En el Senado
PRESENTAN PROYECTO PARA DECLARAR INTERNET COMO SERVICIO PÚBLICO
Por Daniel Bello
Ayer fue presentado en la Cámara de Senadores un proyecto de ley para declarar al servicio de internet en carácter de público, esencial y estratégico, en consonancia con el Decreto de Necesidad y Urgencia 690/20 que firmó el Poder Ejecutivo Nacional a fines del año pasado.
La iniciativa lleva la firma del Senador Nacional por Chubut y presidente de la Comisión de Medios del Senado, Alfredo Luenzo, quien durante una audiencia que se realizó ayer por la mañana – en la que participaron miembros de la Asociación por los Derechos Civiles – había anticipado la intención de «tener un marco de acceso digital firme, robusto, con un concepto estrictamente federal».
El artículo primero de la norma declara «de interés público el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, las telecomunicaciones, y sus recursos asociados, estableciendo y garantizando la completa neutralidad de las redes».
También indica: «Su objeto es posibilitar el acceso de la totalidad de los habitantes de la República Argentina a los servicios de la información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas, con los más altos parámetros de calidad, promoviendo políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones».
Por otro lado, el proyecto establece que «los licenciatarios de los servicios de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, deberán cubrir los costos de la explotación, tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación».
Hoy el escenario es crítico, con pcias donde el acceso a internet apenas alcanza al 30% de la población y el acceso es prácticamente con el paquete de datos El modelo neoliberal en las telecomunicaciones fracasó rotundamente.
Se trata de ayudar a construir una sociedad más justa— Alfredo Luenzo (@SenadorLuenzo) August 11, 2021
«Los precios de los servicios públicos esenciales y estratégicos de las TIC en competencia, los de los prestados en función del servicio universal y los de aquellos que determine la autoridad de aplicación por razones de interés público, serán regulados por esta», continúa la iniciativa.
En los fundamentos, Luenzo menciona que «la categorización como servicio público esencial, estratégico y en competencia a los servicios de tecnologías de la información y la comunicación, la consagración legal del mandato constitucional igualitario y las modificaciones a la Ley 27.078 permitirán reducir la brecha digital».
Por otra parte, Eduardo Ferreyra, de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), advirtió que «la autorregulación presenta muchos defectos en su accionar y es necesario una regulación pública que colabore con la privada para abordar estos temas».
El dirigente señaló que «se ha postulado el marco internacional de derechos humanos como el marco general por el cual se deberían guiar las plataformas para la modelación de contenido» y que «cualquier implementación de un marco normativo puede verse frustrado, si no hay una desconcentración del poder que las compañías mantienen actualmente».
«Una regulación pública también tiene que apuntar a que la ciudadanía sea incorporada de manera significativa en la toma de decisiones», agregó.
En enero de este año se realizó el Foro Social Mundial 2021 bajo el título «Internet Servicio Público Esencial: El Caso Argentina», en el que se retomó la agenda planteada durante el Foro Argentina Digital que se desarrolló en noviembre de 2020 y que impulsó el colectivo Internet Esencial.
Sergio Salinas Porto, Presidente de Internauta (Asoc. Arg. de Usuarios de Internet), integrante de IE y actual precandidato a senador bonaerense, afirmó: «Vemos con beneplácito el hecho de que un senador Nacional haya tomado la iniciativa. Una iniciativa que veníamos planteando desde Internet Esencial.
Impulsábamos primero la necesidad de un DNU, que fue lo que ocurrió con el DNU 690/20 que emitió Alberto Fernández, para luego pasar a una instancia más constructiva que era una Ley».
«En el Congreso había varios proyectos de ley, uno era impulsado por el diputado nacional por Córdoba, Pablo Carro, y el también Diputado y Secretario General de la CTA, Hugo Yasky junto a la diputada nacional Blanca Osuna, presidenta de la Comisión de Educación. Además, habíamos realizado un trabajo junto a otros diputados y diputadas que habían presentado proyectos», repasó Salinas Porto.
«La publicación de decreto del año pasado frenó un poco ese proceso, pero ahora, ésta presentación creo que abre una nueva oportunidad para que las organizaciones impulsora de Internet Esencial y del dnu nos podamos reunir con Luenzo y poder trabajar en este tema.
Estamos por cursar una invitación formal al senador para poder tener reunirnos junto a las 90 organizaciones y poder aportar, desde el llano, al trabajo conjunto y acompañar el proyecto de ley», finalizó el titular de Internauta.
En tanto que, Damián Loreti, profesor titular plenario de la cátedra de Derecho a la Información de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), subrayó, por su parte, la «necesidad de la participación de la sociedad civil como correguladora del corregulador porque no alcanza solo con la transparencia».
«Lo que hay que ver es si esos logaritmos generan algún tipo de discriminación en término de ciertos tipos de discurso para generar distorsiones en términos de la accesibilidad a contenidos por parte de los interesados en esos contenidos», reflexionó.
También consideró: «Hay un déficit en el análisis de qué pasa con las fake news, más pensada en términos de responsabilidades, de pluralismo», y entendió que «no alcanza con la trasparencia» sino que «hay que agregar mecanismos que garanticen que no hay discriminación negativa».
«No alcanza con la plataforma, no alcanza tampoco a mi criterio con los resultados de la aplicación de logaritmos no sean discriminatorios, sino que hay que hacer mecanismos que garanticen derecho de defensa y reparación porque estas plataformas deberían regirse por los principios rectores de protección de derechos humanos y empresas de Naciones Unidas», agregó.
Por otra parte, el acceso a internet, la radio y la televisión fueron los principales reclamos en la segunda Audiencia Pública del año organizada por la Defensoría del Público con participantes de Salta, Tucumán, Jujuy, Catamarca y Santiago del Estero.
En igual sentido, la diputada provincial bonaerense Natalia Sánchez Jáuregui (Partido FE), autora de una iniciativa para garantizar la conectividad escolar en la provincia, consideró hoy que «el servicio de internet es un derecho y su acceso debe estar garantizado para toda la población».
Cabe recordar que el Decreto de Necesidad y Urgencia 690/20 que firmó el Poder Ejecutivo Nacional a fines del año pasado fue frenado en la justicia que aceptó el pedido de Telecom.
Finalmente, el presidente Alberto Fernández a principios de semana afirmó, en el marco del lanzamiento de la Semana de las Juventudes, que internet sería un servicio público.
«Hoy la biblioteca se llama Internet. Es impensable vivir en un mundo donde la conectividad no llegue a todos.
Se enojan porque dije que Internet es un servicio público, que se enojen, vamos a hacerlo un servicio público para que llegue a los argentinos y argentinas y para que no nos estafen y nos roben con las tarifas», enfatizó.