EXTORSIÓN Y CURRO A MANO ARMADA: ¿QUÉ BUSCA BULLRICH A FUERZA DE DECRETAZOS?

Por María Quintero

¿Qué hay detrás del decreto firmado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre la reforma de la Policía Federal? Antes que nada, es preciso advertir que ratifica la vulneración y amenaza a los derechos y garantías de las y los argentinos. Sin embargo, suma algo de provocación debido a que esta vulneración de derechos no es realmente lo “novedoso”: lo que hizo Patricia Bullrich fue meter dentro de la orgánica de la Policía Federal tareas y vulneraciones de derechos que ya funcionaban por fuera. Por ejemplo, la Unidad de inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad, que ya había creado Bullrich por resolución 710/24 en julio del año pasado, habilitaba el patrullaje en redes sociales abiertas. Las requisas estaban ya indicadas en el Código Procesal Penal.

Por otro lado, este decreto se publica en un contexto particular, que atraviesa tanto al Ministerio de Seguridad como al interior de las Fuerzas de Seguridad y a la propia Patricia Bullrich. La “Señora Violencia” – como la llamó Cristina Fernández de Kirchner el viernes pasado, tras encontrarse con vallas y policías en la puerta de su casa – lleva delante una estrategia de abuso en el accionar policial, en un marco de crisis y descontento en todas las Fuerzas de Seguridad.

En efecto, existe un malestar generalizado en las fuerzas federales en general, y en la Policía Federal en particular, como consecuencia de la explotación, la degradación y los sueldos de miseria que perciben, según confiaron fuentes de la institución. Es una bronca que esta reforma agrava no solo por las tareas que continuamente le agregan a los efectivos, sino también por la falta de participación de representantes de la fuerza de seguridad en el diseño y puesta en marcha de un cambio del que ni siquiera estaban informados. Un ejemplo: el decreto de Bullrich no resuelve temas que son históricos reclamos, como la federalización de las tareas, una situación que hoy se encuentra concentrada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Más allá de las reacciones puertas adentro de la Policía Federal, es fundamental entender que la ministra ha conseguido la firma de un cheque en blanco que le deja abierta la posibilidad de impulsar profundos cambios en las carreras profesionales de los policías, como el plan de eliminar el escalafón de suboficiales. En un gobierno que se vanagloria de activar motosierras en los presupuestos de salud y educación, los recursos para la modernización de la Policía Federal seguramente saldrán de limitar al máximo los ingresos de efectivos, especialmente de suboficiales, al punto de eliminar ese escalafón.

El cuestionado decreto de Bullrich también contiene ambigüedad en las atribuciones que se le da al Ministerio de Seguridad, por ejemplo, qué se interpreta realmente como una investigación y tareas de inteligencia criminal.

Según las fuentes consultadas, el decreto fue interpretado dentro de las fuerzas casi como una herramienta de extorsión de la propia Bullrich para la Policía Federal, en respuesta a la situación tensa y de disconformidad anteriormente descripta. Tan grande es el descontento que causó el decreto que apenas se conoció, comenzaron a circular memes ironizando la reforma entre los miembros de la fuerza.

En la Policía Federal, por ejemplo, el inocultable malestar es producto de los bajos salarios (un agente percibe 800.000 pesos y un suboficial $1.300.000, con el último aumento mayo) y por los atrasos que tiene el Ministerio de Seguridad en el pago de los adicionales. Además, hay una gran parte de la fuerza que está disconforme con las tareas que realiza: eso incluye que todos los miércoles, tanto la Policía Federal como la Infantería, sean llevados a reprimir jubilados, además de cumplir tareas que nos les corresponde, entre ellas estar parados como vallado humano frente al domicilio de la expresidenta Cristina Fernández.

Es una obviedad señalar que, si bien hay algunos que disfrutan con la represión, hay muchos otros efectivos a los que les parece un accionar indignante. Además, aseguran las fuentes consultadas, consideran que el rol que les asignó Bullrich es degradante, porque es un trabajo que no le corresponde a las fuerzas federales, sino a la Policía de la Ciudad.

