SE CREÓ EL CUERPO DE ABOGADAS Y ABOGADOS PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Por Samantha Ferrera
El pasado 28 de octubre se creó el cuerpo de abogadas y abogados para víctimas de violencia de género, el cual dependerá del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
El Decreto 744/2021 establece que el cuerpo de abogadas y abogados tiene la misión de “garantizar el acceso a la justicia de las personas víctimas de violencia de género en consonancia con las prescripciones de la Ley N° 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales y hacer efectivo el ejercicio y goce de los derechos consagrados en la citada Ley y en otras normas relacionadas con la problemática.”
La ley de protección integral, sancionada en marzo de 2009, establece que las mujeres víctimas de violencia de género, tienen derecho a acceder al sistema de justicia de manera gratuita.
Sin embargo, dicho acceso no basta por sí solo para hacer efectiva la protección a la cual hace referencia la ley nacional.
Si bien los procesos judicial de violencia familiar -a través del cual se dictan las medidas de protección como el botón antipánico o las llamadas “perimetrales” o prohibiciones de acercamiento a la víctima- y el juicio penal son gratuitos, la víctima necesitará contar abogades para poder llevar adelante la cuestión judicial.
La importancia de la formación de les abogades y del trabajo interdisciplinario
Actualmente, los patrocinios jurídicos especializados en la temática y dedicados a defender de manera gratuita causas de violencia de género son escasos.
El proceso de violencia es un proceso que, por su naturaleza debe ser llevado adelante con perspectiva de género.
Las víctimas de violencias deben atravesar un procedimiento judicial a cargo de un sistema -que arraigado en mandatos fuertemente patriarcales- no está a la altura de las circunstancias. La revictimización constante, las deficiencias en la orientación y asesoramiento que hacen las oficinas de violencia al momento de tomar una denuncia, y otras tantas situaciones similares, hacen que los procesos sean lentos y hasta muchas veces, poco eficaces para contrarrestar las violencias sufridas.
Por eso debemos celebrar estas políticas públicas orientadas a fortalecer nuevos espacios de trabajo para la contención de estos casos.
Teniendo en cuenta la complejidad y la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra las víctimas de violencia por motivos de género, es necesario que todos los actores que están involucrados en el tratamiento de estos casos -psicólogos, médicos, trabajadores sociales, abogades y especialmente los jueces y las juezas-, cuenten con variadas herramientas que exceden el mero conocimiento de la ley y su aplicación.
Es claro que resta camino por recorrer y avanzar en medidas destinadas a hacer efectivos los derechos adquiridos, como una futura e imperiosa reforma judicial transfeminista, que vaya de la mano con estas medidas de ampliación de derechos.