LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN UNA ARGENTINA SIN INCLUSIÓN
Por Cecilia Markic
El 3 de diciembre fue declarado Día Internacional de las Personas con Discapacidad por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1992, mediante la resolución 47/3. En Argentina se declaró Día Nacional de las Personas con Discapacidad (Ley 25346) en octubre del año 2000, con el fin de promover conductas responsables y solidarias sobre los derechos de todas las personas con discapacidad. Además, nuestro país adhiere también a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Naciones Unidas de 2007 – derecho internacional de los derechos humanos- destinada a proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad.
Lejos de la inclusión y de tener más posibilidades para los grupos vulnerables en nuestro país, la situación empeoró considerablemente en los últimos años. Las personas con discapacidad hoy deben diversos problemas: con las obras sociales debido a los atrasos en los pagos a los prestadores y demoras para conseguir turnos o para que les autoricen las terapias; en el plano educativo para conseguir vacantes y a esto también se suma la quita de pensiones que tuvo lugar en 2016 y 2017.
Este año, además, se intentó – a través de la resolución 1231/2019- limitar la cantidad de tratamientos, reducir las horas de terapia y achicar los prestadores autorizados a realizarlas. Finalmente, en octubre, tras un mes de marchas, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) dio marcha atrás y derogó la polémica resolución, aunque insistió en la necesidad de discutir una “posible reformulación” de las prestaciones en el sector. Las organizaciones se mantienen en alerta ante esta clara intención de recorte y celebraron la medida como un “gran triunfo de la lucha en las calles”.
En cuanto al Nomenclador de Prestaciones Básicas, que es el que fija la retribución salarial de aquellos profesionales como los maestros integradores, terapistas ocupacionales, psicopedagogos y que constituyen un soporte fundamental de los tratamientos, desde 2016 a la fecha, siempre estuvo considerablemente por debajo de la inflación.
Desde el Estado tampoco se trabajó para dar más empleo a las personas con discapacidad y no se cumple con el cupo laboral del 4% en el sector público (ley 25.689). Según el registro de personas con discapacidad, en la Administración Pública Nacional, actualmente, el porcentaje solo alcanza un 0,98%.
Teniendo en cuenta que La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera a la discapacidad como toda limitación en la actividad y restricción en la participación, originada en la interacción entre la persona con una condición de salud y los factores contextuales (entorno físico, humano, actitudinal y sociopolítico), para desenvolverse en su vida cotidiana, dentro de su entorno físico y social, según su sexo y edad. Argentina tiene 3.571.983 personas de 6 años y más años que padecen algún tipo de discapacidad, una cifra que equivale en forma estimada al 10,2% de la población: aproximadamente, 10 de cada 100 personas, según un estudio preliminar del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). (https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/poblacion/estudio_discapacidad_07_18.pdf)
Todas las personas con discapacidad enfrentan muchas barreras diarias para que se las incluya. La importancia de promover el fortalecimiento de la inclusión es que se creen oportunidades reales, se potencien sus habilidades y se les ayude a establecer sus prioridades. El empoderamiento implica invertir en las personas – en empleos, salud, nutrición, educación y protección social- y el derecho a participar en la actividad pública es esencial para crear democracias estables, para una ciudadanía activa y para reducir las desigualdades sociales.
Por lo tanto, el objetivo debe ser aceptar las diferencias y garantizar un sistema donde todos tengan las mismas posibilidades de crecimiento, los mismos derechos, deberes y esperanzas.