Cuestión de fondo

En el decreto, además, hay un tema clave que está relacionado con el presupuesto destinado al Ministerio de Seguridad, por el cual la “Señora Violencia” está desesperada por manejar a gusto y placer. Recordemos que según una investigación de la revista Contradeditorial, Bullrich lleva gastados más 56 mil millones de pesos en armas, municiones, gases lacrimógenos, equipos antidisturbios y vehículos. Y la cuenta sigue creciendo, seguramente.

Consultada para este informe, Sabina Frederic, exministra de Seguridad entre 2019 y 2021, sostiene que Bullrich utilizó el instrumento de un decreto para que la autorizaran a declarar la emergencia de la Policía Federal Argentina y, de esta manera, estar habilitada a realizar compras sin seguir las regulaciones de contratación del Estado.

Recordemos que Bullrich intentó aplicar esta maniobra cuando quiso declarar la emergencia en la provincia de Santa fe, algo que en ese momento no logró.

En este complejo contexto, Frederic recuerda que Bullrich recibió una serie de observaciones de parte de la Auditoría General de la Nación sobre lo que dejó la propia ex funcionaria cuando asumió como Ministra de Seguridad.

Al asumir sus funciones, Frederic se encontró que Bullrich – durante el gobierno de Mauricio Macri – había hecho compras millonarias en dólares de equipamiento de uso militar del que no podían hacer uso las fuerzas civiles federales, como el caso de los aviones matriculados o las lanchas artilleras, que no estaban adecuados a las necesidades operativas ni al ambiente personal, que es el que define el trabajo de las fuerzas.

En definitiva, a fuerza de decretazo Bullrich busca que le liberen la emergencia de la Federal para disponer del presupuesto para gastar gusto y placer y, al mismo tiempo, consigue un cheque en blanco en lo referido a las atribuciones del Ministerio de Seguridad que conduce. Como si esto fuera poco, usa el decreto como una forma de conducir a las fuerzas de seguridad mediante la extorsión a la Policía Federal, en particular, pero como amenaza para el resto, y lo hace en un contexto en el que crece el malestar por los bajos salarios, el incremento de tareas, la enorme deuda en el pago de los adicionales y la degradación de las tareas.

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A 6 meses del intento de asesinato a Cristina Kirchner:

¿POR QUÉ NO AVANZA LA INVESTIGACIÓN?

Por Campaña Internacional

Un peligro mudo se cierne sobre la Argentina.

Esta semana se cumplieron seis meses del intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el episodio más grave que ha vivido el país desde el regreso de la democracia hace cuarenta años.

Un hombre, con un arma, dispara –y por azar falla- a la cabeza de una de las tres figuras más relevantes de la historia argentina de las últimas décadas. Pero luego de la conmoción política inicial, no se avanza sobre las pistas para castigar este intento.

A seis meses de ocurrido, hay apenas tres detenidos; media docena de pistas que la justicia se niega a investigar (la mayoría vinculada al entorno del expresidente Mauricio Macri) y un número escandaloso de irregularidades procesales. Se han perdido pruebas vitales para esclarecer el caso porque el celular de uno de los detenidos, Fernando Sabag Montiel, fue bloqueado y reseteado en forma sospechosa. ¿Por qué? ¿Quién tiene el poder y la tecnología para manipular así un aparato con información?

Hay pruebas de que, dos días antes del atentado, un diputado del partido opositor (Juntos x el Cambio) dijo a sus asesoras: “Cuando esté muerta yo voy a estar en la costa” (y efectivamente el día del atentado contra CFK, él estaba en la costa). Existen entonces indicios suficientes de que este diputado, Gerardo Milman, podría aportar información sobre los autores intelectuales del crimen. No obstante, la jueza María Eugenia Capuchetti, que lleva el caso se niega a avanzar sobre esa pista. ¿Por qué esa negligencia?

