JUNTOS POR EL RECORTE DE DERECHOS LABORALES
Por Ana Belén Marrello
Lxs senadorxs por la Ciudad de Buenos Aires Martín Lousteau (Unión Cívica Radical – alianza electoral Juntos por el Cambio) y Guadalupe Tagliaferri (Frente Pro) presentaron en coautoría un proyecto de ley para la creación de un Fondo Nacional de Cese Laboral que reemplazaría a la indemnización por despido. En la misma línea se pronunciaron el candidato Martín Tetaz y el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.
Previo a las elecciones de medio término, en una entrevista en América TV, Larreta se manifestó, junto a María Eugenia Vidal, a favor de eliminar las indemnizaciones por despido gradualmente y reemplazarlas por un sistema de seguros como el que utiliza el gremio de la construcción. Además de la iniciativa de Lousteau y Tagliaferri, el diputado de Tierra del Fuego de Juntos por el Cambio, Héctor Stefani, también presentó un proyecto con una orientación similar, respecto a la idea de crear un “sistema de garantía de indemnizaciones” que, según opinó, mejoraría el sistema y promovería la generación de empleo. Mientras que, el candidato de Juntos a diputado nacional por CABA, Martín Tetaz, también propuso la «flexiseguridad», esto es “nuevas reglas laborales” y la “libertad para entrar y salir de las relaciones laborales y un seguro de desempleo”, lo que tiene como base el recorte de derechos de lxs trabajadorxs.
El proyecto de Lousteau y Tagliaferri propone crear un Fondo Nacional de Cese Laboral en el ámbito de la Anses con el objetivo de reemplazar paulatinamente todas las indemnizaciones por extinción del contrato de trabajo previstas por la Ley de Contrato de Trabajo (Nº 20.744), Ley de Personal de Casas Particulares (Nº 26.844), Ley de Trabajo Agrario (Nº 26.727), Estatuto Profesional del Periodista (Nº 12.908) y la de Empleados Viajantes Privados (Nº 14.546).
Según la iniciativa, el Fondo será de carácter solidario y estará compuesto por un aporte mensual que hará la parte empleadora por cada trabajador/a, que no podrá exceder del 12% de la remuneración mensual bruta durante el primer año, y del 8% para los años subsiguientes. Crea además la Libreta Digital de Aportes, la cual será un instrumento de carácter obligatorio para ambas partes. Y que practicada la liquidación, el Fondo deberá transferir el monto correspondiente a la cuenta bancaria del trabajador o la trabajadora, dentro de los cinco (5) días hábiles luego de ser aceptada por él o ella. Entre otras cuestiones, el proyecto también dispone que lxs trabajadores puedan optar por percibir los montos en un pago único o de manera parcial y periódica, disponiendo que el saldo pendiente sea capitalizado y re-invertido.
La Corriente Federal de la CGT y la CTA de lxs Trabajadorxs, que encabeza Hugo Yasky, repudiaron el intento de eliminación de la figura legal de la indemnización por despido prevista en la Ley de Contrato de Trabajo. “Como en toda la historia de las relaciones laborales, estos grupos ocultan bajo la engañosa consigna de ‘modernización’ la verdadera intención de flexibilizar al máximo las condiciones laborales y salariales de las y los trabajadores, y debilitar su poder de negociación en defensa de sus intereses”, expresó en un comunicado la Asociación del Personal Aeronáutico (APA – CTA-T). En tanto que la CFT – CGT señaló que “la entrega de la economía al festín de las corporaciones, la fuga de más de 80 mil millones de dólares, la deuda externa que enriqueció a los poderosos, y la destrucción de las fuentes de trabajo no fueron el producto de ‘la indemnización’, derecho irrenunciable de lxs trabajadorxs”.
Revista PPV dialogó con el abogado laboralista León Piasek quien consideró que el proyecto de ley de Lousteau, como los otros y las declaraciones de lxs referentes de la oposición, “no genera empleo ni inversiones, viola derechos constitucionales y no beneficia a ninguna de las dos partes de un contrato de trabajo”.
