Llegamos marchando con cientos de banderas de sindicatos, agrupaciones estudiantiles, sociales, políticas y culturales, con organizaciones del campo popular, colectivos de mujeres y diversidades, con muchas familias que cada año vienen a la Plaza, con miles y miles de personas que cada 24 de marzo nos reunimos para fortalecer la memoria y, sobre todo, para gritar: ¡PRESENTES!

Cada Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia nos movilizamos en todo el país. La dictadura dañó a toda la sociedad: a miles de familias con las desapariciones forzadas y a todo el pueblo con la miseria planificada y sus consecuencias. Ese 24 de marzo de 1976 los militares fueron el brazo ejecutor de un golpe de las corporaciones nacionales y extranjeras. El horror se desplegó para perseguir y destruir toda resistencia. Más de 750 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, desapariciones forzadas, asesinatos, vuelos de la muerte, apropiaciones de bebés, delitos sexuales, encarcelamientos, robo de bienes… El miedo, instalado en las fábricas militarizadas y en la feroz persecución a sus comisiones internas, contaba con la propaganda de la prensa de las corporaciones, que a las masacres las llamaba enfrentamientos.

El Plan Cóndor criminal de Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina invadió la región bajo órdenes de las embajadas de Estados Unidos. Una cúpula de la Iglesia que, cuando no era parte del terror, elegía ser parte del silencio. Una Triple A que precedió al golpe, anticipando lo que iba a ser. 

Se utilizó el terror para disciplinar al pueblo: 30.000 personas detenidas-desaparecidas, 10.000 presas políticas y presos políticos y miles de personas empujadas al exilio. Hoy y siempre reivindicamos todas sus luchas, que formaron parte de la militancia como herramienta de transformación de la realidad en organizaciones del Peronismo Revolucionario, como Montoneros, las Fuerzas Armadas Peronistas, o el movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo; la tradición guevarista del Partido Revolucionario de los Trabajadores; y las tradiciones socialistas y comunistas: Partido Comunista, Vanguardia Comunista y Partido Comunista Revolucionario, por nombrar sólo a algunas de los tantos espacios de participación política, sindical, estudiantil y social, luchando por ideales de libertad, igualdad, solidaridad y justicia social. 

Durante la dictadura genocida la deuda externa creció más de un 300%. Los que se beneficiaron con esta política fueron los principales grupos económicos a los que se les estatizó su deuda privada y que, además, se vieron favorecidos en las décadas siguientes por las presiones del Fondo Monetario Internacional para que los sucesivos gobiernos avanzaran en la flexibilización laboral, el achicamiento del Estado y la destrucción de la salud y la educación pública. Estos empresarios, responsables también del genocidio, condenaron a nuestro pueblo a la pobreza y al hambre por generaciones, e incluso en muchos casos, participaron directamente en secuestros, desapariciones forzadas y asesinatos. Tras cuatro décadas de democracia, los mismos grupos siguen causando el mismo hambre. Impunes de su responsabilidad de ayer y de hoy por la misma corporación judicial que persigue y encarcela a referentes populares

Quienes están en las fotos, banderas, remeras, carteles y en nuestra memoria son quienes recordamos hoy y siempre. Son nuestros familiares, nuestros compañeros y compañeras. Son a quienes extrañamos, reivindicamos y, en su mayoría, seguimos buscando, porque 47 años después del golpe, miles y miles de cuerpos siguen desaparecidos. Los pactos de silencio nos siguen impidiendo saber dónde están y también que cientos de personas nacidas en cautiverio en los centros clandestinos conozcan su identidad.

Resistimos y nos organizamos aún durante los años más difíciles. A pesar de la falta de justicia, miles de familias presentamos habeas corpus para saber dónde estaban quienes eran víctimas de la desaparición forzada, con el compromiso de abogados y abogadas del campo popular. Eran rechazados. Cuando esperábamos que un juez o jueza pidiera explicaciones ante una búsqueda, nos cerraban las puertas, salvo en honrosas excepciones. Pero a la desesperación y a la falta de respuestas, se sumó que quienes denunciaban las desapariciones, en muchos casos, pasaron a ser víctimas. Por eso, hoy también recordamos a las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo y de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, a abogados, abogadas y militantes de organismos de derechos humanos que fueron víctimas de la desaparición forzada por resistir a la dictadura.

