Patricia Bullrich y la baja de imputabilidad de menores
OSCURA OBSESIÓN
En el día de hoy, se debatirá en la Cámara de Diputados el proyecto de reforma de la Ley Penal Juvenil que pretende bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y establecer un nuevo régimen de sanciones para los menores.
Como el conejo frente a la zanahoria, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich no cesa en su intención de bajar la imputabilidad a menores. Con el lema “el que las hace las paga” avanza sobre quienes aún siquiera saben qué es la adultez ni las consecuencias de un delito. Lxs menores de edad que delinquen son víctimas de un sistema que no da respuestas a sus necesidades y que lxs margina antes de nacer.
La iniciativa, impulsada por el Gobierno y acompañada por los bloques dialoguistas del PRO, UCR, Innovación Federal, la Coalición Cívica y por algunos sectores de Encuentro Federal logró la aprobación del dictamen con oposición del bloque de Unión por la Patria (UxP) que pretende mantener los 16 años como umbral mínimo de punibilidad.
El proyecto, que buscará ser aprobado en el día de hoy, establece, entre otros:
- Que no se podrá imponer a lxs menores penas de reclusión perpetua y que el máximo de prisión será de 20 años.
- Incluir programas educativos, deportivos y de formación ciudadana.
- También, permitir tratamientos médicos en caso de ser necesario.
- Crear la figura del Supervisor que es quien se encargará de acompañar y guiar al menor en el proceso de rehabilitación e integración a la sociedad.
- Habilitar la revisión de la pena, una vez cumplido los dos tercios de la condena, y, en caso de considerarlo, finalizar el tiempo de prisión en su domicilio.
- Prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo comunitario y/o electrónico y reparación de daño para delitos menores.
Un modelo retrógrado
La Mesa de articulación de Niñez y Territorio manifestó 10 razones por las que rechaza este proyecto de ley.
- El proyecto dice abordar el problema del delito juvenil desde una perspectiva integral mientras hay un constante desmantelamiento y cierre de las políticas de protección integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
- El proyecto dice, falazmente, responder a la Constitución Nacional y a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, pero bajar la edad de la punibilidad y ampliar la actuación del sistema penal va en contra de esa afirmación.
- El proyecto propone un modelo retrógrado basado en enfoques que ya fracasaron hace más de 100 años.
- El proyecto dice que la reforma es necesaria porque las bandas criminales usan niñxs en el delito, pero omite el hecho de que sean captados por bandas criminales, se debe a la decisión de políticas de dejar zonas liberadas.
- Omite que la mayor vulnerabilidad a ser captado por las bandas criminales se produce por las condiciones creadas por el propio estado (falta de oportunidades, necesidades insatisfechas y nula perspectiva de futuro).
- El proyecto miente cuando afirma que la ley actual impide perseguir a personas de menos de 16 años por la comisión de un delito.
- Las mismas estadísticas a las que recurre contradicen que sea necesario bajar la edad de punibilidad cuando aumenta el delito.
- El proyecto no crea condiciones para evitar el colapso del sistema de Justicia y Ministerios Públicos.
- En ningún artículo hace mención al presupuesto destinado a su implementación. Incluir a quienes hoy son no punibles significa un alto costo y una mala optimización de los escasos recursos con los que hoy cuentan las provincias.
- El proyecto no desarrolla criterios de especialidad y proporcionalidad en relación con el hecho y la persona.