MANOS A LA OBRA: CHINA SE ORDENA Y DESAFÍA A OCCIDENTE

Por Fernando Capotondo

Cada vez que una constructora china mueve una excavadora para levantar un puerto, una represa eléctrica o un complejo industrial en algún rincón del Sur Global, el guión suele repetirse como un mantra. Para algunos países, atrapados en el eterno dilema del déficit de infraestructura y la falta de financiamiento, la oferta china aparece como uno de los pocos pasajes disponibles para subirse al tren del desarrollo. Para otros, esas mismas obras despiertan no pocos interrogantes sobre dependencia tecnológica, seguridad nacional y alineamientos políticos. En ese terreno sinuoso, el debate rara vez permanece dentro de los límites de la economía.

Las autoridades chinas conocen bien el escenario. Por eso, más allá de las controversias puntuales que acompañan algunas de sus obras de infraestructura en el mundo, el próximo 1 de julio pondrán en marcha el nuevo Reglamento del Consejo de Estado sobre Inversiones en el Extranjero, una norma que establecerá por primera vez un sistema unificado de supervisión, instalando un virtual chip de seguimiento a las más de 50.000 empresas chinas que operan en 190 naciones, según los cálculos oficiales.

El nuevo esquema incorpora procedimientos de registro, obligaciones de reporte y mecanismos de control. También contempla evaluaciones sobre riesgos políticos, financieros y de seguridad, una señal de que las autoridades buscan ejercer una vigilancia mucho más estrecha sobre una red empresarial que durante años creció a una velocidad difícil de seguir, incluso para los organismos encargados de supervisarla.

La necesidad del reglamento responde a la maduración de un proceso histórico que comenzó con las políticas de Reforma y Apertura, de comienzos de los ochenta, y se aceleró una década después con la denominada Estrategia de Salida al Exterior. Así fue como la “fábrica del mundo” pasó de exportar únicamente manufacturas a convertirse en un actor decisivo en el financiamiento internacional y el desarrollo de infraestructuras estratégicas. Tal como ocurre hoy, lo que para numerosos gobiernos representó una oportunidad de crecimiento, otros lo observaron como una posible fuente de dependencia económica o influencia política.

Los números ayudan a dimensionar la actual transformación. Según el Boletín Estadístico de la Inversión Extranjera Directa de China 2024, las compañías instaladas fuera del país generaron ingresos por 3,6 billones de dólares, pagaron 82.100 millones en impuestos en los mercados donde operan, y emplearon a 5,02 millones de personas, en su mayoría trabajadores locales.

Frente a una presencia cada vez más visible en regiones tradicionalmente vinculadas a Occidente, se multiplicaron los cuestionamientos políticos y mediáticos centrados en la seguridad nacional. Donald Trump convirtió esas sospechas en uno de los pilares de su estrategia hacia China. Bajo esa mirada, cada inversión china parecía venir con una segunda intención oculta: un puerto podía transformarse en un centro logístico encubierto, una red tecnológica en una invitación al espionaje y una base aeroespacial en el capítulo inicial de una saga geopolítica más ambiciosa.

Los críticos de Beijing sostienen que el problema no radica únicamente en el origen de los capitales, sino en la creciente presencia de empresas estrechamente vinculadas al Estado chino en sectores considerados sensibles. Puertos, redes energéticas, centros de datos o corredores logísticos suelen aparecer en el centro de esas preocupaciones. Investigadores como Jonathan Hillman, del Center for Strategic and International Studies (CSIS), advierten que determinadas infraestructuras pueden generar dependencias difíciles de revertir y convertirse en instrumentos de influencia geopolítica de largo plazo.

Beijing rechaza esas interpretaciones. El gobierno sostiene que algunas restricciones que enfrentan sus empresas responden a criterios políticos discriminatorios antes que a evaluaciones técnicas homogéneas. Desde esa perspectiva, muchas de esas controversias exceden largamente las discusiones sobre seguridad o economía.

Es allí donde, en ocasiones, aparece Taiwán.

Según la postura china, algunas críticas a determinadas inversiones suelen convivir con discursos políticos favorables a un mayor acercamiento hacia la isla, una asociación que Beijing considera parte de una disputa más amplia por influencia y reconocimiento internacional.

La controversia parece lejos de resolverse. La respuesta oficial de Beijing es la de siempre: el principio de una sola China constituye una línea roja innegociable y, desde esa posición, ningún país puede mantener relaciones oficiales simultáneas con la República Popular China y las autoridades taiwanesas, independientemente de la forma que adopten esos vínculos.

