Abuso sexual y torturas a mujeres detenidas

INTERVIENEN COMISARÍA DE LA TABLADA POR GRAVES DENUNCIAS CONTRA POLICÍAS

Las mujeres alojadas en la Comisaría tercera de La Tablada -La Matanza-, padecieron aislamiento extremo, abusos sexuales y prácticas de tortura de manera reiterada. La Comisión por la Memoria (CPM), en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura bonaerense, realizó una inspección sorpresiva, dónde se relevaron estos hechos aberrantes. El organismo interpuso un habeas corpus colectivo ante el Juzgado de garantías 2 de La Matanza que ordenó la inmediata clausura de los calabozos, después de constatar las condiciones del lugar y los episodios padecidos por las detenidas.
Además, se realizó la denuncia penal ante la ayudantía de delitos de gravedad institucional de La Matanza y ante la Auditoria General de Asuntos Internos. En una reunión mantenida ayer con la CPM, el ministro de seguridad bonaerense Sergio Berni, informó que la comisaría fue intervenida y se avanza con la sanción de los responsables.

Según informa  la CPM la situación fue comunicada por el Defensor de Casación de la Provincia, Mario Coriolano, quien solicitó la intervención del organismo en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. A partir de esto, se realizó una inspección sorpresiva al lugar, se entrevistó a las personas detenidas y se constataron todas estas denuncias, tomando nuevos testimonios que permitieron ampliar los hechos sucedidos. Posteriormente se puso en marcha una intervención articulada entre ambos organismos, que forman parte del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura.

Las mujeres detenidas en la comisaría de La Tablada denunciaron graves violaciones a los derechos humanos por parte de agentes policiales. A los dos episodios de abuso sexual sobre varias mujeres, en el marco de requisas vejatorias constitutivas de torturas, se suman el aislamiento extremo y la imposibilidad de comunicarse con el mundo exterior que les provocaba desubicación temporal, cuadros depresivos y de angustia. Las golpizas eran recurrentes así como las amenazas y  humillaciones por cuestiones de género.

Las requisas vejatorias, que constituyen abuso sexual, fueron provocadas por agentes policiales mujeres y varones  del grupo especial GAD o «paleros» que en gran número  presenciaban los actos aberrantes golpeando, amenazando, insultando y burlándose mediante frases estigmatizantes, racistas y prejuiciosas.

Según el relato de las víctimas, los agravamientos se agudizaron desde la asunción del subcomisario Leonel Gómez, hasta llegar a los abusos sexuales perpetrados el 19 de diciembre de 2019 y el 5 de enero de 2020. Durante el primer hecho se alojaban 14 detenidas en el lugar, durante el segundo 15 detenidas, y 4 de ellas estuvieron presentes en ambos.

Luego de padecer los episodios de abusos y torturas descriptas, las detenidas fueron disciplinadas, castigadas y amenazadas. Los oficiales policiales desplegaron un dispositivo para garantizar su impunidad y silenciar a las víctimas, para así evitar que narren las violencias padecidas.  Se les prohibió todo tipo de acceso a medios de comunicación: televisión, radio e incluso relojes, por lo que estaban desorientadas y trataban de calcular el momento del día según la luz del sol. Si preguntaban la hora a los policías recibían burlas como respuesta. Solamente se podían comunicar con sus familiares y amigos a través de cartas que eran leídas por los agentes. Además, los funcionarios policiales no tenían identificación y se llamaban entre ellos por seudónimos o sobrenombres para que se vuelva más difícil reconocerlos.

La violencia sexual tiene consecuencias físicas, emocionales y psicológicas devastadoras para cualquier persona que la padezca y se ve agravada en este caso por tratarse de mujeres detenidas, bajo custodia del estado, cuyos agresores son funcionarios públicos que ejercen violencia sexual bajo la modalidad de violencia estatal y que utilizan el aparato gubernamental para cometer estas graves violaciones a los derechos humanos que configuran tortura. Perpetradores que hasta la denuncia siguieron siendo sus vigiladores en este contexto carcelario y que, paradójicamente,, cometieron delitos mucho más graves y con mayor pena que los cometidos por las mujeres detenidas.

Además las detenidas pasaban hambre: recibían una mínima ración de comida al día y no se les permitía tener conservadoras ni calentadores para la comida que le acercaban sus familiares, cuando les llegaba. En el lugar no tenían agua fría ni siquiera para consumir o hidratarse frente a las fuertes temperaturas de las celdas. Tampoco contaban con acceso a la ducha y cuando podían higienizarse debían hacerlo frente a personal masculino, que estaba siempre presente.  Permanecían alojadas en la oscuridad y al ser aisladas durante varios días, debían orinar en botellas plásticas y defecar en bolsas de nylon. No tenían asistencia médica ni traslados al hospital aunque lo requirieran, y al menos ocho mujeres padecían patologías sin atención, algunas de ellas graves.

