«MACRI HA ESTADO AL BORDE DE LA APOLOGÍA DEL DELITO»

«MACRI HA ESTADO AL BORDE DE LA APOLOGÍA DEL DELITO»

Por Tania Rodriguez e Ingnacio Vila
Fotografía: Cecilia Markic
Caricatura: Ivana Chiarelli

Eduardo Barcesat, abogado desde los 22 años, docente, ha vivido diferentes momentos históricos en nuestro país, desde la Noche de los Bastones largos, el regreso de Perón, la dictadura militar del 76, menemismo, kirchnerismo y ahora es testigo del inicio del macrismo. Durante todos estos períodos el estado argentino ha tenido diferentes roles. En general no han sido períodos «amables» con las mayorías. Luego de 12 años de un gobierno que ha instalado la idea de la necesidad de un estado presente en la construcción social, con éxitos y fracasos, los gobernantes liberales con miradas más conservadoras han vuelto a gobernar. 

¿Cómo ha vivido y cómo analiza esa línea histórica?

Lamento el retroceso institucional, económico, de calidad de vida e institucional que estamos atravesando ahora. Por supuesto que he hecho una evaluación desde que yo tengo memoria de la política, y diría que la mejor etapa que vivió el pueblo argentino fue durante el kirchnerismo, sin lugar a dudas. Alfonsín tuvo méritos en cuanto a saber capturar la voluntad de la transición democrática y hacerse, de alguna manera, dueño de la bandera de los derechos humanos, sin muchos antecedentes en ellos… Fue el hombre que interpretó muy bien el discurso de la necesidad de esclarecer el pasado, de encontrar una forma de juzgamiento que fue una forma limitada, acotada y que finalmente se desbarranca con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que son parte de lo atroz y aberrante. Por eso, más allá del respeto que le tengo por haber sido el primer gobierno de la transición, estoy lejos de compartir lo que fue luego la práctica de dicho gobierno y las concesiones y transacciones que fue haciendo con el poder económico y con el poder militar, o el resabio del poder militar de la dictadura.

Creo que las condiciones en que asume el gobierno de Néstor Kirchner fueron las más difíciles para un presidente en la historia argentina. Si bien es cierto que Alfonsín asume después de la dictadura, esta ya ha sido derrotada, en el plano económico, en el plano social y en el plano político. Que tiene que entregar el poder más allá de su voluntad o su decisión. En cambio Néstor Kirchner tuvo que enfrentar un contrincante que hasta ese momento había sido un contrincante con respaldo popular. La crisis del 2001/02 fue una crisis con una profundidad inédita en la historia argentina y es muy difícil encontrar otra crisis de tamaña dimensión. Yo tenía sinceramente expectativas iniciales con el nuevo gobierno, porque tanto a él como a Cristina los había conocido en la Convención Constituyente en el año 1994, y si bien en ese momento formaban parte del Partido Justicialista, del Pacto de Olivos y de las limitaciones que se le puso a la Convención Constituyente, tenían un discurso diferenciado dentro de los convencionales del partido justicialista. Si bien no fueron muchas las intervenciones, dado el tamaño de la bancada justicialista, evidentemente descollaban: la defensa de la soberanía argentina, del Atlántico Sur, de la soberanía con Chile, los tuvieron como expositores brillantes. De modo que apoyé de inicio la gestión del Presidente Néstor Kirchner, siendo yo en ese momento un hombre sin filiación política. Yo milité muchos años en el Partido Comunista (PC), desde 1965 a 1995, y me fui con una gran fatiga moral.

