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PRECIOS CUIDADOS Y ¿EL DESPUÉS?

PRECIOS CUIDADOS Y ¿EL DESPUÉS?

 Por Ignacio Vila

El nombramiento del economista Roberto Feletti al frente de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación y el impulso de un programa de congelamientos de unos 1500 productos de consumo masivo han generado un fuerte impacto en términos mediáticos, así como en las discusiones cotidianas.

Los altos niveles de inflación, por un lado, y el aumento desproporcionado de muchos alimentos sin vinculación con los índices inflacionarios ni con las estructuras de costos reales, han obligado al gobierno nacional a intentar tomar medidas más firmes.

De todas maneras, lo que finalmente se discute es el precio que los y las consumidoras pagan por los productos que compran o quieren comprar. Es decir, si los empresarios aceptan el congelamiento de precios y si la inflación merma, no habría más problemas. La pregunta es, ¿no habría más problemas?

Lo que realmente exhibe esta situación es el profundo problema político que tenemos en Argentina en lo relacionado al sistema agroalimentario. Es decir, al modelo en que se produce en Argentina, se industrializa, se comercializa y se consume alimentos. El elevadísimo poder de decisión que tienen las corporaciones y grandes empresas de capital extranjero en cada uno de estos eslabones es la cuestión central; y esta situación de concentración no se va a solucionar atacando solamente el precio final de venta de los productos. Lo que refleja la situación de debilidad del Estado nacional -y de fortaleza de las corporaciones del sector- es la poca capacidad que se tiene para regular, imponer o acaso sugerir comportamientos que logren aminorar la difícil situación de las mayorías nacionales.

A esta altura ya sería extraño que alguien en nuestro país se sorprenda por esta situación. De la misma manera que nadie podría exhibir asombro si en los próximos días nuevamente sufriéramos el desabastecimiento de algunos productos de alto consumo.  Si es tan predecible la situación, ¿entonces qué pasa?

Concentración

Desde hace muchos años hemos estado leyendo estadísticas sectoriales que muestran que solamente una decena de empresas controla la industria alimenticia y la comercialización final, entre otros eslabones. Dos empresas controlan el 90% de tal o cual categoría de producto o 4 grupos económicos concentran un alto porcentaje de las ventas de alimentos en nuestro país.

En el mismo sentido, sabemos que esta situación de oligopolización genera permanente distorsiones en los precios, en la calidad de los productos e incluso varía el tipo de abastecimiento de acuerdo a los momentos particulares de cada mes. Es conocido, incluso, que las cadenas de supermercados ubicadas en sectores de menores ingresos aumentan sus precios en las fechas de pago de la Asignación Universal por Hijo. Nada nuevo bajo el sol. La pandemia no hizo más que volver a exhibir esta realidad. Nadie, absolutamente nadie, dentro de las filas del denominado campo Nacional y Popular desconoce esta situación.

Lo que no se termina -ni se comienza- por entender, es por qué no se llevan adelante políticas de mediano y largo plazo para modificar esta situación, siendo que es tan evidente la potencialidad productiva que tiene nuestro país.

Cientos de cooperativas y miles de Pymes y emprendedores nacionales podrían multiplicar muchas veces su volumen de producción actual. En el mismo sentido, han florecido en los últimos años decenas de organizaciones que han avanzado en la comercialización minorista de productos alimenticios. A contramano de esta realidad, se pueden observar con angustia situaciones que sólo profundizan el diagnóstico. Desde la miopía de los funcionarios públicos que solo buscan fortalecer aliados personales hasta la promoción del aumento de la concentración y, por tanto, del problema.

Apenas semanas atrás, por ejemplo, el Presidente de la Nación Alberto Fernández publicaba a modo de festejo en su cuenta personal de Twitter, que había tenido una reunión con los representantes de la cadena de Supermercados Día, quienes le detallaban la próxima apertura de más de 250 nuevas bocas de expendio. La pregunta es, ¿qué estamos festejando? Este hecho solo viene a profundizar el problema inicial.

Sin embargo, no todo es caos. Hay excepciones pero que sólo llegan a confirmar la regla. Algunos Estados locales en la Provincia de Buenos Aires se han transformado en importantes consumidores de productos de la Economía Social y Solidaria que marcan un camino a multiplicar. Ferias y mercados itinerantes impulsados por los diversos estados en todo el país, en los cuales se ofrecen productos de pequeños y medianos productores también son una buena señal, pero está claro que no logran impactar en términos de escala. Se trata de casos más bien aislados.

Se necesita que la dirigencia política comience a mirar hacia abajo y hacia los costados. Nuestro país, afortunadamente, tiene una larga historia de lucha y las organizaciones seguirán intentando cambiar la realidad, con o sin la ayuda de lo público. Lo que genera desesperación es la habitual sensación de la oportunidad perdida. Contamos con tierra, con trabajadores especializados, con una potente cultura productora de alimentos.

Por otra parte, no podemos esperar que las grandes corporaciones que producen y venden alimentos actúen de una manera distinta a la habitual. No se trata de mejores o peores interlocutores, sino más bien, de un modo de llevar adelante la actividad en todo el mundo.

Finalmente, engordar un sistema agroalimentario alternativo, integrado por actores nacionales y arraigado territorialmente en diversos sectores del país, fortalecería la capacidad de negociación del Estado frente a las corporaciones alimentarias.

En síntesis, está claro que es necesario aumentar y mejorar las regulaciones, pero con eso no alcanza.

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