JAVIER MILEI DEROGÓ LA LEY DE EMERGENCIA TERRITORIAL INDÍGENA

Por PPV

El pasado 10 de diciembre, en el día en que se los conmemora a nivel internacional, y como una actitud más de desprecio a los Derechos Humanos, el presidente Javier Milei y sus ministros firmaron la derogación de la última prórroga de la Ley de Emergencia Territorial Indígena (26.160), que vencía en noviembre de 2025 y mantenía la suspensión de los desalojos sobre tierras comunitarias de los pueblos originarios.

La abogada e integrante de la El lonko del Lof Pillan Mahuiza, Mauro Millán, denunció que “la derogación de la Ley 26.160 tiene que ver con la necesidad de las empresas nacionales y multinacionales de tener el camino allanado para el despojo de los territorios y los recursos naturales”; y llama a sostener “una resistencia absolutamente colectiva”. En tanto, la abogada e integrante de la Asociación de Abogades de Derecho Indígena (AADI), Silvina Ramírez, calificó la decisión como “un acto de gravedad inusitada” y advirtió que, como consecuencia, “los desalojos pueden llevarse adelante”.

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1083/24 deroga la prórroga de la Ley Emergencia Territorial Indígena, que había sido ordenada por el ex presidente Alberto Fernández con otro decreto, el 805/21, firmado hace tres años.

Comunidades indígenas y especialistas advirtieron sobre la plena vigencia del Convenio 169 de la OIT sobre derechos indígenas y del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 2020 sobre titularización de tierras comunitarias. Asimismo, hicieron mención al pronunciamiento que, hace pocas semanas atrás, hiciera la CIDH cuando exhortó al Estado argentino a “implementar mecanismos administrativos eficaces para proteger los derechos territoriales de los pueblos indígenas”.

“Sabíamos que este día llegaría. El día de salir a defender lo que nuestros abuelos nos legaron. No heredamos tierras, heredamos una trinchera de defensa de la vida”, expresaron desde la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita de Tucumán.

El extractivismo es la meta

“Que no se advierte razón que justifique la continuidad de la emergencia”, sostiene el Poder Ejecutivo en el decreto y agrega que en los 18 años de vigencia de la Ley 26.160, sancionada en 2006, se impidió “el libre ejercicio de las actividades productivas y recreativas sobre las tierras involucradas, así como también limita el derecho a la disposición de dichos bienes”. Mientras que revela su posicionamiento contra los derechos territorial indígenas al sostener que “la situación precaria de los legítimos propietarios o poseedores que en muchos casos han sido desplazados”.

Tal como informa la agencia Tierra Viva, el decreto comienza con la cita del artículo 75 de la Constitución Nacional que, desde la reforma constitucional de 1994, reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas, la personería jurídica de sus comunidades y “la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”. Ese era, precisamente, el objetivo de la sanción de la Ley 26.160: llevar a cabo un relevamiento jurídico, técnico y catastral que permita identificar los territorios que poseen las comunidades indígenas en Argentina.

Sin embargo, en los 18 años transcurridos, el Estado no cumplió con ese cometido. Según un reciente pronunciamiento de la CIDH, de las 1.881 comunidades indígenas identificadas oficialmente en el país —el decreto hace referencia a 1.626—, el 47 por ciento del total aún no accedió al relevamiento territorial correspondiente. La intención del Gobierno de eliminar la ley era un secreto a voces desde hace meses ya contaba en el Congreso con un proyecto del diputado y jefe del bloque Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto.

“Aunque siguen vigentes los instrumentos jurídicos internacionales, como el Convenio 169 de la OIT, esta ley permitía invocarla para evitar los desalojos, que lamentablemente se seguían sucediendo en el país. Esta derogación deja en una zona de enorme incertidumbre estos relevamientos, que hasta el presente habían avanzado en un 50 por ciento, con muchísimos obstáculos y ambivalencias”, analizó Ramírez consultado por Tierra Viva.

*Con información de Agencia Tierra Viva