EL DIPUTADO MARINO DENUNCIÓ JUDICIALMENTE A MILEI POR EL INGRESO DE TROPAS DE EE.UU SIN EL AVAL DEL CONGRESO

PPV

El diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) impulsó una denuncia contra el presidente Javier Milei tras haber autorizado por decreto el ingreso de tropas estadounidenses al territorio nacional, por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y por traición a la Patria.

La misma se sostiene por haber evitado la intervención obligatoria del Congreso, tal lo establecido por la Constitución y haber habilitado desde el Ejecutivo la realización de los operativos militares conjuntos denominados “Daga Atlántica” y “PASSEX”.

En este sentido, nuestra Carta Magna establece en el artículo 75, inciso 28 que es facultad exclusiva del Congreso permitir o no la entrada de tropas extranjeras, así como la Ley 25.880 prohíbe expresamente que este tipo de autorizaciones se realicen mediante decretos de necesidad y urgencia.

Sin embargo, Javier Mieli, quien gobierna de espaldas a la ley, firmó el DNU 264/2026 que validó la presencia en el país de más de 350 efectivos estadounidenses por el plazo de 42 días.

La acusación presentada ante la Justicia Federal, y que alcanza también al ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al ministro de Defensa Carlos Presti, al canciller Pablo Quirno y al ex secretario de Comunicación Javier Lanari, señala que la decisión del gobierno de Javier Milei representa una «subordinación a la estrategia militar de Donald Trump».

Patrocinado por el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, la denuncia encuadra la conducta oficial en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y traición a la Patria, además de advertir sobre la posible revelación de secretos militares.

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LA COMUNIDAD BOLIVIANA EN ARGENTINA DENUNCIÓ LA AMENAZA DE UNA “MASACRE GENOCIDA”

Por Daniel Bello

La Comunidad del Estado Plurinacional de Bolivia en Argentina realizó una conferencia de prensa para denunciar la represión militar y policial que lleva adelante el gobierno de Rodrigo Paz. Además, convocó a las distintas organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos a sumarse para respaldar la “Marcha por Tierra, Territorio y Dignidad”, que comenzó hace más de 20 días.

En la sede del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), la Comunidad denunció las prácticas represivas del gobierno boliviano, que hasta ahora han dejado un saldo de 3 muertos, 50 heridos y más de un centenar de detenidos. El comunicado deja en claro la “masacre genocida” orquestada por Rodrigo Paz, a la vez que denuncia el envío de aviones Hércules por parte del gobierno argentino, sobre los cuales se sospecha que fueron utilizados para transportar equipamiento y elementos para la represión en Bolivia. Asimismo, se cree que serían utilizados para el traslado de tropas y así romper con los bloqueos —que ya suman más de 100 puntos en todo el país— los cuales impactan en el traslado de alimentos y medicamentos.

También se propuso la creación de una comisión verificadora de DD. HH. que viaje al hermano país de Bolivia para tomar testimonio de lo que está sucediendo, dado que los medios de comunicación también han formado parte del bloqueo informativo que rodea las protestas del pueblo boliviano.

El documento “En defensa del pueblo boliviano, el Estado Plurinacional y la Marcha por la Vida” exige:

• Renuncia de Rodrigo Paz.
• Cese inmediato de la represión y la militarización.
• Libertad de los detenidos y justicia por los asesinados.
• Respeto a los territorios indígenas y campesinos.
• Fin de las privatizaciones y de la entrega de recursos naturales.
• Retiro de causas judiciales contra dirigentes sindicales, campesinos e indígenas.
• Respeto pleno a los DD. HH. y al derecho a la huelga.

Distintos apoyos

Por otra parte, estuvieron presentes organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, quienes pudieron escuchar de primera mano los testimonios que llegaban desde Bolivia a través de una comunicación por internet. Así se escuchó a las mujeres que sostienen, desde hace más de una semana, una huelga de hambre en la Defensoría del Pueblo de La Paz, Bolivia.

María Porto denunció que el actual defensor del pueblo cerró las puertas de la institución, impidiendo el ingreso de familiares y de la prensa: “No se puede vivir así, que un hermano que lleva poncho o una hermana de pollera sean vistos como criminales. La policía arremete contra ellos como si fueran delincuentes, criminalizando la protesta”.

Vilma Choque, compañera de huelga, puso de relieve la matriz económica detrás de la violencia institucional actual: la crisis de la canasta básica y los “decretazos” que vulneran la soberanía nacional y los derechos plasmados en la Constitución Política del Estado. “El objetivo es decir no a la entrega de nuestros recursos naturales para que empresarios y Estados Unidos los exploten a su manera. Hoy tenemos derecho a pensar en un progreso nacional, no queremos ser colonia”, afirmó.

“Queremos que vengan veedores internacionales ahora, no después de que ocurran las masacres”, exigieron desde la sede donde realizan la medida pacífica.

Penélope Moro —hermana de Sebastián Moro, periodista argentino que murió en medio de la cobertura del golpe de Estado contra Evo Morales— trazó un paralelismo entre ese momento y el actual, y sentenció que por estas horas todo indicaba que Bolivia iba camino a una militarización. Además, recordó a las 38 víctimas de la represión de Jeanine Áñez.

