ARGENTINA, BOLIVIA Y ECUADOR: DESESTABILIZACIÓN EN AMÉRICA LATINA
Por Miguela Varela
Hace algunas semanas, el ex presidente argentino Eduardo Duhalde dijo en un programa de televisión: “Es ridículo que piensen que el año que viene va a haber elecciones ¿Por qué va a haber elecciones?”, reflexión que explica diciendo que “entre 1930 y 1983 hubo 14 presidentes militares” y “quien ignore que el militarismo se está poniendo nuevamente de pie en América no conoce lo que está pasando. Sabemos que Brasil es un gobierno democrático cívico-militar, sabemos lo que es Venezuela, lo que es Bolivia, sabemos que en Chile quedan como factor de poder los carabineros, como antes, y el ejército”. Más allá de las especulaciones que podamos hacer sobre su carácter de operador político para instalar ciertas discusiones, luego de sus declaraciones, el repudio de toda la clase política fue generalizado. Sin embargo, a la luz de los hechos de esta última semana en algunos rincones de América Latina, puede que sus palabras tomen algún tipo de realidad.
Argentina
La imagen de Alberto Fernández se mantiene en alto niveles. Podemos arriesgar factores como la gestión de una triple crisis: la sanitaria, la de la negociación de la deuda externa y la económica. La gestión de estos tres escenarios está siendo exitosa. La sanitaria, más allá del aumento de casos, se contiene por la estricta cuarenta de los primeros tres meses que permitió poner a punto (lo mejor posible) un sistema de salud muy deteriorado. La negociación de la deuda fue de un éxito rotundo con un acatamiento del 98% por parte de los acreedores. Y la económica que, condicionada por un eventual default durante los primeros meses del gobierno, logra encaminarse con incentivos estatales como el IFE, el ATP, y otros esquemas de apoyo a la industria y al empleo.
Sin embargo, la contracara está montada por la triple oposición: la político institucional, la mediática y la judicial.
En primer lugar, el Parlamento (hoy sesionando de forma virtual) se convirtió en un escenario ridículo donde la oposición intenta mostrar cierta falta de republicanismo por parte del oficialismo y amenaza con impugnar la última sesión de la Cámara de Diputados en la justicia.
En segundo lugar, a esto se suman las declaraciones de opositores que llaman a la desobediencia civil para garantizar la República a través de marchas en pleno distanciamiento obligatorio.
En tercer lugar, el conflicto por la toma de tierras que ,según los medios de comunicación hegemónicos, está fogoneado por las organizaciones sociales. De esta manera se apela a las fracturas internas del gobierno y a los conflictos con las diversas alas que conforman la coalición gobernante.
En cuarto lugar, las protestas de las fuerzas de seguridad en la provincia de Buenos Aires que, bajo el argumento de una mejora salarial, se avocaron en la puerta de la residencia del gobernador Axel Kicillof en una clara provocación.
En quinto lugar, el poco serio operativo montado por el Servicio Peninteciario a la hora de trasladar al empresario Lázaro Baez a su prisión domiciliaria en un country, que fue impedido por un pequeño grupo de vecinos arrojando piedras sobre los móviles. Casualmente, todo sucedió durante el prime time de los noticieros y transmitido en vivo por los medios hegemónicos.
Son cinco elementos que se encadenan en pocas semanas pero que muestran como la derecha monta su mapa de desestabilización y encubre la tremenda situación sanitaria que se vive en la Ciudad de Buenos Aires, gobernada por el macrista Rodriguez Larreta, quien cuenta con un blindaje mediática pocas veces visto.
Bolivia
En un hecho inédito de la política, la fuerza política MAS-IPSP lanzó su candidatura de forma virtual a través de una convocatoria en las redes sociales. La fórmula está compuesta por dos ex ministros de Evo Morales: Luis Arce y David Choquehuanca. El binomio lidera las encuestas con un 26% de la intención de votos, seguido por Carlos Mesa con el 17% y en tercer lugar la actual presidenta del Gobierno de facto Jeanine Áñez con el 10%. Estos datos se extrajeron de la encuesta elaborada por la consultora Ciesmori. No obstante, la consultora Mercados y Muestras concluye que la imagen de Arce cayó en los últimos días y que tanto éste como Carlos Mesa comparten el 23% del apoyo.
