Por el golpe contra Evo Morales
JEANINE ÁÑEZ CONDENADA A DIEZ AÑOS DE PRISIÓN
Por PPV
La ex presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, fue condenada a diez años de cárcel por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes en el marco de la causa denominada «caso golpe de Estado II», la cual investigó su rol al asumir la jefatura del Estado en noviembre de 2019 tras el golpe de Estado a Evo Morales.
La condena, que deberá cumplirla en la cárcel de Miraflores y fue el final de un extenso proceso, con numerosas interrupciones -algunas técnicas y otras relacionadas con la salud de Áñez-, y constituye la primera resolución de relevancia sobre el golpe de Estado que se propició contra el entonces presidente Morales.
Antes de escuchar la decisión de la Justicia, en sus últimas palabras, Áñez dijo que fue sometida a un «simulacro de juicio», remarcó que actuaría «de la misma manera» si se repitieran las circunstancias por las que asumió la presidencia y denunció que al Tribunal «el poder político le exigía un juicio exprés para tener una sentencia exprés».
Además de Áñez, seis exjefes militares y policiales fueron procesados por haber tomado decisiones contrarias a la Constitución y cumplirán sus condenas en la cárcel de San Pedro.
El excomandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman y el excomandante general de la Policía, Vladimir Calderón, fueron condenados a 10 años de prisión.
También fueron sentenciados los excomandantes de las Fuerzas Armadas Jorge Fernández Toranzo y Sergio Orellana Centellas (4 años); el excomandante del Ejército, Pastor Mendieta: (3 años) y el exjefe del Estado Mayor, Flavio Gustavo Arce (2 años).
Para el Gobierno de Bolivia este juicio sienta «un precedente histórico para que no se vuelva a repetir un golpe de Estado».
En La Paz, Cochabamba y Sucre se habían instalado vigilias de víctimas de la dictadura y seguidores del oficialismo, a la espera de la sentencia.
Por su parte, el ex presidente Evo Morales consideró que los 10 años de cárcel a los que fue condenada la golpista Jeanine Áñez y sus «cómplices» es una pena «benigna en relación al daño que causaron a la democracia».
«Pese a las mentiras, chicanas e incluso actuaciones para decir que estaba enferma o a punto de morir, la justicia sentenció que Áñez y sus cómplices asaltaron el poder con un golpe de Estado», escribió Morales en su cuenta de twitter.
Áñez tuvo su defensa por parte de Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), en la que 23 exjefes de Estado y de Gobierno defendieron a Áñez y juzgaron que «preservar el hilo constitucional y las reglas de sucesión en medio de toda crisis política, como lo muestra la experiencia en América Latina, es el antídoto contra las aventuras militaristas y sus golpes de Estado».
El documento está firmado, entre otros, por Mauricio Macri -quien está siendo investigado por el contrabando ilegal de armas a Bolivia-, el chileno Sebastián Piñera, el costarricense Óscar Arias, el español José María Aznar, los mexicanos Vicente Fox y Felipe Calderón y los expresidentes bolivianos, Carlos Mesa y Jorge «Tuto» Quiroga.
Respecto del apoyo de Macri al golpe contra Evo Morales, hace unos días se encontraron 40 mil municiones, de un total de 70 mil, que formaron parte del envío que se realizó bajo el gobierno de Macri en 2019.
En el expediente que investiga el envío ilegal de armas se encuentran imputados el expresidente Macri; sus ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Oscar Aguad; el entonces embajador en Bolivia, Normando Álvarez García; el exdirector general de la Gendarmería Gerardo José Otero; y los entonces directores de Logística y Operaciones de esa fuerza, Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde, respectivamente.
El fiscal del fuero Penal Económico Claudio Navas Rial imputó también a los exfuncionarios de la administración Cambiemos Marcos Peña (jefe de Gabinete), Jorge Faurie (canciller) y Fulvio Pompeo (secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación).
Finalmente, Áñez tiene pendientes otros dos juicios, uno el «caso Golpe de Estado I», por sus actos como presidenta y otros por las muertes ocurridas durante las llamadas masacres de Sacaba y Senkata, en las que se reprimió a protestas callejeras.