún no han licitado el espectro del 5G, como la Argentina. Tras la visita en abril de la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, el gobierno de Alberto Fernández adhirió a una Declaración para el Futuro de Internet, que promovió la Casa Blanca y que rubricaron la Comisión Europea, las naciones ricas del G7, la gran mayoría de las de Europa, Costa Rica, Colombia, Perú y Uruguay en favor de una “conectividad inclusiva”.

La reciente conferencia organizada el 11 y 12 de mayo en Buenos Aires, el programa CLDP (Commercial Law Development Program) reunió a representantes de los gobiernos de EE.UU., Argentina y Australia, junto con empresas del sector privado, para compartir perspectivas sobre las redes 5G y las ventajas de la innovadora tecnología Open RAN. Los expositores estadounidenses fueron el embajador Marc Stanley, el representante del Departamento de Estado y la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información (NTIA) del Departamento de Comercio.

Los oradores del Gobierno de Argentina incluyeron al vicejefe de Gabinete, Jorge Neme, al presidente de ENACOM, Claudio Ambrosini, y al presidente de ARSAT, Matías Tombolini. Además, realizaron presentaciones expertas del sector privado de empresas estadounidenses e internacionales.

 “En comparación con dónde estábamos hace tres años, el entorno Open RAN actual es extraordinario”, dijo el director interino de la Oficina de Ciberseguridad y Política Digital del Departamento de Estado, Paul Harrison. “A nivel mundial -incluso aquí en las Américas-, ya se están implementando las redes 4G y 5G basadas en los principios de Open RAN, que ofrecen un nuevo camino, libre del bloqueo del proveedor y resiliente frente a las fuerzas geopolíticas y del mercado”, agregó.

Estas reuniones fueron una continuación de los intercambios de alto nivel mantenidos en 2021 y en abril de 2022 entre el asesor de Seguridad Nacional de EE.UU., Jake Sullivan, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, durante los cuales las dos partes exploraron la cooperación en tecnología de la información y las comunicaciones, 5G, cuestiones relacionadas con la seguridad de redes y la diversificación de proveedores, así como oportunidades para las empresas argentinas en Open RAN.

Estos encuentros, que incluyen reuniones bilaterales los días 9 y 10 de mayo entre funcionarios argentinos y funcionarios estadounidenses del Consejo de Seguridad Nacional (NSC), el Departamento de Estado, el Departamento de Comercio y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), están orientados a fortalecer la coordinación entre los EE.UU. y Argentina sobre temas importantes como la innovación tecnológica, 5G y la seguridad de la infraestructura tecnológica crítica de Argentina.

La financiación de los encuentros fue posible gracias a Digital Connectivity and Cybersecurity Partnership (DCCP), una iniciativa del gobierno de EE.UU. que sostiene que “los países socios deben aprovechar el poder de una economía digital abierta, interoperable, confiable y segura, y promover mejoras de infraestructura que sean de alta calidad, seguras, diversas y resilientes; reformas legales y regulatorias favorables a la competencia y consistentes con los valores democráticos y de libre mercado; políticas que faciliten la innovación y la inversión de los Estados Unidos y países afines; y prácticas de ciberseguridad en línea con las mejores prácticas internacionales”.

Las Redes de Acceso de Radio Abiertas (conocidas como Open RAN) para redes de telecomunicaciones, incluida la 5G deja afuera del negocio a Huawei y se lo abre a empresas que no dan soluciones integrales como Cisco y otras norteamericanas.

