Espionaje a familiares del ARA San Juan
AUDIENCIA EN CASACIÓN PARA ANALIZAR EL PROCESAMIENTO DE MACRI POR ESPIONAJE ILEGAL
Por PPV
Las querellas de familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan, en 2017, reclamaron que se revoque el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri en la causa que se sigue por el presunto espionaje ilegal del que fueron víctimas.
La audiencia previa tiene por fin confirmar, revocar o declara nulo el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri y los jueces del máximo tribunal penal federal del país que tienen que determinarlo son Angela Ledesma, Guillermo Yacobucci y Mariano Borinsky, a quien recusaron las querellas por sus encuentros con Macri en Olivos y en la Casa Rosada.
Por si fuera poco, cabe recordar que los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia determinaron que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) efectivamente hizo tareas de inteligencia, espionaje y seguimiento sobre los familiares, pero justificadas bajo el argumento de que ocurrieron porque estaba en riesgo la seguridad del entonces Presidente.
La abogada querellante, Valeria Carreras, señaló: «Bruglia, Bertuzzi y Llorens, dijeron que el espionaje había existido, pero que habían sido tareas de inteligencia justificadas en la peligrosidad de mis representadas, de las familias de los tripulantes del ARA San Juan, que generaban respecto de la seguridad del expresidente Mauricio Macri y respecto de la seguridad interior.
Es decir, todos nosotros estábamos en peligro por culpa, teóricamente, de tres señoras».
Además, manifestó que hay que «rever este sobreseimiento obsceno, para defender el honor de ellas, porque no solamente fueron espiadas, clasificadas su información, invadidas sus redes sociales -todo lo que digo está en el expediente y ha sido validado por esos jueces-.
Queremos que no queden estigmatizadas o rotuladas como terroristas, por ejemplo, porque las igualaron a esto».
Sobre los tres nombres, de las once personas, que fueron sobreseidos indicó: «Solamente puedo dar el nombre de tres porque los otros son agentes de inteligencia… todavía».
«Expresidente, Mauricio Macri; el director de la AFI, Gustavo Arribas, y la subdirectora de la AFI, Magdalani. El resto son agentes – y remarcó- querría hacer un ejercicio de abstraernos de los nombres propios para no caer en si esto es política o no es política. No, esto es un derecho que nos van a quitar a todos los argentinos con un precedente de esta naturaleza. Entonces contra lo que tenemos que ir es que esto no lo vuelvan a hacer ni aquel gobierno, si volvieran, o el que sea, el que esté de mal humor, como digo yo. No nos expongamos a un tirano que quiera utilizar este tipo de precedentes«.
Por su parte, Luis Tagliapietra, padre de un submarinista y abogado querellante, manifestó: «Es vergonzoso pensar que nosotros, como familiares de tripulantes de la ARA San Juan, podíamos representar riesgo alguno para la seguridad del entonces presidente Macri, que es lo que quisieron imponer los camaristas Bruglia, Bertuzzi y Llorens en su fallo, porque claramente la prueba es tan contundente de las tareas de espionaje absolutamente ilegal que sufrimos que no pudieron inventar otra cosa».
«Nosotros veníamos denunciando estas actividades ilegales desde principios del año 2018, con intromisiones en nuestros correos electrónicos, en nuestros teléfonos, con infiltrados que se han hecho pasar por familiares y no lo eran», expresó Tagliapietra.
Y agregó: «Esto lo tienen que tener en cuenta, porque necesariamente algo tan grave como esto, inédito desde la época de la dictadura militar, tiene que resolverse en un juicio oral y público y establecer, no solamente por qué hicieron lo que hicieron, sino quiénes son los responsables».
También señaló que «ante el doctor Bava, el juez federal de Dolores, atestiguaron los responsables de la seguridad. El jefe de la Casa Militar, de la Policía Federal. Y describieron con lujo detalles cómo funciona la seguridad presidencial».
«Entonces vos, si pretendés decir que un espía que seguía a una esposa con su hijito a la Catedral de Mar del Plata, que la seguía físicamente, la fotografía. Mientras el entonces presidente Macri estaba acá en la Casa Rosado jugando al pádel en olivos. ¿Tiene algo que ver con la seguridad del presidente? Es no entender absolutamente nada. Es ridículo desde donde se lo mire», afirmó el abogado.
Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que actúa como amicus curiae (amigo del tribunal) en la causa, manifestó: «Nos presentamos en la causa como amicus, sobre todo por la experiencia que tiene el CELS en las discusiones sobre sistemas de inteligencia, habilitaciones de sistemas de inteligencia, habilitaciones legales para hacer inteligencia y también cómo esas habilitaciones muchas veces terminan en prácticas ilegales y afectando derechos muy importantes, como en este caso».
Litvachy señaló: «Los familiares que se juntaban a reclamar y a pedirle al presidente Macri que dé una respuesta.
¿Cuál es la gravedad de este tipo de situaciones con participación de inteligencia? Hay dos cuestiones muy graves. Una, la práctica en sí misma en relación con los familiares. Los familiares siguen pasando por un momento muy trágico de sus vidas. Le estaban reclamando al Estado una respuesta. Estaban ejerciendo sus derechos de reclamo y petición a las autoridades de protesta y el Estado decidió investigarlos, hacerles inteligencia para conocer sus datos personales y para conocer qué tipo de protestas iban a generar. De alguna manera, afectándolos, revictimizándolos aún más y también estigmatizándolos como si fueran ellos mismos peligrosos para la seguridad presidencial, dicen en su momento».
«Por el otro lado, es también muy grave la decisión de la Cámara Federal que revocó el procesamiento que hizo el juez en su momento de primera instancia, porque lo que está diciendo no sólo para el caso, sino más en general, es que estas prácticas son legales en Argentina y que los jueces no van a controlar el modo como los organismos de inteligencia se meten con los grupos sociales y con las personas que reclaman al Estado respuestas. Esas dos cosas son muy graves», indicó la titular del CELS.
Es necesario señalar que el fiscal Raúl Pleé y el abogado de Macri, Pablo Lanusse, estuvieron ausentes en la sala mientras se realizó la audiencia.
Sin embargo, Lanusse envió un escrito en el que no solo pidió que se confirmara el fallo de la Cámara sino que además dijo que Macri jamás ordenó espiar a las familias.
Por si fuera poco, y a horas de cumplirse un año del intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, cínicamente expresó: «Si se hiciera una interpretación correcta de la resolución del 15 de julio de 2022, veremos que muy posiblemente si la AFI hubiera actuado con esos correctos parámetros allí definidos, y se dejara de mirar con ideologías perimidas, el repudiable y grave intento de magnicidio en contra de la Sra. Vicepresidente, tal vez, podría haberse abortado con antelación».
Al final de la audiencia, se indicó que comunicarían la decisión en el tiempo legal oportuno. De acuerdo con la ley, ésta establece que son 20 días hábiles, por lo que la decisión podría conocerse a finales de septiembre o principios de octubre, es decir, en las vísperas de las elecciones generales.