(A)PAGAR PARA PEGARTE MEJOR
Por Daniel Bello
El 7 de septiembre, se publicó en boletín oficial el recorte presupuestario en Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia -que dependen del ministerio de Desarrollo Social- para destinarlo a Seguridad.
Puntualmente a la gendarmería, la policía y las 3 fuerzas del Estado.
Básicamente, para sostener altos salarios de quienes ejercerán, como hasta ahora, el control y represión de la protesta social, la cual promete ir en aumento
Por su parte, el ex ministerio de Educación emitió un comunicado y esgrimió como argumento que ese no era dinero para la policía sino para “aquellos que dictan clases en el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina. Por lo tanto, reiteramos, no se trata de una reducción ni reasignación presupuestaria sino de un regular movimiento administrativo”.
Gran confesión. Según lo que se afirmó dicho comunicado, al ministerio de Seguridad “Le va a sobrar” un dinero que estaba destinado -y contemplado- a quienes dan clases. Ahora, gracias a esta maniobra administrativa, dispondrá de ese resto para usar sus recursos en otras áreas, las cuales desconocemos.
Además de este cuadro, uno de los puntos llamativos dentro de dicho boletín es que afirma: “Que resulta necesario incrementar el presupuesto vigente del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES (ENACOM), a los fines del pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente al personal del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER).”
La respuestas a por qué resulta llamativo, es que el ENACOM mantiene desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri, en diciembre de 2015, una deuda millonaria con los medios comunitarios.
Por lo establecido en la aún vigente, y cercenada, ley 26522, el ENACOM adeuda casi 160 millones de pesos a proyectos que ya se presentaron en concursos en 2017; 300 millones que corresponderían a los concursos 2018 y que, faltando 3 meses para terminar el año, Silvana Giudici aún no ha abierto; otros 25 millones en deuda que se arrastran desde 2015 al no haber efectivizado el pago a los proyectos ganadores.
A esto hay que sumarle lo subejecutado en 2016 y las diferencias que se van acumulando año tras año entre lo asignado y lo que manda la ley.
En esta situación, además, hay algo que no está claro y es qué está haciendo Giudici, al frente del ENACOM, con el dinero destinado a Medios Comunitarios, lo cual motivó un documento ( https://revistappv.com.ar/2018/09/14/9721/ ) por parte de medios comunitarios organizados en reclamo del dinero adeudado y que les corresponde por ley.
El ENACOM no se ha manifestado como lo ha hecho Educación, sin embargo, en ambos casos el dinero fue “para pagar docentes”.
Cabe preguntarse a dónde se están yendo más de 500 millones de pesos -en el caso de ENACOM- y en qué se invertirán o dónde girarán aquello que repentinamente “les sobra” en ambos casos.
Lo que cada vez queda más claro es que es mayor el ahogo económico y la criminalización a los medios comunitarios.
En un nuevo intento de disciplinar al sector, la semana pasada también se conoció la revocación al sobreseimiento de Juan Pablo Mourenza, Ezequiel Medone, y Paola Barriga Montero. Los dos primeros son comunicadores de Antena Negra TV y Montero es fotógrafa y estudiante universitaria.
Ellxs, junto a otras 28 personas más, fueron detenidas por la policía cuando cubrían el aniversario del primer mes tras la desaparición de Santiago Maldonado.
Además, este finde semana, la policía de la Ciudad le labró un acta contravencional a una integrante de FM Riachuelo, la cual estaba produciendo contenidos sobre la represión y hostigamiento que sufren los trabajadores senegaleses en la vía pública.
En este marco de ajuste feroz, la certeza es que se acercan nuevas y masivas movilizaciones y que, con todo el aparato mediático cooptado para mostrar las movilizaciones como un mero problema de tránsito y a las represiones como “incidentes”, es claro que el rol de los medios comunitarios y populares cobra más importancia a la hora de informar y mostrar realidad.