“Es una intención de eliminar un derecho fundamental de lxs trabajadores, como es el derecho a la protección contra el despido sin causa, el despido arbitrario. Es un derecho constitucional, que está legislado en la Ley de Contrato de Trabajo desde hace unos años. Pero además de eso, los argumentos son falsos. Está comprobado empíricamente, en nuestro país y en el mundo, que jamás la supresión de derechos laborales ha generado empleo ni inversión, ni nuevos negocios. Es decir, en Argentina, hace poco, en los diez años de los gobiernos kirchneristas, con las mismas normas laborales que ellos dicen que son rígidas, que dicen que tienen un costo alto, se generaron entre cinco y seis millones de nuevos empleos. La creación de empleos, todos saben que depende de la política económica, de la política pública, de la reactivación, de los incentivos, de los créditos blandos, del apoyo a la industria, de los servicios, etc. Así que por ningún lado cierra y además es extender un régimen que se aplica para los obreros de la construcción que es otro sistema, que a mí tampoco me gusta, porque es un sistema muy precario, muy flexible, pero tiene algún sentido porque son contratos eventuales, a plazo fijo. Los trabajadores de la construcción van rotando, se genera un fondo que se anota en una libreta y al final de cada uno de los contratos se recibe un pago que es mínimo, de terminación del contrato, una especie de compensación o retiro. Y eso quieren extenderlo a toda la actividad y con argumentos como estos que dicen que hay una necesidad de rotación, invocando la libertad del trabajador, que puede ir y salir. Es decir, eso también va en contra de las empresas. Vamos a suponer una pyme de 50 trabajadorxs, que cobre cada unx un promedio de 50 mil pesos, por mes se le descontaría a cada pyme, de sus fondos que en general son escasos, 450 mil pesos y en el año casi 5 millones de pesos para un fondo que debe administrar el Estado, con las dificultades que a veces tiene el Estado de administrar fondos de terceros y fondos propios, que no tiene ningún sentido. Cualquier empresario pyme va a decir que es un disparate. Ellos pueden disponer de ese dinero para invertir en su negocio, comprar máquinas, ampliar la industria, o invertir en nuevos trabajadores o nuevos servicios. Es decir, no cierra por ningún lado. Ni beneficia a los trabajadores, como dicen falsamente y tampoco a los empresarios que yo creo que la mayoría no está de acuerdo. Tiene una intención de un discurso más posicionado hacia el electorado de la oposición, de la derecha, de quienes pueden sostener un tipo de discurso así que se repite cíclicamente. Y nosotros siempre contestamos lo mismo, porque dicen que quieren eliminar los juicios. Los juicios no se van a eliminar en la medida que haya incumplimiento de los empleadores, que haya un 40% de los trabajadores no registrados, que eso es un germen de la mayor cantidad de juicios porque los trabajadores son despedidos, no les pagan los salarios, no les pagan las indemnizaciones por accidente y enfermedades laborales y tienen todo el derecho a reclamar. Hay mucho menos juicios de los que debería haber porque ningún trabajador quiere pasar por el trance de un juicio eterno o doloroso, donde tiene que revictimizarse en una situación que han pasado mal en una empresa. Entonces, por ningún lado cierra. No genera empleo, no genera inversiones, viola derechos constitucionales y no beneficia a ninguna de las dos partes de un contrato de trabajo”, detalló.
Este proyecto está inspirado en el régimen legal de trabajo de la industria de la construcción. Decís que en la construcción es muy precarizado el trabajo.
