EL GOBIERNO INTERVINO LA OBRA SOCIAL DE TRABAJADORES RURALES

La segunda más importante del país.

EL GOBIERNO INTERVINO LA OBRA SOCIAL DE TRABAJADORES RURALES

Por PPV

El Gobierno oficializó el lunes pasado la intervención en la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (OSPERA) con la excusa de la fuerte crisis financiera que atraviesa el ente -que pertenece a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE)-.

OSPERA es la segunda prestadora de servicios de salud más importante del país, con cerca de 735 mil afiliados, detrás de la de Empleados de Comercio y delante de UPCN, el gremio de estatales nacionales.

La intervención se produce en el marco de las auditorías que está realizando la Superintendencia de Servicios de Salud en las obras sociales sindicales. A muchas de ellas las señala por fuertes irregularidades y las acusa de ser utilizadas como cajas negras para financiamiento.

Ajuste en discapacidad

Ocurre lo mismo en el área de Discapacidad y en la que el gobierno busca, a través del Ministerio de Salud de la Nación – a cargo de Mario Russo-, un brutal recorte de las pensiones de lo que son en definitiva, derechos.

De acuerdo a lo publicado por Clarín se consigna que el gobierno anunció que pondrá en marcha una auditoría total para determinar, dentro de un supuesto «universo de 1.223.864 personas beneficiarios de pensiones por invalidez, quiénes accedieron de manera irregular a dicho beneficio». Se sospecha -indica el diario- que cerca de medio millón de pensiones serían «truchas», porque para acceder al cobro se cometieron ilícitos en el trámite necesario para conceder la pensión.

Además, el gobierno también publicó la Resolución 1654/2024 -en el Boletín Oficial-, los criterios para la emisión del Certificado Único de Discapacidad (CUD) sin vencimiento.

La resolución dejó sin efecto la normativa anterior al indicar: «los lineamientos aplicables al proceso de certificación y acompañamiento de las personas con discapacidad no han sido cumplidos ni implementados en las etapas y plazos establecidos, lo que deriva en inaplicable y obsoleto dicho acto administrativo con la promulgación de la Ley N° 27.711».

Cabe destacar que en marzo del año pasado, dos meses después de la creación del «Plan de Promoción, Mejoramiento y Fortalecimiento de la certificación de la discapacidad», el Gobierno anterior confirmó que los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) iban a expedirse sin vencimiento pero que la implementación sería «progresiva, gradual y en etapas».

«Establézcase que el Certificado Único de Discapacidad se otorgará sin sujeción a plazo temporal alguno, manteniendo plena vigencia y validez mientras que los criterios certificantes se mantengan», se dispuso en el artículo 1° de la Resolución 322/2023, publicada en el Boletín Oficial con la firma del entonces director ejecutivo de ANDIS, Fernando Gaston Galarraga.

A caballo del ajuste, continúa la estigmatización y persecución de kirchnerismo

La publicación de Clarín no sólo arroja un manto de sospecha sobre las pensiones sino que además aprovecha el ajuste para poner en el centro de la escena – una vez más -al kirchnerismo como un ente de corrupción al señalar: «Durante el Gobierno de Néstor Kirchner se otorgaron cerca de 120.000 beneficios. En el primer gobierno de Cristina Kirchner se sumaron 453.000 pensiones y otras 400.000 en el segundo mandato. En los cuatro años de Mauricio Macri se redujeron en cerca de 20.000. Y durante el Gobierno de Alberto Fernández volvieron a crecer, sumando unas 170.000 pensiones más. En resumen: hasta 2003 se habían otorgado 80.000 pensiones. Hoy se pagan 1.223.864 beneficios. Un incremento de casi 1.500 %. Como se ve, la más generosa fue la ex presidente Cristina Kirchner. Durante su mandato se otorgaron 1.168 pensiones por invalidez por día».

Sin mencionar la utilización de la fake news del 19 de julio de este año, en la que marca que «se entregaron como prueba de discapacidad radiografías de un perro».

Ese día, el vocero presidencial, Manuel Adorni, mostró la imagen de la radiografía que fue incorporada al expediente de un beneficio social de Corrientes y que el médico que puso su firma estaba en la mira.

Sin embargo, el ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Fernando Galarraga, desmintió los datos que dio Adorni y negó que se haya dado el beneficio a una persona que presentó la radiografía de un animal.

Además compartió que en el expediente 2022-108550205-APN-CFM#ANDIS se pude ver que la auditoría médica expresa: «Radiografía no perteneciente a un ser humano». Finalmente, le pidió al Gobierno por favor «rectificar la información».

Esa ratificación no ocurrió y es la misma que retoma el diario para poner, nuevamente, el argumento que aporte a la construcción de un sentido común que permita avanzar con consenso social sobre todos las pensiones en lo que claramente se constituye un recorte de derechos.