LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS EMITIÓ UN COMUNICADO ANTE EL PROTOCOLO DE BULLRICH

Por PPV

El Comité de Acción Jurídica de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) emitió un comunicado en el que subraya que el protocolo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, contra la protesta social constituye un «intento de golpe de estado». Y que «profiere de esa manera una amenaza abstracta contra la población en su conjunto, lo que constituye, en sí mismo un delito.»

Asimismo, el comunicado que lleva las firmas del Director de la FIDH, Horacio González y su Presidente, Juan Carlos Capurro, sostiene que ese protocolo viola los artículos 14 y 28 de la CN. que prohíben reglamentar derechos al Poder Ejecutivo, además que denuncia su intento privatizador del accionar de las fuerzas policiales.

Comunicado completo

1.- El protocolo de Bullrich constituye un intento de golpe de estado, bajo la excusa de
la seguridad. Otorga facultades al Poder Ejecutivo que son propias y exclusivas del
Poder Judicial.

2.-Solo el Poder Judicial puede ordenar la intervención policial, sea federal o provincial.
No puede el Poder Ejecutivo intervenir por su cuenta en temas de supuesta seguridad,
sin orden judicial previa.

3.- En el protocolo, Bullrich decreta por sí y ante sí que el Ejecutivo puede detener
personas, incautar vehículos y propender a multas y sanciones administrativas sin
derecho a defensa alguno. Profiere de esa manera una amenaza abstracta contra

la población en su conjunto, lo que constituye, en sí mismo un delito.

4.- El protocolo instala el espionaje interno, previó, posterior y permanente sobre las
organizaciones sindicales, sociales y políticas, arrogándose la facultad desde el
Ejecutivo de perseguirlos en su legítimo derecho de peticionar y reclamar, sea en la
calle o en el interior de empresas o en sus puertas. Algo que no solo garantiza la
Constitución sino los reiterados dictámenes de la CIDH, de cumplimiento vinculante
para el Estado Argentino.

5.- Otro ítem ilegal aberrante es pretender privatizar el costo de su propio accionar
policial, queriendo cobrar a sindicatos y organizaciones sociales el trabajo ilegal que
ella misma ordena.

6.- El golpe de estado se consuma en cada pliegue de su accionar. La supuesta
flagrancia del 194 del Código Penal no es sino una maniobra para confundir. Desde el
fallo Natera Gatti en adelante, el máximo tribunal penal de la Nación, la Cámara de
Casación, tiene establecido que no existe el delito del art. 194 cuando se marcha y
obstruye el tránsito, sea donde sea, porque se trata del ejercicio legítimo de un
derecho.

Bullrich se subleva contra lo decidido por el Poder Judicial, pretendiendo aplicar el
Código Penal. Lo hace a sabiendas, porque cualquier penalista conoce la jurisprudencia
en el tema, aún sus anónimos asesores en la materia.

7.- El protocolo viola los artículos 14 y 28 de la CN. que prohíben reglamentar derechos
al Poder Ejecutivo. Solo una ley puede reglamentar el ejercicio de un derecho. Bullrich
se subleva aquí abiertamente contra el Poder Legislativo, pretendiendo colocarse por
encima de la ley.

8.- El intento es actuar ante el hecho consumado, aparentando una legalidad
inexistente. En los hechos utiliza el método de la dictadura militar, que quitó los
derechos invocando un supuesto » orden nuevo». Es decir, actúa de prepo contra la
Constitución y la división de poderes, colocando al Ejecutivo por encima de todo, como
lo hizo Videla.

9.- Un párrafo aún más alarmante es el destinado, en el artículo 10, a identificar y
estigmatizar y criminalizar a aquellas personas que, al marchar por sus derechos,
concurran con sus hijos. Autoriza a identificar a padres e hijos y hacer una persecución
por haberlos llevado, bajo la excusa de «tutelar sus derechos» . El poder ejecutivo se
arroga la función de decirle a los padres lo que deberían hacer: no llevar a los hijos
adónde les parezca. Es una medida sin registro, no ya en los últimos cien años de
historia argentina. Nunca. Es un método dictatorial nunca visto, ni en las propias
dictaduras. Ningún gobierno puede impedir la libertad ambulatoria de una familia. Esto
es lo que plantea el protocolo en nombre de la «libertad». Una aberración contra los
propios derechos del niño y la juventud que los convenios internacionales suscriptos
por el estado argentino consideran ilegal.

10.- En este cuadro de insubordinación a las libertades democráticas, deberá ser el
poder judicial quien fulmine este intento golpista, declarando ilegal e inconstitucional el
ukase de Bullrich.

11.- Las organizaciones sindicales, sociales y partidos políticos dirimirán este intento
fascista en las calles, dónde fuera gloriosamente derrotada la «legislación» del general
Videla.

Horacio González – Director / Juan Carlos Capurro – Presidente