Es muy precarizado porque la patronal el primer año aporta el 12%, como quiere Lousteau, y los años subsiguientes el 8%. Es prácticamente igual lo único que en la construcción al trabajador le descuentan un porcentaje, colabora con su retiro, en este tuvieron ese cuidado de no ponerlo. Pero avanza un poco más el de Lousteau, claramente incluye, además de los trabajadores que están comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo que tienen el sistema tarifado de indemnización, un mes por cada año y por preaviso, incluye a los trabajadores que están comprendidos en estatutos especiales, que son leyes. Como los periodistas, que están comprendidos en el estatuto del periodista y tienen una indemnización superior a la LCT, también la elimina. Como el estatuto del viajante de comercio, el estatuto de encargados de propiedad horizontal. Ahí lo que hizo fue decir ‘bueno, todos los trabajadores van a cobrar este retiro’. Un retiro que además ni siquiera prevé cómo se va a actualizar, no dice cuál es el salario que se va a cobrar. En una época, hace como 20 años, había un fondo de cobro de accidentes y enfermedades laborales, en el caso de que las empresas quebraran, por ejemplo. Me tocó un par de veces ir a cobrar ese fondo. No entendió nada Lousteau, o los asesores. Hizo una especie de mixtura de lo peor. Ese fondo debía pagar los accidentes y enfermedades laborales supuestamente en forma inmediata. Ahí Lousteau dice en 5 días. Nadie cobra en 5 días, es como si legislara para Suecia. Era un proceso kafkiano, tenés que hacer todo un juicio contra el empleador, demostrar que estaba insolvente, que no tenía dinero, es decir, que estaba quebrado y después recién, con todo el traqueteo infernal ir a ese fondo. Era insoportable. Yo tenía un caso que eran menores las hijas de un trabajador, cuando terminamos el reclamo ya todas eran mayores, ya estaban en la Universidad, y les seguían pidiendo por error la participación del asesor de menores. Yo tenía que demostrar con partidas de nacimiento que se habían presentado. Todo eso es un sistema cuyos fundamentos son falaces y probados en nuestra historia reciente.
Llama la atención que Larreta lo haya mencionado previo a las PASO y que el proyecto de Lousteau también se haya presentado previo a esa instancia electoral. ¿Considerás que la intención es consolidar un núcleo duro?
Sorprendió que fuera antes de las PASO, que Larreta mencionara un tema sobre el que no se había expedido. Me pareció que era un discurso hacia ese grupo, ese núcleo duro que a lo mejor votó a Milei u otra expresión más a la derecha que Juntos, pero ahora lo siguen repitiendo, porque lo repite Lousteau, Tetaz, ahora Luis Juez. Se ve que han hecho algún focus group que les da el resultado que ese tipo de discurso electoralmente ha penetrado en la gente. Es medio increíble que los propios trabajadores, inclusive hasta quienes no tienen trabajo, porque el discurso también es ‘bueno, a los que no tienen trabajo nos les importa la indemnización’. Pero yo creo que en general hay una conciencia de clase en la mayoría de lxs trabajadores, quienes tienen trabajo y quienes lo han perdido, de gozar de ese derecho a la estabilidad, a tener la posibilidad de pensar un proyecto de vida. Si en cualquier momento te pueden despedir porque la indemnización es barata o es mínima y además lo vas a cobrar en cómodas cuotas, por qué van a disponer de un dinero que le correspondió siempre al trabajador a la salida de un despido. No me parece que sea un proyecto viable y que ni siquiera creo que los empleadores lo vayan a apoyar. Inclusive no han salido con eso. Bueno, (Daniel) Funes de Rioja de la UIA por ahí dice que hay que eliminar todos los capítulos del derecho laboral. Pero bueno, es un extremismo con el que siempre hemos convivido.
¿Creés que puede prosperar este tipo de proyectos en el Congreso?
Si logran ellos tener mayoría, es posible. Van a tener una oposición muy grande de, en este caso, un movimiento obrero hoy medio aletargado, dividido, pero no sólo dividido en las centrales, dividido en no poder articular una acción común. Porque muchas veces hemos tenido en nuestro país distintas centrales, distintas CGT, pero me parece que aparte de eso hoy veo muy difícil que logren, no digo un plan de gobierno, sino puntos de coincidencia entre los distintos actores sindicales oponiéndose a cualquier tipo de proyectos de esta naturaleza. La CGT tampoco se pronunció claramente o rápidamente en contra de esto.