Otra pista que la justicia se niega a indagar vincula al Grupo Caputo (propiedad de “Nicky” Caputo, amigo íntimo del ex presidente Mauricio Macri) con Jonathan Morel, fundador de “Revolución Federal”, grupo de extrema derecha al que también pertenecen los tres detenidos por el atentado contra CFK. Morel es un hombre violento no sólo de palabra («Hay que matarlos, otra cosa no podés hacer»; «Hay que tirar agua hirviendo a los militantes kirchneristas y poner una bomba en la Casa Rosada» decía en sus mensajes) sino que ha buscado sembrar el terror con acciones como apedrear autos de ministros, llevar guillotinas a la Plaza de Mayo y arrojar antorchas con fuego a la Casa Rosada, sede del gobierno nacional. Se demostró que Morel recibió 13 millones de pesos del Grupo Caputo. Si las conexiones sobran ¿por qué la jueza se niega a vincularlo con el intento de magnicidio?

La defensa de la vicepresidenta, ante las irregularidades manifiestas en la investigación, exigió el apartamiento de la jueza Capuchetti, renegada por la justicia federal con una manifiesta actitud de protección corporativa. Las irregularidades procesales son tantas que exceden un texto periodístico. Sólo dos elementos más. Primero, el accionar de la policía metropolitana que responde al gobierno de la capital (Horacio Rodríguez Larreta también de Juntos x el Cambio), antes, durante y después del atentado, no sólo nunca detuvieron a ninguno de los violentos (por ejemplo, cuando apedrearon y vandalizaron la oficina de la Vicepresidenta en el Congreso, semanas antes del atentado), sino que miembros de esa policía aparecen en muchos videos saludando amablemente a los extremistas de Revolución Federal denunciados.

Un agravante decisivo en la paralización de la investigación sobre el intento de magnicidio, es que la jueza Capuchetti, también está estrechamente vinculada a Juntos x el Cambio (JxC) y recibe un pago mensual del gobierno (metropolitano) del mencionado opositor Rodríguez Larreta, por aparentes trabajos de investigación vinculados al Ministerio de Seguridad. Rodríguez Larreta se presenta como candidato a presidente de Argentina en las elecciones de octubre 2023 por el principal partido opositor (JxC). La pregunta de rigor es como ante semejante cantidad de irregularidades procesales y de probada convivencia política con Juntos por el Cambio, la jueza no se ha aparatado aun de la causa.

La incapacidad y la morosidad en la investigación; los errores procesales; lo poco que se ha avanzado en el conocimiento de la planificación del atentado ¿Es posible atribuirlo a una casualidad? ¿O forma parte de una impunidad del poder mediático y corporativo peligrosa?

Como ha sucedido con Lula da Silva en Brasil, la prensa hegemónica demoniza y persigue a Cristina Kirchner con un supuesto caso de corrupción –llamada “causa vialidad”, sin pruebas suficientes y fehacientes, y en la que en instancias anteriores CFK había sido sobreseída- mientras deja deliberadamente al margen un atentado que si queda impune por inacción de la justicia puede mellar para siempre la democracia argentina.

Como en el caso de Lula da Silva, en el extranjero sólo circula el relato parcial de los medios hegemónicos que, en el caso de Argentina, han invisibilizado el intento de femimagnicidio contra una de las liderezas más importantes de América latina. En Brasil se pudo revertir esa campaña difamatoria cuando se conoció la amoralidad del Juez Sergio Moro y parte de la justicia brasileña, para perseguir y proscribir política y electoralmente a Lula Da Silva.

Busquemos la verdad en Argentina. Difundámosla. Reclamemos probidad en la justicia. Y el fin de la impunidad. El futuro de nuestro país está en peligro.

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LA JUSTICIA ORDENÓ QUE LARRETA CESE CON LOS OPERATIVOS POLICIALES EN LA CASA DE CRISTINA

Por PPV

El juez Roberto Gallardo, titular del Juzgado N° 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, le ordenó ayer al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que “cese de forma inmediata la ejecución de cualquier operatoria policial directa o indirectamente vinculada con la custodia” del domicilio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La medida cautelar se dispuso en el marco del trámite de una serie de recursos de amparo presentados durante el fin de semana por distintos dirigentes del Frente de Todos tras la brutal represión por parte de la policía porteña en las puertas de la casa de CFK.

