TRAS LLEGAR A UN ACUERDO FRENARON EL DESALOJO DE 200 FAMILIAS EN LA CASA SANTA CRUZ
Por PPV
Luego de vivir horas de mucha tensión, las familias de la denominada Casa Santa Cruz, ubicada en el barrio porteño de Parque Patricios, lograron llegar a un acuerdo esta tarde para que se postergue el desalojo judicial por seis meses y se abra una mesa de trabajo con representantes gubernamentales para encontrar una solución habitacional definitiva para las 350 personas -entre ellos cien niños y niñas- que viven en el edificio y que celebraron la noticia con aplausos y cánticos de «Vivienda sí, desalojo no».
Como parte del acuerdo alcanzado, el gobierno porteño realizará durante esos seis meses un pago al propietario del edificio ubicado en la Santa Cruz 140, el empresario hotelero Leonardo Ratuschny. En tanto, esta semana se abre una mesa de diálogo entre las familias, que allí permanecerán durante el período establecido, Ciudad, Nación y Monitoreo Judicial de cara a encontrar una solución.
«Es un desenlace positivo para los integrantes de la Casa y es el resultado de la lucha que venimos llevando», resaltó Abasto, uno de los dirigentes que acompañaron a las familias de la Casa Santa Cruz, a la agencia Télam, en la mañana de este martes en medio del megaoperativo policial desplegado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para llevar a cabo el desalojo que había dispuesto el juez Fernando Cesari.
También se hicieron presentes legisladores nacionales y porteños, la defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, el asesor tutelar Gustavo Moreno, integrantes del Instituto de la Vivienda porteño y referentes de agrupaciones políticas y sociales.
Esta mañana, en medio de fuertes lluvias, el edificio amaneció rodeado por cerca de 500 policías, en tanto las calles aledañas fueron valladas. En tanto, representantes del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta iniciaba negociaciones con lxs habitantes del edificio para acordar un desalojo prolijo y sin complicaciones.
«Estamos esperando al oficial de justicia. Recién nos enteramos de que no vino uno solo, sino por lo menos hay más de cuatro. Hay un operativo descomunal. El parque está todo vallado», dijo a Télam Iliana Llanos, abogada de las familias quien vive hace 10 años en el edificio y es la presidenta de la Cooperativa de Vivienda Papa Francisco.
«No se entiende. Si están queriendo que las familias desalojen de forma pacífica, ¿por qué están armando todo esto?. ¿O de pronto les dan miedo 131 niñitos?», agregó Llanos.
En la tarde de ayer domingo 30 de octubre se realizó un festival y vigilia en apoyo a las familias, muchas de las cuales viven en ese edificio desde el año 2004. El desalojo fue resistido por alrededor de 600 personas.
El Juzgado en lo Civil Nº 60 había notificado el pasado jueves el desalojo que tenía como fecha el día de ayer, martes 31 de octubre, en el marco de la causa que lleva más de 13 años.
Una resolución dictada el pasado miércoles por el juez Fernando Cesari, señalaba que el desalojo podía realizarse de forma «escalonada» y autorizó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a pedir la colaboración de las fuerzas federales «ante la complejidad del caso», de considerarlo necesario.
La nueva resolución surge en respuesta a una nota presentada por la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y Orden Público del Ministerio de Justicia y Seguridad porteña, la cual señala entre otras que e «la medida implicaría una movilización de personal policial sin precedentes en los últimos años» debido a «la cantidad de familias que se deben desalojar para hacer cesar la intrusión», a la vez que advertía que «no se puede garantizar de ningún modo que el desalojo se realice garantizando la integridad de las personas que habitan».
Historia de la Casa Santa Cruz
En el edificio donde hoy habitan las 200 familias que pretenden ser desalojadas funcionaba la antigua fábrica de toallas Selsa que quebró en la década de los 90 víctima de las políticas neoliberales menemistas.
La fábrica quedó entonces deshabitada y fue allí cuando en 2004 algunas familias, que no tenían donde vivir, ingresaron allí en busca de un lugar donde asentarse. Sin infraestructura de ningún tipo, durante estos años, sus habitantes lograron tener servicio de agua, luz y cloacas.
En el año 2010 la propiedad fue subastada y las familias intentaron presentarse para comprarla, pero no pudieron hacerlo y finalmente fue adquirido por el empresario hotelero Leonardo Ratuschny, quien luego inició un juicio por desalojo.