ECUADOR: “QUEDAN TRES AÑOS DE UN GOBIERNO EN MUERTE CLÍNICA”

POLÍTICA INTERNACIONAL

Entrevista a Pabel Muñoz

ECUADOR: “QUEDAN TRES AÑOS DE UN GOBIERNO EN MUERTE CLÍNICA”

 Por Miguela Varela

Después de casi 20 días de paro nacional, el Movimiento Indígena acordó con el gobierno levantar la medida de fuerza a cambio del cumplimiento de algunas condiciones. Jornadas permeadas por muertos y heridos desembocaron en un acuerdo que pone un freno al conflicto, pero que profundiza la debilidad de un gobierno de derecha que trabaja para el establishment ecuatoriano.

Con la mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana se acordó reducir el precio del combustible (un total de 15 centavos de dólar), e instaurar nuevas limitaciones a las corporaciones petroleras y mineras sobre los territorios protegidos indígenas, entre otras medidas. Además, quedará vigente una mesa de diálogo durante 90 días como garantía de paz.

Más allá de la política interna, este conflicto enciende alertas en América Latina ya que las protestas se dan en un país asediado por el Fondo Monetario Internacional, por las secuelas económicas de la pandemia y por la disparada de los precios en alimentos y combustibles. Algo similar a lo que sucedió durante 2019 en Ecuador y también en Chile, este último desembocando en su primer gobierno de izquierda del siglo XXI.

Para analizar el proceso dialogamos con Pabel Muñoz, dirigente de Revolución Ciudadana y legislador por la provincia de Pichincha, quien vivió de cerca estas intensas jornadas.

¿Cómo evalúas el desarrollo de las protestas? ¿Qué sectores participaron más allá de la Confederación de Nacionalidad Indígenas (CONAIE)?

Ante todo, muchísimas gracias por la atención que le están dando al tema ecuatoriano. Después de casi 20 días de paro nacional, fue un ciclo que ha ido creciendo a medida que muchos se fueron plegando al paro. De todas maneras, en algunos casos, se han plegado uno o dos días y luego hemos notado que han dejado la movilización. Es importante recordar que todo comenzó con el Movimiento Indígena, sobre todo movilizando sectores de la sierra y de la Amazonía. Se sumaron prontamente sectores universitarios y de colegios secundarios, y luego fue el sector del transporte como lo más notorio. Y si es cierto que, cada día, ha tenido una activación en barrios populares de la ciudad de Quito, tanto en el sur como en el norte de la ciudad. Hace unos días fue notoria una movilización en la Parroquia de Calderón, al norte de Quito, que de hecho tiene además comunas ancestrales, donde fueron reprimidos de una manera brutal. También eso hay que decirlo y denunciarlo. Y otro hecho que destacaría en la sumatoria de sectores paralizados, es a nivel territorial. Durante estos días las comunidades indígenas hablaban de 18 provincias que estaban activadas en la dinámica de paro. Recordemos que el Ecuador tiene 24 provincias, esto significa que no fueron pocas las que se plegaron al paro. Sin embargo, no han sido sostenidas…¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, el sector estudiantil se sumó en un momento, pero al final no ha continuado de manera permanente. Lo mismo que el sector del transporte, sólo se han sumado un par de días hasta retomar sus actividades habituales. Entonces, se vivieron momentos de mucha angustia sobre la indefinición del paro y hubo mucho temor por el desabastecimiento que podía provocarse por los productos que provienen de las zonas rurales.

¿Cuál fue el impacto político para la gestión del gobierno?

Es importante analizar la votación que se dio en el marco de la Asamblea Nacional. Hay que recordar que la Constitución del Ecuador tiene una figura que se llama “muerte cruzada”, y se llama así porque el Poder Legislativo puede destituir al Presidente de la República y, si lo hace, tanto Ejecutivo como Legislativo deberían dejar sus cargos y tres meses después competir en elecciones generales. Y lo propio puede hacer el Presidente: puede cerrar la Asamblea Nacional y poner su cargo a disposición. ¿Por qué se tomó esa decisión? ¿Por qué se incorporó esa figura institucional en la Constitución de Montecristi? Porque entre 1996 y 2006 ningún Presidente electo del Ecuador terminó su período. Según como se los cuente, llegamos a tener hasta 9 presidentes en 10 años. Esa década de inestabilidad y de crisis política obligó a que los asambleístas constituyentes del 2008 tomaran la decisión de incorporar esta medida. En realidad, es una medida de contención, mas bien disuasiva: que no exista un incentivo para que el Legislativo quiera destituir al Presidente, ya que al hacerlo tiene que convocar a elecciones generales y, lo propio al revés. La bancada de UNES (Unión por la Esperanza), de la Revolución Ciudadana, de la cual yo soy parte pidió el viernes anterior que se active esta medida constitucional. Hubo tres días de debate, ya que la Asamblea Nacional tiene 137 miembros de los cuales expusieron 112 asambleístas. Y en la votación, si bien se alcanzó la mayoría, no se tuvo la mayoría calificada de dos terceras partes. Es decir, 92 votos para que se cumpla el propósito. Por lo tanto, la posibilidad de una salida, una opción que no se había utilizado desde que está vigente esta Constitución, ayer fracasó. Por esto, el Presidente se mantuvo en su cargo. Pero claro, la gran pregunta es: ¿como van a hacer los siguientes tres años de su gobierno? Su base de gobernabilidad queda muy golpeada, y va a ser difícil establecer una política de alianzas, salvo con aquellos sectores que ya lo apoyaban y que de hecho hoy son muy críticos de su gestión. Desde mi punto de vista, se avizoran tres años donde el Presidente gobernará en una muerte clínica.