“Ordenar al señor jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Lic. Horacio Rodríguez Larreta, que por conducto del Ministerio de Seguridad de la Ciudad, cese en forma inmediata la ejecución de cualquier operatoria policial directa o indirectamente vinculada con la custodia de la persona, familia y/o domicilio de la Señora Vicepresidenta de la Nación”, expresa la resolución de 24 fojas.

En el segundo punto, el juez ratificó que “la custodia de la persona y domicilio de la Vicepresidenta, sito en esta ciudad, están a cargo de las autoridades de seguridad federales, que deben ejercer a esos efectos la unidad de comando y la coordinación operativa con las fuerzas locales”.

«A nadie se le ocurriría que el Señor Presidente baje de un avión en una provincia y que quede a partir de ese momento bajo la custodia de las fuerzas provinciales» y recuerda que la Ciudad de Buenos Aires es «a partir de la reforma constitucional de 1994 una provincia más», indica el texto.

«La seguridad de los funcionarios federales de primer nivel y de todos aquellos cuya seguridad esté determinada por las leyes o las resoluciones específicas como a cargo de las fuerzas federales, no puede sino ser ejercida por las mismas», añade.

Finalmente, establece «comunicar al Señor Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Señor Marcelo D’Alessandro, que la Policía de la Ciudad deberá continuar normalmente con sus tareas de prevención y persecución del delito en las adyacencias del domicilio de autos, en el marco de sus competencias legales y sin interferir en las tareas que despliegue en lo sucesivo la custodia federal vicepresidencial».

La resolución del juez Gallardo también cita los amparos presentados por la legisladora Claudia Neira y Paula Penacca.

Por otra parte, tras la represión del sábado, desde el bloque del Frente de Todos en la Legislatura Porteña – junto al senador Nacional, Mariano Recalde -, se realizó un pedido de informes, la interpelación al Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta y el pedido de renuncia al Ministro de Justicia y Seguridad Marcelo D’alesandro.

En ese sentido, brindarán una conferencia de prensa hoy al mediodía en la legislatura porteña con el fin de ampliar sobre la la presentación de 3 proyectos ante la violencia institucional desplegada el sábado pasado.

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ESCÁNDALO EN ISRAEL POR EL ESPIONAJE POLICIAL CON PEGASUS

Por Daniel Bello
Foto portada: Avshalom Sassoni/ MAARIV

A principios de febrero la policía isarelí afirmó por primera vez que hay pruebas de un uso inapropiado del software Pegasus, que desarrollado por la empresa local NSO y está señalado como herramienta para espiar a al menos 50.000 teléfonos de todo el mundo.

Esto ocurrió unas semanas después de que el diario digital Calcalist diera a conocer un informe en el cual indicaba que la policía israelí había utilizado el pegasus para espiar a alcaldes, exfuncionarios y activistas del movimiento «Black Flag» (bandera negra) que se movilizó fuertemente en 2020 contra el gobierno del Primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

El espionaje sobre los celulares se realizó sin órdenes judiciales, razón por la cual, tras el cambio de gobierno, hizo que el Controlador Estatal y la Fiscalía General abrieran investigaciones sobre el asunto.

También se conoció, de acuerdo al diario Haaretz, una copia de la factura entre NSO y la policía israelí que muestra evidencia de la compra del programa por parte de las fuerzas de seguridad.

La factura, con fecha de diciembre de 2013, se envió al departamento de presupuesto del Departamento de investigaciones e Inteligencia de la Policía de Israel. La policía habría comprado el paquete básico del software y luego se le agregaron actualizaciones adicionales, cada año, para el desarrollo y operación del software.

También se conoció que en 2021 espiaron a seis activistas palestinos – que luego se comprobó tenía sus celulares intervenidos con el sowftware – y en base a ese informe, en octubre de 2021, Israel anunció la inclusión de ONG palestinas -entre ellas Al Haq, Addameer y Bisan- en su lista negra a causa de sus presuntos vínculos con el grupo palestino FPLP -Frente Popular para la Liberación de Palestina- considerado «terrorista» por el Estado judío, Estados Unidos y la Unión Europea (UE).