Huawei muestra saludables iniciativas y organizó durante ese mes de mayo una multitudinaria cumbre en el hotel Hilton porteño con sus vendedores y clientes para mostrar sus diferentes unidades de negocios, incluido el almacenamiento en la nube y el equipamiento energético. Incluso presentó el regreso al mercado argentino de sus tablets y relojes y el regreso de los teléfonos celulares (que no pueden usar Android por un bloqueo que les impuso Trump). “Hacen falta tres cosas para que exista 5G”, explicó el vicepresidente de Huawei Argentina, Juan Bonora, en el encuentro del Hilton “Primero: que haya espectro. El Gobierno está analizando en qué espectro se lanzará el 5G, cómo lo concesiona, por cuánto tiempo, por zonas o no, si va a pedir dinero a cambio o contraprestaciones. Segundo: que los tres operadores (Telecom Personal, Telefónica Movistar y Claro) cierren sus planes de inversión. Tercero: que inviertan. Veo difícil que este año se concrete”.

Se estima que salto de generación de celulares en Argentina implicaría una inversión conjunta de Telecom (propiedad de los dueños del Grupo Clarín), la española Telefónica y la mexicana Claro (de Carlos Slim) de unos US$ 3.000 millones. Por ahora, Telecom está haciendo pruebas con Huawei en zonas como la que rodea el teatro Colón. Claro, en cambio, viene trabajando el 5G con Nokia en el resto de Latinoamérica. Telefónica apostó por Nokia y por Ericsson en España y dejó afuera a Huawei de este contrato en particular.

La asociación civil llamada Gobernanza, que autodefine su propósito como “fortalecer la democracia a través del uso de las tecnologías”, organizó a fines de mayo un Encuentro Federal de Gobernanza 4.0 con las presencias del embajador Stanley y los gobiernos de Córdoba, Catamarca, Corrientes y Santiago del Estero. Su presidente, Gastón Massari Copes, opina que “Cualquier empresa que sea de bandera de la República Popular China, en este caso Huawei, son empresas que no tienen dentro de su marco filosófico y de su creación el resguardo de los datos de los ciudadanos. Por tanto, no creo que sea una empresa confiable dentro de lo que está alineado con la visión democrática que deberíamos tener en nuestro país”.

Por el contrario, el politólogo Patricio Giusto, director del Observatorio Sino-Argentino, advierte “No hay evidencias presentadas de que Huawei efectivamente sea una amenaza para las redes de seguridad. Y la otra acusación que viene de la mano es que Huawei espiaría para el Partido Comunista Chino. De eso no hay evidencia. Entonces, en el mientras tanto, los países de Latinoamérica lo que han hecho es avanzar con los proyectos que presenta Huawei, que ya está afianzada en prácticamente todos los países de la región”.

Politizar las TIC una necesidad humana para habitar el territorio digital

Imponer el estándar tecnológico significa dominar la infraestructura de telecomunicaciones 5G que va a contener el tráfico de la digitalización de toda la vida cotidiana.

La derecha política y mediática regional repite eslóganes y prejuicios contra el Estado y su presencia en políticas públicas de inclusión social y cuidado en salud.

Desconoce el debate mundial que apunta a fortalecer la presencia del Estado, ya no sólo por el papel central ocupado en la pandemia, sino para enfrentar el avance despiadado de los gigantes del mundo digital que abusan de la posición dominante de mercado y del mega flujo de datos que alimentan sus algoritmos como “armas de destrucción matemática”.

Vivimos en un feudalismo propio a los tiempos tecno digitales, muy alejado de la libertad y la equidad prometida por las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). Bajo el manto de una retórica de democratización y acceso a la información, progreso e innovación se esconde el más puro y antiguo sistema de dominación. La implementación social y cultural de las TIC, la “inocencia de los ingenieros informáticos”, las Tecno Corporaciones y sus modelos de negocios son todo lo contrario de lo que prometen.  El ensayo publicado por el investigador Cédric Durand: «Tecno-Feudalismo, crítica de la economía digital» demuestra cómo el capitalismo se renovó hacia atrás. Se instaló en el contexto del medioevo con las herramientas y servicios de la modernidad. No dio ni nos hizo dar un salto hacia el futuro en términos de acceso y representación ciudadana, sino que se replegó hacia atrás y resucitó las formas más crueles de la dominación y el sometimiento.