¿Cual fue el rol del correismo ante la crisis?

Nuestra fuerza política, la Revolución Ciudadana, no fue la convocante ni se ha sumado al paro. Evidentemente, como organización, dejó en libertad a que sus adherentes, simpatizantes y militantes puedan sumarse de manera individual a la que parece ser la mayor manifestación con participación indígena al menos desde 1990. Esto tiene una dimensión más grande que la movilización de octubre de 2019 y, por la tanto, la organización dejó en libertad que sus militantes participaran en ella. ¿Por qué la decisión de la organización es no participar abiertamente? Porque está claro, sobre todo con lo que pasó en 2019, que a nuestra fuerza política se la toma como chivo expiatorio. Recordemos que en octubre de 2019 fue también el movimiento indígena el que protagonizó la paralización y los movilizaciones de ese momento, pero los presos y asilados políticos provinieron de la Revolución Ciudadana. Una cosa que no sucedía desde las dictaduras de los años 1970. Así que ése ha sido nuestro papel: no participar como organización. Pero creo que tuvimos un rol incidente ya que, en primer lugar, nuestra decisión pateó el tablero con la invocación del artículo 130 de la Constitución para la “muerte cruzada”, porque eso permitió que de alguna manera el conflicto pase de la calle hacia un terreno institucional, como es el Legislativo donde se debatieron durante tres días las distintas posiciones. En segundo lugar, bajó la presión de las fuerzas públicas sobre la movilización. Y a esto hay que darle su justo sitio porque, recordemos que hasta este momento hay varios muertos, casi 200 heridos y distintas violaciones a los Derechos Humanos. Y tercero, es esa decisión la que obliga a que los actores se sienten en la mesa. Pero claro, poco puede hacer después de eso la Revolución Ciudadana, si en la mesa de diálogo el gobierno se muestra tan inoperante. Así nosotros, al menos, hemos buscado una salida institucional al conflicto, a pesar de no haber tenido suerte en la Asamblea Nacional. Pero esto tampoco significa que el gobierno ha ganado. Creo que es inapropiado pensar en esta situación en términos de quien gana y quien pierde, ya que quien está perdiendo es el país con un gobierno inoperante en todo sentido. Solo existe un relato desde el gobierno como si el Presidente hubiese ganado una tercera vuelta electoral, pero creo que más bien queda muy golpeado en su legitimidad de aquí en adelante.

¿Es posible que ningún sector de la política ecuatoriana haya logrado canalizar institucionalmente las protestas?

Pensar en este momento qué sector puede canalizar el conflicto o las demandas es complejo. Las encuestas de los últimos dos meses, todas coinciden que hay una grave crisis de legitimidad y de credibilidad de todas las instituciones del Estado ecuatoriano. Los ecuatorianos y las ecuatorianas no creemos en ninguna de las instituciones vigentes en este momento: la Asamblea Nacional, el Ejecutivo, el Presidente, Contraloría, Fiscalía, Justicia, medios de comunicación. Todos tienen pulverizados sus números de credibilidad y confianza. Por lo tanto, es difícil pensar qué institución podría canalizar. Pero creo que la Asamblea Nacional ha cumplido un rol interesante. Hay que reconocer que Virgilio Saquicela, Presidente de la Legislatura, al menos tuvo la entereza de sentar a las distintas funciones del Estado como garantes de un diálogo entre el Ejecutivo y el Movimiento Indígena. Eso venía funcionando bien, pero el gobierno decidió levantarse de la mesa agravando nuevamente la situación de incertidumbre sobre el destino final de este conflicto.