ESCÁNDALO EN ISRAEL POR EL ESPIONAJE POLICIAL CON PEGASUS

COMUNICACIÓN POPULAR

ESCÁNDALO EN ISRAEL POR EL ESPIONAJE POLICIAL CON PEGASUS

Por Daniel Bello
Foto portada: Avshalom Sassoni/ MAARIV

A principios de febrero la policía isarelí afirmó por primera vez que hay pruebas de un uso inapropiado del software Pegasus, que desarrollado por la empresa local NSO y está señalado como herramienta para espiar a al menos 50.000 teléfonos de todo el mundo.

Esto ocurrió unas semanas después de que el diario digital Calcalist diera a conocer un informe en el cual indicaba que la policía israelí había utilizado el pegasus para espiar a alcaldes, exfuncionarios y activistas del movimiento «Black Flag» (bandera negra) que se movilizó fuertemente en 2020 contra el gobierno del Primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

El espionaje sobre los celulares se realizó sin órdenes judiciales, razón por la cual, tras el cambio de gobierno, hizo que el Controlador Estatal y la Fiscalía General abrieran investigaciones sobre el asunto.

También se conoció, de acuerdo al diario Haaretz, una copia de la factura entre NSO y la policía israelí que muestra evidencia de la compra del programa por parte de las fuerzas de seguridad.

La factura, con fecha de diciembre de 2013, se envió al departamento de presupuesto del Departamento de investigaciones e Inteligencia de la Policía de Israel. La policía habría comprado el paquete básico del software y luego se le agregaron actualizaciones adicionales, cada año, para el desarrollo y operación del software.

También se conoció que en 2021 espiaron a seis activistas palestinos – que luego se comprobó tenía sus celulares intervenidos con el sowftware – y en base a ese informe, en octubre de 2021, Israel anunció la inclusión de ONG palestinas -entre ellas Al Haq, Addameer y Bisan- en su lista negra a causa de sus presuntos vínculos con el grupo palestino FPLP -Frente Popular para la Liberación de Palestina- considerado «terrorista» por el Estado judío, Estados Unidos y la Unión Europea (UE).

En latinomaérica

De acuerdo a una investigación del Washington Post se reveló una lista de 50.000 teléfonos de todo el mundo que podrían ser objetivo del software.

Entre esos casos, uno que tuvo resonancia ocurrió en México fue cuando se determinó que Juan Carlos «G», miembro de la empresa Proyectos y Diseños VME, utilizó el software para espiar a una periodista.

Bajo el gobierno de Peña Nieto, en 2017, se publicó a través de un medio local una factura de Proyectos y Diseños VME a nombre de la Secretaría de la Defensa Nacional, emitida el 1 de septiembre de 2016 por 1 millón 113 mil dólares, bajo el concepto de “Servicio de Monitoreo Remoto de Información en el periodo del 1ro al 31 de agosto del 2016”.

Se cree que en los seis años del gobierno de Peña Nieto, unas 15 mil personas fueron víctimas de espionaje con el software.

En Argentina

En septiembre de 2017, bajo el gobierno de Mauricio Macri, arribó a nuestro país en forma oficial el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu, con la finalidad de establecer acuerdos y negocios en el área de Seguridad y Defensa entre otros objetivos.

Una de las reuniones se dio entre sectores empresariales -vinculados a la ciberseguridad, nuevas tecnologías y telecomunicaciones- y el Presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí, Mario Montoto. 
En ese momento, de acuerdo a un comunicado del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich firmó un acuerdo con el Embajador de Israel en el país, Ilan Sztulman sobre Cooperación en Asuntos de Seguridad Pública e Interior, para fortalecer “la lucha contra los delitos organizados; la seguridad en eventos masivos; y la inteligencia, ciencia y tecnología aplicadas a la seguridad pública; hasta aquellos abocados a la gestión de emergencias y el análisis criminal y forense».

Nunca trascendió la letra chica del acuerdo, mucho menos qué se compró.

En julio de 2018, se creó la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT), el instrumento institucional del Ministerio Público Fiscal, con la finalidad de crear “una estructura dedicada a facilitar y elaborar una estrategia institucional con la finalidad de dotar a este Ministerio Público Fiscal de las herramientas necesarias para abordar de manera integral el extremismo violento”.

La SIAT, de acuerdo a las funciones que se le otorgaron, puede disponer de “la utilización generalizada y efectiva de la tecnología de la información -especialmente Internet- con fines de propaganda, glorificación, incitación, radicalización, reclutamiento, entrenamiento, financiación y comunicación”.

Cabe destacar que, desde los medios oficialistas al gobierno de Mauricio Macri, justificaban dicha resolución con la supuesta vinculación de “Unidad Ciudadana” y el kirchnerismo con la RAM y su carácter terrorista.
Algo que sigue tratando de hacerse ridículamente aun hoy día.

En el marco del G20, el gobierno de Mauricio Macri se dedicó a desplegar una red de espionaje ilegal -una marca registrada de su gobierno- sobre periodistas, políticos y militantes, incluso alcanzó a la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Todos ellos fueron espiados bajo la sospecha de ser potenciales amenazas terroristas y sus teléfonos interceptados por órdenes de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, cabezas del espionaje durante el gobierno de Cambiemos.

Finalmente, el G20 no solo fue la excusa para adquirir equipo y realizar espionaje ilegal; hace unos días se conoció a través de la Oficina Anticorrupción -a cargo del Dr. Félix Pablo Crous-, la denuncia sobre la exministra de Seguridad de Macri, Patricia Bullrich, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional por la compra de ambulancias, chalecos antibalas, entre otros, para la cumbre del G-20 en 2018.
La empresa beneficiaria, que también se sospecha que cobró un 30 por ciento de más, tenía como socio a un aliado de Graciela Ocaña en la Fundación Confianza Pública.