BOICOT Y CONTRATISTAS
Por Ignacio Vila
En una jornada decadente para la democracia argentina, la semana pasada los diputados y diputadas Nacionales no lograron alcanzar un acuerdo para cumplir con su tarea central: sesionar. Las tan variopintas como ridículas explicaciones que dieron aquellos legisladores que faltaron a su deber sólo reflejan y exhiben una realidad que ya mostraron las urnas semanas atrás: los y las políticas parecen hablarse entre ellos dejando en un segundo plano los intereses y las preocupaciones de la sociedad.
Está claro que los y las diputadas que decidieron no asistir a la votación son los que ocupan esos espacios en nombre de Juntos, Cambiemos y el Radicalismo conservador. Sin eufemismos: la derecha local. La explicación es más bien simple. Este grupo de legisladores decidió no asistir a la sesión, para no permitir que el oficialismo logre avanzar en el dictado de nuevas leyes beneficiosas para la comunidad, por temor a que este tipo de acciones genere una mejora en el resultado de las próximas elecciones. Incluso varios de los y las que decidieron no asistir, iban a votar afirmativamente el proyecto de Ley que causó este revuelo: la Ley de Etiquetado Frontal en los alimentos envasados.
En el medio de esta pelea por los cargos ha pasado casi desapercibida una cuestión central para la vida de miles de compatriotas. En esa jornada, no sólo se votaba la Ley de Etiquetado Frontal, sino que también se debía tratar el proyecto de modificación de la Ley 20589, que regula la remuneración y la edad jubilatoria de una figura laboral conocida como el trabajdor Contratista de Viñas y Frutales.
Se trata fundamentalmente de trabajadores ubicados en las provincias de San Juan y Mendoza.
Con esta modificación que se iba a votar en la sesión suspendida por la derecha local, los y las trabajadoras contratistas de viñas y frutales pasarían a percibir 12 salarios mensuales en lugar de 10 y bajarían la edad jubilatoria hasta los 57 años, poniendo en paridad su situación con la del Peón rural. Este proyecto de Ley, elaborado por la Senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, ya fue votado favorablemente en el Senado en el 2020 con apoyo pleno de los y las senadoras mendocinas de la oposición. En este caso, se preveía que la modificación pretendida también iba a contar con un apoyo casi unánime de todos los bloques.
Desde PPV dialogamos con Edgardo Lera, Secretario General del Sindicato de Contratistas de Viñas y Frutales, quien viajó ayer desde Mendoza hacia la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de vivir una jornada histórica para sus representados. Indudablemente, el enojo de Lera y de los y las contratistas con los Diputados mendocinos que participaron en el boicot de la sesión es mucho.
“Lo que pasó en Diputados fue un hecho lamentable. Estas modificaciones son parte de una lucha que lleva más de 20 años en el sector vitivinícola de nuestro país y que involucra actualmente a más de 50 mil trabajadores”.
Además, añadió que “ya había consenso en la Cámara para poder avanzar, ya se había votado afirmativamente en el Senado y ya tenía dictamen de comisión favorable”.
Para tomar dimensión de la situación, Lera nos cuenta que “con esta Ley, nos vamos a poder jubilar a los 57 años y con 25 años de aportes jubilatorios, mientras que actualmente nos podemos jubilar a los 65 años y con 30 años de aporte”. También aclaró que “actualmente los y las contratistas cobramos 10 mensualidades por año, de mayo a febrero, por lo tanto en marzo y abril no tenemos salario, obra social ni aportes jubilatorios, pero igual seguimos trabajando en la finca; con la modificación que plantea este proyecto de Ley pasaríamos a cobrar 12 mensualidades terminando de una vez por todas con este vacío legal vigente”.
Alfredo Cornejo, Omar de Marchi, Jimena Latorre y Luis Alfonso Petri son los nombres de los y la Diputada mendocinas representantes de la derecha local que faltaron a la sesión. Con respecto a esto Edgardo Lera asegura que: “hay mucha indignación porque ya estaba todo acordado, sólo tenían que cumplir con su trabajo. Acá en las viñas, si uno no trabaja no cobra, pero los legisladores que cobran sus ingresos aportados por el pueblo trabajador, no cumplen con su trabajo y no pasa nada, eso es indignante”.
De todas maneras, queda claro que la factura no sólo la paga la oposición y en ese sentido asegura que “los y las compañeras que están en la viña, trabajando campo adentro me van a preguntar por qué no se sancionó la ley que cristaliza muchos años de lucha y de demandas; no les interesan los nombres de los legisladores ni de qué partido provienen”.
Más allá del protagonismo que pretenden tener los y las políticas, nuevamente los integrantes de los sectores le demandan a la política menos luces y más realidad efectiva.