Envio de armas a Bolivia
LA ADUANA SERÁ QUERELLANTE Y MACRI YA DESIGNÓ ABOGADO DEFENSOR
Por PPV
La directora general de Aduanas, Silvia Traverso, confirmó que el organismo se presentó como querellante en la causa que investiga el envío de armas por parte del Gobierno de Cambiemos a Bolivia cuando se realizó el golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales en 2019.
Mientras que por su parte la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, aseguró que «está comprobado» que el material encontrado en depósitos del país andino fue comprado durante la gestión de su antecesora, Patricia Bullrich.
En declaraciones radiales, Traversó, aseguró: «La Aduana tiene la obligación legal de presentarse como querellantes y, como posible víctimas por el contrabando de armas a Bolivia».
«El bien jurídico afectado es el control aduanero, somos víctimas de esta maniobra», explicó la funcionaria y dijo: «Iniciamos una información sumaria para definir si hubo responsabilidades de nuestro personal».
Por otra parte, y en relación al cargamento de armas enviadas a Bolivia, Frederic -también en declaraciones radiales- afirmó: «Ya está comprobado que son de la partida que compro Patricia Bullrich para el G20 en 2018».
La ministra de seguridad también le respondió a Bullrich, quien había dicho que era Frederic quien tenía que dar explicaciones: «Bullrich dijo eso cuando todavía no se sabía que estábamos presentando la denuncia, después de la presentación no volvió a hablar más del tema, porque está claro que todo ocurrió entre el 11 y el 13 de noviembre (de 2019)».
«Me parece que está complicado porque hay mucha documentación que los hace responsables, si sabían y si no sabían también», agregó.
Además de Bullrich, otro de los implicados es el ex presidente Mauricio Macri, quien designó al ex fiscal Pablo Lanusse como abogado defensor en la causa en la que está acusado por contrabando de armas.
Lanusse ya defiende a Macri en otras causas: las supuestas maniobras de espionaje ilegal desplegadas desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), durante el gobierno de Cambiemos, contra dirigentes políticos, sociales, gremiales y periodistas, entre otros.
El abogado también es el representante legal de la madre del fallecido fiscal Alberto Nisman, Sara Garfunkel, en la causa en la que se investiga esa muerte, pero además la asesora en el expediente en el que Gargunkel está sospechada por presuntas maniobras de lavado de activos vinculadas a cuentas de su hijo.
Macri, que está imputado en este expediente junto a sus ex ministros Oscar Aguad (Defensa) y Patricia Bullrich (Seguridad) y otros miembros de su gobierno, presentó un escrito aduciendo una persecución en su contra.
Bolivia, por su parte, ordenó ayer la detención de Pablo Arturo Guerra, quien fue jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas durante el último Gobierno de facto en Bolivia, por su presunta responsabilidad en las llamadas masacres de Sacaba y Senkata registradas en el marco de las protestas que siguieron al golpe contra Morales, que dejaron más de 25 muertos y un centenar de heridos.
La detención de Guerra se suma a la del excomandante del Ejército Iván Patricio Inchauste.
El fiscal asignado al caso, Fabio Maldonado, detalló que la imputación formal contra Guerra, quien asumió el cargo el 14 de noviembre de 2019 y lo mantuvo hasta el 16 de noviembre de 2020, se presentará «en las próximas horas».
El militar fue parte de la conducción de las fuerzas durante todo el Gobierno de facto de Jeanine Áñez y fue removido cuando asumió el actual presidente constitucional Luis Arce.
Las novedades judiciales, en Bolivia, coincidieron con la entrega de parte de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) de un informe con los resultados de investigaciones de los hechos de violencia y presuntas violaciones a los derechos humanos ocurridos en el país desde el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.
El documento tiene también recomendaciones para que las autoridades bolivianas puedan lograr justicia y favorecer la reparación a las víctimas.