Astiz, Guglielminetti y Suárez Mason (h), entre otros, recibieron a los mileístas. La impunidad, la interna en LLA y la denuncia por “coacción agravada”. 

En la Cámara baja aún se demora una resolución sobre qué debería pasar con el grupo de las diputadas y los diputados mileistas que un mes atrás, en comitiva oficial, con auto oficial, y con acceso garantizado a la Unidad Penal de Ezeiza -por parte de las autoridades del Servicio Penitenciario que depende del ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich- visitaron a una docena de represores condenados por delitos de lesa humanidad.

En las próximas horas se definirá si esos diputados y diputadas serán sancionados, expulsados del Congreso, o la connivencia y la indiferencia de los bloques del oficialismo y de la oposición dialoguista hará que la apología del terrorismo de Estado y la búsqueda de impunidad para los genocidas por parte de los legisladores de la Libertad Avanza quede sólo en una postal dolorosa e infame de estos tiempos opacos.

Mientras tanto, es necesario recordar quién es quién en esta trama que desató el rechazo de amplios sectores, pero que un sector de la dirigencia política minimiza; una trama que une a diputados y diputadas de La Libertad Avanza con genocidas condenados que se retrataron desafiantes ante una cámara el pasado 11 de julio, en prisión, bajo las figuras de la virgen y la cruz.

Los nombres 

Los legisladores y legisladoras que aparecen en la foto son Lourdes Arrieta (quien dijo que “no sabía” quien era Alfredo Astiz y un mes después denunció que se sintió intimidada por él), Beltrán Benedit (el supuesto organizador de la visita a Ezeiza), María Fernanda Araujo (quien reemplaza a la vicepresidenta Villarruel en la Cámara de Diputados), Guillermo Montenegro (hijo de un militar) y Alida Ferreyra (quien se manifiesta en contra de las políticas dedicadas a los derechos humanos por considerarlas “una estafa”).

En cuanto a los genocidas retratados junto a la comitiva de La Libertad Avanza, se encuentran en la imagen Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Mario Marcote, Miguel Britos, Honorio Martínez Ruiz, Adolfo Donda, Marcelo Cinto Courtaux, Julio César Argüello, Manuel Cordero, Gerardo Arráez, Antonio Pernías y Carlos Suárez Mason (hijo).

Según trascendió, el encuentro entre las y los legisladores libertarios y los represores había tenido como finalidad comenzar a planear un proyecto que les permita a los detenidos conseguir la prisión domiciliaria. De hecho, la diputada Romina Bonacci (quien participó de la visita, pero no aparece en la fotografía) había afirmado que Guglielminetti le entregó a Benedit la propuesta y, en la imagen, el diputado aparece con una carpeta con documentación en la mano.

La propia diputada Arrieta -quien en su primera aparición pública en el Congreso tras la visita, se mostró con un libro del Nunca Más, el informe de la Conadep sobre la desaparición de personas durante el terrorismo de Estado, reconoce la gravedad de la acción de sus colegas parlamentarios al tratar de despegarse de la situación- denunció ante el Juzgado Federal de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, para que se investigue si hubo comisión de los delitos de coacción agravada; abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos; conspiración, y malversación de caudales públicos.

En su escrito apuntó contra el sacerdote ultraconservador Javier Olivera Ravasi -hijo de represor Jorge Olivera, también condenado por delitos de lesa humanidad-, el titular del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Martínez, y a sus colegas de bloque Beltrán, Montenegro y Ferreyra, porque serían los responsables de organizar el tour del horror a Ezeiza.

Las atrocidades 

Todos los detenidos que recibieron a la comitiva libertaria cumplen su condena por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar.

