Santiago Maldonado
AMÉRICA LATINA ANTE
LAS PERSECUCIONES POLÍTICAS DEL SIGLO XXI
Por Miguela Varela
No es la primera vez que nuestra región vive horas de terror en cuanto a la protesta social. Durante la década del 70, los gobiernos dictatoriales de América Latina habían implantado la detención arbitraria, la desaparición forzada de personas y los asesinatos a miembros de organizaciones políticas, sociales y sindicales.
Con el retorno de la democracia, se creyó superada esa etapa aunque distó mucho de concretarse. Si bien la violencia institucional no ha cesado, aún en la primavera democrática, durante los últimos años se han incrementado los casos de desapariciones y homicidios a activistas políticos, sociales, ambientales y sindicales. Algunos hechos ilustran el nuevo clima de época: lxs 43 normalistas desaparecidxs en México, el asesinato de Berta Cáceres en Honduras, la masacre de Tumaco en Colombia, la persecución de Máxima Acuña en Perú y la detención ilegal de Milagro Sala y la desaparición y muerte de Santiago Maldonado en Argentina.
A simple vista parecen hechos vinculados a conflictos netamente nacionales. Sin embargo, es preciso vislumbrar algunas conexiones.
El rol del estado
Un primer elemento en común es el rol represivo del estado. Las fuerzas de seguridad junto a la complicidad de los estamentos civiles del estado, son el brazo ejecutor de las acciones represivas. En Argentina, no sólo es Gendarmería el principal sospechoso por la muerte de Santiago Maldonado, sino que también el presidente Macri se mantuvo en absoluto silencio durante los 80 días de la búsqueda del joven. Además, las declaraciones públicas de lxs vocerxs oficialistas pusieron en duda, desde el primer momento, el accionar de Maldonado y sus vinculaciones con la comunidad mapuche. Lo mismo sucedió con la detención de Milagro Sala, sobre la cual el presidente argentino expresó: “Está detenida porque la mayoría cree que cometió delitos”. Nada más lejano de la justicia.
El rol represivo del estado también se evidenció en el accionar de las policías federal y municipal del Estado de Guerrero, quienes asesinaron a los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Tres años después de estos acontecimientos, lxs familiares continúan denunciando la responsabilidad del Estado mexicano y acusan al gobierno de Peña Nieto de ocultar información y de encubrir a funcionarios públicos. Pero en México, este caso no es el único: desde 2007 se reportaron 855 fosas clandestinas y 1548 cadáveres exhumados.
Colombia es otro testigo emblemático de la violencia que sufren lxs activistas. Según el Informe Valiente de Amnistía Internacional, en Colombia, sólo en enero de 2017 fueron asesinados 10 activistas, casi el doble que la media mensual de 2016. El drama vuelve a las tapas de los diarios con la masacre de Tumaco, que dejó nueve campesinos muertos a manos de la fuerza pública. En este caso, las víctimas tienen en común su liderazgo en procesos comunitarios y la zona geográfica donde se pretende ejercer control territorial para extender el negocio del narcotráfico, la minería, la construcción de represas, entre otras actividades.
El rol de las grandes corporaciones
Otro elemento a considerar es el papel que han jugado las empresas privadas. En su afán por defender sus intereses, han sido las principales promotoras del accionar represivo de las fuerzas de seguridad. Esto es así, ya que los gobiernos neoliberales utilizan el monopolio de la violencia para la defensa de las grandes corporaciones, como el caso de Benetton en Argentina. Luciano Benetton es “dueño” de las tierras que reclaman los pueblos originarios en el sur de Argentina, lo que cristaliza la sociedad estratégica que mantienen las grandes corporaciones con los gobiernos conservadores. Hecho que tomó trascendencia mediática a partir de la desaparición de Santiago Maldonado.
El caso de Berta Cáceres, también sirve para ilustrar este punto. Se trata de una lideresa ambiental hondureña que encarnó una incesante lucha contra la construcción de la Presa de Agua Zarca en el Río Gualcarque, lugar sagrado para la etnia lenca. Tras esa lucha, logró que la mayor constructora de represas a escala mundial, Sinohydro, desistiese del proyecto. Finalmente fue asesinada. Y no sólo se trata de Cáceres: de acuerdo con un informe de la organización no gubernamental Global Witness, Honduras es uno de los países más peligrosos del mundo para lxs defensorxs de los derechos medioambientales, junto a Perú y Brasil.
En Perú, Máxima Acuña, una agricultora y defensora ambiental, encabeza la lucha contra el megaproyecto minero Conga de propiedad de Newmont Mining Corporation y Compañia de Minas Buenaventura. Acuña fue galardonada con el Premio Ambiental Goldman en 2016 por su trabajo en defensa de un medio ambiente seguro. Sin embargo, desde 2011, Máxima y su familia mantienen un litigio judicial con la compañía minera Yanacocha en relación con la propiedad y posesión de la tierra en la que viven, y han sido objeto de una campaña de violencia policial y hostigamiento por negarse a abandonar la tierra. En mayo de 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares en favor de la activista y otros 45 defensores y defensoras de los derechos humanos de comunidades campesinas de Cajamarca, como consecuencia de las amenazas, el hostigamiento y la violencia que sufren a causa de su labor. Esta decisión obliga a Perú a adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de estos defensores y defensoras.
El rol de los organismos internacionales
Los organismos internacionales han abordado este debate desde diversas perspectivas. Una de ellas fue a través de la Declaración de los Principios rectores de Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, según la cual las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos. Se trata de un documento que reconoce el papel fundamental de los defensores y las defensoras de los derechos humanos en la evaluación de los efectos negativos de las empresas sobre éstos y recuerdan a los Estados su deber de garantizar que no se obstaculizan las actividades legítimas y pacíficas de estxs activistas.
Sin embargo, este documento sólo ha tenido efectos declarativos. En 2014, el Grupo de Trabajo de la Naciones Unidas sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales, manifestó su preocupación sobre las amenazas y ataques contra lxs activistas, especialmente aquellxs que hacen campaña contra los efectos negativos de actividades extractivas. Según sus investigaciones, los principales instigadores de los hechos de violencia son las fuerzas de seguridad nacionales y los grupos parapoliciales.
Aquí aparecen nuevamente las figuras de Berta Cáceres y de Santiago Maldonado. Sin embargo, muchos gobiernos justifican sus acciones represivas contra los grupos que protestan contra la explotación de sus tierras o recursos naturales, alegando que intentan detener el desarrollo y el crecimiento económico. Algo así como, disfrazar la mercantilización del medio ambiente.
En perspectiva, los roles de los diferentes actores internacionales conforman una estrategia compuesta de tácticas que van desde los asesinatos, las desapariciones forzadas, las amenazas, los trolls, hasta las censuras como métodos de estigmatización y de desinformación sobre lxs activistas sociales. Estrategia que deben enfrentar los pueblos de América Latina. Que los casos de Santiago Maldonado, Berta Cáceres, lxs 43 normalistas, Milagro Sala, los campesinos colombianos, y Máxima Acuña sirvan para poner en análisis las persecuciones políticas del siglo XXI.