Por el golpe contra Evo Morales

JEANINE ÁÑEZ CONDENADA A DIEZ AÑOS DE PRISIÓN

Por PPV

La ex presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, fue condenada a diez años de cárcel por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes en el marco de la causa denominada «caso golpe de Estado II», la cual investigó su rol al asumir la jefatura del Estado en noviembre de 2019 tras el golpe de Estado a Evo Morales.

La condena, que deberá cumplirla en la cárcel de Miraflores y fue el final de un extenso proceso, con numerosas interrupciones -algunas técnicas y otras relacionadas con la salud de Áñez-, y constituye la primera resolución de relevancia sobre el golpe de Estado que se propició contra el entonces presidente Morales.

Antes de escuchar la decisión de la Justicia, en sus últimas palabras, Áñez dijo que fue sometida a un «simulacro de juicio», remarcó que actuaría «de la misma manera» si se repitieran las circunstancias por las que asumió la presidencia y denunció que al Tribunal «el poder político le exigía un juicio exprés para tener una sentencia exprés».

Además de Áñez, seis exjefes militares y policiales fueron procesados por haber tomado decisiones contrarias a la Constitución y cumplirán sus condenas en la cárcel de San Pedro.

El excomandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman y el excomandante general de la Policía, Vladimir Calderón, fueron condenados a 10 años de prisión.

También fueron sentenciados los excomandantes de las Fuerzas Armadas Jorge Fernández Toranzo y Sergio Orellana Centellas (4 años); el excomandante del Ejército, Pastor Mendieta: (3 años) y el exjefe del Estado Mayor, Flavio Gustavo Arce (2 años).

Para el Gobierno de Bolivia este juicio sienta «un precedente histórico para que no se vuelva a repetir un golpe de Estado».

En La Paz, Cochabamba y Sucre se habían instalado vigilias de víctimas de la dictadura y seguidores del oficialismo, a la espera de la sentencia.

Por su parte, el ex presidente Evo Morales consideró que los 10 años de cárcel a los que fue condenada la golpista Jeanine Áñez y sus «cómplices» es una pena «benigna en relación al daño que causaron a la democracia».

«Pese a las mentiras, chicanas e incluso actuaciones para decir que estaba enferma o a punto de morir, la justicia sentenció que Áñez y sus cómplices asaltaron el poder con un golpe de Estado», escribió Morales en su cuenta de  twitter.

Áñez tuvo su defensa por parte de Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), en la que 23 exjefes de Estado y de Gobierno defendieron a Áñez y juzgaron que «preservar el hilo constitucional y las reglas de sucesión en medio de toda crisis política, como lo muestra la experiencia en América Latina, es el antídoto contra las aventuras militaristas y sus golpes de Estado».

El documento está firmado, entre otros, por Mauricio Macri -quien está siendo investigado por el contrabando ilegal de armas a Bolivia-, el chileno Sebastián Piñera, el costarricense Óscar Arias, el español José María Aznar, los mexicanos Vicente Fox y Felipe Calderón y los expresidentes bolivianos, Carlos Mesa y Jorge «Tuto» Quiroga.

Respecto del apoyo de Macri al golpe contra Evo Morales, hace unos días se encontraron 40 mil municiones, de un total de 70 mil, que formaron parte del envío que se realizó bajo el gobierno de Macri en 2019.

En el expediente que investiga el envío ilegal de armas se encuentran imputados el expresidente Macri; sus ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Oscar Aguad; el entonces embajador en Bolivia, Normando Álvarez García; el exdirector general de la Gendarmería Gerardo José Otero; y los entonces directores de Logística y Operaciones de esa fuerza, Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde, respectivamente.

El fiscal del fuero Penal Económico Claudio Navas Rial imputó también a los exfuncionarios de la administración Cambiemos Marcos Peña (jefe de Gabinete), Jorge Faurie (canciller) y Fulvio Pompeo (secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación).

Finalmente, Áñez tiene pendientes otros dos juicios, uno el «caso Golpe de Estado I», por sus actos como presidenta y otros por las muertes ocurridas durante las llamadas masacres de Sacaba y Senkata, en las que se reprimió a protestas callejeras.