Académicos como Austin Jordan, investigador del Fairbank Center de Harvard, suelen advertir sobre el peligro intelectual de evaluar los proyectos exclusivamente por el origen nacional de quienes los financian. A su juicio, cualquier iniciativa de gran escala combina éxitos, errores y resultados dispares, por lo que las generalizaciones suelen ocultar más de lo que explican.

Sin embargo, en Beijing parecen haber perdido la paciencia con los debates académicos. Consideran que la discusión podrá seguir en Harvard, pero la respuesta llegará desde el “Boletín Oficial” chino, con los detalles políticos que suelen incluir este tipo de normas técnicas.

En efecto, los artículos 24 y 25 del nuevo reglamento institucionalizan un mecanismo de contramedidas que funciona como un virtual botón de pánico legal: si un gobierno decide rescindir un contrato estratégico alegando razones de seguridad que China considera injustificadas, la normativa habilita respuestas económicas y regulatorias amparadas en la legislación china. El que avisa no traiciona, reza un antiguo refrán popular.

Pero el reglamento no mira solamente hacia afuera. También busca ordenar la propia casa.

China busca evitar que empresas con estándares deficientes, prácticas irregulares o problemas de cumplimiento normativo terminen dañando la reputación internacional construida durante décadas. Para ello, el reglamento incorpora controles más estrictos sobre el movimiento transfronterizo de datos, refuerza los mecanismos de supervisión y establece sanciones para quienes oculten información o presenten documentación falsa. Las multas pueden oscilar entre el 0,5% y el 1% del monto invertido, mientras que determinadas infracciones podrían impedir nuevas operaciones durante años.

La norma difícilmente cierre por sí sola los debates sobre la influencia económica china ni las disputas geopolíticas que la acompañan. Pero si durante años China levantó puertos, fábricas y corredores comerciales alrededor del mundo, ahora parece decidida a construir otra cosa: una muralla jurídica para resguardar la huella global de su ascenso.

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Se aprobó el paquete para construir torres en la Ciudad

NEGOCIADOS INMOBILIARIOS LARRETA S.A

Por PPV

El jueves pasado, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta logró sancionar, antes del recambio parlamentario, la rezonificación de Costa Salguero para construir edificios de hasta 8 pisos de altura y un acuerdo con el grupo IRSA para levantar un nuevo barrio en la ex Ciudad Deportiva de Boca, donde existe un humedal.

El paquete se aprobó en medio de protestas callejeras con una Legislatura totalmente vallada, rodeada de policías, y pese al rechazo de ambientalistas y sin atender las presentación que realizó la oposición de la Ciudad de Buenos Aires.

«Es un día muy triste para la ciudad de Buenos Aires, el oficialismo de Larreta votó la pérdida de 100 hectáreas de espacios verdes y humedales sobre la costanera para seguir construyendo torres de lujo que luego quedan vacías por la especulación inmobiliaria, expresó durante la sesión en la Legislatura porteña el diputado del Frente de Todos (FdT) Matías Barroetaveña.

Por su parte, el diputado porteño y vicepresidente del Bloque Frente de Todos, Javier Andrade, indicó: » Fue una sesión muy perjudicial para lxs porteñxs y se aprobaron proyectos muy graves para la calidad de vida de todxs, pero cada vez les cuesta más ocultar que #LarretaVendeTodo».

«Vamos a seguir trabajando incansablemente para tener una Ciudad donde todxs podamos vivir bien», afirmó el vicepresidente de la Comisión de Planeamiento Urbano a través de su cuenta de twitter.

En tanto que, la diputada porteña por el Frente de Todos, Lucía Cámpora, afirmó que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, «avanza con proyectos que sabe que la ciudadanía no quiere, pero continúa porque tienen compromisos con sectores económicos».

Cámpora informó que «la Legislatura tuvo que sesionar vallada» porque «avanzan con cosas que saben que la  ciudadanía no quiere» y aseveró: «Son la representación de los grandes especuladores inmobiliarios de la ciudad y legislan para eso».

La legisladora indicó que el jueves «se aprobó un régimen para facilitar la regulación de obras que se excedieron de los metros que construyeron» y se preguntó: «¿Para qué existen normas urbanísticas si el larretismo hace excepciones permanentemente?».

La rezonificación de Costa Salguero quedó sancionada con 36 votos a favor por parte del oficialismo y aliados, compuesto por Vamos Juntos (VJ), UCR-Evolución y el Partido Socialista; 22 en contra, del FdT, del Frente de Izquierda, Consenso Federal y el Gen.

