ONCE AÑOS DE UN GRITO QUE EL ESTADO SIGUE SIN ESCUCHAR: NI UNA MENOS EN TIEMPOS DE NEGACIONISMO
Por Lucila Pappalardo
Cada 31 horas una mujer es asesinada en Argentina. Y quien la mata es, en la abrumadora mayoría de los casos, un varón que la conocía. Un compañero, un ex, un familiar, alguien que decía quererla.
Hoy, once años después de aquel primer grito colectivo que sacudió las calles argentinas en 2015, el movimiento Ni Una Menos volvió a las calles de todo el país cargando nombres propios: Agostina, de 14 años, asesinada en Córdoba. Dulce María, de 17 años, en Misiones. Noelia, en Temperley. Y detrás de cada nombre, una historia de desprotección sistemática, de instituciones que miraron para otro lado, de un Estado que, en lugar de proteger, desfinancia.
La consigna sigue siendo urgente porque la violencia no amaina, y porque el contexto político la agrava.
Un Estado que desprotege, un gobierno que niega
Desde diciembre de 2023, las políticas públicas destinadas a prevenir y abordar la violencia de género fueron desmanteladas de manera sostenida. La Línea 144 perdió especificidad, presupuesto propio y redujo un 45% su planta. El Programa Acompañar restringió su acceso al exigir denuncia judicial o policial previa, lo que puede desalentar o excluir a quienes más necesitan apoyo urgente.
En 2025, el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina registró 200 víctimas directas. El 78% fue atacada en su domicilio o en el del agresor y en el 83% existía un vínculo previo, generalmente parejas o exparejas. No son estadísticas abstractas, son mujeres asesinadas en el lugar que debería haber sido el más seguro, por quien se suponía que debía acompañarlas.
Aunque el Gobierno sostenga un relato mediocre de que el número representa una baja respecto al año anterior, desde distintas ONG remarcaron que el país mantiene un piso sostenido de violencia letal contra las mujeres, con un promedio cercano a un femicidio cada 36 horas. Una baja estadística no es un logro cuando las condiciones de desprotección se profundizan.
La respuesta del gobierno nacional ante este panorama ha sido, deliberadamente, el negacionismo. La ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva calificó el femicidio de Agostina Vega como un simple «homicidio», borrando de un plumazo el carácter estructural del crimen. Negar esa especificidad no es solo un problema semántico, es desmantelar la obligación del Estado de prevenir, investigar y sancionar.
En febrero de 2026, el Comité CEDAW de la ONU advirtió sobre graves retrocesos en Argentina, incluyendo cierre o degradación de instituciones clave, recortes presupuestarios en políticas de prevención de la violencia de género, debilitamiento de la ESI y desmantelamiento del Plan ENIA.
Mientras tanto, en el Congreso de la Nación avanza un proyecto de la senadora Carolina Losada sobre «falsas denuncias» que el movimiento feminista denuncia como un instrumento para blindar a abusadores y silenciar a víctimas. Los datos desmienten el argumento que lo sustenta: las denuncias falsas representan apenas el 0,09% de más de 8 millones de causas analizadas entre 2023 y 2025. No hay epidemia de falsas denuncias. Hay una epidemia de violencia sin respuesta del Estado Nacional.
El silencio cómplice de los varones
¿Dónde están los varones?
No como víctimas del sistema, ni como aliados decorativos que comparten una historia en Instagram el 3 de junio y luego siguen sin cuestionar nada. ¿Dónde están los varones que se animan a mirar adentro, a incomodarse, a disputar con sus pares la cultura que produce femicidas?
Los números obligan a hacer esa pregunta. El 60,2% de las mujeres son asesinadas por sus parejas, ex parejas o familiares. La violencia que mata mujeres no es azarosa, no es impredecible, no cae del cielo, ocurre en la intimidad y ejercida por alguien conocido. Esta violencia está enraizada en un modelo de masculinidad que asocia el amor con el control, y la pérdida con el castigo.
Un estudio de Amnistía Internacional Argentina reveló que seis de cada diez varones creen que la igualdad de género ya fue alcanzada, mientras que en el caso de las mujeres ese número se reduce a cuatro de cada diez. Esa brecha de percepción no es inocente, es el terreno fértil donde prospera la inacción y donde el gobierno de Javier Milei hace meya para dar una batalla cultural por esos temas. Si no hay problema, no hay urgencia de cambiarse. Si la igualdad «ya se logró» ¿Para qué cuestionarse?
Pero la igualdad no se logró. Y la prueba más brutal es que cada 31 horas hay una mujer menos.
No nos alcanza con que los varones «no sean violentos». Eso es el piso mínimo, no un mérito. La pregunta que los varones necesitan hacerse —y hacerles a sus pares— es más incómoda: ¿qué hago cuando un amigo habla de su pareja como si fuera una propiedad? ¿Qué digo cuando en una reunión alguien justifica los celos como prueba de amor? ¿Intervengo o me quedo callado cuando un compañero controla el celular de su novia?
El silencio frente a esas situaciones no es neutralidad: es complicidad.
Los femicidas no son monstruos que caen de otro planeta. Son hombres que aprendieron, en familias, en grupos de amigos, en prácticas culturales cotidianas, que tenían el derecho a controlar, a poseer, a castigar. Y en ese aprendizaje, otros hombres estuvieron presentes y no dijeron nada.
Interpelar a los pares varones no requiere gestos grandiosos. Requiere, primero, la honestidad de reconocer que el patriarcado también los atraviesa y que no nacen libres de esos mandatos, y que el trabajo de deconstrucción es cotidiano, incómodo e imprescindible. Requiere bancarse la incomodidad de ser el que interrumpe el chiste misógino, el que pregunta «¿estás bien?», el que dice en voz alta lo que todos piensan pero nadie dice, el que critica el que difunde una foto que se envió sin consentimiento en un chat de whatsapp, el que cuestiona las actitudes de los otros. Esto es un abordaje por la propia humanidad, por el tipo de vínculos que queremos construir, por el mundo que queremos habitar.
La ESI salva vidas
Las docentes de Agostina Vega lo dijeron con todas las letras: la ESI salva vidas. No es una abstracción pedagógica. Es la diferencia entre una niña que sabe nombrar lo que le está pasando y una que no tiene herramientas para hacerlo.
El gobierno avanza sobre la ESI mientras desmantela las políticas de género. La conexión no es casual. Un Estado que no educa en vínculos saludables, en consentimiento, en diversidad, es un Estado que garantiza la reproducción del problema.
Frente a un gobierno que niega, que recorta, que llama «homicidio» a un femicidio, el movimiento feminista argentino responde con lo que siempre supo hacer: organizarse, cuidarse, construir comunidad.
Cada red de contención barrial, cada asamblea de mujeres, cada protocolo de acompañamiento que las organizaciones sostienen con financiamiento propio cuando el Estado se retira, es una demostración de que la vida se defiende colectivamente.
Once años después de aquel primer Ni Una Menos, el grito sigue siendo necesario. Y mientras siga siéndolo, seguiremos en las calles.
Vivas, libres y desendeudades nos queremos.