A partir de ahí estuve boyando, digamos. Incluso llegué a votar en blanco dos veces, porque me asqueaba las opciones políticas. Y para un militante político, votar en blanco es un fracaso. Cuando aparece Néstor apoyo la candidatura, voté convencido a la fórmula de Kirchner. Tuve algunas actitudes críticas, por ejemplo lo de las candidaturas testimoniales, lo impugné y lo sigo impugnado. Creo que cuando se representa a un pueblo, es para representarlo, no es para decir “figuro” y después cierro la puerta y me voy, “solamente estoy para que ustedes me voten porque soy figurita o tractor electoral”, eso no me parece honesto. Pero fuera de eso, la forma en que encaró la renegociación de la deuda externa. Personalmente, yo era partidario de primero un examen y control de validez de la deuda externa argentina.

¿Algo así como lo que se hizo en Ecuador?

Sí, y diría incluso con más profundidad porque, si bien es cierto que el relevamiento que se hizo, la auditoría de la deuda pública, arrojó el conjunto de la ilegalidad, el gobierno solamente toma y da por caduco, por privarle de validez a una parte de la deuda con acuerdo de los acreedores. Pero eran tres mil millones de dólares que se rebajaron de trece mil que estaban sospechados o viciados de nulidad. La gestión de la renegociación, si bien es cierto que era validar todo lo pútrido que había en la deuda externa argentina, arrojó un resultado económicamente mejor, ya que la cuantía de lo que se deshizo en ese momento era significativa y además me pareció muy correcto que después se cumpliera puntual y religiosamente con los pagos, para demostrar que la Argentina es un país serio. Después de tomar un compromiso después de la quita y de la moratoria y de la baja de los intereses, el compromiso se cumplía, haciendo los sacrificios que hubiera que hacer.

Como era de prever, todo eso se derrumbó. Todo terminó, más allá de las consecuencias personales que en todo caso ni remotamente es lo peor de todo esto, comienza el derrumbe institucional – lo llamo así con el gobierno Macri- que se produce el día anterior a asumir. Ya cuando una fiscal y una jueza federal hacen lugar a un planteo absurdo de que el mandato de CFK terminaba el día nueve y no el día diez. Y hay que mirar la Constitución y dice, claramente, dos cláusulas con nombre y apellido que es el diez del mes de diciembre. Yo no sé si se guiaron por el calendario azteca o el calendario maya pero me parece una inmundicia institucional que un fiscal federal, la jueza federal, se presente a obrar de este tipo, para que el acto de asunción del mando sea a su imagen y semejanza. Y no tenga la incomodidad de verse con la presidenta en ejercicio entregando la banda presidencial. Luego la catarata de decretos, algunos de necesidad de urgencia y otros se dio cuenta que era mejor hacer decretos que eran leyes, pero sin llamarlos de necesidad de urgencia para no tener que mandarlos al Congreso. Ahí se inició una etapa, con unos colegas, para mi muy intensa, que a mediados de 2015 habíamos formado el instituto Enrique Sampay. Sampay fue el actor intelectual de la Constitución de 1949. No es que a mi me guste totalmente la del 49, pero la parte económica es ejemplar y ni se constituye al ritmo social de Latinoamérica y fue derogada por el acto de un usurpante de la «revolución Libertadora», borrada de nuestra historia constitucional. Me parece muy bien crear un instituto que recuperara la parte de la Constitución del 49. Sobre todo, repito, para mi gusto, en la parte económica.

Con esta inquietud hemos impugnado judicialmente el decreto de emergencia de seguridad pública que es una calamidad que inicia la reconstrucción del poder militar en el control y la represión del pueblo. Reinstala la pena de muerte mediante la ley del derribo, de vectores hostiles, lenguaje militar, que ya tuvo su bautismo de fuego en el hundimiento de un pesquero chino en aguas australes. Estamos en cámara de casación penal. Nos presentamos con el tema impugnando la negociación con los fondos buitre porque eso va a ser el entierro de nuestra economía. Porque no es solamente lo que se está pagando sino que se puede caer la reestructuración de deuda del 2005 y del 2010.

