EL VACIAMIENTO DEL CALL CENTER DE LA SRT

 

 

 

Esta consulta es una entre tantas que reciben a diario las  y los operadores del Call Center de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, con sede en el barrio de Retiro.

 

La SRT atiende a todos los trabajadores y trabajadoras del país que han sufrido un accidente de trabajo o una enfermedad producida por la exposición a los factores de riesgo presentes en su lugar de trabajo, toma incumplimientos del empleador en higiene y seguridad, todo tipo de reclamos por incumplimientos en el otorgamiento de las prestaciones en la atención médica y dinerarias, asesoramiento sobre trámites, consultas de los abogados que llevan adelante el expediente del damnificadx, entre muchas otras.

 

 

Antes de la gestión Cambiemos, el Call Center contaba con 120 operadoras y operadores telefónicos contratados y formados en todos los aspectos de la Ley, que atendían  42.000 llamadas mensuales con un abandono promedio del 1%. Al día de hoy, luego de los despidos masivos, solo quedan 27 operadorxs, de los cuales 20 son monotributistas. El abandono de llamadas asciende al 70%.

 

 

Las soluciones que podían darle los operadorxs  a los  trabajadorxs damnificadxs  también se diluyeron en la modificación de la Ley de Riesgos del Trabajo, lo que sumado al poco personal dedicado a la atención telefónica, dio como resultado trabajadorxs de todo el país con esperas de más de media hora, gastando el saldo de su celular, con poca o nula resolución de sus casos: expedientes que no avanzan, prestaciones negadas, remises que no aparecen o son negados, altas con derivaciones a la obra social, rechazos de  enfermedades y accidentes de forma sistemática, etc.

 

 

Estos cambios se dieron para beneficiar exclusivamente el negocio financiero de las ART, en detrimento de los derechos de lxs trabajadorxs, quienes deberían ser los beneficiarios del sistema.

 

Un claro ejemplo de esto es el DNU 669/2019, que recortaba los montos indemnizatorios para incapacidades y fallecimientos, publicado en Boletín Oficial a días de que José Bulacio, un obrero de la construcción muriera en su puesto de trabajo al desplomarse un andamio en el aeropuerto de Ezeiza.

Apenas salido a la cancha el DNU, el juez Fernando Vilarulo (tomando argumentos del fiscal De Vedia) hizo lugar a una medida cautelar solicita por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y suspendió la aplicación del decreto 669.

 

La Superintendencia, en estos cuatro años de macrismo, duplicó la cantidad de comisiones médicas en todo el país, por lo que todxs lxs trabajadorxs sufrieron una sobrecarga de tareas, sin que se haya incrementado la planta de personal, lo que derivó en un deterioro de las condiciones de trabajo en todos las áreas, no solo en el call center. Esto se explica por la implementación de la ley 27.348 que en su artículo 1 dice  — Dispónese que la actuación de las comisiones médicas jurisdiccionales creadas por el artículo 51 de la ley 24.241 y sus modificatorias, constituirá la instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención, para que el trabajador afectado, contando con el debido patrocinio letrado, solicite la determinación del carácter profesional de su enfermedad o contingencia, la determinación de su incapacidad y las correspondientes prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo-.

 

Esto quiere decir que, a partir de la implementación de esta ley, lxs trabajadorxs damnificadxs no pueden recurrir a la Justicia. Todo fue pérdida de derechos para la clase obrera.

 

 

En este descalabro en el sistema, impuesto a favor de las ganancias de las ART, las y los trabajadores del organismo en general y del 0800, en particular, apenas asumió el gobierno nacional sufrieron las consecuencias del ajuste: despidos, empeoramiento de las condiciones laborales, paritarias a la baja.

En este sentido, la organización de lxs trabajadorxs sindicalizadxs en ATE Capital fue fundamental en la resistencia a las polítiticas implementadas por Gustavo Morón y el gerente de Comunicación y Relaciones Institucionales Fernando Perez, responsable del área a la que pertenece el servicio de atención telefónica.

La Junta Interna de ATE Verde y Blanca en el organismo puso un freno a los despidos y se organizó para resistir los embates del ajuste.

 

 

“La correlación de fuerzas hizo que se haga imposible hacer de la SRT, el ente que vela por la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, el que le da la contención y la solución a lxs  trabajadorxs de todo el país que están en una situación de vulnerabilidad en su salud laboral”, nos comenta una delegada de ATE del sector.

 

Además dijo: «En ese sentido, declaramos la Emergencia en la SRT, atentxs a la enorme cantidad de problemáticas que suscitaron las medidas en contra de la salud de lxs trabajadorxs, tanto la de lxs damnificadxs como la de quienes cumplen labor en el organismo. La mayoría de las licencias que se toman nuestrxs compañerxs se solicitan por causas psiquiátricas o por gastroenteritis. Las condiciones de maltrato y de sobrecarga no se aguantan más. Desde hace años, solicitamos que contraten trabajadorxs  ya que con lxs que hay, no se llega a cubrir la demanda de las llamadas de todo el país. Desde ATE sacamos una campaña que se llamó ‘en la SRT faltan trabajadorxs’, donde explicábamos  tanto dentro del organismo como para afuera, las consecuencias de la falta de personal, pero nunca hubo una respuesta. Lo que sí hubo fueron aumentos de sueldo para los gerentes, los asesores  y sus amigos”.

 

En este momento, luego de las elecciones presidenciales, tanto lxs que trabajan en la SRT como quienes se desempeñan en el estado, les renace la esperanza de volver a ser lxs  garantes de derechos de la clase obrera.  Aunque esta gestión deja tierra arrasada, un Estado presente es posible.