EL VUELTO
Por Hernán Letcher y Julia Strada
El objetivo de Cambiemos ha sido, desde antes de asumir el gobierno, modificar la distribución del ingreso hasta relegar a los trabajadores a una participación del 30%. En suma, retroceder a un esquema distributivo 70-30. La alteración de los precios relativos (donde jugó un papel central la mega-devaluación y se manifiesta como otra variable la contención salarial, aunque dificultada en oportunidades -como la paritaria docente- por la resistencia sindical) junto con las transferencias fiscales y cuasi-fiscales fueron los mecanismos aplicados para concretar este objetivo.
¿Qué significan en este marco las medidas recientemente anunciadas?
La herencia recibida
Aunque el macrismo insista con los indicadores económicos que dice haber heredado, lo cierto es que el principal obstáculo para la concreción de un esquema distributivo 70-30 se conforma por la verdadera pesada herencia: una amplia institucionalidad de política laboral y social y por una consciencia activa –y reactivada en la escena política con CFK- en torno al rol del Estado como garante de derechos sociales.
Aunque forzado por las circunstancias vinculadas al creciente deterioro económico y a la aceleración de los tiempos políticos, el anuncio de las medidas constituye el implícito reconocimiento de que en Argentina es difícil de remover un esquema redistributivo que canaliza recursos tributarios a través de gasto fiscal. En efecto, el apresurado desmantelamiento de la protección social no pudo desarticular –aún, al menos- la institucionalidad heredada y expresada en leyes como la actualización bianual de las Asignaciones Familiares, de la Asignación por Hijo y las jubilaciones, e incluso la convocatoria al Consejo del Salario para el aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil –SMVM-. Todavía más, el macrismo necesita mostrar una preocupación social para mejorar su imagen frente a la sociedad.
En este contexto y en términos netos, los recientes anuncios implican medidas positivas, pero insuficientes en relación a la evolución negativa del poder adquisitivo y en contraste con transferencias realizadas a otros sectores.
La caja del Estado como arena de disputa
El sábado 16 de abril Macri realizó anuncios entre los que mencionó la ampliación de la AUH a hijos de monotributistas, trabajadores temporales y perceptores de otros programas, un pago de 500 pesos por única vez en mayo a quienes perciben AUH, jubilación y pensión mínima, el incremento de los montos por los programas Argentina Trabaja y Ellas Hacen y, el anuncio de más resonancia, la devolución de IVA en alimentos de la canasta básica a todos los beneficiarios de AUH y jubilados. Vale la pena algunas consideraciones:
Canasta básica con devolución de IVA. La resolución 8/2015, que vence el 30 de abril, establecía la devolución sobre el 5 % del IVA sobre compras realizadas con tarjetas de débito para transacciones de hasta 1.000 pesos. La inexistencia de anuncios sobre su nueva prórroga permite presumir que, en términos fiscales, se reemplazaría un costo por otro. Lo cierto es que la medida aún vigente, está orientada a un sector social cuyo consumo suele realizarse a través de medios de pago como la tarjeta de débito, mientras que, en contraste, el sector beneficiado con la reciente medida suele realizar sus compras en efectivo. En este sentido, una transferencia directa al sector beneficiario hubiese cumplido el objetivo pretendidamente buscado.
Adicionalmente, como el éxito de la medida depende de modificar el hábito de compra de este sector, canalizando compras a comercios que funcionen con posnet (en general supermercados), si la política es exitosa se afectaría significativamente las ventas en los comercios de barrio.
Más beneficiarios de la AUH. Cambiando los números de un mes a otro, desde el gobierno de Macri hubo distintas estimaciones arrojadas por sus funcionarios en torno a la cantidad de beneficiarios que se incorporarían al programa.
En primer lugar, Carolina Stanley sostuvo que la extensión de la AUH beneficiaría a unos 400.000 hijos de aproximadamente unos 250.000 monotributistas. Si ese número se multiplica por el valor máximo de la AUH mensual (966 pesos), ello representaría 4.600 millones de pesos (1). Sin embargo, en los posteriores anuncios del Ministro de Hacienda Prat Gay mencionó un número de $ 2.750 millones de pesos de costo fiscal por la incorporación a ese plan de 250 mil hijos de monotributistas (2). Finalmente, en una entrevista para el diario Clarín del 17 de abril, Prat Gay sostiene que los hijos de los monotributistas son 500.000, y agrega como beneficiarios a los hijos de los “trabajadores temporales” (que suman 200.000) y otros 100.000 beneficiarios cuyos padres ya perciben otros planes que previamente presentaban incompatibilidad con la AUH. Ello alcanzaría un total de 800.000 beneficiarios, lo cual se traduciría en 9.200 millones de pesos si se asume que todos perciben el monto máximo de la Asignación (966 pesos). Vale señalar que tomar el monto máximo del programa implica sobreestimar el cálculo. Por otro lado, para los trabajadores eventuales la extensión del cobro al año completo a través de la Asignación Familiar –AAFF- tiene un escaso impacto debido a que actualmente la percepción del beneficio se realiza a través de la asignación familiar (en los meses que trabaja formalmente) o AUH (el resto de los meses).