Además en todo sistema jurídico cuando un deudor, en situación de estrangulamiento financiero, ha logrado el acuerdo de más del 66% de las acreencias y de las listas de acreedores, ese acuerdo, homologado por el juez, es vinculante para el 100%. De manera que el que no entró tiene la opción de o presentarse o hacer papel picado con su título. Nosotros habíamos homologado un 94% y sucumbimos ante el 6 coma tanto por ciento. Me parece humillante, vergonzoso, un acto de entrega. Pero quizás la respuesta a esto la haya dado el señor Hanglin, que fue un quebrado del JP Morgan y contó todas las miserias de las Offshores y de los fondos buitres. Y dice «investiguen», lo dijo en el juicio, declaró como testigo. «Investiguen, porque gran parte de los fondos buitre son de titularidad de la Argentina, empezando por el señor Alfonso Prat Gay». Bueno, vamos a ver si la investigación en curso puede develar esto. Nos presentamos con los panamá papers y ahí aportamos un dato importante a la prueba, que es el expediente de divorcio de Mauricio Macri con Isabel Meditegui, que, además, se ofreció si había protección a testigos porque, por supuesto, el clan Macri lo tiene amenazado. Se ofreció como testigo para decir todas las sociedades conmueven, etc… Y también hemos cuestionado vía acción de amparo este nuevo, este último decreto que salió que bajo invocación de reglamentar la ley de tierras rurales, la destrozan. Les aclaro que ese decreto no fue hecho por el Ministerio de Justicia, ese decreto se hizo en el estudio jurídico que atiende el señor Lewiss, el dueño de las lagunas del Nahuel Huapi. Donde estuvo de vacaciones y socio de Mauricio Macri en los actuales emprendimientos, en emprendimientos anteriores que ha hecho un decreto exactamente a su medida a través del estudio jurídico donde tiene constituida la sede de todas sus sociedades. Esta es la inmundicia que estamos enfrentando.

En el último gobierno de CFK, muchos temas de la agenda pública y de la política, pasaron a judicializarse y como contracara de este fenómeno, se habla de que algunos sectores del poder judicial se han partidizado. «Judicializacón de la política», «partidización de la justicia». Quisiéramos saber qué balance realiza usted de este último tramo, 2013 en adelante.

Vamos a los orígenes. El poder judicial argentino está tomado de la constitución de EEUU, muy especialmente de un texto fundante que es el federalista. Donde se dice que el poder judicial debe ser un poder aristocrático, vitalicio, contramayoritario, para evitar posibles desbordes demagógicos y populistas de los poderes políticos, textual. Ergo que está pensado para tutelar el privilegio, fundamentalmente el de la propiedad privada y de la acumulación de capital. Ahí ustedes pueden ver el cuadro de los derechos del hombre y del ciudadano. Van a ver que el enunciado 17 que es el de la propiedad privada, es el único que viene precedido de la expresión «sagrado». Es decir, la vida, la libertad, las creencias, todo eso son derechos. Pero sagrado es el derecho a la propiedad privada. Así que hay una concomitancia, para preservar el sagrado derecho es fundamentalmente la función del poder judicial. Poder judicial que ha tolerado el quiebre de la vida, de la libertad, de la integridad física y psíquica del ser humano. Sin decir nada, tolerando, convalidando. Pero cuando hay un rasguño a la propiedad privada ahí saltan como víboras. Yo siempre pongo como ejemplo: bajo la dictadura militar ningún juez dijo que el secuestro, la tortura, la detención en un centro clandestino o la detención sin debida disposición del poder ejecutivo, afectaban la vida y la libertad de los seres humanos y afectaba la calidad democrática. Bueno, bastó que el gobierno de Alfonsín demorara por 180 la devolución de los depósitos en moneda extranjera para poder atender un pago de la deuda externa, que técnicamente estaba hecho como el culo pero no digo que no fuera inconstitucional pero van a ver lo que dice uno de los tribunales que dicta los primeros fallos. Tribunal colegiado, es decir cámara de apelación: si se afecta la propiedad privada la democracia se vuelve desmedrada y puramente nominal. Ahora, durante toda la dictadura militar jamás dijeron nada de que la democracia que desapareció, que llevó vida, el suplicio de los cuerpos, el ocultamiento de los cuerpos, la prisión sin (ininteligible) eso no afectó la democracia que se volviera desmedrada y puramente nominal. Ahora, postergar la devolución de depósitos por 180 días, no. Con la plata no se jode.

