LA POLÍTICA DIGITAL DE LA PERSECUCIÓN
Por Daniel Bello
En 2016, el diccionario Oxford reconoció a la posverdad como la palabra del año entre todas las que se habían utilizado a lo largo de los 365 días que estuvieron signados, emblemáticamente, por el Brexit y el triunfo electoral de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.
El término posverdad es un neologismo que se refiere a la distorsión deliberada de una realidad que se corresponde con la manipulación de creencias y emociones con el objetivo de influir en la opinión pública y en las actitudes sociales, tal y como lo define la Real Academia Española de la Lengua (RAE).
Si tomamos como ejemplo nuestra Región en general, y nuestro país, en particular, podemos corroborar como, efectivamente, la posverdad funcionó como uno de los medios por el cual se manipularon emociones y se distorsionó la realidad con el fin de influir en la opinión pública de modo que ésta resulte proclive a aceptar una realidad política, económica y cultura lejos de sus intereses reales.
Asimismo, el lawfare, o judicialización de la política, tiene, en su implementación a la posverdad, a las fakenews y la desinformación como parte constitutiva en la que se articulan organizadamente medios hegemónicos, redes sociales digitales, la política y la justicia.
A modo de ilustración podemos mencionar dos casos que sobresalen en la Región, el de Lula da Silva en Brasil y el de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. En el primer caso bastó acusar al líder del Partido de los Trabajadores de ser poseedor de un departamento en la localidad de Guarujá y que su adquisición había sido producto de la corrupción en su mandato, en tanto, un Memorándum de entendimiento con Irán fue suficiente para acusar a la ex presidenta argentina de beneficios económicos a cambio de impunidad.
Es decir, en nuestra región, y de acuerdo con distintas opiniones, el lawfare y una de sus patas constituyentes, la posverdad resultaron nodales para perseguir, proscribir e inhabilitar líderes y lideresas políticos de procesos populares -y transformadores- iniciados a principios del siglo 21.
Transcurridos 8 años el escenario aparece dominado por la implementación de la Inteligencia Artificial tanto para la política como para la vida cotidiana de les ciudadanes, formas que encuentra la derecha mundial para mantener vigente una realidad ficticia.
En esta línea, y ya yéndonos de la Región, el sábado pasado asistimos a un capítulo más del nuevo manual de instrucciones a favor del desarrollo del capitalismo siglo 21: la detención del franco-ruso Pavel Durov, directivo ejecutivo de Telegram.
En la noche del 24 de agosto, en el aeropuerto de Le Bourget, Durov fue detenido dado que la agencia francesa de prevención de la violencia contra los menores, OFMIN, había emitido una orden de arresto contra su persona como parte de una investigación preliminar sobre varios delitos, que incluían fraude, tráfico de drogas, acoso cibernético, crimen organizado y promoción de terrorismo.
Es necesario aclarar, y remarcar, que esas acusaciones necesitan ser investigadas; sin embargo, luego de lo sucedido con el resonante caso del australiano Julian Assange, que recién después de 14 años de persecución pudo alcanzar la libertad, dudar sobre los fundamentos de la detención de Durov, parece razonable.
I have seen false information regarding France following the arrest of Pavel Durov.
France is deeply committed to freedom of expression and communication, to innovation, and to the spirit of entrepreneurship. It will remain so.
In a state governed by the rule of law,…
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 26, 2024
Cabe recordar que Assange tuvo que declararse culpable de un único cargo penal de conspiración por obtener y divulgar información clasificada de defensa nacional de Estados Unidos. Ésta información consistió en mostrar al mundo como la maquinaria bélica estadounidense asesinaba, sin más, a presuntos insurgentes en Irak: la verdad fue que se había matado a una docena de personas, entre ellas dos miembros del personal de noticias de Reuters.
La posverdad funcionó y claramente el lawfare también.
Es probable que el escenario electoral del año entrante y la proliferación del uso de la Inteligencia Artificial demanden desarrollar nuevas categorías de análisis e intervención, fundamentalmente, ante una sociedad que ha cambiado notablemente sus hábitos culturales y sociales.
No olvidemos que tanto la posverdad como el lawfare – y con ello las fake news y la desinformación – gozan de muy buena salud.
Transparencia
La detención de Durov tiene como uno de sus fundamentos haber permitido la comisión de crímenes múltiples al negarse a intervenir y moderar las actividades en su plataforma.
Esto es cuanto menos llamativo dado que ni siquiera contra Mark Zuckerberg o Elon Musk se avanzó tan categóricamente como contra Durov.
Basta recordar que tanto en facebook como en x, se ha determinado fehacientemente la falta de moderación y transparencia, situación que ha permitido la proliferación de discursos de odio o fake news entre otras cuestiones.
En 2018, Zuckerberg tuvo que comparecer tanto en el Parlamento británico como en el Congreso norteamericano por el modo en que Facebook (y sus plataformas asociadas) recolectaron y utilizaron información basada en datos generales de los propios usuarios.
En el caso de X, que ha tenido incidencia directa en la propagación de fake news en la política en general y en el marco de procesos electorales en lo particular, cuando fue comprada por Musk una de las primeras que tomó el magnate fue la de desmantelar completamente el área de moderación.
Ambos casos dan muestras concretas de que hay lugar para evaluar – más allá de las acusaciones que, como mencionamos, deben ser investigadas- que podemos estar frente a un nuevo caso en el que, en nombre de la libertad, se avance en sentido contrario.
Es decir, que en nombre de la libertad se censure y restrinja el derecho humano a la comunicación con el fin de establecer un discurso único y hegemónico tal y como viene ocurriendo en el mundo desde hace ya un largo, largo tiempo.
Brasil comunica
La Secretaría Nacional del Consumidor de Brasil (Senacon) exigió a las grandes tecnológicas mayor transparencia en la moderación de contenidos, en el procesamiento de datos y la publicidad difundida en sus redes sociales.
Fue a través de una resolución en la que estableció plazos de un año para la gestión de datos y transparencia sobre la moderación de contenidos y de cuatro meses para ajustarse a las normas sobre anuncios.
Estas medidas buscan asegurar que los consumidores comprendan y controlen mejor cómo se utilizan sus datos y cómo se les presenta la publicidad y moderan sus contenidos las plataformas digitales.
Cabe destacar que lo que ocurra en Brasil puede significar una clara señal de hacia dónde se podría encaminar, en el sentido de moderar redes sociales digitales y plataformas, sin que ello sea entendido –en un reduccionismo- como una censura y sí como una forma en la que usuaries y audiencias puedan y sean libre de ejercer sus derechos.