Hubo una corporación judicial al servicio de la persecución política del terrorismo de Estado y de la apropiación de niños, niñas y bebés, dirigida por grupos económicos que financiaron el terror, se beneficiaron con él y además armaron mecanismos para garantizarse la impunidad. Décadas después, las estrategias de persecución y violencia política e institucional han cambiado sus metodologías y protagonistas. Los grupos de poder ya no utilizan a las Fuerzas Armadas para condicionar según sus intereses y necesidades a los sectores populares y al sistema democratico, sino directamente al sistema judicial, transformado hoy en una corporación más, a través de una feroz estrategia de persecución contra la oposición política y luchadores sociales.  

El odio y la persecución política llegan a límites muy graves para la democracia. Por eso exigimos que se investigue de manera responsable y hasta todas las terminales políticas y económicas el intento de magnicidio de la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y reclamamos que se termine el proceso de proscripción en su contra, encabezado, en lo visible, por los jueces Giménez Uriburu, Gorini y Basso y los fiscales Mola y Luciani, pero organizado, en las sombras, por quienes la pretenden prohibir como candidata.

Conocemos en profundidad al Poder Judicial. Aprendimos que podemos llamarlo más veces así que Justicia. Por eso reafirmamos que es inaceptable la existencia de una corporación judicial de estas características en nuestra democracia. Volvemos a decir que apoyamos el juicio político impulsado por el Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, integrada por Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Memoria, Verdad y Justicia para defender la democracia. ¡Corporación judicial NUNCA MÁS!

En dos meses se van a cumplir 20 años de la asunción de Néstor Kirchner como presidente de la Argentina. Con su llegada se abrió un momento histórico que reconoció, en forma de políticas públicas, las luchas por Memoria, Verdad y Justicia. Revertimos lo imposible que había sido desafiado por los escraches a los genocidas, pero que todavía no había llegado a las instituciones del Estado. Y llegó. Logramos revertir las leyes de impunidad, se fortalecieron las instituciones destinadas a la búsqueda de nietos y nietas apropiadas y se alcanzaron resoluciones tan importantes como el establecimiento del Día Nacional por el Derecho a la Identidad el 22 de octubre, y este día, el 24 de marzo, como el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, fortaleciendo la memoria para las nuevas generaciones, para que cuando voten lo hagan conociendo la historia y defendiendo la democracia para todo el pueblo.

El próximo 10 de diciembre conmemoramos los 40 años de la recuperación democrática de nuestra Patria, que sufre amenazas constantes.

Llevamos más de dos generaciones que no conocen a los sectores civiles golpeando las puertas de los cuarteles, ni las irrupciones violentas de las Fuerzas Armadas derrocando gobiernos democráticos. Las embestidas militares de los 80 y 90 fueron frenadas con la movilización popular, aunque con algunos retrocesos importantes.

El acuerdo de la mayoría de la sociedad argentina para defender la democracia no fue sencillo de sostener. La reconstrucción del entramado económico, social, cultural y político destruido por la dictadura cívico-militar ha recorrido un complicado y largo camino, ya que los sectores de privilegio, los grupos económicos y la derecha antidemocrática han logrado concentrar recursos para condicionar cada avance de la sociedad democrática y popular, utilizando los golpes de mercado, la hiperinflación, el endeudamiento, la fuga de capitales y han debilitado las estructuras del Estado, permitiendo la enajenación de nuestras empresas y recursos naturales sin ningún beneficio para las clases populares. Su correlato político fue el neoliberalismo de la década del 90, de la primera alianza y del macrismo.

En 1985, a poco del retorno de la democracia, pudimos juzgar a los jerarcas de la dictadura en el Juicio a las Juntas, pero luego, por las presiones de los genocidas, se sancionaron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Un lustro después, los indultos a los comandantes condenados fueron un duro golpe y retroceso: el propio Estado democrático promovía el olvido institucional de sus crímenes.