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Envio de armas a Bolivia

LA ADUANA SERÁ QUERELLANTE Y MACRI YA DESIGNÓ ABOGADO DEFENSOR

Por PPV

La directora general de Aduanas, Silvia Traverso, confirmó que el organismo se presentó como querellante en la causa que investiga el envío de armas por parte del Gobierno de Cambiemos a Bolivia cuando se realizó el golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales en 2019.

Mientras que por su parte la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, aseguró que «está comprobado» que el material encontrado en depósitos del país andino fue comprado durante la gestión de su antecesora, Patricia Bullrich.

En declaraciones radiales, Traversó, aseguró: «La Aduana tiene la obligación legal de presentarse como querellantes y, como posible víctimas por el contrabando de armas a Bolivia».
«El bien jurídico afectado es el control aduanero, somos víctimas de esta maniobra», explicó la funcionaria y dijo: «Iniciamos una información sumaria para definir si hubo responsabilidades de nuestro personal».

Por otra parte, y en relación al cargamento de armas enviadas a Bolivia, Frederic -también en declaraciones radiales- afirmó: «Ya está comprobado que son de la partida que compro Patricia Bullrich para el G20 en 2018».
La ministra de seguridad también le respondió a Bullrich, quien había dicho que era Frederic quien tenía que dar explicaciones: «Bullrich dijo eso cuando todavía no se sabía que estábamos presentando la denuncia, después de la presentación no volvió a hablar más del tema, porque está claro que todo ocurrió entre el 11 y el 13 de noviembre (de 2019)».

«Me parece que está complicado porque hay mucha documentación que los hace responsables, si sabían y si no sabían también», agregó.

Además de Bullrich, otro de los implicados es el ex presidente Mauricio Macri, quien designó al ex fiscal Pablo Lanusse como abogado defensor en la causa en la que está acusado por contrabando de armas.

Lanusse ya defiende a Macri en otras causas: las supuestas maniobras de espionaje ilegal desplegadas desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), durante el gobierno de Cambiemos, contra dirigentes políticos, sociales, gremiales y periodistas, entre otros.

El abogado también es el representante legal de la madre del fallecido fiscal Alberto Nisman, Sara Garfunkel, en la causa en la que se investiga esa muerte, pero además la asesora en el expediente en el que Gargunkel está sospechada por presuntas maniobras de lavado de activos vinculadas a cuentas de su hijo.

Macri, que está imputado en este expediente junto a sus ex ministros Oscar Aguad (Defensa) y Patricia Bullrich (Seguridad) y otros miembros de su gobierno, presentó un escrito aduciendo una persecución en su contra.

Bolivia, por su parte, ordenó ayer la detención de Pablo Arturo Guerra, quien fue jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas durante el último Gobierno de facto en Bolivia, por su presunta responsabilidad en las llamadas masacres de Sacaba y Senkata registradas en el marco de las protestas que siguieron al golpe contra Morales, que dejaron más de 25 muertos y un centenar de heridos.
La detención de Guerra se suma a la del excomandante del Ejército Iván Patricio Inchauste.

El fiscal asignado al caso, Fabio Maldonado, detalló que la imputación formal contra Guerra, quien asumió el cargo el 14 de noviembre de 2019 y lo mantuvo hasta el 16 de noviembre de 2020, se presentará «en las próximas horas».

El militar fue parte de la conducción de las fuerzas durante todo el Gobierno de facto de Jeanine Áñez y fue removido cuando asumió el actual presidente constitucional Luis Arce.

Las novedades judiciales, en Bolivia, coincidieron con la entrega de parte de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) de un informe con los resultados de investigaciones de los hechos de violencia y presuntas violaciones a los derechos humanos ocurridos en el país desde el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.

El documento tiene también recomendaciones para que las autoridades bolivianas puedan lograr justicia y favorecer la reparación a las víctimas.

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Envío de material bélico a Bolivia

EL GOBIERNO NACIONAL DENUNCIÓ A MACRI Y EXFUNCIONARIOS

Por PPV

El Gobierno Nacional denunció ayer al expresidente Mauricio Macri y a una decena de funcionarios de la gestión Cambiemos por el envío de «material represivo» a Bolivia en noviembre de 2019, cuando se consumó el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales.