Pago único de 500 pesos. Considerando un universo 8.400.000 jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH que percibirían por única vez 500 pesos, ello se traduciría en un costo fiscal 4.200 millones de pesos. Vale también aquí una aclaración: el tope del mínimo es por la suma de prestaciones del jubilado. Es decir, si tiene jubilación mínima pero cobra otra prestación no recibe el pago de $500.
Aumentos en el Argentina Trabaja y Ellas Hacen. El Programa Argentina Trabaja tampoco tiene –de acuerdo a las últimas declaraciones- una cantidad precisa de beneficiarios. Se pueden estimar que se ubican entre 120.000 y 200.000. El aumento del beneficio en un 20% significaría un costo adicional entre 749 y 1248 millones de pesos.
1 http://www.lacapital.com.ar/politica/El-gobierno-ampliaria-la-Asignacion-Universal-a-400-mil-hijos-de-monotributistas-20151222-0052.html
2 http://www.perfil.com/mobile/?nota=/contenidos/2016/01/02/noticia_0027.html
Sin embargo, estas medidas de eliminación de subsidios que significaron un ahorro fiscal de 120 mil millones de pesos anuales. La implementación de la quita de subsidios a la generación y distribución de electricidad implicó una significativa reducción del déficit fiscal, pero sostenida por los consumidores (industrias, comercios y familias). Ese “ahorro”, según Aranguren, es de 4.000 millones de dólares o, en pesos, cercano a los 58.400 millones de pesos3. Asimismo, se estima que el ahorro fiscal con los aumentos del gas también equivaldría a 58.400 millones de pesos (4.000 millones de dólares anuales4) mientras que en el caso del agua el costo se estima en 4.000 millones de pesos anuales5.
Poniendo en contexto
Además de la necesaria comparación del costo fiscal de las medidas sociales anunciadas con el efectivo ahorro fiscal que significaron la eliminación de subsidios al gas, luz y agua (cuyo encarecimiento consiguiente recayó en significativamente en los más humildes), es preciso contrastar estas erogaciones con el costo fiscal en que se incurrió a partir de transferencias a los sectores económicos concentrados.
Retenciones agrícolas: el costo fiscal anual de la reducción de retenciones a la soja y de la eliminación en maíz, trigo, girasol y biodiesel se estima en 26.077.282 millones de pesos.
Quita de impuestos a la compra de autos de alta gama: en base a las fuentes de iProfesional.com el patentamiento de vehículos de Alta Gama en el año 2014 fue de 42 mil unidades (considerando un año de ventas bajas). Si se toma una proporción de 81% Autos de Alta Gama y 19% Premium (según las proporciones de cada segmento obtenidas de la misma fuente), el costo fiscal de la medida asciende a 4.652.182 millones de pesos al año.
Arreglo con los fondos buitres: el costo fiscal podría ascender a más de 18 mil millones de pesos, considerando un endeudamiento por 15 mil millones de dólares a una tasa pactada de 8,5%, y a una conversión –arbitraria- a 14,6 pesos/dólar, arroja un pago anual de intereses 1.275.000 millones de dólares anuales.
Si se suman todas las medidas mencionadas dirigidas a los sectores populares, las transferencias se ubican en torno a los 20 mil millones de pesos, aunque considerando la quita de subsidios a las tarifas eléctricas el resultado es negativo en más de 100 mil millones de pesos. Por su parte, los sectores concentrados se llevan casi 50 mil millones de pesos. en este último punto, no se consideran las transferencias producto de la mega-devaluación, que podrían ascender a 150 mil millones de pesos. en igual sentido, podrían adicionarse los 200 mil millones de pesos de intereses por LEBACs que el BCRA debe afrontar en un año.
http://www.ambito.com/825665-la-nuevas-tarifas-permitiran-un-ahorro-fiscal-de-us-4-mil-millones
http://www.lanacion.com.ar/1884988-desde-hoy-sube-el-gas-300-en-promedio-en-todo-el-pais
http://www.infobae.com/2016/03/31/1801129-fuertes-subas-el-gas-y-el-agua-aumentan-un-300-abril
En definitiva, por cada peso anunciado como transferencia a los sectores vulnerables, previamente le habían quitado $6 (por subsidios a los servicios públicos) y le transfirieron $2,5 a los sectores concentrados de la economía. Si se consideran las transferencias por la devaluación, se entregaron $10 pesos a los sectores concentrados por cada peso anunciado a los sectores de menores ingresos.
Nuevamente, se trasluce no sólo que los beneficios resultan magros respecto a la literal apropiación de la caja del estado por parte de los grandes grupos empresarios, sino que además las brutales decisiones del gobierno de Macri en pos del ajuste fiscal (como lo fueron las medidas que finalizaron con el programa Conectar Igualdad, discontinuaron la moratoria previsional o produjeron más de 140 mil despidos), tuvieron que alternarse con una dosis de “gradualidad”: una parcial ampliación de AUH, un insuficiente pago por única vez a jubilados, y un proyecto de devolución de IVA en alimentos, en tratamiento en el congreso.
CEPA: CENTRO DE ECONOMÍA POLÍTICA ARGENTINA
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