Dado el gravísimo cuadro, la CPM  interpuso un habeas corpus colectivo ante el Juzgado de garantías 2 de La Matanza, que rápidamente dispuso la clausura de los calabozos después de constatar las condiciones del lugar y los episodios padecidos por las detenidas. Al mismo tiempo, el Ministerio de Seguridad desde la Auditoria de Asuntos Internos intervino la dependencia y desplazó a los funcionarios a cargo.

El pasado miércoles,  la CPM a través de su presidenta Dora Barrancos, el vicepresidente Víctor De Gennaro, el Secretario Roberto Cipriano García y la Directora General Sandra Raggio, se reunieron con el Ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, a quien llevaron su preocupación por lo ocurrido y solicitar medidas urgentes para que no se repitan, así como también revertir la sobrepoblación y hacinamiento en las comisarías provinciales. En esa reunión, el Ministro confirmó la intervención de la comisaría y la decisión de desafectar al personal denunciado. Ante el requerimiento de la CPM, el Ministro  acordó con la necesidad de crear un protocolo de intervención policial sobre las mujeres detenidas, con perspectiva de género y derechos humanos para lo cual solicitó colaboración.

La CPM también realizó una presentación al Ministerio de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual de la provincia solicitando su intervención para garantizarlas. Asimismo, notificó los hechos y lo actuado al Comité Nacional de Prevención de la Tortura.

La Comisaría tercera de La Tablada está incluida en las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por las graves condiciones de encierro relevadas que ponían en riesgo la vida y la integridad de las personas allí alojadas. El Estado nunca cumplió con lo dispuesto por el organismo internacional de derechos humanos.

Ahora la justicia debe avanzar investigando y condenando penalmente tanto a los responsables de la dependencia policial como a todos aquellos agentes que cometieron estos delitos. Estos actos deben ser investigados con la debida celeridad,  diligencia y perspectiva de género que la situación amerita.

Desde la CPM también informaron que patrocinarán a las víctimas como particular damnificado para garantizar su pleno acceso a la justicia: «La doctrina y jurisprudencia internacional afirman que la violencia contra las mujeres debe ser considerada una grave violación a los derechos humanos porque vulnera la dignidad, la integridad y la seguridad de las mujeres. Y el estado es el responsable de implementar políticas públicas que prevengan y sancionen estos hechos y reparen a las víctimas». 

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En época de elecciones:

LA AGENDA DE LA MANO DURA

Por Amarú Varela

En tiempos de elecciones, el tema sobre la baja de imputabilidad resurge como hongos después de la lluvia. Lo vivimos en 2009, en 2011 y así sucesivamente. Pareciera ser que los que pregonan la baja como forma de acabar con la inseguridad, serían una atracción para los votantes. De más está decir, que fuera de los momentos electorales, este tipo de cuestiones no se debaten a fondo y las soluciones están lejos de llegar.

Hace algunos días, el oficialismo confirmó que presentará un Proyecto de Ley durante las sesiones extraordinarias en el mes de febrero, con el objeto de bajar la edad de imputabilidad de los menores de edad, de 16 a 15 años.

Eugenio Zaffaroni explicó hace algunos años de manera simple lo que significa este debate: bajar la edad de imputabilidad no es más que decidir aplicar o no al menor, el régimen de responsabilidad penal del adulto.

Qué dice el proyecto

El documento del nuevo Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil consta de 16 capítulos, 100 artículos y un anexo, y viene a derogar el viejo decreto 22.278 firmado por Videla y que aún está en vigencia.

En el artículo 2 del documento se expone que a aquellos menores que cuenten con 15 años sólo se les aplicará el régimen cuando se trate de “algún delito reprimido con pena máxima de 15 años de prisión o más en el Código Penal”. Se trata de delitos graves, como homicidio, violación o abuso sexual agravado, secuestro extorsivo o robo con armas de fuego.

Según el artículo 12 del proyecto, “la privación de la libertad procederá como último recurso, de forma fundada, revisable, y por el plazo más breve posible” y no habrá sanciones privativas o restrictivas de la libertad “en función de infracciones de naturaleza contravencional o de faltas”.

En relación con la prisión preventiva en estos casos se afirma que la misma “no podrá exceder de un año”, pero puede prorrogarse cada tres meses. Este punto sería para evitar el caso de menores detenidos sin una condena.