En ese contexto, un proyecto popular y que busque ampliar derechos mayoritarios se puede llevar adelante sin una reforma constitucional.

Es el tema por el cual creamos el instituto Sampay. Crear una futura Constitución porque la Constitución que nos rige en su parte de modelo político-económico es la de 1853. Es decir, nos gobiernan los muertos. Es un proyecto agroexportador, rentístico. Que generó las bases para nuestra oligarquía, primero agropecuaria, luego financiera. Totalmente inadecuado para la época actual y siempre…

Ahora, más o menos…

Ahora les viene como anillo al dedo, están como pez en el agua con eso. Pero no es precisamente lo mejor para el Pueblo. Para mi la firma mayor de nuestra época son esos políticos que dice, y lo he escuchado de tantos lados, queremos que a este gobierno le vaya bien para que le vaya bien al Pueblo. Al gobierno le está yendo muy bien en todo lo que es su proyecto. Que le va como el mismísimo gobierno es al Pueblo, que obviamente es el que está sufriendo las consecuencias del modelo.

Por supuesto que participo fervientemente de la idea de una reforma constitucional, tipo asamblea constituyente originaria que toque todo, que revise todo y se para a todo el Pueblo. Porque si una Constitución no es vivida como socialmente obligatoria es muy difícil que tenga validez, que sea efectivamente acatada. Que sea vivida como socialmente obligatoria. La figura que utilizo, es decir, desde el jardín de infantes hasta el geriátrico tienen que discutirla, todos tienen que volcar su visión, sus requerimiento, su necesidad. Tamizado eso recién la convención constituyente reunirse y dar una asamblea sin corta pizza, sin pacto. Toda nuestra historia que ya ha sido tergiversada. En realidad la cláusula sobre la reforma de la constitución, que es cláusula 1853 es perfecta, ¿no? dice la Constitución puede ser reformada en todas o cualquiera de sus partes. Congreso declara la reforma pero las reformas las hace la convención convocada a esos efectos. Nunca se cumplió eso. Siempre el Congreso ha pretendido, y lo ha hecho, con bastante efectividad, limitar qué puntos se tocan y prácticamente con qué contenido con lo que la convención constituyente pasa a ser un órgano refrendatario prácticamente. En el Pacto de Olivos. Afortunadamente el Congreso habilitó temas, y esos temas habilitados son la parte “linda” de la actual Constitución. Pero la parte que se cerró que fue la parte dogmática de la Constitución, el proyecto político-económico que está en los primeros 35 artículos, eso, las fuerzas mayoritarias dijeron: es intocable. Y quiero también recordar que cuando Alfonsín proyectó la reforma constitucional período 85-87 el concejo para la conservación de la democracia también había dicho: la primera parte no se toca. De manera que el sectarismo y el prestar servicio a la oligarquía agroexportadora y financista, las dos fuerzas políticas fueron tan imbéciles una como la otra. Imbéciles o cómplices. Por supuesto que propicio y que esa reforma constitucional transforme profundamente al poder judicial de manera de convertirlo en un poder representativo y republicano. El único de los tres poderes que conforman el gobierno federal que no es representativo ni republicano es el poder judicial. Hay que hacerlo representativo y republicano. Tienen que tener mandato pero mandato renovable, por período donde se pueda concursar la efectividad o el desempeño, etcétera. Y no que el buen desempeño sea una hipótesis remota, solamente en casos extremo por comisión de delito mal desempeño se han removido jueces.

Usted, hace poquito, le contestaba de alguna manera a Lorenzetti que había dicho que ellos no gobernaban y usted decía que son parte del gobierno…

Están en la Constitución como uno de los tres gobiernos. Es más, en algunos casos y particularmente bajo la gestión de Lorenzetti se han comportado como en eso que en la doctrina se llama «gobierno de los jueces». Porque por vía de resoluciones judiciales de distinto tipo, hasta por vía de acordadas que son medidas de superintendencia han dejado sin efecto leyes de la Nación. Por ejemplo, no pagan impuestos a las ganancias porque por una acordada la corte de Lorenzetti, la corte de Julio Nazareno, dijeron que la causa que obligaba a los jueces de la ley, a los jueces a pagar, era inaplicable. Ahora, si ustedes buscan en la Constitución la palabra «inaplicable» no existe. Es una categoría inventada que significa «es inconstitucional o es nula». Pero no existe, ninguno de los dos términos. Si quieren considerarlo nulo uno lo entiende. Pero por vía de acordada que es para comprar papel higiénico o el sistema informático no se puede modificar una ley de la Nación. Y de hecho la actual corte lo ha hecho con las normas que componían ese paquete de la llamada «democratización de la justicia» con lo cual termina siendo una especie de “patchwork” donde no se sabe muy bien qué quedó en pie, que no quedó en pie. Y cada pleito donde se articulan medidas cautelares contra el Estado Nacional es un berenjenal de diferencias y de pronunciamientos contradictorios, etc. En resumen hay que hacer borrón y cuenta nueva. Este poder judicial no puede gobernar ni controlar el proyecto popular que se profundice. Quiero aclarar que mi postura a inicios del 95 cuando se debatía era, siguiendo un lineamiento muy clásico, muy conocido de Louis Althusser que todo proceso para mantenerse tiene que, o requiere, de una reproducción ampliada, requiere profundización. Si se mantiene se cae, tiene que ampliarse como condición de su subsistencia. Con lo cual fui muy crítico con todo lo que ocurrió políticamente, tanto en la candidatura como en el programa, me pareció que realmente estaban dadas todas las condiciones para fracasar y se fracasó.

De hecho parte de lo que habíamos conversado sobre esta pregunta tiene que ver con los proyectos que perviven en América Latina son los que reformaron su Constitución. Con enormes diferencias pero el caso de Bolivia, Venezuela y Ecuador.

Correcto, es que acá se empezó al revés. Se empezó por el código civil y comercial que en la parte de familia es una buena legislación. Podrían haber sacado una ley de familia y personas que lo hizo el sector más progresista, más académica. Pero la parte económica del código civil y comercial atrasa respecto de Velez Sarsfield, del código de 1870. Velez Sarsfield sostiene el principio de territorialidad, el cumplimiento de los contratos y las obligaciones para fijar la ley de jurisdicción. Allí si el contrato produce efectos acá se juzga por la ley y por la jurisdicción de la Argentina. El actual abre a cualquier medio y jurisdicción, entonces, por supuesto, los empresarios argentinos los ponen de rodillas ante los inversores extranjeros y los ligan a la ley de jurisdicción. O, inversamente, los inversores extranjeros le dicen «la ley de Hong Kong y el tribunal de Londres». Y va a a prevalecer esto de… sacamos millones de cosas. Yo me maté en esa tarea, me maté realmente, hasta me volví afónico. Yendo a las asambleas, en debates, pero de todas las cosas que impugnamos, no sé, un 10% quedó, pero lo más importante que era recuperar la soberanía legislativa y jurisdiccional no se pudo y la respuesta que me dieron es que se tomó la decisión política de dejarlo como está.

De todas las cosas que impugnamos, quedó un diez por ciento. Pero lo más importante, que era recobrar la soberanía legislativa y jurisdiccional, no se pudo. Y la respuesta que me dieron, es que se tomó la decisión política de dejarlo como está. De manera que, ojo, no todo es Macri. Ha habido falencias inexplicables y un error estratégico de comenzar por el Código Civil y Comercial, en lugar de comenzar por la Constitución Nacional, y después los códigos se adecuan a la Constitución, pero no a la inversa.

Hace poco Cristina había hecho una autocrítica en ese sentido…

Exactamente, en el acto de homenaje a Hugo Chavez dijo “debimos haber previsto esto”. Lo que pasa que tras la razonable euforia del triunfo electoral en el 2011, algunos salieron a decir “Cristina eterna”, en lugar de plantear la reforma constitucional comenzando por lo más importante, que era la parte dogmática de la Constitución, el proyecto político. Ya, lamentablemente, se giró a la sociedad a la re-reelección, cambió el eje de la discusión y no fue posible, bajo ninguna forma, restablecer la racionalidad del debate que hubiera llevado a la Constitución que la Argentina, al igual que otros pueblos de Latinoamérica, tendría que haberse dado para darse sustento y anclaje al proyecto nacional y popular.

¿Cómo es posible la vigencia de un paradigma como el que se inauguró en Argentina en las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad en un contexto en el cual el propio estado está avasallando las principales garantías constitucionales, ya fuera en el caso de los despidos masivos que hubo, o en la persecución política a líderes nacionales, populares?

Yo no creo que el juzgamiento se pueda configurar como un paradigma o un modelo a seguir, creo que ese paradigma debió haberse instalado al inicio de la transición democrática, es decir, el juzgamiento global de todos los crímenes y de todos los responsables del estado terrorista, y no que se hubiese fragmentado y luego impedido. Porque recordemos que antes de llegar a las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, se dio instrucción a los fiscales de archivar todas las causas, declarar la prescripción, etc., todo absolutamente contra el sentido de la normativa en materia de crimen de genocidio o de lesa humanidad, que es la imprescriptibilidad de la acción penal. Les aclaro que yo intervine en la causa “los ex comandantes”, representando único particular damnificado admitido. La Cámara Federal nos rechazó la presencia, yo representaba al matrimonio Israel y al matrimonio Fernández Meijide.

Lo llevé a la Corte, la Corte nos dio la razón, pudimos volver como parte interviniente, y planteé la aplicación de la Convención del Genocidio. El famoso fallo de la Cámara Federal, nombra la Convención del Genocidio pero no la aplica porque la considera una ley penal imperfecta y porque dice que no ha sido ratificada en la legislación interna. El que sea una norma penal imperfecta es característica de todo el Derecho Penal Internacional, que no fija las penas, delega en la legislación interna la aplicación de la pena. El otro argumento me parece una sonora estupidez porque cuando se ratifica, se ratifica por ley, que estaba ratificada en 1956, la ratificó un usurpante pero después fue ratificada por ley, fue la Libertadora la que puso la Convención del Genocidio. De manera que ya ahí estaba la semilla del error, de no haber aplicado la Convención del Genocidio. Si un grupo es destruido como tal, eso es genocidio. Pero bueno, tampoco la Corte tomó la Convención del Genocidio, diría que rebajó incluso la calidad de la sentencia de la Cámara. De modo que la reapertura de los proceso, enhorabuena, se hace cuando ya ha transcurrido más de 30 años. Pero bueno, ya sea como crimen de lesa humanidad o como genocidio, se avanzó en un modelo, que yo creo que ya tiene su importancia en el Cono Sur, porque de alguna manera expone sus diferencias con el proceso en Uruguay, en Chile o en Brasil. Y yo diría que es mucho más ejemplar en Argentina que en estos países que he nombrado, sin ninguna duda, hemos calado mucho más hondo. Obviamente que este modelo está siendo afectado por las políticas actuales, obviamente buscan una forma de cierre. Si no lo pueden hacer totalmente es porque el movimiento de los derechos humanos ha calado muy hondo en la conciencia de los argentinos y se les hace difícil, pero si por ellos fuera, cerrarían las causas y dejarían las cosas como están. Y por supuesto ya han demostrado al cerrar las causas que involucran a los civiles vinculados con la Dictadura Cívico-Militar. Esta es la hilacha que muestra hacia dónde van. Y si algún paradigma perverso puede exhibirse es el de Papel Prensa, donde evidentemente están jugando a la muerte natural de los implicados, mediante la demora de las causas. Ya se han muerto el 43% de los imputados, aproximadamente, y buscan llegar al 100% para que queden sin ser juzgados Magneto, los de La Nación -los Mitre-, Ernestina Herrera de Noble y toda esa inmundicia, esa lacra capitaneada por Magneto.