Años más tarde, los Juicios por la Verdad resultaron trascendentales ante la imposibilidad del avance por el camino punitivo. Y a partir de 2003, con la anulación de las leyes de impunidad, y del año siguiente, cuando el Estado argentino pidió perdón por los delitos atroces de la dictadura, pudimos decir que logramos profundizar la democracia. Con la llegada de los gobiernos nacionales y populares de Néstor Kirchner y Cristina Fernández pudimos aspirar a que la impunidad se transformara en justicia, y que ésta avanzara y creciera fortalecida.

Pero otros avances también fueron posibles en esa década. La ruptura con el FMI, la nacionalización de YPF, Aerolíneas Argentinas y el sistema solidario de jubilaciones. Se inició un camino de mayor justicia social, libertad económica y soberanía política, que fue interrumpida brutalmente con la llegada al gobierno del macrismo y su vuelta al FMI, limitando nuestras posibilidades como nación soberana.

A pesar de los retrocesos, el fortalecimiento e institucionalización del proceso de Memoria, Verdad y Justicia ha sido un avance enorme para nuestro pueblo. Constituye uno de los principios de legitimidad de esta democracia que supimos conseguir, hasta hoy la más larga de nuestra historia como nación.

En estos años, además, hemos conquistado nuevos derechos para los sectores populares. Particularmente, destacamos la ampliación de los derechos civiles para la comunidad LGBTQ+ con la ley de matrimonio igualitario, la documentación no binaria y las leyes de cupo trans. Las intensas luchas de las mujeres que han logrado la visibilización de las violencias y el avance en las políticas públicas que permitieron la promulgación de las leyes de Educación Sexual Integral y de Interrupción voluntaria del embarazo, y la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación.

Donde hay una necesidad hay un derecho. No queremos una democracia administrada por el FMI. El endeudamiento feroz que contrajo Macri volvió a condicionar la política económica de manera contraria a los intereses populares. El aumento de la pobreza y de la indigencia de amplias franjas de la población debilitan también la vida democrática. En esta coyuntura de demandas sociales complejas, es preciso defender lo logrado y recuperar las mejores condiciones de vida de nuestro pueblo. Conquistar nuevos derechos laborales, económicos, sociales, culturales para las mujeres, para las niñeces, para la juventud, para las personas adultas mayores, para las diversidades y disidencias, para nuestros pueblos originarios. 

La única lucha que se pierde es la que se abandona, por eso seguiremos en las calles, en las aulas, en los lugares de trabajo, con la palabra y la acción, con el voto, con organización popular para no permitir que nos roben el sueño de una patria justa, solidaria y feliz como la que querían quienes fueron parte de 30.000 luchas que llevamos como bandera. 

País que olvida, país que puede repetir la historia. No olvidemos: las políticas de Estado marcan el rumbo de un país, son las que garantizan u obstaculizan procesos democráticos, de justicia e inclusión social. Vamos a cumplir 40 años de democracia. Hay que seguir sosteniéndose a ultranza y combatiendo las amenazas que se ciernen sobre ella. Allí están los discursos de odio promovidos y alimentados por sectores antidemocráticos de la oposición, o el lawfare, sistema mafioso que surge del entramado de la corporación judicial y los medios concentrados, que persiguió y encarceló a líderes y dirigentes populares y sigue generando prácticas donde la forma de dirimir diferencias es con la eliminación del otro.

Por eso, a pesar de todos los obstáculos para la consolidación de la democracia, reafirmamos nuestro compromiso con este sistema a favor de los intereses populares, ampliando y defendiendo derechos de los embates de quienes pretenden vulnerarlos. Una vez más, decimos: no al silencio y la indiferencia frente a los signos que denotan acciones en contra de la democracia.

