LA ÚLTIMA CARTA PARA FRENAR A LULA

 Por Miguela Varela
Foto Portada Ricardo Stucker

La avanzada conservadora no se detiene en la región. El juez de primera instancia de Curitiba, Sergio Moro, dio a conocer la condena del ex presidente Lula Da Silva a 9 años y medio de prisión que, por supuesto, complementa con la prohibición para ejercer cargos públicos por 19 años. La decisión se basa en supuestos delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero generados por coimas pagadas por la empresa OAS al favorecer a esta constructora en contratos con Petrobras. Esta coima se materializó a través de la adquisición de un departamento, que está a nombre de la empresa.

Mientras en Argentina profundizan el ajuste económico y el poder político intenta esquivar todos los contrapesos democráticos, y en Venezuela la oposición fuerza a través de mecanismos “institucionales” derrocar al gobierno de Maduro, Brasil no es la excepción.

A un poco más de un año para las próximas elecciones nacionales, la justicia pretende invalidar la candidatura de Lula para 2018 y conseguir pronto un reemplazo para el casi extinto Michel Temer. Dicha condena se anuncia en un contexto marcado por la reciente aprobación de la Ley de Reforma Laboral por parte del Senado, una especie de destrucción de los logros sociales alcanzados en los últimos años.

Después de ensayar varias estrategias para imponer un gobierno que responda a los intereses concentrados en el largo plazo, tales como la guerra mediática, el golpe de estado a Dilma Rousseff, ahora el establishment brasilero intenta la vía judicial para bloquear al candidato que más mide en las encuestas. ¿Y qué mejor que hablar de corrupción para deslegitimar, en particular, a un dirigente popular y en general a la política? Es posible trazar un paralelismo con el actual debate que impone el macrismo y los grandes medios de comunicación en Argentina con respecto a los fueros y la corrupción. Mecanismos que se repiten y que se utilizan como el último recurso para impedir el acceso a las urnas de los representantes de las fuerzas políticas populares.

Los poderes concentrados saben que la única herramienta de los pueblos es la política, ya que las clases populares no tienen grandes medios de comunicación ni poderosas corporaciones económicas, sólo tienen la política para transformar su realidad. Y cuando la política queda deslegitimada, no queda nada. El pueblo brasilero decidirá en las calles su política y su futuro.

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EN BRASIL LA LUCHA SIGUE

Por Miguela Varela

Hace un año que Brasil inauguró una nueva etapa política y económica con la asunción de Michel Temer, lo que profundizó la crisis de su sistema político que se encuentra teñido por causas de corrupción que afectan a todos los partidos. La llegada de Temer no hizo más que ahondar el conflicto institucional, de la mano de un protocolo de medidas económicas ortodoxas que apuntan a la reducción del gasto público, a la flexibilización laboral, y a la disminución del poder de los sindicatos. Un presidente votado por nadie que está llevando a Brasil a un rol de espectador del escenario internacional y a un crisis social que le estallará en las manos.

La reforma laboral lanzada por el Partido de la Social Democracia Brasileña pretende una preminencia de la negociación colectiva sobre la legislación laboral, reformando la Ley de Tercerización y retirando el carácter obligatorio de la contribución sindical. En primer lugar, esto significa que lo acordado entre empleadores y empleados tendrá mayor valor que lo establecido por la ley. En segundo lugar, se promueve la contratación de trabajadores por hora o días a la semana, a cambio de permitirle al empleado tener más de un trabajo y acordar horarios flexibles. En tercer lugar, la reforma previsional apuesta al aumento de 30 a 40 en la cantidad de años necesarios de aporte para contar con una jubilación.

Está claro que lo conservador de las medidas no resultará en mejoras, ya que el ajuste al sector trabajador con una desocupación del 13,7%, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, afecta a 14,2 millones de personas. Se trata de un aumento de 3,1 millones más de personas comparado con el mismo período del año pasado.

Con este escenario, las organizaciones sindicales convocaron al primer paro general en 21 años. El último hecho de este tipo fue en 1996, bajo la presidencia de Fernando Henrique Cardoso, debido a la fuerte caída del empleo y de los salarios. La convocatoria se sintió y mucho, con mayor intensidad en los principales centros urbanos tales como Río de Janeiro, El Salvador, Natal, San Pablo, Refice, Porto Alegre, Manaos, Curitiba, entre otros. Se estimó una participación de 35 millones de personas, convirtiéndose así en la mayor movilización de la historia de Brasil. El presidente de la Central Única de Trabajadores (CUT), Vagner Freitas, comparó la huelga con el movimiento de 1989 cuando millones de trabajadores declararon paro general.

La paradójica receta neoliberal que pretende sacar al país de la crisis, aumentando el desempleo en un 12%, no tiene un salida sin conflicto social. La recesión avanza con una caída del 4,6% del PBI para 2016, según las estimaciones del Banco Central de Brasil, y con un fuerte impacto en el sector de las manufacturas, industria intensiva en mano de obra. Según la Confederación Nacional de la Industria (CNI), en 2016 la industria brasileña registró una caída del 12,1% en su facturación, mientras que cayeron un 7,6% las horas trabajadas y 7,5% la demanda de empleo. A esto, debemos sumarle la enmienda constitucional que congela la inversión pública para los próximos 20 años.

Los logros concretados por el gobierno de Lula Da Silva y de Dilma Rousseff, están siendo destruidos. Según los datos de la FAO, entre los años 2002 y 2014 se produjo una disminución del 75% de la pobreza extrema gracias a la implementación del Programa Bolsa Familia. Sin embargo, el actual presidente redujo este beneficio excluyendo a más de 10 millones de personas.

En un contexto de estas características, es importante el fortalecimiento del rol de los sindicatos considerando especialmente dos hechos fundamentales. Por un lado, una crisis económica que apunta al retroceso de la participación de la clase trabajadora en la generación de riqueza y, por otro lado, el descrédito general de todo el arco político brasilero, que se agudiza con un presidente que cuenta con una casi inexistente legitimación del pueblo. La unica salida: la unidad de la clase trabajadora.

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