En latinomaérica

De acuerdo a una investigación del Washington Post se reveló una lista de 50.000 teléfonos de todo el mundo que podrían ser objetivo del software.

Entre esos casos, uno que tuvo resonancia ocurrió en México fue cuando se determinó que Juan Carlos «G», miembro de la empresa Proyectos y Diseños VME, utilizó el software para espiar a una periodista.

Bajo el gobierno de Peña Nieto, en 2017, se publicó a través de un medio local una factura de Proyectos y Diseños VME a nombre de la Secretaría de la Defensa Nacional, emitida el 1 de septiembre de 2016 por 1 millón 113 mil dólares, bajo el concepto de “Servicio de Monitoreo Remoto de Información en el periodo del 1ro al 31 de agosto del 2016”.

Se cree que en los seis años del gobierno de Peña Nieto, unas 15 mil personas fueron víctimas de espionaje con el software.

México: el Gobierno de Peña Nieto gastó USD 32 millones para comprar el software de espionaje Pegasus https://t.co/tjLmwjhwRL

— Agencia Télam (@AgenciaTelam) July 21, 2021

En Argentina

En septiembre de 2017, bajo el gobierno de Mauricio Macri, arribó a nuestro país en forma oficial el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu, con la finalidad de establecer acuerdos y negocios en el área de Seguridad y Defensa entre otros objetivos.

Una de las reuniones se dio entre sectores empresariales -vinculados a la ciberseguridad, nuevas tecnologías y telecomunicaciones- y el Presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí, Mario Montoto. 
En ese momento, de acuerdo a un comunicado del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich firmó un acuerdo con el Embajador de Israel en el país, Ilan Sztulman sobre Cooperación en Asuntos de Seguridad Pública e Interior, para fortalecer “la lucha contra los delitos organizados; la seguridad en eventos masivos; y la inteligencia, ciencia y tecnología aplicadas a la seguridad pública; hasta aquellos abocados a la gestión de emergencias y el análisis criminal y forense».

Nunca trascendió la letra chica del acuerdo, mucho menos qué se compró.

En julio de 2018, se creó la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT), el instrumento institucional del Ministerio Público Fiscal, con la finalidad de crear “una estructura dedicada a facilitar y elaborar una estrategia institucional con la finalidad de dotar a este Ministerio Público Fiscal de las herramientas necesarias para abordar de manera integral el extremismo violento”.

La SIAT, de acuerdo a las funciones que se le otorgaron, puede disponer de “la utilización generalizada y efectiva de la tecnología de la información -especialmente Internet- con fines de propaganda, glorificación, incitación, radicalización, reclutamiento, entrenamiento, financiación y comunicación”.

Cabe destacar que, desde los medios oficialistas al gobierno de Mauricio Macri, justificaban dicha resolución con la supuesta vinculación de “Unidad Ciudadana” y el kirchnerismo con la RAM y su carácter terrorista.
Algo que sigue tratando de hacerse ridículamente aun hoy día.

En el marco del G20, el gobierno de Mauricio Macri se dedicó a desplegar una red de espionaje ilegal -una marca registrada de su gobierno- sobre periodistas, políticos y militantes, incluso alcanzó a la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Todos ellos fueron espiados bajo la sospecha de ser potenciales amenazas terroristas y sus teléfonos interceptados por órdenes de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, cabezas del espionaje durante el gobierno de Cambiemos.

Finalmente, el G20 no solo fue la excusa para adquirir equipo y realizar espionaje ilegal; hace unos días se conoció a través de la Oficina Anticorrupción -a cargo del Dr. Félix Pablo Crous-, la denuncia sobre la exministra de Seguridad de Macri, Patricia Bullrich, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional por la compra de ambulancias, chalecos antibalas, entre otros, para la cumbre del G-20 en 2018.
La empresa beneficiaria, que también se sospecha que cobró un 30 por ciento de más, tenía como socio a un aliado de Graciela Ocaña en la Fundación Confianza Pública.

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