Desde 1985 nuestro propio país juzga a los asesinos de su pueblo, sin tribunales ni códigos especiales, con todos los derechos y garantías. Hasta ahora, logramos que fueran condenados 1.115 genocidas, cuyas condenas están firmes en menos del 40 por ciento de los casos y no lo están por la complicidad judicial de la Cámara de Casación y de la Corte del 2×1 para sostener impunidades. De los detenidos, en preventiva o cumpliendo condena, casi el 80 por ciento tiene el beneficio del arresto domiciliario. Decimos a nuestro pueblo y con todas las letras que prácticamente ninguno tiene problemas de salud que justifiquen ese beneficio, y que las cárceles de Campo de Mayo y Ezeiza  garantizan todos sus derechos.

Le decimos a ese Poder Judicial que tan fácilmente los manda a casa con domiciliarias, otorga libertades condicionales o excarcelaciones por dos tercios de la condena, que no cumple con la misma facilidad con la ley de víctimas. Queremos sostener un debate profundo sobre las libertades condicionales a genocidas. También reclamamos la apertura de todos los archivos de inteligencia.

Si bien se avanzó en la desclasificación y publicidad de parte de los archivos vinculados con el terrorismo de Estado, aún falta que se desclasifique, realice un relevamiento exhaustivo y que se permita el acceso público a los archivos de inteligencia producidos por las Fuerzas de Seguridad, las Fuerzas Armadas y por la ex SIDE.

El acceso a estos documentos es fundamental dado el rol que tuvieron los servicios de inteligencia en el aparato represivo. En sus archivos puede haber información sobre el destino de las víctimas de desaparición forzada, sobre hijos e hijas de desaparecidos y desaparecidas que fueron apropiados y apropiadas que seguimos buscando, y sobre los perpetradores que deben ser investigados. Toda la sociedad tiene derecho a saber qué información guardan sobre el terrorismo de Estado. 

296 sentencias en 17 años: ¡claro que el camino recorrido es enorme!. Pero el árbol no nos tapa el bosque y seguimos exigiendo Juicio y Castigo a todos los culpables.

El Poder económico es el gran ausente de este proceso, y su impunidad la seguimos pagando como pueblo, porque nos siguen sometiendo a la miseria, buscando un enriquecimiento sin límites y sin importar los costos. Y juicio y castigo a todos los culpables también implica seguir denunciando a jueces de instrucción, de oralidad, de cámaras y Corte, porque con su lentitud extrema al servicio de los poderosos, siguen sosteniendo la impunidad. Así se explica que Blaquier, ícono de la responsabilidad empresarial en el genocidio, no haya llegado a ser juzgado hace más de una década. Tienen paralizado el Concejo de la Magistratura, faltan jueces y no se puede avanzar con los juicios políticos a los jueces denunciados. Tenemos un Ministerio Público Fiscal presidido por un procurador interino protector de Stornellis.

No nos resignamos antes, tampoco lo haremos ahora.

Especialmente, abrazamos a cada sobreviviente. Sin sus memorias y testimonios estos juicios no serían posibles. Sabemos todo lo que reviven al declarar contra sus victimarios, por eso es necesario que toda la sociedad acompañe los juicios. 

Seguimos reclamando saber qué pasó con Jorge Julio López y también que avancen los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos en Malvinas, cuya denuncia fue presentada hace 16 años y todavía no tiene respuesta, en parte por responsabilidad de la Corte Suprema. 

Ya llevamos más de 45 años buscando a nuestras nietas y nietos desaparecidos. En diciembre último tuvimos la dicha de encontrar a dos de ellos. Pero faltan cientos todavía. Son víctimas de la práctica sistemática de apropiación de bebés desplegada por el terrorismo de Estado. Niñas y niños que recién nacidos fueron arrancados de los brazos de sus madres, les cambiaron el nombre, les borraron su historia familiar y, así, les negaron el derecho a la identidad, fundamental para tener una vida en libertad.

Nacidos en cautiverio en las siniestras maternidades clandestinas de la dictadura, o secuestrados junto con sus padres y madres, estas personas tienen hoy más de 40 años de edad. Algunas quizá sospechan que pueden ser hijas o hijas de personas desaparecidas, otras no: lo importante es que ayudemos a que conozcan la verdad. Si su identidad está vulnerada, también lo está la de sus hijas e hijos: niños, niñas, adolescentes y jóvenes que, al igual que sus padres y madres, tienen derecho a saber su historia.

