LA JUSTICIA ORDENÓ QUE UNA OBRA SOCIAL RESPETE LA IDENTIDAD DE GÉNERO
Por Amarú Varela
La Cámara Federal de Apelaciones de General Roca -Río Negro- resolvió una medida cautelar a favor de una afiliada de OSECAC para la reasignación de sexo.
Meses atrás, L.D. -una mujer trans, cuyo nombre se reserva- había interpuesto un recurso de amparo en contra de Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles (OSECAC), a fin de que ésta le proveyera cobertura integral de la cirugía denominada “Neo-vaginoplastía”.
La jueza de primera instancia rechazó el amparo, ya que, según su entendimiento, la solicitante no había probado “el peligro en la demora”, es decir, el perjuicio que le ocasionaría la demora que insumiría la tramitación del proceso, un requisito fundamental para que la acción prospere.
Ante esta decisión, la mujer apeló el fallo aduciendo que no podía afectarse su autonomía de la voluntad en la medida que, en ejercicio de los derechos que se le reconoce al colectivo LGBT, ella decidió la adecuación física en concordancia con su identidad de género.
El art. 11 de la Ley de Identidad de Género prescribe que “toda persona mayor de edad puede acceder a intervenciones quirúrgicas totales o parciales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, a su identidad de género autopercibida, sin necesidad de requerir autorización judicial”. El único requisito que la ley prevé para este tipo de procedimientos es el consentimiento informado del paciente.
Finalmente, el Tribunal Superior -fundamentando su decisión en principios internacionales y la Ley 26.743 de Identidad de Género- hizo lugar al planteo por considerar suficiente “la incidencia negativa que el transcurso del tiempo le ocasiona en el desarrollo de su personalidad y de su identidad de género al no poder acceder a la reasignación genital”.
A más de siete años de la sanción de esta ley, no es novedad que las obras sociales incumplan injustificadamente la Ley de Identidad de Género, violando así los derechos de las personas trans.
En junio pasado, la Obra Social del Poder Judicial no garantizó el acceso gratuito a las hormonas para las personas travestis y trans.
Ante esta gravísima situación, el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Judiciales de la Nación (SITRAJU), junto con representaciones gremiales y organizaciones LGBTI de todo el país, solicitaron a la Secretaría de Gobierno de Salud de Nación que se adecue a la Ley de Identidad de Género.
Tenemos la esperanza de que con la asunción del nuevo gobierno se cumplan las leyes y se respeten los derechos adquiridos.