El mito del Silicon Valley californiano se derrite ante nosotros; acumulación escandalosa de ganancias, tecno empresarios dictadores, desigualdades sociales indecorosas, desempleo crónico, millones de pobres suplementarios y un puñado de tecno oligarcas que han acumulado fortunas jamás igualadas. La tan cantada “nueva economía” dio lugar una economía de la dominación y la desigualdad.

Cédric Duran inicia un viaje al revés, una desconstrucción de los mitos tecnológicos: la digitalización del mundo no ha conducido al progreso humano sino a una gigantesca regresión en todos los ámbitos: restauración de los monopolios, dependencia, manipulación política, privilegios y una tarea de depredación global son la identidad verdadera de la nueva economía concentrada como nunca en la historia.

Ahora, en cambio, la extracción de valor se ha alejado cada vez más de los mercados y se ha trasladado a plataformas digitales, como Facebook, Google (Alphabet Inc.), Apple y Amazon que ya no operan sólo como empresas oligopólicas, sino como feudos donde los datos son el valor de sus territorios digitales.

Para Varoufakis «Las plataformas digitales han reemplazado a los mercados como el lugar de extracción de riqueza privada. Por primera vez en la historia, casi todo el mundo produce gratuitamente el capital social de las grandes corporaciones. Eso es lo que significa cargar cosas en Facebook o moverse mientras se está vinculado a Google Maps». Aclara que no es que los sectores capitalistas tradicionales hayan desaparecido puesto que las relaciones capitalistas permanecen intactas, sino que las relaciones tecno-feudalistas han comenzado a superarlas.

Lo que está en juego dentro de la economía digital es una reconfiguración de las relaciones sociales. Esta reconfiguración se manifiesta a través del resurgimiento de la figura de la dependencia, que era una figura central en el mundo feudal. La idea de la dependencia remite al principio según la cual existe una forma de adhesión de los seres humanos a un recurso. En este tecno feudalismo, los individuos y también las empresas adhieren a las plataformas digitales que centralizan una serie de dispositivos y elementos que les son indispensables para existir económicamente en el territorio digital.

Se trata del Big Data, de mega volúmenes de datos y de algoritmos que posibilitan el tratamiento y la producción de conocimiento. Aquí nos encontramos ante un proceso que se potencia a si mismo: cuando más personas participamos en la vida de las plataformas digitales, cuando más servicios indispensables ofrecen, más se acentúa la dependencia. Esta situación es muy importante porque mata la idea de competencia, un valor central del capitalismo.

Esta dominación captura y fusiona a los individuos a este trasplante digital. Este tipo de relación de dependencia tiene una consecuencia: la estrategia de las plataformas que controlan esos territorios digitales es una estrategia de desarrollo económico por medio de la depredación, por medio de la conquista.

La conquista es por más datos y espacios digitales. Y adquirir más y más espacios digitales significa acceder a nuevas fuentes de datos. Entramos aquí en una suerte de competición donde, a diferencia de otra etapa, no se busca producir con más eficacia, sino que se trata de conquistar más espacios.

El que domine el estándar del 5G concentrará aún más la regulación de los dispositivos que se conectan, es decir controlará la infraestructura de las telecomunicaciones sus dispositivos y nuestras vidas.

El desafío para economías periféricas como las de nuestra región, en este mundo en transformación y de pos pandemia, es no caer en las trampas de recetas tradicionales de la ortodoxia. Potenciar la presencia del Estado y encontrar espacios para el desarrollo nacional que fortalezcan políticas estatales entre las fisuras de esta nueva y compleja etapa del tecno capitalismo.

Lo que no cierra es la idea de que existe una solución individual frente a este movimiento. No somos inocentes. Hay una preocupación que se torna cada vez más visible. El desafío consiste en encontrar soluciones que pasen por la intervención política que sometan el funcionamiento de esas plataformas tecnológicas a la lógica de los servicios públicos, los Estados y el buen vivir de los pueblos.