Es el derecho de sus Abuelas, que los buscaron sin cesar desde el primer momento y cientos de ellas fallecieron sin poder abrazarlos. Hoy sus familias los siguen buscando: sus hermanas y hermanos, sus tíos y tías, sus primos, muchas nietas y nietos restituidos que han tomado la posta de la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo y buena parte de la sociedad que asume como propia esa búsqueda porque sabe que es colectiva y profundamente reparadora, como lo demuestra la ola de felicidad que se desata cada vez que anunciamos una restitución.

La crueldad de la apropiación se agrava con el paso del tiempo: encuentros truncados, la verdad oculta, la desesperante incertidumbre de tener un desaparecido o desaparecida viva en la familia, el daño psicológico causado a sus víctimas, la mentira alrededor de ellas… Llamamos a todas las personas que sepan algo, o conozcan a alguien que pueda ser hijo de desaparecidos, a que se acerquen a Abuelas. Que ayuden a romper ese muro de silencio de tantos años. No es pasado, es presente. El delito de apropiación, hasta tanto no sea esclarecido, se sigue cometiendo, día tras día, hora tras hora.

Todas las personas tenemos derecho a nuestra identidad. Y este derecho, que nos ha llevado décadas para que sea plenamente reconocido y comprendido, es irrenunciable e intrínseco a la vida en democracia. Para las personas que permanecen con su identidad falseada, para sus hijas e hijos, para sus familias biológicas que los siguen buscando, la dictadura aún no terminó. Necesitamos encontrar a esas 300 nietas y nietos. Necesitamos toda la ayuda posible. Necesitamos abrazarlos y que sepan la verdad.

Una de las mayores deudas de la democracia es la erradicación de la violencia institucional. Nos preocupa profundamente la repetición de casos cometidos a lo largo y ancho de nuestro país. Sigue siendo urgente que se terminen estas prácticas contrarias a un Estado de derecho: violencia policial y de otras Fuerzas tanto nacionales como provinciales, abuso de autoridad, criminalización de la pobreza, condiciones inhumanas en lugares de detención, causas armadas de las que son víctimas principalmente los sectores populares. 

Volvemos a decir que nos oponemos al uso de las armas taser, que son picanas portátiles y pueden llegar a ser letales. Son calificadas por organismos internacionales como elementos de tortura. Desde hace más de diez años combatimos el intento de compra del macrismo en la Ciudad, algo que pudo concretar recientemente el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, y que había logrado Patricia Bullrich a nivel nacional y ahora se renueva la compra desde el mismo ministerio, esta vez dirigido por Aníbal Fernández. Lo reiteramos: la picana es incompatible con la democracia. 

La violencia institucional no es la solución a la inseguridad: la respuesta es siempre la inclusión en derechos, principalmente de los más fundamentales. Necesitamos implementar una seguridad que sea el instrumento para la plena vigencia de los derechos humanos. Es fundamental impulsar reformas legislativas para desnaturalizar las prácticas violentas del Estado y evitar que la historia se repita. 

Reclamamos Justicia por Lucas González en el juicio iniciado recientemente a tres policías de la Ciudad por su homicidio y a otros 11 por el encubrimiento. Acompañamos especialmente a la familia y esperamos que el Poder Judicial le dé una respuesta que consiga al menos reparar una parte de tanto dolor. 

Seguimos exigiendo justicia para las víctimas de los crímenes cometidos durante la gestión de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad de Mauricio Macri en los territorios de las comunidades de pueblos originarios. Recordamos que aquella persecución cobró las vidas de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel, por eso continuamos acompañando a sus familias en la demanda de Justicia.

La voracidad inmobiliaria, el extractivismo y el desmonte generan un profundo perjuicio ambiental y dañan profundamente a las comunidades campesinas e indígenas, empujándolas al desarraigo y las migraciones forzadas. El ejemplo de Lago Escondido, territorio vedado a la comunidad por Joe Lewis, violentando incluso resoluciones judiciales, muestra la complicidad del poder económico, en este caso extranjero, con sectores de la corporación judicial de nuestro país.