• Alfredo Astiz tiene cadena perpetua por los delitos de secuestro, tortura, y muerte de distintas víctimas. En su prontuario consta que actuó como espía en distintas organizaciones de derechos humanos, como “el grupo de la Iglesia Santa Cruz”, con el fin de desarticularlas. Además, señaló para que sean secuestradas a las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor de Vicenti, Esther Ballestrino de Careaga, María Ponce de Bianco; y fue responsable del secuestro a las monjas francesas, Alice Domon y Léonie Duquet, y los activistas, Ángela Auad, Remo Berardo, Horacio Elbert, José Julio Fondevilla, Eduardo Gabriel Horane, Raquel Bulit y Patricia Oviedo.

• Antonio Pernías fue responsable de la “Pecera” en la ex ESMA, donde los detenidos realizaban trabajo esclavo, y se ha probado que el represor torturó, entre otros, a Carlos García, Graciela Daleo, Ricardo Coquet y María Milia de Pirles. Además, participó en la llamada “Masacre de San Patricio” con los homicidios de los curas palotinos, Pedro Duffau, Salvador Barbeito, Alfredo Kelly, Alfredo Leaden y José Barbeti.

• Adolfo Donda, quien participó de la apropiación ilegal de su sobrina, Victoria Donda, que fue entregada y criada bajo una identidad falsa y pudo recuperar su identidad en el 2004. El militar está acusado de haber sido responsable de la desaparición de su hermano, José María Laureano Donda y de su cuñada, María Hilda Pérez.

• Raúl Guglielminetti, (alias Mayor Gustavino) quien habría entregado el proyecto para conseguir la prisión domiciliaria. Fue responsable del Centro Clandestino de Detención “Automotores Orletti” y se dedicó a las tareas de tortura, secuestro y exterminio en el Batallón 601. En los primeros meses de democracia, desde la SIDE, se infiltró y fue parte de la custodia del expresidente Raúl Alfonsín.

• Mario “El cura” Marcote se desempeñó como oficial de la Policía de Santa Fe y formó parte de la patota liderada por el entonces jefe de Policía de la provincia, Agustín Feced. Marcote está condenado por secuestrar, torturar, matar y violar a las mujeres secuestradas.

• Miguel Britos participó, en 1977, del asesinato de Eduardo Edelmiro Ruival y del secuestro de Adriana Claudia Marandet, quien estuvo detenida en el Centro Clandestino el Atlético y, desde entonces, está desaparecida. Está condenado a prisión perpetua.

• Juan Carlos Vázquez Sarmiento aún espera su juicio por los crímenes en la RIBA, pero fue condenado por la apropiación de Ezequiel Rochistein Tauro. Además, participó de los secuestros de Manuel Pérez Rojo, Patricia Roisinblit (mientras estaba embarazada), y la hija de ambos, Mariana Pérez.

• Honorio “El pájaro” Martínez Ruiz fue condenado por delitos de lesa humanidad cometidos en el Centro Clandestino de Detención “Automotores Orletti”. Fue detenido en democracia, tras participar en el robo al Banco Nación.

• Marcelo Cinto Courtaux, ex jefe de inteligencia en Campo de Mayo, quien permaneció prófugo de la justicia hasta 2017. Fue condenado a prisión perpetua por los crímenes contra militantes montoneros que participaron de la contraofensiva. Su hijo se desempeñó como asesor de Victoria Villarruel en el Congreso.

• Manuel Cordero, militar uruguayo que integró el Servicio de Información de Defensa de Montevideo y está acusado de ser parte del Plan Cóndor en Latinoamérica. Fue condenado a 25 años de prisión.

• Julio César Argüello está condenado a prisión perpetua y fue integrante de la policía bonaerense. Prestó funciones en la Brigada de Investigaciones de La Plata.

• Gerardo Arráez actuó en los centros clandestinos conocidos como “Banco” y “Olimpo”. Está condenado a 25 años de prisión y, durante su encarcelamiento, recibió las visitas de Victoria Villarruel.

• Carlos Guillermo Suárez Mason, alias “el hijo de Sam”. Su padre fue el genocida que homónimo, apodado “Pajarito” o conocido como “el Carnicero del Olimpo”.  Está preso en el penal de Ezeiza, donde cumple su condena a prisión perpetua por los delitos de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada.