LEY CORTA, MANTA CORTA Y LARGAS CONSECUENCIAS
Por Daniel Bello
En lo que respecta a la regulación de la comunicación en nuestro país, el gobierno solo ha avanzado mediante la utilización de decretos (267/15 y 1340/16). Estos DNU han fomentado la concentración y han facilitado que el monopolio de Clarín gane, en términos mercantilistas, tiempo y dinero.
Con esas dos variantes y sin límites legales, el monopolio ha crecido hasta el punto de presentar la fusión entre Telecom y Cablevisión.
Aunque aún falta que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia se expida al respecto, logró que no haya ley que le impida tratar a un derecho, como lo es la comunicación, como mercancía.
Se especula con que, una vez finalizados los pasos necesarios, se lanzará una Ley de Convergencias acorde a la medida de las necesidades del grupo para monopolizar la palabra y homogeneizar el pensamiento.
En ese sentido, el gobierno ha dado un paso más y, el 11 de abril de este año, Andrés Ibarra, ministro de Modernización, presentó en el Senado, ante la Comisión de Medios y Libertad de Expresión, el “PROYECTO DE LEY DE FOMENTO DE DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURA Y LA COMPETENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TICS)”.
La también denominada “Ley Corta”, que consta de 13 artículos, autoriza a las telefónicas a brindar servicio de TV satelital. Una manera de compensar a las telefónicas por la fusión.
El dato “pasó desapercibido”, acaso porque se dio en medio de un debate público en torno a si los granaderos – con motivo de la visita de Mariano Rajoy a nuestro país – llevaban banderas o banderolas españolas; si era protocolo u otra muestra de sumisión de nuestro gobierno por conseguir favores monetarios, cómo pasó con el intento de hacer jugar a la selección en Jerusalén contra Israel.
Cómo sea, no fue la pelota lo que distrajo.
Manta corta
Este proyecto, como todo lo que realiza el gobierno en líneas generales, termina siendo anticonstitucional y afectando derechos.
En mayo de este año, Pino Solanas, uno de muchxs, denunció que el gobierno había modificado la composición de la comisión de Comunicación y Cultura para asegurar la mayoría que permitiera aprobar el proyecto.
Además, marcó que el intento de dejar afuera a la Comisión significó incumplir con el artículo 75, inciso 19, de nuestra Constitución Nacional, el cual indica que “el Congreso debe proteger (…) la identidad y pluralidad cultural, los espacios culturales y audiovisuales”.
Por otra parte, este proyecto que se presentó afecta al menos tres leyes importantes aprobadas por el Congreso Nacional, una de las cuales demanda una mayoría especial para su modificación.
Como si fuera poco, durante un mes y medio, el gobierno quiso mostrar que dialogó con diversos sectores – como sucedió con los 17 puntos de Giudici y la Comisión redactora – para transmitir la idea de ley consensuada. De este proceso vale rescatar la clarificadora intervención del Dr. Martín Becerra, Profesor e investigador Conicet, UNQ, UBA.
Sin embargo, lo que generó el gobierno fueron parches a la decisión de convalidar la fusión de Telecom y Cablevisión: presentó está ley para complacer a las telefónicas y, a su vez, le introdujo ciertas modificaciones para satisfacer demandas de las Pymes y Cooperativas.
Para junio, llegó la noticia de cambios en el ENACOM : la renuncia de Miguel De Godoy. Su reemplazo era Silvina Giudici, y esto implicaba más control de Clarín dentro del organismo público.
Esto hay que tenerlo en cuenta porque cuando se llegó al punto final en el que se trató de forzar la aprobación del proyecto el martes pasado -que debió suspenderse por una semana más a raíz de lo sucedido con la familia del senador Neidenoff- había llegado con algunas modificaciones para satisfacer a las Pymes y coooperativas pero que pueden no ser tan beneficiosas en el largo plazo.
Bajo el rimbomante argumento de “mejorar la conectividad, el despliegue de 4G y promover la inclusión digital”, se pudo leer entre las modificaciones que se les otorgó a las Pymes la ampliación de 80 mil a 100 mil habitantes, no clientes – esto no es un detalle menor si se tiene en cuenta que del total no todos acceden al servicio-, de la zona de protección atendida Por pymes que brindan telcos. Otra de la modificaciones que se propone es promover el uso compartido de infraestructura mediante convenios, eliminando así que haya pactos de exclusividad, algo que habían pedido las pequeñas prestadoras de telecomunicaciones. Sin embargo, también se les avisa que será el ENACOM, o sea Clarín, quien resuelva eventuales conflictos entre partes y a su vez será el encargado de asignar en forma directa a ARSAT espectro de 3G y 4G.
Además, el ENACOM, o sea Clarín, buscará ampliar la competencia a partir de otorgar esas bandas a operadores locales y regionales , públicos o privados, haciendo uso de lo establecido en el DNU 1340/16.
Así tenemos, entonces, a las pymes y cooperativas que apoyan esta ley tratando de mantener su posición dominante en donde residen y su zona de incidencia -y acaso buscando demorar por 5 años el inexorable desembarco del monopolio-; no tienen en cuenta -o al menos eso parece- que al utilizar la infraestructura de los grandes y sin ley que contemple un porcentaje de producción local dentro de la grilla de contenidos, serán meros reproductores de los grandes y su contenido unitario, que serán, finalmente, disciplinados por las normas que estos impongan.
Consecuencias largas
Para profundizar sobre este último punto, PPV habló con Ariel Garbarz, ex Director de Proyectos de Redes de Última Milla (Plan Nacional de Telecomunicaciones Argentina Conectada) y Profesor de Seguridad Activa de las Comunicaciones UTN BA.
Sobre la aceptación por parte de las Pymes y Cooperativas a dicho proyecto indicó: “En la Argentina hay monopolio de la fibra óptica y de los accesos satelitales, quiere decir que cualquier empresa Pyme o cooperativa tiene que pagarle el peaje al grupo Clarín, Fibertel o Cablevisión, o al Grupo Telefónica de Argentina, Movistar o Claro, para poder usar esos accesos que son realmente de banda ancha.
Entonces, los precios los fijan los grandes y la velocidad, tras terminarse la neutralidad de la red en Estados Unidos, la van a manejar quienes tengan la manija de los Gateway que son las grandes compuertas o los grandes troncales de internet, eso quiere decir que las grandes empresas de telecomunicaciones van a fijar esas condiciones que son básicas para que haya democratización de las comunicaciones”.
Explica también Garbarz:“Si vos sos un cablero, una pyme, una cooperativa te daban, hasta ahora, nada más que 10 mb* y con eso te tenías que arreglar para repartirlo entre tus clientes. Ahora, con esta nueva ley, te dicen, te vamos a dar 100 mb. y vos saltás de la alegría. Pero en la práctica vas a ver que a esos 100mb te los van a regular**.
Entonces, de acuerdo a lo que vos transmitas, de acuerdo a la cantidad de clientes que tengas y, además, cuando te digo que de acuerdo a lo que vos transmitas, significa en función de los contenidos que vos quieras subir a la red, y la propia ley te dice que esa atribución no la decide la ley sino que la van a decidir finalmente en cada uno de los distritos las mismas empresas de telecomunicaciones. Es decir, liberan totalmente el mercado, dejan que todos los operadores puedan hacer lo que quieran y cuando vos liberas el mercado, como ocurre en economía y en otras áreas, ganan los más grandes”.
¿Qué posibilidades hay de qué se pueda salir de esta situación?
En realidad las posibilidades que tenemos son las de garantizar en la Republica Argentina la neutralidad de las redes a pesar de que en Estados Unidos no lo hagan
¿Qué significa esto? Significa usar la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice que todas las redes de renta monopólica deben ser reguladas y controladas por el Estado Nacional. Que cuando terminen las concesiones, sus estructuras de comunicación pasan a ser patrimonio del Estado.
Esto es que toda la fibra óptica que instaló Fibertel y el grupo Clarín que tiene en este momento el monopolio de los amigos en el país, y que son obviamente monopolios, deben ser controlados por el Estado; el Estado tiene que fijar las tarifas, controlar que el ancho de banda se reparta democráticamente.
Obviamente, esto no se está aplicando, esto son principios de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, de la ley de telecomunicaciones Argentina Conectada y lo que hay que hacer es volver, no a esas leyes que capaz contenían errores, sino a esos mismos principios. En resumen, nuestra esperanza si llega a salir esta Ley Corta es el Poder Judicial.
* Hasta 2015, ARSAT ofrecía su servicio mayorista de internet a diferentes precios.
A partir de 2016 y durante la gestión de Rodrigo de Loredo – quien vuelve al ruedo tras haber dejado ARSAT, por ser yerno de Oscar Aguad, al asumir en el cargo que dejó Giudici- se estableció una tarifa plana federal de u$s 18/Mb, luego se bajó a u$s 14/Mb.
Es decir, una baja del 20% en la tarifa plana de la red de fibra óptica para las Pymes.
** Cuando se refiere a regular habla de la velocidad de la banda ancha.