Voces en contra

Desde la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (AJUNAF) rechazaron, mediante un comunicado, la intención del gobierno de enviar el Proyecto de Ley sobre el sistema de responsabilidad penal juvenil.

En el mismo, firmado por César Raúl Jiménez (Presidente) y Gustavo Daniel Moreno (Secretario General) señalaron que «la Asociación ya se pronunció en contra en enero de 2017: “No pareciera razonable que en un año electoral, y que para dar respuesta estatal a hechos delictivos de trascendencia mediática, baste reducir la edad de punibilidad de los chicos y aumentar las penas para determinados delitos, sin garantizar el cumplimiento por parte del Estado Nacional, de las Provincias, de la Ciudad de Buenos Aires, y de los Municipios, del sistema de protección integral de derechos de la niñez, sobre todo en materia de derechos económicos, sociales y culturales (alimentación, salud, educación, vivienda, familia, entre otros)”.

La protección internacional de los niños y adolescentes

El derecho de los adolescentes a ser juzgados y sancionados por un sistema especial tiene amplia consagración en los Tratados Internacionales de derechos Humanos. Así, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos (1966) establece ya algunas garantías generales, al igual que lo hace la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH, 1981). Luego, la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN, 1989) consagra garantías expresas de un régimen penal especial para todas las personas menores de 18 años. La definición de la edad es el detonante de una serie de normas y obligaciones de protección a la infancia, establecidas tanto por la Convención sobre los Derechos del Niño, como por las reglas de Naciones Unidas, que forman el Corpus Iuris de protección de los derechos humanos de los niñes.

Esta normativa es de carácter vinculante para los Estados parte de la CADH, como Argentina. Por tanto, la reforma del régimen penal juvenil que se propone es incompatible con lo que se establece en la normativa del derecho internacional de los Derechos Humanos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es contundente al afirmar que “al someter a personas menores de 18 años al sistema ordinario de justicia, su condición de niños es totalmente negada y sus derechos violados”.

UNICEF: la pérdida de la libertad como última opción

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) plantea los siguientes lineamientos para el tratamiento de la baja en la edad de imputabilidad respecto de nuestro país específicamente:

1) Una justicia especializada para adolescentes y jóvenes debe garantizar el abordaje diferenciado desde el inicio de la investigación hasta la finalización del cumplimiento de la sanción, incluyendo cada una de las instancias superiores. Esto requiere, además de la modificación de la ley de fondo, la asignación de recursos económicos y el nombramiento de jueces, fiscales, defensores y equipos técnicos interdisciplinarios, por medio de procesos de selección que contemplen efectivamente la especialización en materia de niñez y adolescencia.

2) Una Ley de Justicia Penal Juvenil acorde con los estándares internacionales en materia de protección de derechos humanos debe crear un sistema especializado en el que se apliquen – como regla– medidas no privativas de la libertad y medidas alternativas al proceso judicial, dejando como sanción excepcional (solo en casos de extrema necesidad) la restricción de la libertad personal. Esos dispositivos deben estar monitoreados por un organismo con independencia funcional y financiera que supervise y garantice el acceso a sus derechos de los adolescentes privados de la libertad.

Perspectiva para adoptar

Es clave que una reforma legislativa esté acompañada de una fuerte inversión en políticas públicas de protección integral de la niñez y adolescencia. La intervención desde el Sistema Penal Juvenil no puede ser utilizada como una respuesta tardía del Estado por fallas u omisiones de intervención previas desde el Sistema de Protección de Derechos.

Julián Axat, Defensor Juvenil de la Provincia de Buenos Aires, explica que es necesaria una Ley de Responsabilidad Penal Juvenil Integral, y tiene que establecer, a grandes rasgos, lo siguiente: procesos especiales acusatorios; funcionarios especializados y defensa pública integral; plazos breves de juzgamientos, remisión y desplazamiento del sistema penal de delitos de menor cuantía; salidas alternativas a la pena para delitos intermedios sin posibilidad de prisionalización cautelar; penas breves y sólo para delitos graves (máximo 4 años) y con prisión preventiva de un mes como máximo, luego sólo arresto domiciliario. Además, hace hincapié en la necesidad de que existan lugares de alojamiento preparados y diferentes que los de adultos, renuncia a la potestad punitiva y capacidad de encierro por debajo de los 16 años bajo “la razón y eufemismo que sea incluyendo la prohibición de aplicación de medidas de seguridad o internación encubierta”.

Por una educación pública de calidad, por trabajo bien remunerado, por una vida digna: los pibes en las escuelas, nunca en la cárcel.