Yo intervengo también en la causa Papel Prensa porque represento a Ianover (Rafael Ianover, ex Vicepresidente de Papel Prensa) que tenía una pequeña porción de capital propio, propio eh, no es que era un prestanombre, de acciones de Papel Prensa. Pero mi cliente tiene 90 años, y un estado de salud correspondiente a los 90 años. Y yo quisiera que por lo menos tuviera la satisfacción de vivir el auto desprocesamiento de estos criminales. Porque el ha dado su vida por esta causa, es el que ha dado los testimonios más importantes, los relatos más vívidos de cómo fue la negociación, entre comillas. Bueno, aguardo poder darle esa satisfacción, porque Ianover creo que moralmente la merece. Porque ha tenido una conducta ejemplar por ser el prestanombre y nunca se quejó de nada, y nunca pidió nada. Ahora se ha presentado, después que nos conociéramos en un programa televisivo, y lo hemos instalado como querellante y como actor civil reclamando a los hacedores de este entuerto.

En fin, el panorama social y cultural es sombrío. Todo el deterioro institucional significa también un deterioro de derechos económicos, sociales y culturales. La tarea es enorme y las fuerzas son pocas. Yo he venido dando un ciclo de charlas, conferencias, a todo lo largo del país, he estado en Resistencia, en Bahía Blanca, en Mar del Plata, Rosario, en Santa Fe, este mes viajo a Mendoza y a Tandil, y he decidido emplear una frase de un personaje que no me gusta mucho pero que se ganó su lugar en la historia, Wiston Churchil, que cuando promediaba la Segunda Guerra Mundial y todavía la balanza no se había inclinado por la Batalla de Stallingrado le dice a su pueblo: “Todavía no tenemos las fuerzas suficientes para pararlo, pero ya sabemos quiénes van a ser juzgados como criminales”. Bueno, lo mismo pasa acá, todavía no tenemos las fuerzas, el Congreso está medio derruido, la justicia en cómplica, en buena parte, ergo todavía no tenemos las fuerzas, pero en algún momento estos van a caer en procesamiento y ahí vamos a pedir el juicio político contra el Presidente y la Vicepresidenta, y serán tiempos de recuperar el proceso perdido.

En ese contexto Milagro sola, paradójicamente se da en la provincia de Blaquier

No voy a decir nada que ya esté dicho sobre Milagro Sala, voy a decir lo que he dicho a pedido de una comisión a seguimiento del tema, o sea qué otra cosa se puede hacer por Milagro Sala, no?. Y mi visión personal y mi propuesta es que habiendo fracasado ya todo tipo de iniciativa judicial, incluso ante la Corte Suprema que rechazó un hábeas corpus que presentó con muy buena intención un grupo de colegas. Lo único que está funcionando y que  tiene algún  valor es la denuncia que está impulsando, creo que el CELS, en el órgano regional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que por lo menos le han pedido explicaciones al gobierno, pero no tiene la fuerza suficiente como para revertir la situación. En concreto mi propuesta es pedir la intervención federal sobre el Poder Judicial de Jujuy, porque no hay Poder Judicial en Jujuy, eso es una oficina administrativa del “capanga” Gerardo Morales y por lo tanto que hay que concitar un movimiento entre las organizaciones de Derechos Humanos, los sectores gremiales, las organizaciones sociales, etc., que están en compromiso con lograr un cambio,  de impulsar el pedido de intervención al poder judicial que no existe en la provincia de Jujuy.

Actualmente se ha vuelto a poner sobre la mesa la discusión acerca de la “justicia por mano propia”. Zafaronni siempre ha advertido sobre el peligro de este tipo de situaciones, en las cuales alguna persona cruza algún tipo de límite social -como es el caso del Carnicero-  y luego la noticia se difunde masivamente en los medios de comunicación, generando una especie de incitación al resto de la comunidad. La situación es todavía más peligrosa si el Presidente de la Nación de alguna manera avala la conducta, cuál es su mirada?

Macri estuvo casi al borde de lo que podríamos llamar una apología del delito. Creo que si una vez más vuelve a decir “Bueno, eso es lo que hay que hacer, sacar el revólver y pegarle un tiro” va a haber que denunciarlo. Claro que después salió Garavano a bajarle un poco el tono y a tratar de ponerle cierta racionalidad a las expresiones, pero evidentemente no tienen ningún plan de seguridad, y el plan de miseria va a ser el gran fomento del incremento de la criminalidad económica, de eso no me cabe ninguna duda. Siempre cuando uno va ante un requerimiento periodístico y le preguntan sobre cómo bajar la inseguridad uno dice “bueno hay que generar igualdad, hay que dar acceso al empleo” y le dicen “bueno pero eso después, dígame cómo hay que hacer ahora, ya para bajar el delito”… Bueno, si esa política de inclusión social se hubiera puesto en práctica masivamente hace 10 años yo diría que seguramente los índices de inseguridad económica serían mucho más bajos. Yo recuerdo que cuando el gobierno que reemplazó a Churchill, para seguir con el ejemplo, el laborismo, pero el laborismo en serio, toma las riendas para la reconstrucción del Reino Unido, fue el período de más baja criminalidad en la historia de Inglaterra. ¿Por qué? Porque había una causa nacional y porque había pleno empleo. Y mayor pobreza y destrucción que la que quedó después de la Segunda Guerra Mundial es inimaginable. No tenían ni viviendas, ni salud ni un carajo. Entonces empieza un gobierno que dice “vamos a reconstruir, vamos a dar igualdad de oportunidades a todos y lo poco que haya lo vamos a distribuir equitativamente”. Y así fue como lo lograron. La policía londinense no usaba armas de fuego.

Bueno, esa es una situación que se suele encontrar en los lugares con alto nivel de empleo y bienestar. En esos lugares es donde está la menor cantidad de policías, de cárceles, de presos.

Es que sin ninguna duda por ahí pasa la receta de fondo. Que después haya que municipalizar la policía me parece bien, y hay que preguntarle a Marcelo Saín que es el que más sabe del tema,

que se pongan en contactos con las organizaciones vecinales y con autoridades municipales, también me parece perfecto. Pero si no hay una política de inclusión social y pleno empleo, la criminalidad económica difícilmente baje. La criminalidad pasional va a seguir existiendo mientras el ser humano sea ser humano. Al que le agarra un ataque de celos, o de bronca, siempre va a existir, es muy difícil controlar las pasiones humanas. Pero la criminalidad económica, el hurto, el robo, que a veces ponen en riesgo la vida, tanto del que roba como del que es robado, eso se baja con inclusión social. Pero no es un problema de pobreza, es un problema de inclusión social. Porque muchos comunicadores tergiversan y dicen “yo conozco pobres muy honestos”, pero uno está hablando de inclusión social. Porque uno que está marginado, y que a la vez está viendo por televisión el último jean, la crema de afeitar, el jabón que hay que usar, la ropa, los autos deportivos… bueno, andá a convencerlo de que eso es para otro, que no es para él, como ha dicho claramente Rosendo Fraga.