*Alfredo Moreno es Computador Científico, Profesor de TIC en Universidad Nacional de Moreno
Ésta publicación fue realizada en: https://infonativa.com/nota/view/telecomunicaciones-geopolitica-compas-corporaciones-

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LOS ESPACIOS

Por Daniel Bello

Solemos repetir a diario un montón de consignas para poder graficar aquello que pensamos, por momentos recurrimos a metáforas ocurrentes o simplemente usamos alguna de las tantas que conocimos a lo largo de nuestra historia de recorridos.

Acaso, uno de los problemas que se plantea con esta práctica es que de tanto repetir frases, sentencias o metáforas se termina generando una naturalización o banalización de aquello que decimos y en definitiva, se vacía de contenido.
Un ejemplo de ello puede ser “la política como herramienta de transformación”.

Casi a fines de octubre, en México, se reunieron ejecutivos regionales de Google y Facebook para explicar – o al menos eso dijeron – los criterios de moderación de contenidos de las plataformas.
La organización corrió por cuenta del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Así fue que Iñigo Fernández Baptista, director de Políticas Públicas de Facebook para México, Centroamérica y el Caribe, expuso junto a Eleonora Rabinovich, jefa de Políticas Públicas y Asuntos Gubernamentales de Google para el Cono Sur.

Ambos expresaron que las regulaciones estatales “excesivas” (el entrecomillado es mío) podrían tener un “efecto negativo” sobre el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, así como “obstaculizar la innovación”.

Fernández Baptista señaló: “Es importante que los gobiernos aporten marcos legales que brinden seguridad jurídica y claridad a las empresas y que sean flexibles para que cada plataforma pueda gestionar la moderación de contenidos en relación tipo de servicio, tamaño y tipo de contenidos que permiten que los terceros difundan”.

A esto se le sumó lo dicho por Rabinovich, quien indicó 3 principios que para Google son de suma importancia.
Uno de ellos, señaló, es que “los gobiernos tienen que brindar lineamientos claros sobre lo que es legal e ilegal”. Además, expresó que “las leyes deben basarse en principios internacionales” y que “cualquier regulación tiene que ser consistente con la Convención Americana de Derechos Humanos, cumplir con el test tripartito y proteger contenidos que ofenden o perturban, estos muchas veces forman parte de los contenidos protegidos”.

Sin embargo, en el tercer principio señaló la necesidad de flexibilidad de las empresas “para desarrollar prácticas responsables, poder actuar rápido cuando surgen nuevas amenazas. […] La posibilidad de autorregulación (la negrita es mía) nos permite actuar rápido frente a ese daño (por ejemplo, noticias sobre efectos nocivos de redes 5G durante la pandemia)”.

Pese a estos enunciados, el punto de partida de ambas plataformas es lo que condiciona al resto de los enunciados, teñidos de “innovación” y en pos de la “libertad de expresión”, dado que lo que pretenden es que se les otorgue poder sin que medie actor alguno para regularlas.
En este caso, el actor es el Estado y lo que Facebook y Google plantean es que no ejerza su rol para contrarrestar las fuerzas que ejercen las concentraciones privadas sobre nuestra libertad (Fiss, 1999).

En octubre de 1997 la CIDH creó una Relatoría Especial para la Libertad de Expresión como una oficina permanente e independiente encargada de estimular la defensa de la libertad de pensamiento y de expresión.
La Relatoría creó la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión y la CIDH los aprobó en octubre de 2000.

El principio 12, de los 13 existentes, refiere específicamente a la regulación de la concentración de la propiedad de los medios de comunicación:

Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos. En ningún caso esas leyes deben ser exclusivas para los medios de comunicación. Las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos.