En tanto, el convenio con IRSA también recibió 36 votos a favor, pero sólo 20 en contra, ya que se abstuvieron Eugenio Casielles, de Consenso Federal, y Sergio Abrevaya, del Gen.

Los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco, que también es afectado por la rezonificación, suman 32 hectáreas; mientras que la exCiudad Deportiva tiene 71 hectáreas.

En la sesión también se sancionó un proyecto de ley que incluye 10 convenios urbanísticos firmados por la administración de Larreta y varias empresas privadas para autorizar la construcción de torres que exceden la altura permitida en parcelas de distintos barrios porteños.

El cuarto proyecto, en tanto, crea un «régimen especial de regularización de obras y construcciones llevadas a cabo en contravención al Código Urbanístico y al Código de Edificación».

En definitiva, el gobierno de Larreta claramente se ha mostrado como continuidad de las políticas que impulsó Mauricio Macri cuando este fue Jefe de gobierno porteo.
La renovación de la composición de la Legislatura no hace suponer un rumbo diferente al de los negociados inmobiliarios que benefician a un sector pequeño en detrimento de les porteñes.

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 Costanera Sur

LARRETA BUSCA AVANZAR CON OTRO NEGOCIADO INMOBILIARIO

Por PPV

La Legislatura porteña comienza hoy el tratamiento del convenio urbanístico firmado entre el Gobierno de la Ciudad y la empresa IRSA, para construir un barrio con torres de 50 pisos en el predio de la ex Ciudad Deportiva Boca Juniors.

El expediente fue presentado por el Ejecutivo el martes pasado y hoy será puesto en consideración desde las 10 en una reunión conjunta de las comisiones de Planeamiento Urbano y Presupuesto.

se espera la presencia de funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno local para dar detalles del convenio alcanzado entre la administración porteña y el conglomerado privado, dueño del predio de 71 hectáreas, para cambiar la actual normativa que rige en los terrenos.

El oficialismo busca que se pueda modificar la habilitación de nuevos usos del suelo -como los de viviendas y comercios- ya que en la actualidad solo tiene autorización para actividades deportivas.

Del acuerdo firmado entre el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta e IRSA deja ver que como contraprestación por la reforma a cargo de la Legislatura, Irsa cederá a la ciudad 47 hectáreas que serán destinadas a un espacio de acceso público y cuyo mantenimiento estará a cargo de la empresa por diez años.

El legislador porteño por el Frente de Todos, Matías Barroetaveña, adelantó que se el bloque se opondrá al acuerdo y expresó: “Este nuevo intento de privatizar el acceso a la costanera es inconstitucional e ilegal; viola el artículo 8 de la constitución que garantiza el uso público de la costanera y la ley del Plan Urbano ambiental que prohíbe los barrios cerrados”.

“El objetivo es consolidar el modelo de Larreta de priorizar la construcción de grandes torres, de 45 pisos en este caso, cuyos destinatarios son los especuladores inmobiliarios, y que como ya sabemos, luego quedarán vacías, mientras que más de la mitad de porteñas y porteñas tienen problema para acceder a una vivienda digna”, sentenció Barroetaveña.

Por su parte, el legislador Javier Andrade, en declaraciones radiales señaló: «Desde los ’90 que IRSA, que compró la Ciudad Deportiva de Boca,  tiene el proyecto.
Estuvieron esperando todo este tiempo para realizar un emprendimiento mega inmobiliario. Este es otro intento por realizar este meganegocio , primero fue con Macri y ahora con Larreta».

“Nos encontramos que el día martes ingresó este proyecto que habilita a la posibilidad de hacer un mega emprendimiento inmobiliario a orillas del rio al lado del barrio Rodrigo Bueno. Similar a lo que proponen en Costa Salguero”, explicó Andrade.

«Nosotros pensamos otra manera, tenemos un proyecto político que va en busca del bien común, de transformar realidades; Mauricio Macri antes y Horacio Rodríguez Larreta ahora, se han transformado en el proyecto electoral de los grandes desarrolladores inmobiliarios.
Es un eje vertebrador de ambos la posibilidad de entregar tierras públicas para grandes desarrollos y seguir expulsando», señaló el legislador.

Además agregó: “Este tipo de construcciones lujosas encarece el suelo de la ciudad de Buenos Aires y por ende la posibilidad del acceso a la vivienda e influye en el precio alquileres”.