Por su parte, Sonia Alesso, secretaria general de CTERA, señaló: “Estamos a disposición para viajar cuando sea necesario. Nuestra solidaridad con los compañeros y compañeras que están en la huelga de hambre y cuyo relato es conmovedor. Realmente lo hemos vivido, tanto en el gobierno de Macri como ahora en el gobierno de Milei. Es la misma política de alianza de los sectores dominantes del capital internacional y la embajada. Así que, en pie de lucha, ratificamos el documento y rechazamos la actitud del gobierno argentino, que avergüenza al pueblo argentino”.

La referenta sindical concluyó: “No es así nuestra patria. Nuestra patria ha luchado históricamente por tener independencia política y económica, y nunca la de ser una colonia. ¡Fuerza, Estado Plurinacional de Bolivia!”.

Finalmente, el diputado nacional Juan Marino (Unión por la Patria) anunció la presentación de un proyecto de resolución para exigir respuestas al Ejecutivo nacional sobre el envío y destino de los aviones a Bolivia, así como también sobre qué mercancías llevaban a bordo cuando partieron desde nuestro país.

CONFERENCIA COMPLETA

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CIERRA UNA FÁBRICA HISTÓRICA DE ZAPATOS Y OPERARIOS PARALIZAN LA GRANJA TRES ARROYOS

Por PPV

El industricidio planificado y ejecutado por Javier Milei avanza con prisa y sin pausa. Día a día vemos como trabajadorxs quedan en la calle por cierres, reestructuraciones o falta de producción. En esta oportunidad le llegó el turno a Gomas Gaspar, una empresa cordobesa de más de 30 años que proveía a grandes marcas y que se vio obligada, por la situación económica, a bajar las persianas y despedir a sus 40 empleadxs.

A su vez, si bien aún permanece con vida, agoniza la Granja Tres Arroyos (ex Cresta Roja) que no puede abonar los salarios motivo por el cual lxs operarixs decidieron paralizar la planta de faena Wade.

Gomas Gaspar 

El conflicto laboral escaló rápidamente tras la emisión de los telegramas de despido. Lxs trabajadorxs denuncian que la firma arrastra sueldos atrasados, aguinaldos impagos y no abona el total de las indemnizaciones.

Arturo Pitkard, delegado del Sindicato Obrero del Caucho, relató que la crisis se agudizó a fines de 2025, cuando tras un periodo de vacaciones forzadas, el dueño de la empresa, el ingeniero Rodolfo Polero, habría solicitado a los empleados continuar trabajando bajo condiciones de informalidad con la promesa de regularizar las deudas, compromiso que nunca se cumplió.

Según los representantes gremiales y los propios operarios, el fin de Gomas Gaspar responde a una combinación de factores económicos asfixiantes como la caída estrepitosa del consumo interno, el aumento de los costos industriales operativos y la competencia desleal de productos importados, que ha llevado a muchas firmas locales a abandonar la fabricación para convertirse en importadores de productos terminados provenientes de Asia.

Granja Tres Arroyos 

Las instalaciones de Wade, pertenecientes a la, también histórica empresa avícola ex Cresta Roja permanece paralizada por decisión de sus trabajadorxs al no cobrar sus salarios. La empresa suma 1.813 cheques rechazados.

Una fábrica que ya venía deteriorándose desde hace meses y que deja en evidencia la crisis financiera y operativa de la principal avícola de Argentina.

La planta afectada pertenece a Wade SA, la sociedad creada por GTA para absorber los activos de la quebrada Cresta Roja luego de uno de los rescates empresariales más complejos de la última década en el negocio avícola argentino.

Los números que circulan hablan que, mientras años atrás el grupo faenaba alrededor de 700.000 pollos diarios, hoy el volumen se habría reducido a cerca de 200.000 aves por día.

En paralelo, el frente financiero siguió agravándose. Según consta en los registros del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la deuda de Wade SA supera los $6.000 millones, producto de 615 cheques rechazados por falta de fondos.

Granja Tres Arroyos, la controlante, cuenta con una deuda en cheques que asciende a $29,3 mil millones, producto de 1.813 cheques rechazados.

• Con información de Infogremiales

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EN LA CALESITA

Por Damián Bottini

Este mes se oficializó un nuevo recorte del gasto público por casi $2,5 billones, una cifra que impacta directamente en áreas sensibles como las universidades nacionales y programas críticos de salud, incluyendo la provisión de medicamentos para el VIH y tratamientos contra el cáncer. En respuesta a este ajuste, miles de personas se movilizaron ayer en una marcha multitudinaria en defensa de la educación pública, exigiendo el cumplimiento de una ley de financiamiento universitario que el Ejecutivo, hasta ahora, insiste en desoír.

Mientras tanto, el presidente Javier Milei reafirmó el rumbo de su plan económico. La «motosierra» se traduce ahora en medidas concretas para el transporte: se prevé un aumento del 90% en las tarifas de trenes y una actualización en el boleto de colectivos nacionales a partir del próximo 18 de mayo.

El objetivo detrás de estos incrementos es acelerar la quita de subsidios, una decisión que representa un golpe certero al ya debilitado bolsillo de los trabajadores. En medio de este escenario de creciente tensión social y económica, el Presidente parece sostener un relato que dista mucho de la realidad que se vive en las calles.

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