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MILEI ENVIÓ AL CONGRESO UNA LEY ÓMNIBUS QUE ATROPELLA EL FUNCIONAMIENTO DEMOCRÁTICO DEL PAÍS

Portada. Milei elevó la ley ómnibus al congreso

MILEI ENVIÓ AL CONGRESO UNA LEY ÓMNIBUS QUE ATROPELLA EL FUNCIONAMIENTO DEMOCRÁTICO DEL PAÍS

Por PPV

La norma pide declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025. Plantea reformas impositivas, se suspende la aplicación de la fórmula para actualizar los haberes, y se habilita a imponer sanciones a la protesta, entre otras medidas.

El presidente Javier Milei envió en la tarde del miércoles a la Cámara de Diputados el proyecto de «Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos», en la que pide al Congreso declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025.

En el texto, que contiene una serie de iniciativas contempladas en el DNU que firmó la semana pasada, fija que el plazo para la emergencia podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional por el plazo máximo de dos años.

La iniciativa está firmada por Milei, el jefe de Gabinete Nicolas Posse, y los ministros del Poder Ejecutivo consta de 183 páginas y 664 artículos.

A lo largo del proyecto se establecen reformas impositivas, se suspende la aplicación de la fórmula para actualizar los haberes, y se habilita a imponer sanciones a la protesta, entre otras medidas.

Modificaciones al Código Penal 

El proyecto modifica el Código Penal de la Nación para aplicar penas a las personas que sin «crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de uno (1) a tres (3) años y seis (6) meses».

«Si se impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o medios de transporte público portando un arma propia, impropia, se causare daño a la integridad física de las personas, la pena será de dos (2) a cuatro (4) años de prisión, siempre que no constituyere un delito más severamente penado».

«Quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado o que causare lesiones a las personas o daños a la propiedad serán reprimidos con prisión de dos a cinco años, estén o no presentes en la manifestación o acampe«, dice el articulado.

Cambios electorales 

Además la iniciativa contiene un capitulo electoral donde se deroga las elecciones primarias, abiertas simultáneas y obligatorias Paso, se modifica la Oficina Anticorrupción, cambia el régimen de partidos políticos, y la composición de la Cámara de Diputados.

El proyecto, asimismo, pretende cambiar la composición de la Cámara de Diputados. Se pasaría del sistema actual -D’Hont- que determina la cantidad de diputados de forma proporcional con la población, a un sistema de circunscripciones uninominales. Esto último implica la división del país en 254 circunscripciones en el que se elegirá un diputado por cada una.

Jubilaciones 

Sobre el tema jubilatorio suspende el artículo 32 de la ley 24.241 que fijaba el sistema para aumentar el haber jubilatorio cada tres meses, y dice que el Poder Ejecutivo va a «establecer una fórmula automática de ajuste de las prestaciones mencionadas en los incisos a), b), c), d), e) y f) del artículo 17 de la Ley N° 24.241, teniendo en cuenta los criterios de equidad y sustentabilidad económica».

«Hasta tanto se establezca una fórmula automática, el Poder Ejecutivo Nacional podrá realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos», agrega el texto del proyecto, por lo que, igualará para abajo en perjuicio de los de mayores ingresos.

Privatizaciones 

Uno de los puntos que plantea la ley es que declara sujeta a privatización las empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria del Estado, entre las que figuran Aerolíneas Argentinas; YPF;  Banco Nación; Casa de Moneda Correo Argentino; ARSAT; AySA; Fabricaciones Militares; Ferrocarriles Argentinos; Télam y Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

En ese sentido señala que se «faculta al Poder Ejecutivo nacional a proceder a la enajenación de las participaciones accionarias o de capital del Estado Nacional y/o sus entidades en toda empresa privada, que no le otorguen la mayoría de capital social necesario para ejercer el control de tales entidades, para lo cual se aplicarán en lo pertinente los procedimientos previstos en el Capítulo II de la Ley N° 23.696».  

Temas impositivos 

En cuanto al capítulo impositivo, el proyecto contempla un blanqueo de capitales y una moratoria de las obligaciones tributarias y aduaneras y de los recursos de la seguridad social vencidas al 30 de noviembre.