La presentación realizada ante la justicia federal denuncia «el envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia perpetrado el 12 de noviembre de 2019 por el Gobierno Nacional encabezado por el expresidente Mauricio Macri, con la participación de altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional».
La denuncia fue firmada por la ministra de Seguridad, Sabina Frederic; la Administradora Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria.

«El hecho delictivo consistió en el envío irregular de armamento y municiones a Bolivia, a través de una adulteración en las cantidades y destinaciones declarados en las distintas instancias de control y, en particular, ante el servicio aduanero», se indicó en la denuncia.

El material bélico puesto a disposición de la dictadura boliviana habría consistido en, por lo menos: 40.000 cartuchos AT 12/70; 18 gases lacrimógeno en spray MK-9; 05 gases lacrimógeno en spray MK-4; 50 granadas de gas CN; 10 granadas de gas CS; 52 granadas de gas HC, de acuerdo la denuncia de las autoridades bolivianas.

La denuncia señala a «Gerardo José Otero, (exdirector Nacional de la Gendarmería Nacional Argentina), Rubén Carlos Yavorski (excomandante Mayor Director de Logística de la Gendarmería Nacional Argentina) y Carlos Miguel Recalde (exdirector de la Dirección de Operaciones de la Gendarmería Nacional Argentina)».

También indica que la maniobra habría contado con la participación del ex presidente Mauricio Macri, Patricia Bullrich -ex ministra de Seguridad de la Nación -, Oscar Aguad – ex ministro de Defensa -, Jorge Faurie -ex ministro de Relaciones Exteriores y Culto -, Normando Álvarez García -ex Embajador Argentino en Bolivia-, Jorge Dávila -ex director General de Aduanas-, Eugenio Cozzi -ex director Ejecutivo de la ANMaC-.

El hecho tomó estado público cuando la embajada argentina en Bolivia descubrió una misiva del entonces Comandante General de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Gonzalo Terceros Lara, dirigida al entonces embajador argentino en ese país, Normando Álvarez García, fechada el 13 de noviembre de 2019, en la que se dio cuenta de la recepción de municiones, gases lacrimógenos y granadas de gas.

La carta fue dada a conocer el pasado 9 de julio por el Canciller boliviano, Rogelio Mayta, en una conferencia de prensa y a partir de allí se suscitaron a una serie de investigaciones administrativas por parte del Gobierno Nacional, a través de las cuales se recolectó información y documentación que corrobora el envío del material.

«La gravedad institucional del hecho se consolida al advertir que el material enviado tuvo como destino final a las fuerzas armadas que días antes habían derrocado el gobierno constitucional del entonces presidente Evo Morales, y que días después del envío cometerían múltiples violaciones a los Derechos Humanos, entre ellas, las recordadas ´masacres´ (según las calificó la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos) de Sacaba y Senkata», señalaron los funcionarios que firmaron la denuncia.

«No se trata de cualquier tipo de contrabando, sino de uno que tuvo como fin reforzar la capacidad de acción de fuerzas armadas que se habían levantado sediciosamente en armas contra un gobierno constitucional y contra el pueblo boliviano. Fin que las autoridades nacionales no podían desconocer: enviaron municiones y material represivo a sabiendas de que sería usado contra al pueblo de Bolivia por parte de las fuerzas sediciosas», enfatizaron.

La denuncia, que será sorteada mañana en los tribunales federales de Comodoro Py, incluye 14 documentos oficiales certificados y sugiere al menos 8 medidas de prueba para el inicio de la investigación.

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#GolpeDeEstadoEnBolivia

AÑEZ EXPULSÓ DIPLOMÁTICOS Y ACUSA A LA PRENSA DE SEDICIÓN

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La presidenta de facto, Jeanine Añez , declaró como «personas no gratas» a «presuntamente diplomáticos encapuchados y armados».
Unos días atrás México había denunciado a Bolivia ante la Corte de la ONU por el asedio sobre su embajada.
También busca encarcelar a periodistas acusándolos de sedición.

Por esto, México a través de su Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado:

España también emitió un comunicado en el cual indicó:

Además, el gobierno de facto de Bolivia, emitió un requerimiento fiscal a la televisora ATB, a su red digital, «acusando» a conductores del programa La Resistencia Radio de sedición y uso indebido de influencias.

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