En Argentina:
UN CRIMEN DE ODIO CADA TRES DÍAS
Por Soledad Santalucía
La homosexualidad, hace tan solo veintiocho años, dejó de ser considerada una enfermedad, cuando el 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió por fin quitarla de su lista de enfermedades mentales. Recién en 2004 comienza a gestarse la idea de que se conmemore en esa fecha el Día Internacional contra la Homofobia, incluyéndose la transfobia en 2009 y la bifobia en 2015.
Sin embargo, las luchas y derechos conquistados en los últimos años siguen siendo solo utopías frente al contexto y las estadísticas que marcan todo lo contrario. Para ser más específica, en 2010 se aprobó la Ley de Matrimonio Igualitario, en 2012 la Ley de Identidad de Género N°26.743 y en 2015 la Ley Diana Sacayán de cupo laboral trans que aún sigue sin reglamentarse y, lo más triste, es que pese a esas conquistas, en Argentina se registra un crimen de odio cada tres días.
El informe fue realizado por el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y transexuales) que depende de la Federación Argentina LGBT (FALGBT), en conjunto con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y con la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina (ATTTA Red Nacional). A través del mismo se pudo determinar que en 2017 hubo al menos 103 crímenes de odio por orientación sexual, expresión e identidad de género.
¿A qué nos referimos con crímenes de odio? En simples palabras, se trata de actos voluntarios conscientes, generalmente realizados con saña, que toman la forma de agresiones violentas dirigidas a lesionar derechos.
María Rachid, titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y secretaría general de la FALGBT, explica que “Hay un mayor índice de denuncias en los últimos años, sobre todo a partir de las leyes de matrimonio igualitario e identidad de género. Eso hizo que la gente sintiera que podía acudir a determinados espacios a denunciar situaciones de discriminación. Sin embargo, el riesgo es que si las instituciones no responden a las denuncias puede haber un retroceso en el futuro y generar el efecto contrario: la falta de respuesta llega porque los organismos han sufrido recorte de sus presupuestos. Es el caso del INADI, que no se actualizó en los últimos dos años”.
El informe, además, especifica que del total de las personas de la comunidad LGBT víctimas de crímenes de odio, el porcentaje más alto corresponde a mujeres trans (travestis, transexuales y transgéneros) con el 58% de los casos, en segundo lugar con el 30% se encuentran los varones gays y con el 9 % de los casos le siguen las lesbianas.
En este último caso, además en 2016 y 2017 sufrieron de constantes acosos, persecuciones y violencia en las calles: es el caso de Higui, atacada por un grupo de varones que intentaron violarla en octubre de 2016. En defensa propia mató a uno de ellos y es ella quien es procesada y encarcelada por una justicia que lejos de ayudarla la estigmatiza por lesbiana y pobre. Otros casos de abusos se dieron por parte de la policía al llevar a cabo detenciones arbitrarias antes y después de la marcha del Paro de Mujeres, al hostigar a una pareja de chicas en una plaza de Morón, al detener y violentar a Mariana Gómez en una estación de subte cuando se encontraba con su esposa Rocío Girat y al procesar a seis activistas lesbianas acusadas de pintar paredes el 7 de marzo en el Día de la Visibilidad Lésbica.
“La situación actual de precarización de las vidas del colectivo LGBTIQ, sus exclusiones y vulneraciones de derechos pone en evidencia la necesidad de políticas públicas eficaces y acordes a la urgencia, que demuestren el compromiso del Estado argentino con esta población históricamente vulnerada y que permita pasar de la inclusión legal a la inclusión social real”, eso señala la última parte del informe.
Algunas de las 19 demandas que se le hacen al Estado van “desde la reforma integral de la ley nacional de actos discriminatorios, la sanción definitiva de una ley integral para personas trans que contemple el acceso a todos los derechos, la sanción de una ley nacional de cupo laboral para personas trans en el ámbito público e incentivos impositivos en el ámbito privado para promover la inclusión laboral, la sanción de una ley que garantice el carácter laico de la educación pública y de una ley de trabajo sexual autónomo para la inclusión de las trabajadoras sexuales en el sistema laboral, garantizando sus derechos como trabajadoras y protegiéndolas de abusos y discriminación”.
Lejos de la revictimización, la lucha es parte esencial en este contexto. Cito a la querida Diana Sacayán quien con su fuerza y hasta su vida ha marcado un camino a seguir en todxs nosotrxs: “Nuestra militancia no tiene que morir en los derechos de determinadas personas. Si no, vamos a tener un gueto, una mirada chica del mundo. Incluso hay que sortear la identidad travesti. Nuestra agenda no se muere con la Ley de Identidad de Género, nosotras planteamos la despenalización del aborto, demandas del movimiento indígena y del medio ambiente. Porque, si no, nuestro lugar pareciera ser la prostitución. Tenemos que desbaratar ese discurso: no queremos que nos condenen eternamente a esos rincones oscuros”.