NINGÚN PIBX NACE CHORRO

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Carta de Milagro Sala a casi 2 años de su detención

“CREEN QUE CON ESTA PRISIÓN ARBITRARIA NOS DESTRUYERON. SEPAN QUE NOS ESTÁN FORTALECIENDO”

Este 16 de enero se cumplen dos años de mi detención arbitraria. Las operaciones del poder judicial y de la prensa para mostrarle al mundo que soy la peor de todas siguen como el primer día. Sin embargo, la única realidad es que conmigo solo empezaron una persecución feroz a todo el que piensa diferente. A medida que pasan los días vamos perdiendo la cuenta de la cantidad de presos políticos, que ya suman más de 20. Presos por querer un mundo mejor, por defender los derechos de los que menos tienen, por enfrentar las políticas de hambre y exclusión que impulsa el gobierno de gerentes de Cambiemos. Ni hablar del ensañamiento contra los compañeros. El caso de Héctor Timerman es uno de los que más me dolieron, especialmente por la miseria humana de los que ocasionaron que le cancelaran la visa, pero mucho más de aquellos que lo festejaron.

En lo personal fueron dos años muy difíciles. Pero sobre todo de mucha impotencia. Los que me conocieron en libertad saben que no hacía más que resolver situaciones de distintos compañeros y a veces de personas que ni siquiera conocía. Y nunca fue para favorecer a Milagro Sala. Hablar de las obras no tiene sentido, ya lo hice muchas veces. A pesar del odio de que sienten en contra nuestro y del intento de arrasar con todo, la construcción popular sigue de pie. Las casas, las fábricas, el centro cultural, las escuelas están ahí. Se ven y se tocan. Sí tengo que reconocer que siento rabia por como saquearon los centros de salud que brindaban atención gratuita a miles de personas, o las piletas y polideportivos que destruyeron y quemaron. Eso era para los chicos de los barrios. Sienten tal odio contra los que menos tienen que no les alcanza con haberme privado de la libertad sino que les quitan los derechos más elementales a miles de jujeños.

Mientras tanto, mis compañeros/as y yo, a pesar del hostigamiento constante y las detenciones estamos mas de pie que nunca con nuestros ideales. Creyeron que con esto nos destruían, creyeron que nos iban a quitar la alegría y la dignidad. Y no pudieron. Sepan que solo nos han fortalecido.

Quiero agradecer aquí a los “Comités por la Libertad de Milagro Sala” y a los miles de compañeros, amigos, familia y desconocidos que desde los organismos de derechos humanos, la cultura, la política, las organizaciones sociales, los sindicatos y otros ámbitos lucharon solidariamente y sin pedir nada a cambio por los presos políticos.

Compañeros, sigamos luchando para que las necesidades se conviertan en derechos.

Milagro Sala

Presa Política. Jujuy. Argentina.

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SOSPECHOSA FUGA DE LOS CONDENADOS POR EL TRIPLE CRIMEN

Se trata de Schillaci y los hermanos Lanatta, que estaban condenados a cadena perpetua. Al fugarse se habrían llevado a un gardiacarcel de rehén.

Por Jonhatan Caorsi

La fuga se llevó acabo en la madrugada del 28 de diciembre cuando los tres condenados por el Triple Crimen vinculado al tráfico de efedrina, se escaparon de la unidad penal 30 de General Alvear.

Los investigadores no descartan ninguna hipótesis, inclusive se tiene presente una posible complicidad por parte de agentes del servicio penitenciario. También se investiga la ayuda externa por parte de familiares al momento de la fuga.

El impacto de la noticia fue tal, que originó medidas de forma desesperadas por parte del Gobierno Nacional y Provincial. Se ordenó rastrillajes por todo el país, incluyendo a personal de la Agencia Federal de Inteligencia; como así también la suculenta recompensa de dos millones de pesos para quienes entreguen información sobre los prófugos.

Martín Lanatta tuvo una participación en el programa de Jorge Lanata donde se intentó vincular a Aníbal Fernández con el tráfico de efedrina. Por este motivo el ex jefe de gabinete declaró “no los conozco”.

Los datos aportados por los investigadores hablan de que los tres prófugos se escaparon vestidos con ropas oscuras, las cuales son utilizadas comúnmente por el personal del servicio penitenciario.

Los familiares de las victimas del crimen por el que los 3 prófugos estaban condenados aún esperan respuestas por parte del gobierno de María Eugenia Vidal.

MÁS PARA LOS QUE MÁS TIENEN

Por María Laura Picco

Se confirmó la baja del Impuesto Interno que grava los vehículos de gama media y alta, tal como lo había anunciado semanas atrás el Ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat Gay. Esta medida se suma a otros tributos reducidos o eliminados que benefician a los sectores más acomodados.

