REFORMA JUDICIAL FEMINISTA
En el mes de la mujer no nos cansamos de pedir más justicia, más igualdad.
Por Carolina Lande*
Una reforma judicial requiere serias y profundas políticas públicas con perspectiva de género, entendiendo por esto una justicia para todos y todas, donde la igualdad sea su resultado más palmario y efectivo.
Es que más allá de las prescripciones legales y reglamentarias, debemos pensar en un profundo cambio de paradigma, impulsado por el hermoso y gigante grupo de mujeres y diversidades que año a año vamos conquistando derechos, ampliando la base de reconocimiento e impulsando que de a poco, pero a paso firme se caiga el patriarcado.
Por eso el pasado 8 de marzo, entre otras cosas, pedimos una #ReformaJudicialFeminista.
El Poder Judicial es el poder más oscuro, con mayor nivel de desconocimiento público, donde los que deciden sobre la vida y la propiedad de todos los ciudadanos son señores anónimos que bajo el estrado de la justicia que dicen impartir, dictan sentencias ajenas a los hechos y fuera de la matriz social y cultural. Ellos son elegidos de manera poco clara, con concursos que solo posicionan a un grupo social de casta, donde los parientes son moneda corriente entre los juzgados y fueros y donde la perspectiva de género solamente, si está presente, es enunciativa y no es una línea de aplicación que debe atravesar todos y cada uno de los puntos del derecho.
Como lo hicimos en la sociedad argentina en materia de derechos humanos, debemos hacer de las políticas de género una política de Estado, que sean un filtro para la toma de decisiones, y más aún de las providencias judiciales.
Esto debe ser analizado desde varios aspectos: los procesos de selección de los jueces y fiscales, la formación posterior de los magistrados vitalicios, la implementación efectiva del nuevo Código Procesal Penal Federal y el sistema inquisitivo que propone, el garantizar el acceso a la justicia, la no revictimización de las víctimas, la falta de empatía de los operadores judiciales y la poca o nula formación en prácticas de género. A lo que se agrega el lento camino del expediente judicial y la justicia que siempre llega tarde, para convertirse en una justicia a medias. Como dice Mariela Labozzeta se debe pasar del esquema de privilegios al de proveedores del servicio de justicia.
Si la propia cabeza del Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, compuesta por cuatro hombres y solo una mujer (en condiciones de jubilarse y que ejerce el poder con todas características patriarcales y clasistas), ha decidido no implementar la ley Micaela en el poder judicial so pretexto de vulnerar su independencia y autonomía, de ahí para abajo en la justicia federal y local todo está mal, dejando a salvo honrosas excepciones. Las estadísticas asustan, los femicidios se acrecientan exponencialmente y no es gravando penas como se consiguen resultados, es adecuando el comportamiento de los operadores judiciales y sus auxiliares a una lógica distinta. Lógica que debe instruirse y educarse. Por eso destacamos la real dificultad de calar con las políticas de género en un poder donde se manejan por las reglas autoimpuestas de un grupo selecto de hombres con poder. El cambio no debe ser solo legal o normativo, debe ser endógeno, desde las bases y construyendo una democratización de ese oscuro poder del estado, con una profunda reforma judicial.
La independencia judicial debe ser en el caso concreto, pero no se puede permitir que bajo ese paraguas, el Poder Judicial se aparte de las pautas democráticas mínimas que conforman la sociedad. No pagan impuestos a las ganancias, no convalidan sus puestos, no rinden cuentas, no presentan declaraciones juradas, no fundamentan sus decisiones y viven al costado de todo control, ya que son ellos los mismos que se autojuzgan en casos de denuncias o procesamientos.
Es un círculo vicioso que frente a la perspectiva de género se profundiza porque debido a las características ya descriptas cuesta muchísimo más correr esos estándares de prejuicios, de patriarcado, de poca empatía y mal tino, sin el más mínimo sentido común.
Cambiar los paradigmas en los fueros de familia sobre la utopía reconstituyente de la familia, como explica Dora Barrancos y el gran número de jueces varones en el fuero penal, llegando siempre tarde a auxiliar a las víctimas de violencia de género, con un número ascendente de femicidios es un deber de la ciudadanía que debe ser activa y reclamar fuertemente por un cambio en el sistema.
Debemos remover de la justicia y de todos los estamentos de poder el androcentrismo y sus consecuencias.
Como feministas nos comprometernos con no reproducir las cuestiones de desigualdad. La justicia debe buscar la igualdad social, una justicia patriarcal no es justicia. El movimiento social y transversal del Colectivo de Mujeres debe ser una vez más el verdadero motor de medidas concretas para refundar una Justicia moderna, nacional, popular, igualitaria y feminista.
* Abogada Constitucionalista, Especialista en Elaboración de Normas Jurídicas Senado de la Nación