En los fundamentos, el proyecto de ley de Lousteau hace mención a leyes laborales de Uruguay y Chile donde las indemnizaciones tienen un tope de hasta 6 y 11 meses respectivamente, aunque el/la trabajador/a tuviera, por ejemplo, 25 años de antigüedad. En Argentina corresponde un sueldo por cada año de antigüedad.
Claro, hay una indemnización que se llama por antigüedad en el servicio, que es un mes de sueldo por cada año de antigüedad. A una persona que trabajó 25 años le corresponden 25 sueldos actualizados al momento del despido. De lo que cobra el último mes, si cobra distintos valores se hace un promedio para que no pierda, y también en Argentina está vigente lo que se llama la legislación sustitutiva del preaviso que son un mes o dos meses de acuerdo a la antigüedad. En general, la legislación laboral en la región siempre fue de menor protección para los trabajadores. En Chile los sindicatos prácticamente no tienen fuerza salvo en el sector minero o en algunas otras actividades. En Uruguay, si bien la actividad sindical es de naturaleza similar a la nuestra, los sindicatos son más chicos, no tan poderosos, y la legislación no tiene el nivel de protección que la nuestra. Recortan la cantidad de años. No son ejemplos para dar. Hay países que ellos consideran serios donde la estabilidad es un valor, donde no se puede despedir sin causa, donde hay que justificar un procedimiento especial para los despidos colectivos. Es decir, toman recortadamente algunos ejemplos. Inclusive hay un informe de la OIT, donde se estudió alrededor de 65 países, y se analizó si hubo una disminución en los niveles de protección general de empleo y la respuesta fue contundente de negativa. En la época menemista, que se nombra poco últimamente, fue un festival de leyes precarizadoras, flexibilizadoras, a través de un acuerdo marco que se hizo entre la UIA, CGT y el gobierno, se generaron las AFJP, la Ley de Riesgos del Trabajo, que fueron leyes con menores grados de protección, la desocupación subió el 50% y eso lo saben. Economistas, analistas saben que la legislación laboral y la creación de empleo van por carriles paralelos, separados. Pero siguen repitiendo. Son mitos que no se pueden destruir fácilmente.
Si la preocupación, como alegan, es la de generar trabajo, ¿Considerás que otras iniciativas, como la que tuvimos de reducción de cargas patronales, son más beneficiosas?
La reducción de cargas patronales per sé se ha demostrado que tampoco genera empleo. Hay rebajas patronales que vienen de la época de cuando (Domingo Felipe) Cavallo era ministro y hasta hoy continúan. Solamente la reducción de cargas patronales tampoco genera empleo. Genera empleo que haya una reactivación del consumo, políticas de obra pública, de asistencia como hubo en la pandemia. Ahora, en pandemia, están contradiciendo una protección especial contra el despido arbitrario que es la prohibición de despido. Hoy estamos en un régimen vigente de prohibición del despido en virtud de la Ley de Emergencia, con doble indemnización en el caso en que se produzca igual el despido. Pasamos de una protección especial para que los trabajadores y trabajadoras no pierdan su empleo a la eliminación absoluta. Y eso también incide, que muchos no lo dicen, en la generación de otros derechos como el de participar en una organización sindical. Qué trabajador que sabe que lo van a despedir de un día para el otro, sin pagarle casi nada, va a participar en un sindicato, o a organizarse, o a elegir delegado, o a ejercer el derecho de huelga. De un plumazo quieren eliminar el derecho de indemnización y también atacar los derechos que llaman de libertad sindical, libertad de asociarse, de participar en acciones sindicales, que me parece van por los dos lados. Por eso, iba a decir que es sorpresivo, aunque no es tan sorpresivo, que la CGT no se haya pronunciado tan firmemente contra un proyecto como este. Sí lo hizo la CTA y la Corriente Federal de Trabajadores, con Moyano, Palazzo, etc.