Si bien, estos términos se plantean para los medios de comunicación, el rol regulador del Estado también debe trasladarse a lo digital dado que el discurso liberal busca fortalecer el modelo regulatorio de mercado que apuesta a limitar la intervención del Estado a controles ex post, ya que así se aprovechan las ventajas de la economía de escala y se incentiva la innovación. El problema es que ese razonamiento constituye una política simplista que ve al Estado como una amenaza a la libertad de expresión que es necesario minimizar cuando, como se ha visto, el Estado también puede convertirse en una garantía de esa libertad (Krakowiak, 2018).

Además, desde el punto de vista de los defensores del “libre mercado de las ideas”, las normas que regulan la comunicación se deben flexibilizar porque constituyen restricciones que le ponen límites al mejor aprovechamiento empresario de las economías de escala en un escenario donde la pluralidad y diversidad de contenidos ya está garantizada por un incremento de la oferta a partir de la expansión de internet y las nuevas tecnologías de la comunicación (De Sola Pool, 1983; Rheingold, 1993; Dutton, 2007).

En definitiva, en este punto, lo que se empieza a ver claramente es cómo las plataformas y redes sociales digitales, tratan de establecer -y condicionar- las pautas sobre quién las regulará.
Si ese rol lo ejerce el Estado, entonces, que este no intervenga sobre las condiciones precarizadas con las que las plataformas y redes sociales digitales montan su modelo de negocios. Y en consecuencia, sus ganancias.

Un año

Hace más de un año, en el marco de la pandemia por COVID -19, el Gobierno Nacional anunció el DNU 690/20 (https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/233932/20200822) con el que se estableció el carácter de servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia de los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones.
Sin embargo, los grandes grupos económicos, como Cablevisión Holding (Grupo Clarín) judicializaron esa instancia con el argumento de que producía “daños irreparables a la economía de la empresa”.
La justicia cómplice le dio la razón a Telecom Argentina S.A. en mayo y suspendió los artículos principales del DNU 690 por 6 meses. En octubre, se volvió a extender el fallo por otros 6 meses.

Por su parte, la Defensoría del Público solicitó, mediante un documento de 38 páginas, que la Relatoría de Libertad de Expresión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) “interceda y se exprese”.

Mientras, ocurren cosas como que el 40% de la ayuda social implementada mediante la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la tarjeta Alimentar se los terminan quedando las empresas de celulares, internet y televisión paga.
Es decir, de los 10.000 pesos que destina el Estado en ayuda a esa familia, los gigantes de las telecomunicaciones se terminan quedando con 4000 pesos.

Si repasamos lo que sucedió en México, con Facebbok y Google, y lo conjugamos con lo que ocurre en nuestro país, con Cablevisión Holding (Grupo Clarín), es claro que son las corporaciones las que están incidiendo, legislando y regulando la vida de millones.

Es necesario avanzar políticamente sobre las dilaciones que realizan las corporaciones en materia de derechos y libertades, ya hemos visto lo que ocurrió con la Ley 26522 en ese sentido.
Como ya hemos manifestado, y sin caer en la repetición y la banalización, los espacios que uno no ocupa los ocupa el otro y en este caso, claramente, el rol central lo están ocupando y ejerciendo las corporaciones.

FUENTES:

https://www.observacom.org/facebook-y-google-explican-sus-mecanismos-de-moderacion-de-contenidos-y-proponen-criterios-para-la-regulacion-en-mexico/

Krakowiak, F. (2018). La regulación audiovisual en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y los desafíos de la digitalización. ZER: Revista De Estudios De Comunicación = Komunikazio Ikasketen Aldizkaria, 23(44). https://doi.org/10.1387/zer.18829

https://revistappv.com.ar/acceso-digital-a-un-ano-de-servicios-esenciales/

https://www.telam.com.ar/notas/202110/572592-defensoria-del-publico-comunicacion-libertad-de-expresion-decreto-690-telecom.html

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