Una vez más, reclamamos la resolución pacífica de los conflictos y la libertad de las detenidas de la comunidad que continúan detenidas.

Como hacemos cada año desde 2016, denunciamos la existencia de presas y presos políticos en nuestro país. La más emblemática de ellas, Milagro Sala, quien junto con otras compañeras y compañeros de la Tupac, lleva ya siete años detenida injustamente en la provincia de Jujuy. Frente al agravamiento de su estado de salud, y agotadas las instancias judiciales, reclamamos al Presidente de la Nación que resuelva la libertad para Milagro Sala sin haber recibido al día de hoy una respuesta a nuestro reclamo. Pero la persecución de la corporación judicial se extiende a la justicia federal e incluso provincial, y es padecida por luchadores y luchadoras populares y referentes de la política a través del lawfare con causas judiciales armadas y que no cuentan con ninguno de los requisitos del debido proceso, entre las que se encuentra la persecución sufrida por la Vicepresidenta Cristina Fernández.

Atravesamos una situación internacional signada por la postpandemia, las crisis humanitarias, las guerras, la aparición de expresiones políticas de ultraderecha  y neofacistas. El enfrentamiento bélico entre Rusia y Ucrania ha dejado al descubierto el rol que juega Europa, defendiendo los intereses norteamericanos y presagia un nuevo reordenamiento de las potencias mundiales sin que se sepa a ciencia cierta cuáles serán las consecuencias a nivel planetario, y en donde los instrumentos internacionales, como la ONU, están demostrando su inutilidad para lograr la paz y sojuzgamiento a Estados Unidos, una de las potencias en conflicto. 

Este escenario es aprovechado por los fundamentalismos religiosos y los autodenominados libertarios que crecen en toda la región, y que se muestran como apartidistas, antipolíticos o antisistema cuando en realidad son parte de la estructura política de dominación y disciplinamiento social y buscan alcanzar espacios de poder incidiendo en las políticas públicas o marcando las agendas gubernamentales.

América Latina hoy muestra procesos de recuperación de la democracia, la soberanía y la autodeterminación, como Brasil con Lula, Colombia con Petro y Francia Márquez, Bolivia con Arce y Chile con Boric. Pero, recientemente, en nuestra Patria Grande también hemos sido testigos de los fallidos intentos de femimagnicidio contra Cristina Fernández y Francia Márquez, el intento de golpe de Estado contra el gobierno encabezado por el compañero Lula y el golpe de Estado en Perú, que mantiene preso al Presidente Pedro Castillo.

Denunciamos: basta de persecución y muerte a los hermanos y hermanas peruanas.

Vamos a seguir cuidando esta democracia en la Argentina y en toda la Patria Grande, siempre, porque cuando lo hacemos estamos honrando la memoria de quienes lucharon por una Patria libre, justa y solidaria; porque cuando lo hacemos reclamamos que se terminen las prácticas y discursos de odio y negacionismo, como llamar “curro” a la lucha por Memoria, Verdad y Justicia; porque ya salimos del silencio y no vamos a volver Nunca Más; porque como pueblo nos hemos ganado el derecho a tener un Poder Judicial al que podamos llamar Justicia y que no sea una sucursal de las corporaciones, funcionando como el brazo judicial de la persecución; porque queremos un pueblo feliz y para eso tiene que haber pan y trabajo. 

A 47 años del golpe genocida, construyamos una Patria para el pueblo.

Con Memoria, con Verdad y con Justicia. Siempre.

Lo repetimos acá, en esta Plaza, ¡SON 30.000 Y ESTÁN PRESENTES! 

Restitución de la identidad de las nietas y nietos

Libertad a las presas políticas y los presos políticos

Juicio y castigo a los genocidas y a todos los partícipes civiles

¡NUNCA MÁS EL SILENCIO!

¡30.000 DETENIDOS-DESAPARECIDOS: PRESENTES, AHORA Y SIEMPRE!

¡30.000 DETENIDAS-DESAPARECIDAS: PRESENTES, AHORA Y SIEMPRE!

¡30.000 DETENIDOS-DESAPARECIDOS: PRESENTES, AHORA Y SIEMPRE!