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El gobierno nacional invertirá 2100 millones de pesos

SE CONSTRUIRÁN CENTROS TERRITORIALES INTEGRALES DE POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD

Por PPV

El gobierno nacional anunció ayer, en el Salón de la Mujeres del Bicentenario, la construcción de Centros Territoriales Integrales de Políticas de Género y Diversidad en las 23 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La inversión están contemplada dentro del Plan Nacional de Acción Contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022 (PNA), que elaboró el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD).

En esta primera etapa, los centros estarán en las localidades bonaerenses de Morón, La Plata y Quilmes y en las ciudades capitales de La Rioja, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Formosa, Tucumán y Catamarca.
Estos Centros buscarán acompañar a personas en situaciones de violencia y se fomentarán los derechos de las mujeres y población LGBTIQ+.

Los Centros Territoriales estarán conformados por equipos interdisciplinarios que desarrollarán acciones de prevención de las violencias, asistencia, acceso a la justicia, protección integral y promoción de la igualdad de género. Se trata de una política de cercanía, federal, en la que intervendrán distintas agencias del Estado, que contemplará las distintas vulnerabilidades que puede sufrir una persona en situación de violencia de género y que tendrá un anclaje territorial.

La ministra Elizabeth Gómez Alcorta sostuvo: “El territorio es un lugar central y clave para pensar cómo abordamos las violencias de género. Soñamos estos centros territoriales y fuimos a buscar aliados claves. Pensamos estos espacios como lugares de cercanía para poder asistir de modo integral a quienes están en situación de violencia de género”.

Luego de señalar que los centros también trabajaran articuladamente con las organizaciones sociales, la ministra explicó: “La respuesta frente a las violencias no puede ser exclusivamente ir a una comisaría o a un juzgado. Se requiere acompañamiento para que esas mujeres puedan vivir una vida autónoma. No podemos tolerar más las violencias por motivos de género que tienen sus consecuencias más extremas en los femicidios, travesticidios y transfemicidios. Este gran consenso nacional al que convocó en la apertura de sesiones el Presidente Alberto Fernández es para pensar una Argentina unida contra las violencias”.

Santiago Cafiero, jefe de Gabinete de Ministros y Ministras, participó del acto de manera virtual y a su turno aseguró: “Tenemos que seguir en sintonía en cuanto a las necesidades que tienen las mujeres que ven violentados sus derechos. Este es un gobierno que tiene un presupuesto con perspectiva de género por primera vez en la historia, eso quiere decir que no queda solo en palabras”.

“El poder judicial también debe generar mayores mecanismos de acceso a la administración de justicia, mayor sensibilidad a la hora de recibir las denuncias que lamentablemente vemos que quedan en la nada y producen estos hechos repudiables y aberrantes”, dijo Cafiero.

Por su parte, Wado de Pedro, ministro del Interior, nombró una a una a las víctimas de femicidios durante este año y pidió un minuto de aplausos a modo de homenaje. Además sostuvo: «cuando el Presidente dice que tenemos que transformar esta lucha en una política de Estado, también es un fuerte mensaje para las fuerzas y para el Estado mismo».
Luego, remarcó el nombre de una víctima de femicidio: Liliana Beatriz Stefanatto.

Ella había denunciado en Villa María (Córdoba) a Ignacio Emilio Aldeco y había conseguido que una fiscal pidiera la detención del hombre, pero la medida fue rechazada por la jueza del caso, que dejó en libertad al agresor que la asesinó.

«Todas las luchas se ganan en la calle, militando, junto a las políticas públicas. Así podremos implementar las reformas estructurales que hacen falta en el Poder Judicial», afirmó el titular de Interior.

Después de los femicidios de Úrsula Bahillo, en la localidad bonaerense de Rojas, perpetrado por el policía Matías Martínez, y el de Guadalupe Curual, asesinada la ciudad neuquina de Villa La Angostura por Bautista Quintriqueo, impactaron en la agenda política.

Ambas, habían realizado denuncias judiciales y tenían medidas de protección que evidentemente no sirvieron.

De hecho, el Gobierno nacional, a través del Ministerio que encabeza Gómez Alcorta, presentó en ambos casos denuncias penales para que se investigue el accionar judicial.

Del acto, además, participaron el secretario de Obras Públicas, Martin Gill; Gustavo Béliz, titular de la Secretaría de Asuntos Estratégicos; el presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Martín Cosentino y la secretaria de Políticas contra la Violencia por Razones de Género, Josefina Kelly Neila.

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