El Ministerio de Producción anunció la reducción de 30 a 10 por ciento de la tasa adicional de Impuestos Internos para los vehículos que superen el valor de 350 mil pesos, y de 50 a 20 por ciento para la franja de más de 800 mil pesos. Esto provocará una disminución en los precios de las unidades alcanzadas por esta medida.

La explicación del Ministro de Producción, Francisco Cabrera, fue que la reducción de este tributo implicará más y mejor empleo para la industria automotriz. En contrapartida, este impuesto había sido anunciado por el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, con el objetivo que las personas con ingresos suficientes para acceder a la compra de vehículos de alta gama no eroguen divisas.

Este anuncio se da en un contexto donde otras políticas llevadas a cabo favorecen a sectores de mayor poder adquisitivo, mientras que aquellas relacionadas con mejorar la calidad de vida de las clases populares aún se hacen esperar. El claro ejemplo es la devaluación que junto con la eliminación de las retenciones ofrecieron un guiño al sector agropecuario que especuló con su cosecha,  mientras erosiona los salarios de la clase trabajadora y empuja los precios de la canasta familiar. Se suma  también a este paquete de decisiones políticas la inminente quita de subsidios en servicios básicos como luz y gas que se plasmará en los próximos días.

STURZENEGGER TAMBIÉN PROCESADO

Por María Laura Picco

Federico Sturzenegger, actual presidente del BCRA (Banco Central de la República Argentina), está otra vez procesado por su participación en el denominado Megacanje de 2001, en el que algunos bancos obtuvieron 150 millones de dólares de comisiones financieras  por actuar como intermediarios de sí mismos.

Sin dudas, la historia de la polémica Deuda Externa de la República Argentina, posee muchos hitos en donde algunos pocos han hecho grandes negocios. Uno de los más destacados fue el Megacanje que ahora salpica a una serie de ex funcionarios entre los cuales se encuentra Sturzenegger, quien ejercía en 2001 el cargo de secretario de Política Económica durante el gobierno de Fernando de la Rúa.

En este caso, los grandes favorecidos fueron los bancos Francés, Santander Central Hispano, Galicia, Citigroup, HSBC, JP Morgan y el Crédit Suisse First Boston, quienes aportaron los bonos involucrados en el canje, de los cuales la mayoría ya estaban dentro de sus propias carteras o entidades vinculadas. De esta manera, fueron beneficiados con el cobro de sumas millonarias en comisiones financieras.

Por este hecho, la Corte Suprema de Justicia confirmó el nuevo procesamiento del actual presidente del Banco Central, avalando la investigación que llevaba a cabo el juez federal de primera instancia Sebastián Ramos, la cual había sido revocada por la Sala Segunda de la Cámara Federal pero que luego la Sala Tercera de la Cámara Federal de Casación Penal volvió a dejar firme. Esto deja nuevamente vigente un embargo a los bienes del funcionario hasta cubrir la suma de 5 millones de pesos.

DEBUT DE MACRI EN EL MERCOSUR

EL PRESIDENTE ARGENTINO DIO SU PRIMER DISCURSO EN LA ASAMBLEA REGIONAL. PIDIÓ POR UN PRONTO ACUERDO CON LA UNIÓN EUROPEA
Y LA ALIANZA DEL PACIFICO. ADEMÁS EVIDENCIÓ SUS DIFERENCIAS CON VENEZUELA.

Por Jonhatan Caorsi

En el marco de la 49° cumbre del Mercosur, el presidente Mauricio Macri, quien debutaba en este ámbito, realizó su primera exposición frente a los líderes de la región.

Con un discurso débil de contenido, en sintonía con los que viene dando en todas sus apariciones públicas, Macri manifestó la voluntad argentina para que el bloque llegue a un acuerdo comercial con la Unión Europea y la tan cuestionada Alianza del Pacifico.

Por otra parte, abogó por una fuerte lucha regional contra el narcotráfico, como así también por la construcción de una “cultura democrática” dirigiéndose particularmente al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

En este sentido, el presidente argentino pidió por la pronta liberación de los “presos políticos” en Venezuela. Sin embargo, no se hizo alusión a la cláusula democrática para exigir sanciones a Venezuela por parte del bloque, como había adelantado Macri en su campaña electoral. El motivo, fue la aceptación por parte de Maduro de los resultados de las últimas elecciones del 6 de diciembre, donde la oposición salió triunfante.

La Canciller venezolana, Delcy Rodríguez, respondió al presidente Argentino rechazando sus dichos y lo acusó de estar “haciendo injerencismo” sobre la realidad de la oposición en el país caribeño.

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