También propone cambios en el régimen tributario de Bienes Personales, fija las retenciones para el sector agropecuario, autoriza las importanciones de gas natural sin necesidad de pedir autorización, unifica los entes de Gas y Electricidad y cambia la ley de biocombustibles.

Deuda externa 

Con la «ley ómnibus», Milei  busca anular al Congreso al momento de tomar deuda de organismos del exterior. En el artículo 107 propone derogar el artículo 1° de la ley Fortalecimiento de la sostenibilidad de deuda pública, que establece que «toda emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras» que supere el porcentaje determinado en la ley de Presupuesto «requerirá de una ley especial del Honorable Congreso de la Nación que la autorice expresamente». 

Legítima defensa y la libertad de disparar 

El proyecto de ley propone  reformar el artículo 34 del Código Penal para extender la definición de la legítima defensa y habilitar que no serán penados quienes obren «en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo; en cuyo caso, la proporcionalidad del medio empleado debe ser siempre interpretada en favor de quien obra en cumplimiento de su deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo». 

El Código vigente, por el contrario, establece que «las fuerzas de seguridad podrán hacer uso del arma de fuego cuando su vida o la vida de otras personas estén en riesgo». 

Ley Micaela 

Milei quiere modificar la Ley Micaela, que establecía la capacitación obligatoria en materia de género para todas las personas que integran los tres Poderes del Estado. Según la ley ómnibus, la normativa pasaría a brindar capacitaciones solo acerca de «violencia familiar y contra la mujer», dejando de lado cualquier atisbo de tratar temáticas vinculadas a la diversidad de género y sexual.

El proyecto del Ejecutivo también pretende las capacitaciones sean elaboradas y diseñadas solo por la Secretaría de Niñez y Familia y no contempla (como sí lo hace la legislación actual) que los organismos públicos puedan «realizar adaptaciones de materiales y/o programas, o desarrollar uno propio». La autoridad de aplicación de la ley pasaría a ser el Ministerio de Capital Humano.

En el día de ayer se conoció que el otrora Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, no sólo fue degradado a la condición de Secretaría sino que se estableció que será una Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género que dependerá de Sandra Pettovello.

El anuncio por redes 

En forma previa y por la red social X, el Gobierno afirmó que la intención del proyecto es «restituir el orden económico y social basado en la doctrina liberal plasmada en la Constitución Nacional de 1853, presentamos al Honorable Congreso de la Nación el adjunto proyecto de ley y manifestamos nuestra firme voluntad de emprender, inmediatamente y con instrumentos idóneos, la lucha contra los factores adversos que atentan contra la libertad de los argentinos; que impiden el correcto funcionamiento de la economía de mercado y son la causa del empobrecimiento de la Nación».

Además afirma que se promueven las reformas «en nombre de la Revolución de Mayo de 1810 y en defensa de la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos». 

Por la mañana, el portavoz presidencial Manuel Adorni había anticipado que el proyecto comprende temas tributarios, laborales, penales, energéticos y electorales.

Sobre los proyectos, dijo que «quedarán en manos de senadores y diputados» elegir si se va «hacia la libertad» y «a terminar con esta decadencia» que llevó al país a la situación actual.

La alusión a Juan Bautista Alberdi 

El paquete de leyes lleva como título una alusión a Juan Bautista Alberdi: «Es uno de los padres de nuestra Patria y autor intelectual de nuestra primera constitución, a quien por supuesto todos saben el Presidente admira profundamente».

Esta semana el Gobierno formalizó el llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional desde este martes -26 de diciembre- hasta el 31 de enero del 2024 para tratar un paquete de iniciativas impulsadas por el oficialismo entre las que figuran reformas del Estado y del Impuesto a las Ganancias y la instauración del Sistema de Boleta Única.

Según explicó el portavoz, el proyecto «complementa» las reformas dictadas por la Casa Rosada a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) dado a conocer hace una semana y ambos comparten el «norte» que está «puesto en la libertad de cada uno de los argentinos».

Cuando se oficializó la presentación del proyecto, Adorni publicó en su cuenta de la red X: «Por la libertad, la prosperidad y la República».

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