Noboa dispuso el estado de excepción
EL NARCOTERRORISMO AVANZA EN ECUADOR
Por PPV
Foto portada Agencia EFE
Las imágenes que llegaban desde Ecuador irrumpieron en plena jornada de un caluroso enero mientras en Argentina, en el plenario de comisiones, se debatía la Ley ómnibus con la que Javier Milei busca imponer una amplia gama de reformas en el Estado.
La noticia era que en Guayaquil se produjo, en sintonía, un golpe terrorista: la señal de televisión de TC Televisión y la Universidad de Guayaquil, siendo el primero el más relevante dado que la toma de rehenes se transmitió en vivo y en directo.
Mientras los hombre encapuchados y con distintas armas y de calibres ingresaban al set, e iban sometiendo a les trabajadores de la señal, gritaban que la policía se retirase del lugar que ya rodeaba el edificio. Por momentos golpeaban a alguno de los rehenes a la vez que se dirigían a las cámaras exhibiendo su armamento.
Poco después de la toma de TC, las noticias que llegaban daban cuenta de una situación similar en la Universidad de Guayaquil, la cual decidió suspender todas las actividades en sus instalaciones. También circularon videos, en las redes sociales digitales, que mostraban a varios estudiantes huyendo de presuntos secuestradores.
Extrañamente la institución aclaró, mediante un comunicado, que, “para conocimiento de la ciudadanía, no ha ocurrido ningún suceso dentro de las instalaciones de la UG” y que las filmaciones que circularon en redes sociales muestran a “solo un grupo de estudiantes que formó una pequeña estampida por la desesperación de salir rápido”.
El ministerio de Educación dispuso la modalidad “no presencial” hasta el viernes 12 de enero en todo el Sistema Educativo Nacional, que incluye planteles de régimen estatal, municipal y privado.
A estos ataques se suman al menos ocho ataques ocurridos en Esmeraldas, Pichincha, Azuay, El Oro, Los Ríos, Loja, Chimborazo y Guayas, según reportes de la Policía y autoridades locales. Aunque el total de actos se contabilizaban alrededor de los treinta ataques.
Finalmente, para las 17 horas se conoció que la policía pudo detener a los secuestradores a la vez que Noboa emitió el decreto 111, en el cual caracteriza a varios grupos de crimen organizado como terroristas.
El presidente ecuatoriano, además, ordenó a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares, bajo el derecho internacional humanitario y respetando los derechos humanos, para neutralizar a los grupos terroristas.
Lo previo
Se sabe que la difícil realidad que atraviesa Ecuador no se generó bajo el actual gobierno, dado que hay que recordar que es el producto de un largo camino que inició cuando concluyó el gobierno del ex presidente Rafael Correa el 24 de mayo de 2017 y asumió el poder Lenín Moreno.
Con sustento en la estigmatización, la persecución y el encarcelamiento de militantes y políticxs del Correísmo, Moreno avanzó en medidas que fueron ajustando al pueblo ecuatoriano; esas políticas de ajuste, y en detrimento del Estado, derivó que, ya bajo el gobierno del banquero Guillermo Lasso, terminé con una explosión social que movilizó durante tres meses al pueblo ecuatoriano.
El plan de austeridad de Lenín Moreno pretende reducir el déficit público ahorrando US$1.500 millones para cumplir con el acuerdo con el FMI.
La medida que generó el estallido fue el paquetazo que impulsó Lasso en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual terminó declarando el estado de excepción en todo el país como respuesta a las protestas social tras la eliminación de los subsidios a los combustibles.
Hacia el final de su mandato, Lasso contempló la posibilidad efectiva de tener que afrontar un juicio político que terminase con su destitución.
Esto ocurrió luego de que el medio digital ‘La Posta’ publicase audios en los cuales aparecía el empresario Danilo Carrera, cuñado de Lasso vinculado a una trama de corrupción en contrataciones y nombramientos en empresas estatales.
En los mismos audios otra persona cercana al oficialismo también aparecía en escena: el empresario Rubén Cherres -quien estuvo vinculado en 2021 a una investigación por presuntos nexos con el narcotráfico-.
Estos hechos devinieron en la asunción de Daniel Noboa, de 36 años, como presidente por exactamente 1 año y 6 meses, al que muchos denominaron un “gobierno exprés”.
Cabe recordar que durante la campaña previa a las elecciones, el candidato Fernando Villavicencio fue asesinado en Quito. Tras el ataque se detuvieron a 7 personas de nacionalidad colombiana que luego fueron asesinadas: seis en el Penal del Litoral, en las afueras de Guayaquil y una más en una prisión de Quito.
Bajo este contexto, los tres gobierno que siguieron al de Correa – que estuvieron más ocupados en perseguir y ajustar – desatendieron la realidad social que atravesaba el país.
En ese marco, y con la complicidad de se ciertos sectores, el narcotráfico se pudo desplegar sin frenos.
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El pasado 4 de enero el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunció que su plan para impulsar la economía era fortalecer el empleo juvenil, atraer inversores extranjeros y tener un Estado eficiente.
Esas máximas son difíciles de rechazar para cualquiera que se jacte de proponer diálogo y consenso. Sin embargo, es necesario señalar que de momento el rumbo del país no ha mejorado ni cambiado.
Tras esos anuncios y la explosión de la crisis de ayer en Ecuador, el propio Rafael Correa emitió su apoyo a Noboa haciendo hincapié en la necesidad de recuperar el Estado como un actor de peso a la hora de afrontar la actual crisis.
Además, es dable resaltar que la resolución de Noboa, en sus propias palabras, posibilita «a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares para neutralizar a estos grupos».
Y por ahora, parece que es la única solución para la economía que tiene Noboa: el ejército en las calles y la ciudadanía pidiendo que haya paz en el país.
FUENTE: https://ar.radiocut.fm/audiocut/columna-federico-montero-5192/