En el marco de un golpe de estado encabezado por la derecha y las fuerzas militares, la izquierda competirá en elecciones del 18 de octubre. En ese contexto, este lunes, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz tomó una decisión con respecto a una demanda de amparo que presentó Morales, ante la inhabilitación de su candidatura a senador por la provincia de Cochabamba por parte del Tribunal Supremo Electoral. La Sala ratificó esta inabilitación, dejando a Morales fuera de la carrera. El principal argumento esgrimido es su no residencia en Bolivia, un requisito para ser candidato. Lo que ignora el TSE (o lo que pretende ignorar) es que la residencia del ex presidente, no sólo es temporal, sino que además fue forzada por un golpe de estado. Es decir, no es un traslado voluntario sino un exilio político.
Pero la embestida se completa con la presentación que realizó el Estado boliviano ante la Corte Penal Internacional contra Evo Morales por genocidio y otros delitos de lesa humanidad. El objetivo es que el ex presidente se presente ante estos tribunales internacionales y, en caso de no hacerlo, declararlo rebelde y prófugo de la ley. La causa se funda en la acusación hacia Morales por una supuesta instrucción hacia militantes del Movimiento Al Socialismo para realizar protestas e interrumpir el tráfico en el mes de agosto, lo que desembocó en una falta de provisión de alimentos y suministros médicos a diferentes ciudades, causando la muerte de cuarenta enfermos de coronavirus por falta oportuna de oxígeno. Además, esta misma denuncia pesa contra Juan Carlos Guarachi, miembro de la Central Obrera Boliviana, señalado como “cómplice” de la acción.
En el marco de un sistema sanitario que no da respuesta a su ciudadanía y ante el enorme declive económico, no es casual que el poder intente boicotear un posible triunfo de la izquierda.
Ecuador
El otro factor que diseña el panorama de desestabilización en la región es la proscripción de Rafael Correa a su candidatura a vice presidente para las elecciones de febrero de 2021. También el día lunes, la Corte Nacional de Justicia ratificó la condena a Correa a ocho años de cárcel contra el delito de cohecho, quien fue juzgado en ausencia debido a que reside en Bélgica. La causa lo vincula con las concesiones de Odebrecht en Ecuador y vincula a sus ex colaboradores por recibir sobornos de esta empresa. También resultó acusado Jorge Glas (ex vice presidente) por formar parte de esta supuesta estructura de reparto de sobornos.
Esta sentencia, según la Constitución, inhabilita de por vida el ejercicio de cargos públicos, en un nueva maniobra de Lawfare para detener los procesos políticos populares en América Latina. Sin embargo, Correa ya confirmó que acudirá a instancias internacionales para revisar la sentencia.
La fórmula que integra Correa lleva como candidato a Presidente a Andrés Arauz, en el marco de la coalición de izquierda: Unión por la Esperanza. Arauz compone un perfil académico de un joven de 36 años con vasta experiencia en la gestión del Estado. La competencia electoral se dará en el marco de una de las peores crisis sanitarias de la región, de un gobierno muy debilitado por la constante renuncia de funcionarios y con una población que viene sufriendo un tremendo ajuste neoliberal. Según el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) en una encuesta realizada en agosto sobre el panorama político y social de Ecuador, estableció que la gestión de Lenín Moreno registra una evaluación casi unánimemente negativa, con un 83,4% de desaprobación. Por ejemplo, en relación a la gestión de la crisis sanitaria, 7 de cada 10 (71,7%) ecuatorianos considera que el gobierno podría haber evitado muertes. Por último, la CELAG nos brinda un dato fundamental para comprender la inhabilitación de la candidatura de Correa: el correísmo se posiciona como la principal fuerza opositora del país recogiendo 31,4% de las preferencias.
Probablemente, la embestida contra la democracia latinoamericana y, específicamente, contra los movimientos populares continúen de diversas formas: con maniobras judiciales, institucionales, políticas o mediáticas. Lo que no saben es que podrán cortar todas las flores, pero no detendrán la primavera.