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Espionaje ilegal macrista. CONGRESO CONCLUYE QUE HUBO UN ESTADO PARALELO, CLANDESTINO Y SECRETO

Espionaje ilegal macrista

CONGRESO CONCLUYE QUE HUBO UN «ESTADO PARALELO, CLANDESTINO Y SECRETO»

Por PPV

La Comisión Bicameral de Fiscalización y Seguimiento de los organismos de Inteligencia denunció ayer que en el Gobierno de Mauricio Macri se monto un «Estado paralelo, clandestino y secreto» de espionaje ilegal y pidió crear una comisión para investigar a los jueces, fiscales y miembros de la Corte que pudieron haberse apartado del Estado de Derecho.

El informe fue presentado en una conferencia de prensa en la Cámara baja, encabezada por el presidente de la comisión, el diputado Leopoldo Moreau; el senador Oscar Parrilli y los diputados Eduardo Valdés y Blanca Osuna.

Moreau denunció que en el Gobierno de Macri hubo un «Estado paralelo, clandestino y secreto que realizó tareas de espionaje sobre 308 personas», 43 intervenciones de servicios de inteligencia en causas penales en tan sólo los primeros 12 meses de gestión.


Se señala la existencia de «Bases AMBA», que funcionaron formalmente desde abril a diciembre del año 2017 bajo la dependencia de la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires, y que el “proyecto” contó con aproximadamente 70 personas, que fueron reclutadas para participar formalmente en las Bases, incorporándose luego 20 agentes más, que pertenecían a las Delegaciones de las ciudades de La Plata, Bahía Blanca y Mar del Plata.

«La conclusión acerca de esta investigación es contundente: efectivamente, en el periodo 2015-2019, no solo se llevaron a cabo tareas de espionaje sino que estamos en presencia de un plan sistemático de inteligencia ilegal cuyo objetivo era la extorsión y la persecución política», indicó Moreau.

El informe considera que el «objetivo de la extorsión política y económica era claro: quebrar emocional, económica y políticamente a las víctimas seleccionadas. Se trataba de armar denuncias, difundirlas en los medios de comunicación y repetirlas hasta el hartazgo, creando así un clima de odio, rencor y revancha que justificara la intervención judicial sin que importaran las pruebas y mucho menos el debido proceso y las demás las garantías constitucionales».


«Los nombres de las operaciones aquí detalladas contra opositores políticos, sindicales y empresarios no alineados con el gobierno de Macri, muestran la amplitud del espectro alcanzado por el ataque», añadió.

También se señala que fueron victimas de ese plan el Instituto Patria; el submarino ARA San Juan; el Servicio Penitenciario; Pablo Barreiro; Fariña-Etchegaray; Juez Carzoglio; BrusaDovat-PDVSA; Atentado contra José Luis Vila; Pedro Etchebest; Dirigentes políticos del Norte Argentino; Gas Natural Licuado – GNL, y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En el informe se afirma que «en el curso de esta investigación han surgido elementos que vinculan de modo sistemático y orgánico a sectores del Poder Judicial por lo que se recomienda a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados del Congreso Nacional la creación de una Comisión Bicameral».

Se pide que esa comisión «de modo específico examine los vínculos y conductas que un puñado de jueces, fiscales, camaristas y miembros de la Corte desviaron de las normas constitucionales afectando el Estado de Derecho en sus aspectos más esenciales como lo son la vida pública y privada de los ciudadanos, el principio de inocencia, el debido proceso y la defensa en juicio».

Por otra parte, Oscar Parrilli, senador del Frente de Todos, señaló que el espionaje que se realizó bajo el gobierno de Mauricio Macri formó parte de «un plan económico de empobrecimiento de la gente».

«Esto no fue hecho porque nacieron malos. Lo hicieron para llevar adelante un plan económico de empobrecimiento de la gente, de despidos, de aumentos de tarifas y de endeudamiento», aseguró.

En tanto que la oposición, que formó parte del gobierno de Macri, firmó un despacho de minoría avalado por el diputado del PRO, Cristian Ritondo, su par Sebastián García de Luca; el radical, José Cano y la senadora de la UCR, Pamela Verasay, consideraron inválido el accionar de la Bicameral por «temor a imparcialidad» y por violar secretos de terceros y el secreto de las actuaciones judiciales.

CONFERENCIA DE PRENSA COMPLETA

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